El presidente destituyó a Alejandra Carrillo, quien enfrenta una sanción del gobierno de los Estados Unidos, que la considera una actora corrupta. Durante su gestión enfrentó señalamientos de corrupción que no fueron investigados por el Ministerio Público.

La máxima corte revocó el amparo provisional otorgado por una jueza cercana a la exmagistrada Silvia Valdés y que mantenía en el puesto a Carrillo como directora del Instituto de la Víctima. Durante su gestión, ha otorgado contratos de trabajo a familiares de políticos y magistrados.