Por DesInformémonos

Viviana Ponce (nombre ficticio para preservar su anonimato), de 38 años, trabajaba como vendedora ambulante en La Lima, municipio del departamento de Cortés, en el noroeste de Honduras. Todas las mañanas, para sacar adelante a su familia, salía a trabajar con una carretilla a vender burritos y baleadas en la calle. Vivía con sus tres hijos de cuatro, siete y 18 años, en la casa que ella misma construyó junto a su padre y sus hermanos varios años atrás, y que con tiempo y paciencia logró transformar en un hogar. Junto a ellos, vivían también en el patio exterior sus perros, patos y gallinas ponedoras, cuyos huevos ponían a la venta huevos en el mercado local. El 4 de noviembre de 2020, a las 17.00 de la tarde, Viviana y sus vecinos empezaron a percibir asustados cómo poco a poco el caudal del río Chamelecón experimentaba fuertes crecidas de manera descontrolada. Una hora más tarde, a causa de los fuertes vientos, se rompería el borde de contención del río, éste se desbordaría y las inundaciones torrenciales sacudirían con violencia toda la comunidad, lo que cambió para siempre, de la noche a la mañana, la vida de miles de hondureños. Ese mismo día, el gobierno local declaró el estado de emergencia y estableció la alerta roja en todo el país.

Los huracanes Eta y Iota dejaron a su paso al menos 94 muertos y casi cuatro millones de damnificados a lo largo de la geografía del país

Así se manifestó el llamado huracán Eta, de categoría 5, en Honduras, el cual llegó a presentar vientos de 260 km/h. Sus efectos resultaron especialmente nefastos en aquellas comunidades empobrecidas como la de Viviana, donde apenas existen recursos para hacer frente a cualquier contratiempo meteorológico. Junto con el huracán Iota, que le siguió dos semanas y media después, ambos ciclones tropicales dejaron a su paso al menos 94 muertos y casi cuatro millones de damnificados a lo largo de la geografía del país, según pudo recabar Amnistía Internacional. También sus vecinos de Guatemala y Nicaragua sufrieron los bandazos del que fuera el segundo huracán más mortífero tras el ciclón Mitch de 1998. No obstante, Honduras, donde ya antes de la catástrofe el 60% de la población vivía en situación de pobreza, fue el más afectado por los huracanes y después de las inundaciones sufrió un retraso de varios años respecto a los países del entorno, como indica el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fodesh).

Lo que siguió a las vastas inundaciones fue el caos y la desesperación por sobrevivir: Viviana, casi sin terminar de asimilar lo que estaba ocurriendo, caminó con el agua sobre las rodillas con sus pequeños a cuestas enmedio de la histeria colectiva: Recuerda con angustia como “el agua se llevaba consigo portones, camas, ventanas, árboles…”. Se destruyeron carreteras, puentes, cultivos, fábricas, tendido eléctrico, viviendas y todo tipo de infraestructura urbana, quedando la población totalmente incomunicada. En cuestión de pocos minutos, ella y su familia perdieron su casa y se quedaron sin todo cuanto habían cimentado con paciencia desde hacía años.

“Pasamos de tener una vida buena y feliz, aunque fuera sin grandes comodidades, a quedarnos con lo puesto y tener que rehacerlo todo desde el principio”, relata Viviana

Fue por este motivo que se vieron obligadas a migrar de forma temporal a otro lugar lejos de su comunicad: “Pasamos de tener una vida buena y feliz, aunque fuera sin grandes comodidades, a quedarnos con lo puesto y tener que rehacerlo todo desde el principio”, relata a El Salto. Consiguieron refugio en un colegio convertido en albergue en el que pudieron vivir durante casi dos meses. Ahí, la hondureña explica que “había mucha gente y durante los primeros días pasamos hambre ya que no llegaban suministros de comida al estar el edificio prácticamente aislado”. Hoy, Viviana es una de las miles de personas que se han visto obligadas a desplazarse de su lugar de origen a causa de los efectos cada día más frecuentes y nefastos del cambio climático. En el derecho internacional, las personas en su situación reciben el nombre de refugiadas climáticas, es decir, todas aquellas que, a causa de problemas relacionados con el medio ambiente, se trasladan a otras ciudades o regiones distintas a las de su residencia. Cada año, según cifras de ACNUR, más de 20 millones de personas se ven forzadas a abandonar su hogar debido a los peligros que causan la creciente intensidad y frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos. Los desastres relacionados con el clima han causado más de la mitad de los nuevos desplazamientos registrados en 2023, con 26,4 millones de personas desplazadas por eventos climáticos extremos.

Honduras es un país paradigmático cuando se habla de la afección de las catástrofes climáticas en el Sur global y la repercusión directa que estos fenómenos tienen en la forma de vida de las poblaciones. Honduras presenta una alta dependencia de la agricultura, puesto que buena parte de su población se dedica a este sector. Por ende, las consecuencias del cambio climático en este país son a menudo nefastas, máxime cuando sus habitantes se enfrentan a inundaciones o sequías: El cambio climático afecta de forma severa a la pérdida de ingresos y de trabajo así como a la carencia de alimentos para la subsistencia y la venta de productos. De hecho, un informe de Greenpeace refleja que las inundaciones han sido responsables de seis de cada diez desplazamientos forzosos por motivos climáticos, seguidas por las tormentas, sequías, deslizamientos de tierras y, por último, temperaturas extremas.

“Estamos alterando los equilibrios presentes en la naturaleza y eso nos afecta porque dependemos diariamente del medio natural. Éste nos da los recursos necesarios para sobrevivir como especie”, advierte el biólogo Vicente Serrano

Aunque las consecuencias de la crisis ecológica afectan en mayor o menor medida a todos los individuos del planeta, los países empobrecidos sufren con mayor virulencia todos sus efectos. Por tanto, parece que las migraciones climáticas sí entienden de clase. Así es la lectura que hace el biólogo y profesor Vicente Serrano, que sostiene en conversación con este medio que “los países de menor capacidad económica tienen una menor resiliencia para superar los achaques del cambio climático”. Esta situación es denominada por el CEAR “paradoja climática”, es decir, quienes más sufren las consecuencias de la crisis ecológica son quienes menos han contribuido a provocarla. En este sentido, es importante señalar el papel de los países con mayores índices de consumo, comúnmente catalogados como “desarrollados”, en la aceleración del cambio climático debido a su elevada huella de carbono, la emisión descontrolada de gases de efecto invernadero y la contaminación del medio natural: “Estamos alterando los equilibrios presentes en la naturaleza y eso nos afecta porque dependemos diariamente del medio natural. Éste nos da los recursos necesarios para sobrevivir como especie”, advierte el biólogo.

El componente de clase explica también una de las características propias de las migraciones climáticas. Pese al mito de que en los éxodos de esta naturaleza se llegan a recorrer países enteros, lo cierto es que la mayor parte de estas migraciones son internas y ello está directamente relacionado con la falta de recursos. Las poblaciones más precarias a penas cuentan con medios como para afrontar los costes de un desplazamiento a mayor escala, por lo que en el caso de acaecer eventos repentinos los tránsitos internacionales suelen descartarse. Viviana asegura con rotundidad que “no me faltaron las ganas de huir del país, pero estando sin trabajo ni medios, con mi padre anciano y enfermo y la carga de cuidar de mis hijos me fue imposible”. Su deseo de migrar en un futuro a un lugar que ofrezca mejores oportunidades y condiciones de vida para ella y sus hijos no se ha desvanecido con el paso del tiempo.

Alessandro Forina, antropólogo especializado en refugiados y género, subraya a este medio que “en el caso de terremotos, huracanes y fenómenos similares, cobran una gran importancia los elementos de clase, ya que no es lo mismo disponer de formas de tener protección ante desastres naturales, como casas más resistentes o recursos para migrar, que no tenerlos”. Por este motivo a menudo la persona migrante tiende a desplazarse en una corta distancia, sin alejarse demasiado de su lugar de origen: en Honduras y El Salvador viven hoy más de 318.000 desplazados internos.

La brecha de género limita sus recursos para reducir los riesgos de cualquier desastre y las consecuencias de realizar un proceso migratorio son a menudo especialmente arduas

Refugio climático en femenino

Para hablar de los desplazamientos por motivos ligados a la crisis ecológica debemos referirnos a esta realidad en femenino. Las desigualdades de género hacen que las mujeres, en especial aquellas con menos recursos, sean más vulnerables ante las catástrofes. La brecha de género limita sus recursos para reducir los riesgos de cualquier desastre y las consecuencias de realizar un proceso migratorio son a menudo especialmente arduas. Para ellas, desplazarse supone un peligro adicional y un riesgo permanente de sufrir abusos sexuales y otras múltiples formas de violencia como la trata con fines de explotación sexual, tal y como alerta Forina.

A ello se suman la falta de servicios básicos de salud sexoreproductiva, educación y cuidado durante el periodo de tránsito y en las comunidades de acogida. El año en que se produjeron las migraciones climáticas derivadas del huracán Eta, la BBC informaba de que, en las zonas más pobres de Honduras, se habían producido numerosos casos de acoso sexual y discriminación durante los periodos menstruales en albergues y centros de acogidas para migrantes. Algunas recordaban con miedo cómo otros residentes las espiaban mientras se intentaban asear, la ausencia de materiales de higiene menstrual durante sus periodos y la sucesión de comentarios sexualizantes durante su estancia en estos espacios. Por lo general, las agresiones suelen ocurrir mientras duermen, se lavan, se bañan o se visten en refugios, tiendas de campaña o campamentos de emergencia, como recogió recientemente la ONU.

Las rutas de desplazamiento desoladas o altamente militarizadas y la falta de presencia institucional hacen a las mujeres, adolescentes y niñas vulnerables a la trata de personas con fines de explotación sexual, a la violencia, tal y como aseguran desde ACNUR. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, por su parte, establece que uno de los fines con los que muchos hombres perpetran violencia sexual hacia las migrantes es la demostración de poder. “La violencia sexual también puede utilizarse como un medio para coaccionar a otros migrantes que se ven obligados a presenciar la violación de sus compañeros de viaje, asimismo, en ocasiones se utiliza la tecnología para perpetuar la victimización y la estigmatización mediante la difusión de material que contiene esta violencia sexual entre la comunidad de la víctima”, establece un estudio de esta organización.

“La desigualdad de género es un problema generalizado que amplifica el riesgo y la vulnerabilidad de las mujeres y las niñas ante los fenómenos meteorológicos extremos”: concluye la OIM

A menudo se producen -durante el tránsito y la estancia en albergues- embarazos no deseados y abortos que pueden ser difíciles de enfrentar estando en movimiento. La UNOCD indica que a raíz de estos embarazos fruto de agresiones sexuales las mujeres llegan a presentar graves patologías físicas (además de traumas severos) y deben interrumpir su embarazo en países en los que corren el riesgo de acabar encarceladas ya que esta práctica continúa siendo ilegal. Muchos abortos y partos se producen en condiciones médicas insalubres, lo que a su vez deriva en múltiples complicaciones. Inclusive en los pocos casos en los que encuentran acceso a recursos médicos, algunas los rechazan por miedo a quedarse rezagadas en el viaje. Con todo ello, la Organización Internacional de las Migraciones concluye que “la desigualdad de género es un problema generalizado que amplifica el riesgo y la vulnerabilidad de las mujeres y las niñas ante los fenómenos meteorológicos extremos”. Para evitar la violencia sexual, y especialmente en Honduras, un elevado número de mujeres ingieren pastillas para provocarse un sangrado vaginal (y dar la impresión de estar menstruando), pero también píldoras anticonceptivas antes de los viajes para evitar posibles embarazos, algo que Viviana reconocer haber presenciado en más de un caso.

A pesar de que las mujeres se exponen a mayores riesgos que los varones durante los periodos migratorios, se calcula que el 80% de las personas desplazadas por el cambio climático son mujeres, según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Forina se refiere así a una “feminización” de las migraciones, que evidencia que cada vez son más las que migran y lo hacen en solitario junto a sus criaturas, ya que asumen en su mayoría las labores de cuidado de niños y personas ancianas: “Son protagonistas del hecho migratorio y en la mayoría de los casos asumen un rol de proveedoras respecto a la familia e incluso son responsables del cuidado de toda la familia aún encontrándose lejos”, establece un informe de la OIM.

Tal fue la situación de Claudia Hernández, de 36 años, también oriunda de La Lima y madre de tres hijos menores. Su éxodo hasta la zona residencial de Bosques de Jucutuma, en San Pedro Sula, fue extremadamente complicado debido a que en ese momento se encontraba al cuidado de sus criaturas. Su historia se volvió a obstaculizar un mes después de las inundaciones, cuando su niño tuvo que operarse de urgencia de apendicitis mientras se hallaban acogidas en un albergue temporal muy precario: “Mi preocupación era no tener donde acostar a mi hijo recién operado”. En estos casos, la ansiedad por la pérdida del hogar y el hambre se suman a tener que salir adelante como únicas adultas responsables del cuidado de los hijos, lo que genera estrés e inseguridad.

“En muchas ocasiones el hecho de que sean ellas las que tienen la carga de cuidados familiares hace que sean las últimas en irse y que su desplazamiento se haga más complicado”

Forina entiende que “en muchas ocasiones el hecho de que sean ellas las que tienen la carga de cuidados familiares hace que sean las últimas en irse y que su desplazamiento se haga más complicado”. Al igual que Viviana, Claudia se dedicaba a la venta ambulante de comida preparada, de manera que cuando ocurrió el desastre perdió todo cuanto poseía para su sustento cotidiano: “Mis insumos para trabajar, la comida que vendía y todos los utensilios, no pude recuperar nada”. Narra cómo permaneció durante tres días aislada en su comunidad en una casa de alto, es decir, una vivienda de varios pisos, hasta que días después un amigo de su marido pudo sacarles de su colonia en lancha cuando estalló la tragedia.

Redes de apoyo mutuo: el motor de la resiliencia en Honduras

Tras el desastre y después de varios meses fuera de su comunidad, la mayor parte de los habitantes de La Lima retornaron a su ciudad para rehacer su vida desde cero. Dado que las casas y comercios sufrieron innumerables daños materiales, el Gobierno estatal se comprometió inicialmente a asistir a los habitantes mediante bonos económicos de 7000 lempiras (el equivalente a 250 euros), pero dicha promesa no llegó nunca a materializarse. La mayoría de comunidades afectadas por el temporal quedaron abandonadas a su suerte por parte de las instituciones locales y estatales: “Todavía no entendemos por qué desde el gobierno se ayuda a unas comunidades y no a otras que resultan ser las más desfavorecidas como la nuestra”, declara.

A pesar de la dureza de las circunstancias, resalta la extraordinaria importancia de la solidaridad popular en su comunidad, crucial para superar los estragos del huracán: “Fue un momento de mucho apoyo mutuo entre las que estábamos ahí, lo que le faltaba a una se lo daba la vecina”. Las redes de ayuda colectiva, sostenidas fundamentalmente por mujeres, sustituyeron a la nula acción del gobierno para sacar adelante a los ciudadanos hondureños de las comunidades más afectadas y golpeadas por las inundaciones. Además, el empuje conjunto de asociaciones, organizaciones no gubernamentales y de activistas resultó esencial para mantener en pie a las personas en los momentos más arduos de la catástrofe. En concreto, la labor de Operación Eta, una iniciativa conformada por más de 25 organizaciones de jóvenes hondureños, fue clave en la ayuda humanitaria. Algunas de estas organizaciones fueron Voces de Esperanza, Catrín, Operación Frijol, Abrazos de plata y El Milenio Honduras, entre muchas otras.

Desde hace ya varios años, la juventud de Honduras, el país más afectado por el cambio climático, está tomando conciencia de la crisis ecológica. Isabella Boquín es activista climática y una de las principales referentes de lucha por la justicia ecológica en el país. Boquín reconoce a este medio que actualmente existen varios movimientos tanto por el cambio climático como por la justicia social, la mayor parte liderados por jóvenes: “Es una lucha que está creciendo en todo el país y es increíble como la juventud se está levantando para pedir un cambio tan necesario en Honduras”, alega con emoción.

El huracán marcó un antes y un después en la conciencia ciudadana en Latinoamérica: Boquín reconoce que, a raíz de lo ocurrido, “se perdieron vidas, casas y resultó ser algo muy intenso y doloroso, pero eso también nos abrió los ojos”. La población está viendo que, con el paso de los años, no solo los días se vuelven más y más calientes, sino que se desencadenan con mayor asiduidad los desastres naturales y los desplazamientos de personas a causa de todo ello. “La frecuencia cada vez mayor de catástrofes ambientales está levantando la conversación sobre cambio climático”, considera.

El pabellón de la OIM sobre Cambio Climático y Movilidad Humana en la COP29 permitirá escuchar relatos de resiliencia de los migrantes climáticos, lo que puede ayudar a concienciar sobre una cuestión que ya forma parte de nuestra realidad

Los efectos de la crisis climática no hacen sino acelerarse y azotar cada día con más virulencia a las regiones más vulnerables de todo el planeta. Por esta razón, Serrano insiste en la importancia de reflexionar y debatir colectivamente sobre el modelo de producción de los países del Norte global: “Lo que pueda ocurrir dentro de unos años depende sobre todo de qué decisiones tomemos y cómo actuemos como especie”. El biólogo lanza una crítica hacia toda la sociedad y resalta que “nos empezamos a preocupar cuando vemos que esto genera pérdidas económicas, entonces los gobiernos y las empresas muestran su voluntad de revertir esta situación”. Propone dejar de lado la moda de lo ‘verde’ como estrategia de greenwashing de las empresas dentro del sistema capitalista, y “cuestionar la base estructural del problema hallada en las formas de producción actuales. El sistema está esquilmando recursos naturales y eso exige replantear de dónde extraemos los recursos, cuántos recursos extraemos y qué tipo de energías utilizamos”.

Mientras tiene lugar la 29° Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP29) en Baku, Azerbaiyán, hace días la OIM anunciaba que su pabellón sobre Cambio Climático y Movilidad Humana permitirá escuchar relatos de resiliencia de los migrantes climáticos, lo que puede ayudar a concienciar sobre una cuestión que ya forma parte de nuestra realidad presente y futura. Una de las históricas demandas de esta organización es la implantación de acciones concretas para abordar los impactos del cambio climático sobre la migración.

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