El laboratorio de Datos GT presentó este miércoles los resultados de la investigación que realizó sobre la pandemia COVID-19 en Guatemala. En esta analizó los mecanismos de acción del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) ante esta emergencia, especialmente en relación con la desigualdad y las poblaciones más vulnerables del país.

Por Violeta Cetino

 El primer caso de COVID-19 en Guatemala fue registrado el 13 de marzo de 2020. La incertidumbre sobre la forma de contagio del virus y las medidas que adoptaría el gobierno central para contener la pandemia, rebasaba la ficción. El 16 de marzo de ese mismo año fueron suspendidas las clases en todos los niveles educativos y conforme pasaron los días, las medidas de confinamiento se intensificaron. 

 Luego de seis meses de medidas restrictivas, estas fueron levantadas de manera gradual y, finalmente, en abril del 2021 se dio inicio con la vacunación contra el virus, dando prioridad a personal de salud, personas adultas mayores, con obesidad o enfermedades crónicas. 

 Las niñas y los niños, desde el criterio de la epidemiología tradicional, no fueron prioridad para la aplicación de la vacuna contra el COVID-19, a menos que tuvieran una comorbilidad demostrable. Sin embargo, en Guatemala la niñez y adolescencia sufrieron los costos sociales y económicos de no contar con la vacuna. 

 Según la médica salubrista, Karin Slowing Umaña, directora de proyectos del Laboratorio de Datos GT, durante la pandemia se incrementó la violencia doméstica contra mujeres, niños y niñas; aumentó la violencia sexual, se registraron más embarazos en niñas durante este periodo. “Las pérdidas en escolaridad son violentas y van a durar de dos a tres décadas; no las pérdidas en conocimientos básicos, sino las pérdidas en sociabilidad y adaptación”, señaló Slowing. 

 Aunque las medidas de confinamiento culminaron en septiembre del 2020, la mayoría de centros educativos y de cuidado infantil abrieron sus puertas a inicios del 2023, por lo que gran cantidad de niñas, niños y adolescentes permanecieron durante tres años confinados. Un plan de vacunación exitoso habría permitido a la niñez gozar de inmunidad y sumarse de inmediato a sus actividades académicas, deportivas y sociales, una vez terminado el período de confinamiento y llegadas las vacunas aptas para su edad.  

 A decir de Slowin, “basados en una estrategia vacunal fundamentada en la comunidad educativa, pudieron (MSPAS) haber prevenido eso, especialmente cuando se dijo que podían vacunarse niños y niñas de 12 años en adelante; después, de 6 años en adelante. Si hubiera un manejo adecuado de la comunidad educativa no habrían vacunado solo a los maestros, que fue lo que hicieron en la primera ronda. Pero la comunidad educativa no es el maestro, era el núcleo de la escuela que debían tomar y de allí aplicar estrategias radiales, tomar de allí el conjunto de hogares de donde vienen esos niños”. 

Cobertura de la vacunación

De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas en Materia de Población (UNFPA), las normas de género plantearon un riesgo durante la pandemia. “La conducta de búsqueda de atención de la salud entre los hombres puede ser más limitada como resultado de normas de género rígidas que los hacen esforzarse por parecer rudos en vez de débiles, lo que se traduce en un retraso en la detección y el acceso a tratamiento contra el virus (COVID-19)”, indicó el informe técnico de UNFPA, COVID-19: Un Enfoque de Género, en marzo de 2020. 

 En ese sentido, la investigación del Laboratorio de Datos GT también identificó la cobertura de vacunación por género. “La enfermedad afectó más a los hombres, sin embargo la vacunación es ligeramente más elevada en mujeres: un 56% con una dosis y un 45% con una segunda dosis. Las mujeres van más por su primera y segunda dosis en comparación con los hombres”, apuntó Oscar Chávez, director ejecutivo de la entidad investigadora. 

 Sobre la cobertura de vacunación, la investigación evidenció que esta fue escasa debido a que hubo poblaciones que no tuvieron acceso a la vacuna contra el COVID-19. Así lo ejemplificó Oscar Chávez, quien argumentó que “habían cuatro puestos de vacunación en Santa Cruz del Quiché que cubrían la zona de mayor densidad poblacional, pero todo el resto del municipio donde sí identificamos población según el censo, estaba totalmente desatendida en puestos de vacunación, siendo esta una cabecera departamental”.

 Los criterios en los que el MSPAS basó la decisión de dónde implementar las vacunas, estuvo determinada por la identificación de casos positivos de COVID-19. El MSPAS consideró que en algunos municipios no había contagios y entonces no se realizaron pruebas, cuando éstas debían realizarse de manera general para la detección del virus en los pobladores. “Si no se realizaban pruebas, no se identificaban los casos. 

 Consecuentemente los casos que se identificaban están en esos mismos municipios. Los municipios en donde sí se identificaron casos y en donde hubo mayor incidencia detectada eran municipios menos pobres y luego fue ahí donde se enfocó la vacunación”, indicó Chávez.  

 Estas medidas arbitrarias sobre la aplicación de la vacuna abrió aún más la brecha de desigualdad sobre el acceso a la salud pública que viven las poblaciones más vulnerables; un saldo de 7.78 millones de dosis vencidas, lo que representa unos 668 millones de quetzales en pérdidas monetarias para Guatemala.

Atlas de la vacunación COVID-19 en Guatemala

El Laboratorio de Datos GT construyó un sitio web en el que se publicó la geo-referenciación de todos los puestos de vacunación que fueron identificados en la base de datos del MSPAS. “Son aproximadamente mil 500 puestos de vacunación que nosotros referenciamos uno por uno, luego los hemos categorizado para saber si son puestos de vacunación del sector público, del ministerio de salud o de municipalidades; si son pues los instalados por el sector privado, centros comerciales, empresas, o instituciones de seguridad como el ejército”, refirió Chávez. 

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Atlas de la vacunación

 Este es un subproducto del trabajo de investigación realizado y consiste en un mapeo de los lugares poblados en Guatemala. “Una herramienta como esta no es de fácil acceso en Guatemala, pero nosotros logramos levantarla y la publicaremos, estará disponible para todo el territorio. Hemos tomado la decisión de liberar estos mapas sin los puestos de vacunación para que puedan ser utilizados en otras investigaciones o análisis”, puntualizó Chávez. 

 Respecto a los actores que contribuyeron a ampliar la vacunación, la investigación señala que entes estatales como el IGSS, la Universidad de San Carlos de Guatemala y algunas dependencias del Ejecutivo realizaron un papel importante. “En conjunto, los puestos públicos aportaron el 91% de la vacunación realizada”, indica la misma. 

  Las lecciones aprendidas

Slowing Umaña destacó la importancia de la sistematización de experiencias vividas durante la pandemia del COVID-19. “Llegará el momento en el que este tema se volverá relevante nuevamente para enfrentar otros desafíos en futuros escenarios similares”, apuntó. 

 Dentro de los aprendizajes y reflexiones obtenidas de la citada investigación, destacan: No es posible resolver los problemas estructurales y sistémicos de salud en medio de una pandemia. La médica salubrista destacó que la situación nos sobrepasó como país, “pues tenemos 50 años de no invertir en salud pública y esta es una de las lecciones más importantes. Por ejemplo, con el dengue, no estamos preparados para afrontar esta situación como debe de ser. Se debe fortalecer no solo la red de servicios de salud, sino todo lo que está detrás”. 

 Además, darle la importancia que merece a las funciones esenciales de salud pública. “Esas funciones que no ve el ciudadano que va al centro de salud son tan importantes como una red de servicios que esté disponible. Me refiero a las capacidades como la vigilancia epidemiológica, poder detectar a tiempo lo que pasa. La Unidad de Vigilancia Epidemiológica del MSPAS no fue fortalecida ni en capacidades, ni en recursos humanos. Funciones como la planificación institucional, las mejoras de procesos de compras, no son cosas que se improvisan. OPS ha identificado 14 funciones esenciales que no mide el usuario de los servicios de salud y que si no se realizan, el usuario nunca verá las mejoras en la calidad de atención”, evidenció Slowing Umaña.

 Por otra parte, hubo falta de énfasis en la información, en la comunicación y el diálogo diverso.  El no utilizar criterios de vulnerabilidad social y económica, sino solo epidemiológicos, basados en las características de los individuos para tomar decisiones, reforzando la exclusión y la desigualdad histórica de nuestro país. 

 Según Óscar Chávez  “El MSPAS dijo que habían terminado la campaña de vacunación, porque ya habían llegado a la cobertura que ellos querían. Si la meta era el 70% con dos dosis, no se ha logrado, ni 40, ni 50, ni 60. Ni siquiera las poblaciones más vulnerables por edad han llegado al mínimo del 70%, olvídense de tres dosis. Para estas fechas, en 2024 deberíamos de estar hablando del  70% de vacunados con las tres dosis”.

 De acuerdo a los parámetros y estadísticas que maneja el MSPAS, Chávez refirió que “para el MSPAS el problema era capitalino y era de cascos urbanos, porque si uno aplica este análisis para la capital o el departamento de Guatemala, seguramente está arriba del 70% la mayoría, pero eso desde una visión reduccionista que se manejó en el país sobre la pandemia. Edad, sexo y comorbilidad fueron los tres criterios que el ministerio consideró para la aplicación de la vacuna, todos los demás, no”, finalizó.

 Link estudio completo:

https://bit.ly/3RDBZQL