Violencias
Litzy Cordón fue secuestrada y asesinada en 2020. El crimen ocurrió en Zacapa y el principal sospechoso es su primo, Kevin Rivas Cordón. En la audiencia de este 6 de mayo, el Ministerio Público (MP) y el abogado querellante presentaron nuevas pruebas que no fueron admitidas por oposición del abogado defensor, pero se habilitó una nueva audiencia para exponer las mismas o nuevos hallazgos.
Estudiantes de Bachillerato en Música y de cursos libres del Conservatorio de Música de Occidente Jesús Castillo, en Quetzaltenango, junto a artistas independientes, señalan que desde el año 2023 las autoridades municipales han limitado el uso del recinto cultural e histórico para realizar sus presentaciones, sin que hasta ahora expliquen el motivo. Por años el Teatro Municipal ha sido el escenario de estudiantes, así como de artistas quetzaltecos y quetzaltecas, nacionales e internacionales.
La abogada y exmandataria de la CICIG tendrá que esperar un año más para el inicio de un juicio en el que puede ratificar su inocencia ante un caso de criminalización en su contra.
Después de 2 años, 8 meses y 6 días, este 5 de mayo se iniciará el juicio contra la exmandataria de la CICIG y abogada de derechos humanos, Claudia González. En un proceso marcado por irregularidades y cuestionamientos, este es uno de los casos emblemáticos de criminalización de operadores de justicia durante la gestión de Consuelo Porras.
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Denuncias de acoso contra el músico guatemalteco “Yecto” exponen años de violencia contra mujeres sin aparente respuesta institucional
Desde 2019 denuncias públicas en redes sociales, testimonios de sobrevivientes y resoluciones judiciales han señalado a Giacomo Jessé Alejandro de León, conocido como “Yecto”, por comportamientos de acoso, amenazas y violencia contra mujeres. Sin embargo, pese a la persistencia de los señalamientos y la existencia de medidas urgentes y cautelares emitidas por un juzgado, las denuncias no han tenido una respuesta clara por parte del sistema de justicia.
Funcionarios del Ejecutivo señalaron durante una interpelación en el Congreso de la República, que los permisos para proyectos de infraestructura y conservación en la Universidad de San Carlos fueron instrumentalizados en el contexto de la reelección fraudulenta de Walter Mazariegos.
En Cuilapa, Santa Rosa, el conflicto de la Universidad de San Carlos de Guatemala dejó de ser una discusión lejana para convertirse en una experiencia cotidiana: organización estudiantil, cambios administrativos y una carrera de Medicina en proceso de consolidación reflejan cómo la crisis institucional se manifiesta en los territorios.
La sentencia llegó después de años de denuncia, obstáculos institucionales y una lucha sostenida que vuelve a evidenciar cómo la justicia en Guatemala llega tarde para las mujeres.
Un informe de la Red INSPIR y We Social Movements plantea rutas para integrar al 70% de la fuerza laboral al sistema de seguridad social. Se considera ampliar la base de cotizantes a fin de que más personas puedan tener acceso a salud digna y pensiones en la vejez.
La Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Penal realizó este 21 de abril una audiencia para revisar la resolución que absolvió a la exfiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), Astrid Paola Pimentel, por el delito de revelación de información. Pimentel indicó que espera que en este proceso se tomen criterios jurídicos y no de otra naturaleza.
Este 17 de abril, en el Juzgado de Paz Penal de Quetzaltenango, se realizó la audiencia en contra del director de Casa Noj, Edgar López, señalado por acoso laboral y malos tratos contra una trabajadora de esta entidad. El caso fue denunciado en 2024 y pese a que el proceso sería desestimado, la abogada de la víctima probó que el acusado cometió al menos un delito de discriminación. Dos años después, se ordenó que el funcionario municipal sea investigado por violencia contra la mujer.
La ley que busca frenar la violencia sexual contra menores de edad es cuestionada por organizaciones de mujeres que advierten que podría criminalizar a la juventud
Entre enero y marzo de 2026, se registraron 15,618 nacimientos en madres de entre 10 y 19 años en Guatemala. No por decisión, sino en contextos atravesados por violencia sexual, desigualdad y silencio. En medio de esta realidad, el Congreso aprobó el Decreto 10-2026, una ley que endurece las penas contra delitos sexuales y redefine los límites del consentimiento cuando se trata de menores de edad.
A pesar de la firma de un acuerdo gubernamental para la solución de la problemática agraria de comunidades indígenas, aún se desarrollan desalojos ejecutados por el Estado y desalojos extrajudiciales en contra de comunidades Q’eqchi’, lo cual las deja en una situación de sobrevivencia en cuanto a la vivienda, salud, alimentación y una vida digna.
La asociación Lambda, junto a la Comunidad Sol, el Espacio de Resistencia Plural J’alanil y la Comuna Bisexual, presentaron este 13 de abril una carta a la Comisión Presidencial contra el Racismo en Guatemala (Codisra) en la que demandan una ruta de trabajo para prevenir la violencia contra las personas indígenas LQBTIQ+ en los territorios, pues afirman que no hay presencia institucional para atender estos casos.
Denuncias de violencia al cuidado del Estado guatemalteco
El proceso opaco que garantizó la reelección de Mazariegos se apoyó en un proyecto arqueológico avalado por el gobierno
El Consejo Superior Universitario (CSU) aprobó el cierre del campus central de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) por cuatro meses, mediante el Acta 8-2026 de la sesión ordinaria del pasado 25 de marzo.
La elección fraudulenta que consolidó la cooptación de la USAC por parte de Walter Mazariegos, se realizó entre provocaciones y agresiones de grupos de choque que tomaron el campus central en la capital, mientras en La Antigua Guatemala buscaban infiltrarse entre los estudiantes que protestaban. La comunidad universitaria también fue víctima del despliegue desproporcionado de agentes de la PNC, gas lacrimógeno, humo de extintores, y disparos desde la terraza del hotel Casa Santo Domingo.
El Ministerio Público (MP) podría volver a solicitar nuevas capturas luego de los hechos registrados el pasado 7 de abril en la ciudad universitaria, cuando un grupo de estudiantes apoyó acciones para que se abrieran las instalaciones de la USAC que habían sido tomadas por personas señaladas de ser afines a Walter Mazariegos y que huyeron del campus universitario por el lado de la Avenida Petapa.
Animales en la USAC mueren por negligencia institucional en medio del fraude electoral de Walter Mazariegos
En medio de la crisis provocada por el fraude electoral en la Universidad de San Carlos de Guatemala, surgió una preocupación urgente: el estado de los animales dentro del campus. Sin acceso para alimentarlos ni atenderlos, la incertidumbre creció hasta que inspecciones y testimonios confirmaron afectaciones y muertes, evidenciando que el fraude no solo impactó a la comunidad universitaria, sino también a quienes dependen completamente del cuidado humano.
La jornada electoral en la USAC transcurrió bajo tensión, con protestas en el exterior y un proceso que se desarrolló en condiciones restringidas. Mientras se concretaba la designación de Mazariegos, fuera del lujoso hotel, estudiantes denunciaban exclusión de cuerpos electorales de oposición y falta de transparencia.