Este artículo es la segunda y última entrega sobre los relatos de resiliencia de Lápiz Rabioso*, Lisa*, Violeta* y Aurora*, feministas nicaragüenses. Algunas, radicadas en Nicaragua y otras, migrantes en Europa. Desde sus voces e historias, buscamos comprender cuál es el significado de resiliencia y cómo afrontan las condiciones actuales de Nicaragua y las circunstancias específicas que surgen de ser migrante en Europa.

El rol de las personas que se dedican a defender los derechos humanos y el medio ambiente es vital para la restauración de las democracias. Sin embargo, las violencias contra ellos y ellas persisten, según indicó La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el primer cuatrimestre del año 2023.

El trabajo en defensa de los derechos humanos en general y de las mujeres en particular enfrenta desafíos específicos a nivel regional. Nombrarse feminista en el contexto de la dictadura Ortega Murillo conlleva riesgos de persecución, asedio, encarcelamiento, migración forzada, destierro y afectaciones en la salud mental por la política de terror y la criminalización de la protesta que ha instaurado el régimen.

En este artículo conversamos con Charli*, una activista feminista nicaragüense, beneficiaria del Parole y radicada actualmente en Georgia, Estados Unidos. Ella comparte bajo este seudónimo su experiencia.

En Nicaragua, donde el femicidio, como término legal, ha sido reducido únicamente al marco de relaciones de pareja, existen distintas organizaciones y colectivas feministas que resisten a la violencia del Estado, y realizan esfuerzos importantes para registrar y analizar las violencias letales contra mujeres por razones de género. Durante los primeros seis meses del 2023, registraron 48 femicidios, con una serie de particularidades que demuestran que la seguridad, los derechos y las vidas de las mujeres y niñas están en constante riesgo.

En Nicaragua, desde la crisis sociopolítica iniciada en abril del 2018, la actual dictadura, a través de la Dirección General de Migración y Extranjería, retiene pasaportes, hace largos interrogatorios en los puestos fronterizos y prohíbe la entrada y salida de personas vinculadas a organizaciones de Derechos Humanos, en general, y de las mujeres y niñas en particular.