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Mujeres periodistas bajo ataque digital, ¿qué hacer ante la impunidad?
Escrito por Ruda
La violencia digital contra mujeres periodistas avanza en el norte de Centroamérica como una estrategia de censura que busca desacreditar el periodismo crítico y generar autocensura en un contexto de impunidad.
Ruda
La violencia digital mediante ataques coordinados se ha convertido en una estrategia para silenciar a las mujeres periodistas en el norte de Centroamérica, según coinciden diversas investigaciones realizadas por varias organizaciones defensoras de la libertad de prensa.
Quimy de León, directora de Prensa Comunitaria y Ruda, es una de las periodistas que ha sufrido este tipo de agresiones dirigidas a minar la credibilidad y el profesionalismo de mujeres que ejercen periodismo de investigación o cuestionan al poder.
El 14 de abril de 2025, una cuenta de Facebook bajo del nombre de “Melvin Veum” lanzó una campaña de desprestigio con publicidad pagada, utilizando de forma fraudulenta el logotipo del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) y difundiendo información falsa contra De León, ganadora del Premio Internacional de Libertad de Prensa del CPJ 2024.
La publicación incluía dos fotografías de la periodista y una conversación falsa entre un supuesto investigador de la CPJ y De León.
Tras el ataque, Cristina Zahar, coordinadora del Programa de América Latina del CPJ, advirtió en el sitio web de la organización, que la campaña de desprestigio ponía en riesgo a la periodista y a los medios de comunicación independientes.
“Las autoridades guatemaltecas deben actuar con celeridad para identificar y sancionar a los responsables, y garantizar la seguridad de Quimy de León y de todos los periodistas que realizan labores informativas esenciales”, afirmó Zahar. Hasta la fecha, ninguna autoridad ha iniciado una investigación.
Ese no es un hecho aislado. Hasta mayo de este año, la agencia Noticias Kilómetro 169 (ANK169), a la que pertenece Prensa Comunitaria y Ruda, había registrado más de 25 ataques en redes sociales, principalmente a través de X (antes Twitter).
Según denunció la Red contra el Silencio, la violencia digital contra periodistas y medios independientes en Guatemala se intensificó tras el recorte de fondos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Los ataques promovieron narrativas falsas que acusaban a periodistas y medios de participar en un supuesto esquema de “lavado de dinero” con fondos de esa agencia.
“Estos ataques no solo buscan intimidar, sino instalar el miedo y la autocensura para limitar la labor de denuncia y veeduría que realizan los medios independientes en Guatemala”, señaló la Red contra el Silencio en un comunicado.
Guatemala sin ley
En 2022, Red Rompe el Miedo documentó 15 ataques digitales contras mujeres periodistas en su informeViolencia contra las Mujeres Periodistas. Según los datos, el 53.3% de los ataques y amenazas digitales se originaron en Twitter (X); el 20% en Facebook; el 13.3% en varias plataformas de manera simultánea; el 6.7% en Instagram y otro 6.7% a través de correos electrónicos.
Las agresiones incluyeron insultos racistas y misóginos, campañas de desprestigio, hackeo de cuentas, ataques de índole sexual y amenazas.
Las periodistas relataron que la violencia digital se ha incrementado en los últimos años, aprovechando el anonimato, pero también denunciaron prácticas como la negación de información, el acoso sexual y la toma y posterior publicación de fotografías durante coberturas periodísticas como forma de amedrentamiento.
“Publican fotos de periodistas haciendo coberturas; es una forma de amenaza. Es como decirte ´sabemos que estuviste ahí´, y genera intimidación porque no solo te persiguen en redes, sino también en el espacio físico”, relató una de las víctimas a la Red Rompe el Miedo.
Un informe más reciente de la Red Rompe el Miedo, con datos del primer semestre de 2024, advierte un aumento significativo de narrativas en contra de la prensa, principalmente en redes sociales y plataformas digitales, aunque no presenta cifras específicas.
Entre las estrategias identificadas figuran la difamación, estigmatización, intimidación, acoso y violencia psicológica. “Estos ataques no solo buscan desmoralizar a los profesionales de la comunicación, sino que también pretenden socavar el periodismo crítico y limitar el acceso a la información”, subraya la Red.
La organización identifica como zonas de mayor vulnerabilidad para las mujeres periodistas los departamentos de Guatemala, Alta Verapaz y Quetzaltenango, y advierte sobre un subregistro de casos debido a la desconfianza en el sistema de justicia.
Silvia Trujillo, socióloga e investigadora feminista de la Red Rompe el Miedo, explica que el 80% de las denuncias presentadas ante el Ministerio Publico son desestimadas.
“No contamos con el apoyo ni de la Fiscalía ni de la Procuraduría de Derechos Humanos. Ninguna de las dos funciona porque son instituciones que han sido cooptadas por las redes político-económicas ilícitas en este país”, afirma.
Trujillo añade que la violencia digital no está tipificada en el Código Penal guatemalteco, lo que profundiza la impunidad.
“La omisión del Estado también es una forma de violencia política, desde que no tienes un tipo penal específico, datos concretos, la mayoría de los casos se desestiman, no hay posibilidad que les den seguimiento”, señala.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló en el Informe Anual de 2024 sobre agresiones en línea contra personas periodistas, especialmente contra quienes investigan corrupción y violaciones de derechos humanos.
«De acuerdo con estos reportes, se han identificado campañas en línea que deslegitiman a la prensa, acusándola de ser “adversaria” del gobierno o de “intereses políticos”, lo que habría derivado en amenazas, acoso y hechos de violencia, a menudo a través de cuentas anónimas», destaca la CIDH.
Según esa Comisión, estas campañas han fomentado la autocensura, en particular en medios comunitarios y de investigación. Por otra parte, indica que “las mujeres que ejercen la libertad de expresión de manera activa y mantienen un alto perfil público son doblemente atacadas por ejercer la libertad de expresión y por su género”.
La CIDH recordó al Estado su deber de investigar estos hechos y adoptar medidas de protección para las mujeres periodistas expuestas a riesgos especiales.
Ante los señalamientos de falta de apoyo por parte de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), esa institución aseguró que brindan atención y acompañamiento a todas las mujeres que son víctimas de cualquier tipo de violencia, con acciones de intervención oportuna.
“Las acciones de acompañamiento y verificación, han permitido fortalecer espacios en el acceso a la justicia para que las mujeres víctimas de violencia, incluyendo la digital, reciban una respuesta pronta y oportuna, así como un apoyo especializado, promoviendo la defensa de la vida, la seguridad, integridad y el acceso a la justicia”, destacaron en un comunicado.
Asimismo manifiestan que la Defensoría de la Mujer atiende y brinda apoyo a las mujeres cuyos derechos están siendo violentados a través de cualquier medio (físico o digital), brindando acompañamientos, orientaciones, intervenciones inmediatas, verificaciones y derivaciones de acuerdo al caso.
Se intentó conocer la postura del Ministerio Público sobre la queja de desestimaciones de los casos, pero hasta el cierre de esta nota, no se tuvo respuesta.
El Salvador, violencia desde el gobierno
En el Informe sobre la libertad de prensa en El Salvador 2024, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) advierte que la mujeres periodistas continúan ejerciendo su labor en medio de una avalancha de “ataques misóginos”.
Según la APES, funcionarios públicos y personas afines al gobierno no solo desacreditan el trabajo periodístico, sino que utilizan violencia basada en género para descalificar a las periodistas como profesionales.
Tania Ortiz, periodista de Revista Factum, relató a la APES que al inicio de su carrera se vio obligada a restringir sus redes sociales como mecanismo para protegerse de la violencia digital. Sin embargo, los ataques continuaron a través de las cuentas oficiales del medio.
El 27 de abril de 2024, Ortiz presentó una denuncia ante la Fiscalía tras recibir mensajes privados que la vinculaban con pandillas. A un año y ocho meses de haber denunciado, no ha recibido respuesta, ni actualización alguna de su caso.
“No me han llamado, no se nada, desconozco totalmente hasta donde llegó la denuncia, ni conozco el estado en el que sigue porque en ningún momento se contactaron conmigo”, asegura la periodista.
Ortiz afirma que decidió denunciar por miedo, debido al contexto marcado por la ausencia de garantías de derechos humanos y seguridad jurídica, desde la llegada de Nayib Bukele al poder en 2019.
“Esto genera en los periodistas inseguridad y temor porque eso me animó a denunciar. La denuncia fue por violencia digital, por los comentarios que enfrentamos a diario en redes sociales y plataformas digitales. Se ha creado un abuso sistematizado y día a día estamos recibiendo ataques”, explica Ortiz.
Uno de los principales obstáculos fue que el personal encargado de recibir la denuncia no tenía claro cómo tipificar el delito, pese a que la periodista mostró los mensajes privados que había recibido y previamente había identificado cuentas falsas que utilizan fotos de perfil robadas desde donde se realizaron los ataques. Tampoco le brindaron una copia de su denuncia.
“Creo que hace falta capacitación del personal para atender los tipos de violencia digital”, lamenta Ortiz.
En el primer semestre de 2024, la APES documentó 3,153 ataques contra mujeres periodistas, con un promedio de 17 agresiones diarias, según el Informe de Escucha Digital.
Para el análisis los investigadores realizaron un monitoreo de menciones y conversaciones en la red social X (Twitter) del 1 de enero y el 30 de junio de 2024, en el que identificaron patrones específicos de vulneración, incluyendo acciones difamatorias y agresiones a través de textos y emojis.
La periodista más atacada fue Wendy Monterrosa, directora del medio digital Voz Pública, con 489 comentarios violentos.
Monterrosa explica que en 2024 fue la segunda vez que resultó ser la periodista más atacada por el oficialismo y que los ataques se intensifican cuando publica investigaciones o tiene mayor exposición pública.
La mayoría de mensajes se han concentrado en denigrar su trabajo que realizó como conductora de una entrevista del canal estatal 10, donde laboró durante nueve años, bajo tres gobiernos distintos. En los mensajes la señalan de haber sido militante de un partido político, lo cual es falso, asegura.
“Estos ataques se agudizan en momentos en que publicamos alguna investigación o en contexto donde he realizado más apariciones públicas como vídeos, entrevistas o cuando he tenido mayor actividad en mi cuenta de X”, dice Monterrosa.
Los ataques usualmente se dan con producciones de video en YouTube por parte de perfiles afines al gobierno actual. La periodista asegura que no ha denunciado ante el Estado por falta de confianza en la institucionalidad, pero sí ha documentado los ataques ante la APES.
“Creo que aunque es importante dejar una huella de denuncia, el Estado se ha volcado a responder solo las necesidades del presidente que ha concentrado mayor poder. Lo que hice fue dejar constancia de esos ataques a la APES para que se nutriera un registro de esos casos”, puntualiza la comunicadora.
Para protegerse de los ataques Monterrosa ha dejado de aparecer en vídeos o realizar entrevistas, ha disminuido sus publicaciones en las redes sociales y se ha concentrado en liderar el contenido y gestionar acciones administrativas, como mecanismo de resiliencia.
Asimismo fueron acosadas digitalmente las periodistas Karen Moreno, Wendy Urbina, Jessica Ávalos, Mariana Belloso y Loyda Avelar, entre otras.
En cuanto a la categorización de los ataques, el 61% de las agresiones fueron generales; el 31.9 % tenía que ver con el aspecto laboral, lo que indica que los agresores estiman que las mujeres no son aptas para la profesión periodística.
Por otra parte, los agresores emitieron un 3% de ataques contra el aspecto físico de las
mujeres, y un 3.6 % corresponde a agresiones con sentido sexual.
Según la investigación, los perfiles de los agresores que amplifican la violencia digital contra las mujeres periodistas están ligados al ecosistema de difusión oficialista. Entre estos destacan @waraujo64, cuenta de X de Walter Araujo, expresidente del partido derechista ARENA y exmagistrado del Tribunal Suprema Electoral (TSE).
En 2020, la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia no encontró justificación del origen de US$1.4 millones depositados en cuentas bancarias, préstamos, tarjetas crediticias o compras de vehículos de Araujo, mientras fue magistrado del TSE, del 1 de agosto de 2004 al 31 de julio de 2014.
Otras de los perfiles que ejercen violencia digital contra las mujeres periodistas y voces críticas son: @laurapocasSV, @carlososegued, @sociedadcivilSV y las cuentas trolls @nunez72 y @camilaovalo.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el Informe Anual de 2024, destacó que durante las elecciones presidenciales y las legislativas del 2024, las redes sociales se consolidaron como el principal espacio para el desarrollo de la campaña política y con ello aumentó la violencia política contra las mujeres, dirigida a candidatas a cargos de elección popular y periodistas.
“En el contexto electoral, la Relatoría Especial recibió informes sobre agresiones directas y actos de violencia contra periodistas y trabajadores de medios de comunicación, así como obstrucciones al ejercicio de la cobertura periodística”, indica la CIDH.
La CIDH agrega que recibió denuncias sobre declaraciones estigmatizantes de funcionarios públicos dirigidas a la prensa, medios de comunicación, activistas, defensores de derechos humanos y otros actores, con el presunto fin de descalificar su labor.
Entre ellos una publicación del presidente Nayib Bukele del 30 de enero de 2024 acusando a algunos periodistas “de ser parte de una campaña política”.
“Se ha soltado la jauría de “periodistas” de Soros, justo en la semana antes de las elecciones. Pero ellos dicen que hacen periodismo y no campaña política para la oposición”, aseguró Bukele en su cuenta de X.
Asimismo, el 4 de febrero de 2024, el presidente reiteró en la misma red social que los medios “financiados por Open Society” (Soros) estaban publicando reportajes coordinados justo en la semana antes de las elecciones.
La CIHD señaló que conforme a la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión cualquier hecho de intimidación o amenaza a los comunidadores es una violación a los derechos fundamentatles y coarta severamente la libertad de expresión.
“Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”, puntualizó.
Honduras, amenazas desde instituciones estatales
En 2025, siete organizaciones presentaron un informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre la situación de la libertad de expresión en Honduras. El documento recoge testimonios sobre campañas coordinadas de difamación contra periodistas.
La Relatora Especial de la ONU sobre la libertad de expresión señaló que recibió numerosos testimonios de “campañas coordinadas de difamación en Internet y en los medios de comunicación tradicionales para amenazar, desacreditar y deslegitimar a periodistas”.
Las víctimas denunciaron que estas agresiones en línea pueden traducirse fácilmente en amenazas y actos de violencia en el mundo real, lo que promueve la autocensura.
Thelma Mejía, coordinadora de noticias de TN5 Estelar, denunció en junio de 2024 amenazas y ataques digitales reiterados, presuntamente provenientes por activistas ligados al oficialismo y empleados públicos.
«Que si ha llegado el momento de "sacarme los ovarios", que si me van a hackear mi cuenta, que si tengo que callarme, son algunas de las intensidades recibidas en las últimas horas por las virulentas tropas digitales y activistas ligados al oficialismo. Terribles ataques», publicó al respecto Mejía en su cuenta de X.
La periodista agregó que sus opiniones en redes sociales sobre la situación del país, incomodaba probablemente a algunos sectores, “más que todo a tropas digitales” y los bots que manejan cuentas oficiales, algunos activistas de Libertad y Refundación.
Como respuesta, enfrentó una nueva ola de ataques que incluyeron acusaciones de narcotráfico para poner en entredicho su ética periodística y burlas a su denuncia.
En otros casos, las agresiones han sido atribuidas directamente a funcionarios y miembros de las Fuerzas Armadas, e incluso han escalado a la criminalización judicial.
En febrero de este año medios de comunicación denunciaron las acciones iniciadas por el jefe del Estado Mayor Conjunto general Roosevelt Hernández, a través del Ministerio Público, para exigir a 12 medios de comunicación que revelaran sus fuentes de información.
Estas acciones se dieron luego de una querella presentada por un grupo de militares en noviembre de 2024 ante el Ministerio Público por el presunto delito de injuria con publicidad, por una noticia publicada por esos 12 medios de comunicación sobre la conducta y el liderazgo de Hernández al frente de la Fuerza Armada.
Las organizaciones también denunciaron ante el Consejo de la ONU que las personas periodistas son víctimas de discursos estigmatizantes de funcionarios públicos en contra de la prensa que realiza reportajes críticos a las políticas gubernamentales.
«Diversas voces oficiales habrían calificado a la prensa como “adversarios”, “criminales” y “aliados de la narcodictadura”», se lee en el informe.
En agosto de 2025, la Red Centroamericana de Periodistas (RCP) denunció una campaña de estigmatización y amenazas en contra de nueve periodistas hondureños, cuyas fotografías fueron dejadas en espacios públicos con mensajes de odio.
“En un país como Honduras donde los crímenes en contra de periodistas son recurrentes, resulta alarmante este tipo de intimidaciones en la que se incita al odio público y a la violencia en contra de comunicadores sociales y periodistas”, señaló la Red.
A esto le antecedió una publicación digital del medio oficial de ejército (FFAA digital) que calificaba de “Sicarios de la verdad" a periodistas que informaron sobre anomalías en la participación de las Fuerzas Armadas durante las elecciones primarias del 9 de marzo.
Asimismo en noviembre de este año la RCP expresó su preocupación por las agresiones contra el medio Criterio, incluyendo amenazas, vigilancia, ataques digitales, intentos de hackeo y campañas de estigmatización con el fin de deslegitimar su labor informativa.
“La situación de Criterio no es aislada: forma parte de un entorno donde las voces independientes enfrentan censura indirecta, campañas de desprestigio y presiones políticas para limitar la cobertura periodística sobre temas de corrupción y derechos humanos”, denunció la Red.
En ese sentido, la RCP exigió al Estado hondureño “a investigar de forma inmediata e imparcial las agresiones y amenazas documentadas contra periodistas y medios de comunicación.
Además pidió garantizar la seguridad y la integridad físico de todas las personas periodistas en riesgo y respetar el derecho a la libertad de expresión y prensa, “pilares fundamentales para una democracia transparente y participativa”.
Mecanismo silenciador
La socióloga Silvia Trujillo dice que las investigaciones muestran que la violencia digital en Guatemala es ejercida mediante campañas coordinadas por una serie de perfiles falsos y net centers, que atacan de manera indiscriminada a las periodistas y tienen un efecto silenciador.
“Estas campañas coordinadas atacan la credibilidad de las periodistas y nuestro trabajo depende mucho de la credibilidad de lo que hagamos, al dañarse nuestra reputación se daña nuestro trabajo”, manifiesta Trujillo.
Además señala que, la violencia digital “es el principal terreno de intimidación, por el anonimato que da la pantalla”.
En el caso de las mujeres los mensajes son sexualizados, con contenido misógino y se extienden a su familia, por lo que tiene un impacto diferenciado.
“Cuando tocan a mi familia si logran silenciarme por un tiempo, logran el efecto que quieren los agresores, que es obviamente el silenciamiento”, manifiesta Trujillo.
Ortiz, explica que aunque los hombres también son atacados, este tipo de violencia afecta de manera diferenciada a las mujeres.
“Cuando un hombre periodista ejerce una crítica en redes sociales no va a recibir los mismos mensajes que recibimos las mujeres. En el caso de las mujeres hablan de nuestros cuerpos, mensajes misóginos, con mucha violencia sexual”, explicó.
Agrega que este tipo de violencia, en el caso de El Salvador, es impulsada por funcionarios públicos, personas que trabajan en el gobierno, amplificada por cuentas falsas, pero que también es cometida por personas civiles con cuentas reales.
Asimismo, Monterrosa relata que cuando empezó a ser víctima de ataques digitales le costó dimensionarlo, porque por más de dos décadas su trabajo había sido público, sin embargo en los últimos años ha tomado decisiones para protegerse.
Por ejemplo, ha dejado de aparecer en vídeos o realizar entrevistas, ha disminuido sus publicaciones en las redes sociales y se ha concentrado en liderar el contenido y gestionar acciones administrativas de su equipo.
Además asegura que la violencia digital ha ido en aumento hasta llegar al plano físico.
“Estos ataques discursivos también han derivado en discursos de odio en redes sociales y espacios públicos por personas fanáticas del gobierno. Además de seguimiento a mi y a mi familia cercana”, dice Monterrosa.
Dónde acudir ante un ataque digital
La representante de la Red explica que se han buscado mecanismos para que las mujeres periodistas sigan ejerciendo su labor pese a esta circunstancias desfavorables. Una de las estrategias es publicar las investigaciones en varios medios de comunicación a la misma vez, de forma colaborativa.
La periodistas que han sido víctimas de estos ataques manifestaron que una forma de protegerse y seguir ejerciendo su labor ha sido minimizar las apariciones en videos, enfocarse en actividades de liderazgo y gestionar acciones administrativas.
Ante la falta de atención en las instituciones gubernamentales, organizaciones sociales han desarrollado rutas de apoyo para las víctimas de la violencia digital.
La Red Rompe el Miedo brinda apoyo a las personas periodistas a través de su página web Red Rompe el Miedo Guatemala donde dispone de un botón para reportar agresiones físicas o digitales.
En El Salvador, las periodistas pueden reportar y solicitar apoyo de manera directa al Centro de Monitoreo de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) al (503) 7746-4325 o al correo electrónico monitoreo@apes.org.sv
Mientras que a nivel centroamericano, la Red Centroamericana de Periodistas (RCP) brinda apoyo a periodistas de los cincos países. El contacto por medio del correo electrónico info@periodistascentroamericanos.org
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