A sus doce años, Fátima fue obligada a abandonar sus sueños y continuar con un embarazo producto de una violación sexual. Más de diez años después, su caso será conocido por el Comité de Derechos Humanos de la ONU. La sentencia emitida podría transformar la realidad de miles de niñas embarazadas en Guatemala.

En 2017, Camila*, una niña del área rural peruana y víctima de violencia sexual, fue forzada a continuar con un embarazo no deseado. Después de experimentar un aborto espontáneo, fue revictimizada y violentada por las instituciones estatales. Dos años después, el caso fue llevado ante el Comité de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), quien pidió que Perú legalice el aborto cuando involucra violencia sexual en niñas y adolescentes.

Antes de las 8:00 de la mañana del 3 de septiembre, un grupo de mujeres se coloca en la entrada del Juzgado de Primera Instancia Penal de Antigua Guatemala. Algunas de ellas reparten camisas, volantes y otras más desdoblan carteles que leen: “No es no” y “Yo te creo”.

María Reyes es una mujer de 36 años. Es originaria de la Ciudad de Guatemala, pero vive en San Miguel Petapa. Cada tarde después de terminar su trabajo como asistente de contabilidad, toma un taxi colectivo para llegar a casa, pero el 25 de agosto se subiría a un taxi no identificado en el que intentarían violarla. Esta es su historia de supervivencia.