Nos Queremos Libres
Sandy Rodriguez: “El olvido no es una opción para nosotros. La verdad y la justicia son el único camino.”
Compartimos el discurso de Sandy Paola Rodríguez Vargas de Argüello, representante de personas guatemaltecas exiliadas en México, durante la presentación del informe “La verdad del exilio. Ética, criminalización y lucha por la justicia en Guatemala (2014-2025).
“El exilio no solo afecta a quienes tuvieron que salir de forma forzada, sino a quienes se quedaron”
Compartimos el discurso de presentación de Carlos Beristain, director del informe “La verdad del exilio. Ética, criminalización y lucha por la justicia en Guatemala (2014-2025)”, el cual recoge casos desde 2014, tras la sentencia del caso de genocidio y la salida de la fiscalía de Claudia Paz, un proceso que aumentó de forma notable en 2019 con el cierre de la CICIG y posteriormente el pico de 7 de cada 10 personas entrevistadas que salieron al exilio se dio a partir de 2021 tras la destitución del responsable de la FECI, y un aumento de nuevo en 2024 de quienes fueron detenidos o salieron al exilio por su defensa de la democracia.
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El costo del exilio: informe documenta el testimonio de más de 100 personas que sufren criminalización y persecución
En la última década, más de 100 personas tuvieron que salir de Guatemala, entre personas operadoras de justicia, defensoras de derechos humanos y activistas, periodistas, autoridades de los pueblos originarios y otras que fueron objeto de criminalización persecución, hostigamiento o amenazas por parte de un sistema de justicia instrumentalizado.
Los exdirigentes de los 48 cantones de Totonicapán deberán pagar una fianza de Q160 mil. Tienen prohibido salir del país y ejercer cargos públicos, mientras continúa el proceso penal en su contra. La audiencia intermedia fue programada para el próximo 22 de septiembre.
La petición surge con el repentino adelanto de la vista pública de un recurso de casación que estaba programada el 8 de septiembre, pero se anticipó para este 22 de mayo. Las organizaciones nacionales e internacionales piden que la Corte Suprema de Justicia actúe de forma independiente.
Este 22 de mayo está programada la audiencia que definirá el futuro judicial de la exfiscal anticorrupción Virginia Laparra. La Cámara Penal decidirá sí ratifica o anula la condena de cuatro años impuesta por el Tribunal Octavo de Sentencia Penal.
Claudia González, exfuncionaria de la CICIG, deberá esperar un año más el proceso judicial en su contra
La incomparecencia del Ministerio Público (MP) y un nuevo retraso judicial frenan el juicio contra Claudia González, un caso que organismos internacionales señalan como ejemplo del uso del sistema penal para criminalizar a operadoras de justicia.
La abogada y exmandataria de la CICIG tendrá que esperar un año más para el inicio de un juicio en el que puede ratificar su inocencia ante un caso de criminalización en su contra.
Después de 2 años, 8 meses y 6 días, este 5 de mayo se iniciará el juicio contra la exmandataria de la CICIG y abogada de derechos humanos, Claudia González. En un proceso marcado por irregularidades y cuestionamientos, este es uno de los casos emblemáticos de criminalización de operadores de justicia durante la gestión de Consuelo Porras.
La Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Penal realizó este 21 de abril una audiencia para revisar la resolución que absolvió a la exfiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), Astrid Paola Pimentel, por el delito de revelación de información. Pimentel indicó que espera que en este proceso se tomen criterios jurídicos y no de otra naturaleza.
“Es solo un comentario por redes sociales”, “solo un correo electrónico”, “es solo una foto tuya editada para que aparezcas desnuda con un cuerpazo”, “nada más fue un mensaje «para molestar», es su forma de decirte “que le gustas”...
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La violencia digital contra mujeres periodistas avanza en el norte de Centroamérica como una estrategia de censura que busca desacreditar el periodismo crítico y generar autocensura en un contexto de impunidad.
Hace un año realizamos la investigación periodística “Violaciones tras las rejas” y descubrimos que detrás de los perfiles de redes sociales que suponían pertenecer a jóvenes adolescentes, había reclusos vinculados con el crimen organizado.
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La violencia digital contra las mujeres no es un fenómeno aislado ni una consecuencia inevitable del uso de las redes sociales. Es una expresión contemporánea de violencias estructurales que, lejos de desaparecer, se adaptan a las nuevas tecnologías para reproducirse, amplificarse y, en muchos casos, garantizar la impunidad. En sociedades marcadas por el patriarcado, la desigualdad y la corrupción, el espacio digital se ha convertido en un nuevo campo de disputa por el poder y la voz pública.
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Crecí en Guatemala cuando los teléfonos eran fijos y el correo tardaba días sino meses en llegar; nunca imaginé que en un solo aparato cupiera el mundo. Mi vida transcurrió en analógico mientras lo digital se instalaba sin avisar, transformando todo. La comunicación masiva vino a evolucionar aspectos de la conectividad de manera rápida, fluida y efectiva, no solo con la familia sino con amigos, grupos de personas y organizaciones con intereses comunes y el mismo ejercicio del derecho. Pero … ¿Qué pasa cuando ese mundo en el bolsillo se vuelve un espacio hostil para las mujeres?
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La era digital ha marcado nuevos horizontes en las formas de acción de las sociedades, espacios que han sido aprovechados por todos los agentes sociales que buscan cambios o perpetuar formas de poder dominantes. Contra pronóstico, actuar en el espacio digital no ha modificado un sistema que violenta, excluye o discrimina a las mujeres, porque no está pensado para modificar habitus (prácticas) sociales relacionados con los sistemas de opresión, sino asegurar las ganancias de corporaciones y élites que incrementan sus ganancias a partir de la reproducción de viejos comportamientos que usan tecnología de última generación.
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Hay heridas que no dejan cicatrices visibles, pero que duelen igual. Hay batallas que no se libran en las calles, sino a través de una pantalla. Soy una mujer que decidió usar su voz en las redes sociales, y esa decisión cambió mi vida. No escribo esto desde la teoría académica ni desde la distancia de quien analiza un problema ajeno. Escribo desde la vivencia de quien ha sufrido la violencia digital en carne propia, desde la certeza de que mi historia es también la historia de miles de mujeres que hoy callan por miedo.
“Nos llevamos la peor parte por habernos atrevido a ver a los ojos a este sistema corrupto”, Thelma Aldana, exfiscal general de Guatemala.
Las mujeres con voz pública y con incidencia son víctimas de violencia política digital, ante un Estado incapaz de protegerlas. Según estudios realizados en Guatemala, los ataques digitales son dirigidos por grupos de poder a través de net centers.
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En Guatemala, la violencia no se detiene en las calles. También habita en los celulares, redes sociales y espacios virtuales donde, bajo la idea de que “solo es internet”, se reproducen agresiones reales que dejan daños profundos y duraderos. Frente a un país que carece de marcos legales claros y mecanismos de justicia eficaces, la colectiva No + Violencia Digital surge como un espacio de acompañamiento, denuncia y acción comunitaria.