Violencias
A pesar de la firma de un acuerdo gubernamental para la solución de la problemática agraria de comunidades indígenas, aún se desarrollan desalojos ejecutados por el Estado y desalojos extrajudiciales en contra de comunidades Q’eqchi’, lo cual las deja en una situación de sobrevivencia en cuanto a la vivienda, salud, alimentación y una vida digna.
La asociación Lambda, junto a la Comunidad Sol, el Espacio de Resistencia Plural J’alanil y la Comuna Bisexual, presentaron este 13 de abril una carta a la Comisión Presidencial contra el Racismo en Guatemala (Codisra) en la que demandan una ruta de trabajo para prevenir la violencia contra las personas indígenas LQBTIQ+ en los territorios, pues afirman que no hay presencia institucional para atender estos casos.
Denuncias de violencia al cuidado del Estado guatemalteco
El proceso opaco que garantizó la reelección de Mazariegos se apoyó en un proyecto arqueológico avalado por el gobierno
El Consejo Superior Universitario (CSU) aprobó el cierre del campus central de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) por cuatro meses, mediante el Acta 8-2026 de la sesión ordinaria del pasado 25 de marzo.
La elección fraudulenta que consolidó la cooptación de la USAC por parte de Walter Mazariegos, se realizó entre provocaciones y agresiones de grupos de choque que tomaron el campus central en la capital, mientras en La Antigua Guatemala buscaban infiltrarse entre los estudiantes que protestaban. La comunidad universitaria también fue víctima del despliegue desproporcionado de agentes de la PNC, gas lacrimógeno, humo de extintores, y disparos desde la terraza del hotel Casa Santo Domingo.
El Ministerio Público (MP) podría volver a solicitar nuevas capturas luego de los hechos registrados el pasado 7 de abril en la ciudad universitaria, cuando un grupo de estudiantes apoyó acciones para que se abrieran las instalaciones de la USAC que habían sido tomadas por personas señaladas de ser afines a Walter Mazariegos y que huyeron del campus universitario por el lado de la Avenida Petapa.
Animales en la USAC mueren por negligencia institucional en medio del fraude electoral de Walter Mazariegos
En medio de la crisis provocada por el fraude electoral en la Universidad de San Carlos de Guatemala, surgió una preocupación urgente: el estado de los animales dentro del campus. Sin acceso para alimentarlos ni atenderlos, la incertidumbre creció hasta que inspecciones y testimonios confirmaron afectaciones y muertes, evidenciando que el fraude no solo impactó a la comunidad universitaria, sino también a quienes dependen completamente del cuidado humano.
La jornada electoral en la USAC transcurrió bajo tensión, con protestas en el exterior y un proceso que se desarrolló en condiciones restringidas. Mientras se concretaba la designación de Mazariegos, fuera del lujoso hotel, estudiantes denunciaban exclusión de cuerpos electorales de oposición y falta de transparencia.
La comunidad universitaria en resistencia alerta que el grupo cercano a Walter Mazariegos ha tomado la USAC previo a la elección de rectoría programada para el próximo miércoles 8 de abril en donde cuerpos electorales de oposición buscan su acreditación frente a un Consejo Superior Universitario cooptado.
Eldin y Milton: a dos años del crimen que evidenció violencia estatal contra una pareja gay en Guatemala
A dos años de la detención, tortura y asesinato de Eldin Choc Xi y Milton Santamaría, el caso avanza hacia juicio mientras persisten temores de impunidad. La investigación apunta a ejecuciones extrajudiciales, motivaciones por prejuicio y un patrón previo de abusos policiales en San Andrés Itzapa.
El pleno de la Corte de Constitucionalidad ratifica que los acusados por el crimen de Melissa Palacios deberán enfrentar juicio por asesinato, al rechazar el intento de la defensa de reducir los cargos. Con ello, el caso avanza a debate oral bajo una acusación más severa, descartando que pueda resolverse con penas menores.
El Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y de Prensa 2025 advierte un deterioro estructural de la libertad de expresión en el continente de América. El informe analiza el período comprendido entre el 2 de noviembre de 2024 y el 1 de noviembre de 2025 y su sexta edición fue presentada públicamente el 10 de marzo de 2026 durante un evento virtual organizado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). El documento señala un asedio institucional contra el periodismo, marcado por la estigmatización desde el poder y el uso del aparato judicial para presionar o silenciar a periodistas en varios países, incluido Guatemala.
Estados Unidos abrió una investigación comercial contra 60 economías para evaluar si permiten el ingreso de productos elaborados con trabajo forzado a sus mercados. El proceso examinará si la falta de controles efectivos genera ventajas comerciales injustas que afectan a empresas y trabajadores estadounidenses.
El proceso penal contra la activista maya Kaqchikel Nanci Sinto ha sido considerado como un caso de criminalización porque surge de una manifestación en un espacio público y contra personas críticas al gobierno de Alejandro Giammattei.
“La prensa en Guatemala es vector de un debate público que es fuerte y que sería mucho más fuerte si hubiera más garantías”
Frente a las amenazas, el acoso judicial, la criminalización, la persecución, la violencia física y las campañas de desinformación contra la prensa en Guatemala, el Relator Especial para la libertad de Expresión de la CIDH, Pedro Vaca, resaltó la importancia de un mecanismo de protección a periodistas.
La relatora especial de la Organización de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, quien hizo una visita al país, dijo en informe final que el sistema de justicia de Guatemala atraviesa una “crisis profunda”.
Organizaciones denuncian ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fallas en restitución internacional que afectan a madres que huyen de la violencia de género
En una audiencia regional realizada en Guatemala, mujeres sobrevivientes de violencia de género, abogadas y organizaciones denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que los mecanismos internacionales de restitución de niñas y niños siguen operando sin perspectiva de género. Advirtieron que, en muchos casos, las madres que huyen de la violencia doméstica hacia otros países terminan criminalizadas y separadas de sus hijas e hijos.
Dos casos emblemáticos de violencia política contra mujeres en Guatemala —el de la diputada indígena Sonia Gutiérrez y el de la exdiputada y activista Sandra Morán— serán presentados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta audiencia será una oportunidad para visibilizar y denunciar la violencia política contras las mujeres que existe en el país.
Tras casi siete años de búsqueda de justicia, una jueza ligó a proceso penal este 2 de marzo al pastor evangélico Delisio Alberto Ramírez Cifuentes por el femicidio de Paola Azucena Pérez Meza. El caso, ocurrido en 2019, evidencia los obstáculos que enfrentan las familias para obtener justicia en Guatemala. Mientras el proceso avanza, la familia de la joven revive el dolor de un crimen que estuvo durante años sin responsables.
“En 2025 continuaron los intentos del Ministerio Público por revertir los resultados del proceso electoral de 2023”, señala el informe, que expone la criminalización de autoridades indígenas por el Paro Nacional en Defensa de la Democracia como Luis Pacheco, Héctor Chaclán y Esteban Toc, detenidos entre abril y agosto de 2025.