Violencias
Kevin Rivas Cordón es sindicado por el femicidio de su prima, Litzy Cordón, ocurrido en Teculután, Zacapa, en el año 2020. A cinco años del caso, el próximo 10 de junio en el Tribunal de Mayor Riesgo “B”, se emitirá la sentencia. El Ministerio Público (MP) ha solicitado al menos 112 años de prisión para el único señalado en el caso.
La petición surge con el repentino adelanto de la vista pública de un recurso de casación que estaba programada el 8 de septiembre, pero se anticipó para este 22 de mayo. Las organizaciones nacionales e internacionales piden que la Corte Suprema de Justicia actúe de forma independiente.
Este 22 de mayo está programada la audiencia que definirá el futuro judicial de la exfiscal anticorrupción Virginia Laparra. La Cámara Penal decidirá sí ratifica o anula la condena de cuatro años impuesta por el Tribunal Octavo de Sentencia Penal.
“Nos matan por ser personas trans”: informe documenta violencia, exclusión y transfemicidios en Guatemala
Un informe presentado por OTRANS documentó 439 casos de violencia contra personas trans y población LGBTIQA+ en Guatemala, durante 2025. La investigación evidencia cómo la discriminación, la exclusión y la impunidad continúan afectando el acceso a derechos básicos y poniendo en riesgo la vida de esta población.
Pimentel es una agente fiscal del MP, suspendida del puesto, que desde 2024 fue sometida a un proceso penal. Integró el equipo de la antigua FECI de Juan Francisco Sandoval y desveló un esquema de corrupción judicial que alcanzó al militar Erick Melgar Padill
Claudia González, exfuncionaria de la CICIG, deberá esperar un año más el proceso judicial en su contra
La incomparecencia del Ministerio Público (MP) y un nuevo retraso judicial frenan el juicio contra Claudia González, un caso que organismos internacionales señalan como ejemplo del uso del sistema penal para criminalizar a operadoras de justicia.
El principal sospechoso del femicidio de Litzy Cordón Guardado, Kevin Rivas Cordón, declaró nuevamente este 13 de mayo y afirmó que su primo, Andy Josué Cordón Garcia, asesinado en 2023, era el responsable de su secuestro y asesinato. El Tribunal realizará un reconocimiento en cinco puntos donde fue vista por última vez la joven universitaria.
Litzy Cordón fue secuestrada y asesinada en 2020. El crimen ocurrió en Zacapa y el principal sospechoso es su primo, Kevin Rivas Cordón. En la audiencia de este 6 de mayo, el Ministerio Público (MP) y el abogado querellante presentaron nuevas pruebas que no fueron admitidas por oposición del abogado defensor, pero se habilitó una nueva audiencia para exponer las mismas o nuevos hallazgos.
Estudiantes de Bachillerato en Música y de cursos libres del Conservatorio de Música de Occidente Jesús Castillo, en Quetzaltenango, junto a artistas independientes, señalan que desde el año 2023 las autoridades municipales han limitado el uso del recinto cultural e histórico para realizar sus presentaciones, sin que hasta ahora expliquen el motivo. Por años el Teatro Municipal ha sido el escenario de estudiantes, así como de artistas quetzaltecos y quetzaltecas, nacionales e internacionales.
La abogada y exmandataria de la CICIG tendrá que esperar un año más para el inicio de un juicio en el que puede ratificar su inocencia ante un caso de criminalización en su contra.
Después de 2 años, 8 meses y 6 días, este 5 de mayo se iniciará el juicio contra la exmandataria de la CICIG y abogada de derechos humanos, Claudia González. En un proceso marcado por irregularidades y cuestionamientos, este es uno de los casos emblemáticos de criminalización de operadores de justicia durante la gestión de Consuelo Porras.
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Denuncias de acoso contra el músico guatemalteco “Yecto” exponen años de violencia contra mujeres sin aparente respuesta institucional
Desde 2019 denuncias públicas en redes sociales, testimonios de sobrevivientes y resoluciones judiciales han señalado a Giacomo Jessé Alejandro de León, conocido como “Yecto”, por comportamientos de acoso, amenazas y violencia contra mujeres. Sin embargo, pese a la persistencia de los señalamientos y la existencia de medidas urgentes y cautelares emitidas por un juzgado, las denuncias no han tenido una respuesta clara por parte del sistema de justicia.
Funcionarios del Ejecutivo señalaron durante una interpelación en el Congreso de la República, que los permisos para proyectos de infraestructura y conservación en la Universidad de San Carlos fueron instrumentalizados en el contexto de la reelección fraudulenta de Walter Mazariegos.
En Cuilapa, Santa Rosa, el conflicto de la Universidad de San Carlos de Guatemala dejó de ser una discusión lejana para convertirse en una experiencia cotidiana: organización estudiantil, cambios administrativos y una carrera de Medicina en proceso de consolidación reflejan cómo la crisis institucional se manifiesta en los territorios.
La sentencia llegó después de años de denuncia, obstáculos institucionales y una lucha sostenida que vuelve a evidenciar cómo la justicia en Guatemala llega tarde para las mujeres.
Un informe de la Red INSPIR y We Social Movements plantea rutas para integrar al 70% de la fuerza laboral al sistema de seguridad social. Se considera ampliar la base de cotizantes a fin de que más personas puedan tener acceso a salud digna y pensiones en la vejez.
La Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Penal realizó este 21 de abril una audiencia para revisar la resolución que absolvió a la exfiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), Astrid Paola Pimentel, por el delito de revelación de información. Pimentel indicó que espera que en este proceso se tomen criterios jurídicos y no de otra naturaleza.
Este 17 de abril, en el Juzgado de Paz Penal de Quetzaltenango, se realizó la audiencia en contra del director de Casa Noj, Edgar López, señalado por acoso laboral y malos tratos contra una trabajadora de esta entidad. El caso fue denunciado en 2024 y pese a que el proceso sería desestimado, la abogada de la víctima probó que el acusado cometió al menos un delito de discriminación. Dos años después, se ordenó que el funcionario municipal sea investigado por violencia contra la mujer.
La ley que busca frenar la violencia sexual contra menores de edad es cuestionada por organizaciones de mujeres que advierten que podría criminalizar a la juventud
Entre enero y marzo de 2026, se registraron 15,618 nacimientos en madres de entre 10 y 19 años en Guatemala. No por decisión, sino en contextos atravesados por violencia sexual, desigualdad y silencio. En medio de esta realidad, el Congreso aprobó el Decreto 10-2026, una ley que endurece las penas contra delitos sexuales y redefine los límites del consentimiento cuando se trata de menores de edad.
A pesar de la firma de un acuerdo gubernamental para la solución de la problemática agraria de comunidades indígenas, aún se desarrollan desalojos ejecutados por el Estado y desalojos extrajudiciales en contra de comunidades Q’eqchi’, lo cual las deja en una situación de sobrevivencia en cuanto a la vivienda, salud, alimentación y una vida digna.