Diariamente, el Ministerio Público (MP) registra dos denuncias de femicidio o muertes violentas de mujeres. Hasta la fecha, de acuerdo con su portal estadístico, han registrado 298 femicidios por los cuales se han girado 139 órdenes de aprehensión, un poco menos de la mitad de los casos.

Naciones Unidas ha catalogado los femicidios como una pandemia en la “sombra”, ya que a pesar de contar con legislaciones y de ser más visibles y socialmente condenados, esta forma de violencia sigue cobrando la vida de miles de mujeres y niñas en América Latina y cientos en Guatemala.

Violencia femicida

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), la violencia femicida es una progresión de conductas violentas, es decir, una serie de acciones y comportamientos que aumentan y crecen hasta poder concluir en el asesinato violento de mujeres y niñas.

De acuerdo con los datos del MP, los delitos contra las mujeres y la niñez son de los más denunciados en el sistema de justicia. La violencia contra las mujeres en su manifestación física, económica y psicológica suman el 65% de las denuncias recibidas. registrando 27,970 víctimas.

Para la diputada Ligia Hernández, quien formó parte de la Comisión de la Mujer en el Congreso de la República, los obstáculos en la obtención de justicia para las mujeres son múltiples y favorecen la impunidad en estos delitos. “Las mujeres no tenemos los recursos para conseguir un abogado. Un altísimo porcentaje de los casos en el MP se mueve porque hay una asesoría jurídica detrás de la fiscalía que favorece que las acciones sean más puntuales.”

Según un informe de la antigua Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), los delitos de violencia contra la mujer registran un 97.05% de impunidad, y los delitos sexuales un 93.31%. Considerando el carácter progresivo de la violencia femicida, la impunidad en la violencia contra las mujeres puede llevar a un avance de esta poniendo en riesgo la vida de las víctimas.

Centralización y discriminación

Otro elemento que impide el acceso a la justicia pronta es la poca cantidad de juzgados especializados, lo cual desde la experiencia de la diputada genera mora judicial. Es decir que los juzgados se retrasan excesivamente en resolver los procesos penales y con ello las mujeres sobrevivientes de violencia y familias de víctimas de femicidio esperan mucho tiempo hasta obtener una sentencia, si la obtienen.

“Solo hay una oficina que atiende el Modelo de Atención Integral a Mujeres Víctimas de Violencia (MAIMI) y es en la Verbena, donde es muy difícil llegar. No hay un abordaje integral de lo que el MP necesita para atender a las mujeres que denuncian violencia”, explica Ligia.

Desde el Organismo Judicial (OJ) las limitaciones son profundas, desde el idioma. La diputada menciona que han constatado cómo en departamentos con una mayoría de población maya los juzgados no atienden ni tienen intérpretes que hablen el idioma materno de las víctimas.

Además, los juzgados especializados de femicidio también están centralizados en 11 departamentos: Guatemala, Quetzaltenango, Izabal, Chiquimula, Alta Verapaz, Huehuetenango, Sololá, Quiché, San Marcos, Petén y Escuintla. Solo en los juzgados de Huehuetenango, Alta Verapaz e Izabal hay intérpretes, de acuerdo con los datos del OJ.

Los femicidios aumentaron durante la pandemia

De acuerdo con la diputada, entre 2020 y 2021 hubo un incremento del 8% en los casos de femicidio. De acuerdo con los datos del MP, en 2020 se registraron 459 femicidios. Los casos aumentaron en 2021, registrando 545 casos y en lo que va de 2022 se han denunciado 298.

El presupuesto no prioriza la vida de las mujeres

Hay un debilitamiento de los programas e instancias para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres durante el gobierno de Alejandro Giammattei. Como indica la diputada, “ha habido cambios en el Ministerio de Gobernación que debilitan todas las acciones que este ministerio debe realizar para erradicar la violencia”.

Los organismos encargados de ejecutar políticas de prevención de violencia contra las mujeres y femicidio son principalmente el Ministerio de Gobernación (Mingob) a través de la Policía Nacional Civil (PNC) y la unidad de prevención contra la violencia a cargo del tercer viceministro, Ronald Yomelfy Portillo Cordón, quien fue juramentado en enero de 2022.

“En el Mingob, todo lo que tiene que ver con enfoque de género son los renglones con los presupuestos más bajos. Lo mismo sucede en salud y en educación” afirma la diputada.

Poca formación en enfoque de género

Según citaciones hechas por la diputada Ligia, en las instancias encargadas de atender la violencia contra las mujeres y los femicidios se han encontrado personas con formación en seguridad pero no con enfoque de género ni de pertinencia cultural.

Esto implica que las personas encargadas de llevar los programas no entienden las causas de los femicidios ni las necesidades específicas de las mujeres, en su diversidad étnica y territorial.

Asimismo, un elemento resaltado por la congresista es que quienes están a la cabeza de la implementación de estos programas han sido hombres. Esto se ha visto incluso en la Comisión de la Mujer en el Congreso, la cual ha estado dirigida por hombres en los últimos años.

El delito de femicidio está reconocido en Guatemala desde el año 2008, cuando se aprobó una ley específica para sancionar esta y otras formas de violencia contra las mujeres. La falta de confianza en el MP y el OJ también influye en la desmotivación a denunciar, considerando la inversión de tiempo y de dinero que implica interponer una denuncia y darle seguimiento.