Pese a ser recusado un juez de Chiquimula seguirá conociendo el caso de Melisa Palacios
Crédito: Instituto de la Víctima
A pesar de las recusaciones en contra del juez por parte del Instituto de la Víctima, Juan José Regalado, la Sala Mixta de Apelaciones de Chiquimula resolvió que continúe con el proceso penal en contra de los acusados del femicidio de la joven de Zacapa que desapareció el 4 de julio de 2021.
Por Ruda
La Sala Mixta de Apelaciones del Ramo Penal de Chiquimula resolvió este miércoles que el juez Juan José Regalado, continúe conociendo el proceso penal en contra de María Fernanda Bonilla y José Luis Marroquín por el crimen cometido contra Melissa Palacios. Ambos son acusados de los delitos de homicidio en estado de emoción violenta, aunque la fiscalía esta buscando que cambie a asesinato.
El pasado 12 de marzo, la audiencia de etapa intermedia fue suspendida luego que el Instituto de la Víctima presentó una recusación en contra del juez de Primera Instancia Penal de ese departamento, Juan José Regalado, por considerar que existe parcialidad por su parte. La recusación dejó en suspenso la decisión de Regalado de señalar si Bonilla y Marroquín iban a juicio o no.
El Instituto de la Víctima dijo que en la anterior audiencia, la defensa de Bonilla se retractó del procedimiento de aceptación de cargos, por lo que, por ley, el juez Regalado a cargo no podía seguir conociendo el caso.
Sin embargo, este miércoles la magistrada Hilda Aydeé Castro de la Sala Mixta de la Corte de Apelaciones de Chiquimula declaró sin lugar la recusación contra el juez Regalado y consideró que no hay duda de su imparcialidad por lo que el caso de Melisa Palacios continuará en el juzgado de Primera Instancia de Chiquimula. Además, negó la recusación realizada por el MP en contra de la jueza Brenda Alvarado Urbina y el juez Fredy David Flores.
El Instituto de la Víctima informó que presentará acciones legales para buscar revertir la decisión de la Sala. “Continuamos con el compromiso firme de velar que se haga justicia para Melisa Palacios y que la acusada María Fernanda Bonilla sea juzgada por el delito de asesinato y no por homicidio en estado de emoción violenta”, afirmó.
Además, agregó que Bonilla y Marroquín tienen pendiente la realización de una audiencia para la revisión de la medida de coerción con la que buscan salir de prisión.
“Anteriormente, los acusados buscaron aceptar cargos. Sin embargo, se retractaron. Vemos con preocupación el actuar del juez derivado a que presenta similitudes con el caso de Floridalma Roque y el tratamiento que se le dio al acusado Kevin Malouf”, agregó el Instituto de la Víctima.
Al inicio del proceso Bonilla fue acusada de homicidio y Marroquín de encubrimiento. Sin embargo, el primer juez cambio los delitos. El pasado 12 de marzo, Bonilla se mostró retadora ante las cámaras y argumentó que su delito no debe considerarse asesinato sino homicidio en estado de emoción violenta.
Melissa Palacios, de 21 años, desapareció el 4 de julio de 2021 en San Jorge, Zacapa. La joven salió de su vivienda y no regresó por lo que su familia activó una alerta Isabel – Claudina. Un día después, su cuerpo apareció con múltiples golpes en la cabeza.
Este miércoles, Bonilla salió del juzgado sin dar declaraciones, pero sí bajo un fuerte resguardo de policías. Afuera del juzgado familiares y amigos que piden justicia para Melisa Palacios confrontaron a la abogada de los acusados.
"A donde me tenga que ir voy a ir a buscar una justicia digna a mi hija. Ella (María Fernanda Bonilla) asesinó a mi hija y tiene que pagar por lo que hizo", expresó Anabella Chacón, madre de Melisa ante las y los magistrados de la sala.
Recientemente, el Ministerio Público (MP) informó que pedirá a la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el traslado del caso de Melisa Palacios a un juzgado de mayor riesgo en la ciudad de Guatemala debido a una serie de incidentes que han generado preocupación sobre la seguridad y la imparcialidad en el proceso judicial.
Entre estos eventos, se destaca la presencia de individuos armados en las inmediaciones del Juzgado de Primera Instancia Penal de Chiquimula durante audiencias clave, lo que ha sido interpretado como actos de intimidación hacia los participantes en el proceso.
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