Efraín Bámaca Velásquez conoció la pobreza cuando era adolescente. Su madre murió por no tener acceso a antibióticos.

Sencillo, de voz suave y leal, así lo describe Jennifer Harbury, su esposa, quien lo conoció en 1990, cuando llegó al volcán Tajumulco y quien por 32 años lo ha buscado de manera incansable a pesar de la denegación de justicia por el Estado guatemalteco.  

En conmemoración del Día Nacional de la Dignificación de las Víctimas del Conflicto Armado Interno (CAI), decretado en el 2004 por el Congreso de la República, organizaciones civiles encabezadas por lideresas, líderes comunitarios y sobrevivientes, realizaron hoy una marcha desde la Corte Suprema de Justicia hasta la Plaza de las Niñas. Las y los manifestantes honraron la memoria de sus familias y continuaron su legado con la demanda de medidas de reparación y justicia. 

En el Paisaje de la Memoria, en Palabor, San Juan Comalapa, descansan los restos de 172 víctimas de la violencia estatal que tuvo sus años más cruentos en los 80. En su memoria, un grupo de familiares y sobrevivientes, la mayoría mujeres, acudió el pasado 22 de febrero a depositar frutas, flores y velas en este lugar que recuerda el horror que se vivió. Entre las visitantes estaban Martina Otzoy y Elvira Yool, esposa y hermana de dos desaparecidos quienes tras 45 años de ausencia continúan en la búsqueda de sus familiares, desaparecidos por el Ejército en 1982.

Paulina Ixpatá Alvarado, sobreviviente de las masacres perpetradas en Rabinal, Baja Verapaz, durante la Guerra Civil, declaró en el juicio por el Caso Mujeres Achi’, en el que están acusados tres expatrulleros de Autodefensa Civil (ex PAC) por violencia sexual y crímenes contra los deberes de la humanidad cometidos contra 36 mujeres. La testiga reconoció en los imputados Félix Tum Ramírez y Pedro Sánchez Cortés, a los hombres que la violaron en un destacamento militar durante 25 días, en 1983.

Continúa el juicio del caso Mujeres Achi', en el que 36 mujeres sobrevivientes de violencia sexual y crímenes contra la humanidad llevan ante la justicia, en una segunda ocasión, a tres exparamilitares por estos delitos. Este se lleva a cabo en el Tribunal de Mayor Riesgo “B”, y en su segunda audiencia realizada el 30 de enero se conoció el peritaje realizado por el Ministerio Público, que expuso la magnitud del daño que tuvo esta violencia sobre la vida de las 36 querellantes. Los efectos, dijo una de las expertas, fueron intergeneracionales.

La organización Guatebelga solicitó la extradición de antiguos mandos militares y exfuncionarios por el asesinato y tortura de miembros de la Congregación del Inmaculado Corazón de María, cuyos hechos ocurrieron durante el Conflicto Armado Interno.  Desde 2022, la justicia belga pidió la detención de Lucas García, Guevara, Callejas y Callejas, Álvarez Ruiz y García Arredondo.

Rompió el silencio el exjefe del Estado Mayor General del Ejército, Manuel Benedicto Lucas García, defendiéndose de los hechos acusando a familiares, víctimas y fiscales de un supuesto odio sin razones. La perito Paloma Soria explicó en el peritaje sobre violencia de género cómo este caso se encuadra en el delito de genocidio y crímenes de guerra.

El Museo Comunitario de la Memoria Histórica, ubicado en Rabinal, Baja Verapaz, es coordinado por la Asociación para el Desarrollo Integral de las Víctimas de la Violencia en las Verapaces. Fue fundado en 1999 por mujeres viudas y huérfanos, sobrevivientes del Conflicto Armado Interno. En un primer momento se llamó Museo Comunitario “Rabinal Achi’”.

El día lunes 15 de junio por la noche, falleció Luisa Peréz Canú de Back quien fue miembro de la Asociación Memoria, Dignificación y Esperanza – AMDE-, movimiento social que surge a raíz de la búsqueda de personas desaparecidas durante el conflicto armado interno.