Madre de Melisa Palacios busca justicia para su hija este 2026
Escrito por Ruda
Luego de cuatro años de impunidad y beneficios para los acusados del femicidio de la joven universitaria Melisa Palacios, este 5 de enero, el caso avanzó en el Juzgado de Mayor Riesgo “C” luego de que la jueza Carol Berganza admitiera las más de 200 pruebas ofrecidas por el MP. Además, resolvió que continuará conociendo el juicio contra los acusados María Fernanda Bonilla Archila y José Luis Marroquín Ovalle.
Por Ruda con información de Prensa Comunitaria
En los últimos tres meses de 2025, desde que la jueza Carol Berganza decidió enviar a juicio a María Fernanda Bonilla Archila y José Luis Marroquín Ovalle por el delito de asesinato de Melisa Palacios, los acusados han buscado diferentes formas de retrasar el inicio del juicio. Amparos y apelaciones para revertir la decisión de la jueza de Mayor Riesgo “C”, hasta cambio de abogados han sido algunas de las estrategias.
Sin embargo, la última palabra la tuvo la Corte de Constitucionalidad (CC) quien en diciembre de 2025 rechazó la apelación presentada por Bonilla y Marroquín con la que buscaban revertir la decisión de la jueza que el pasado 2 de septiembre resolvió enviarlos a juicio por asesinato y no por encubrimiento propio, un delito menos grave que los beneficiaba.
Así, el lunes 5 de enero de 2026 se realizó la audiencia de ofrecimiento de pruebas en el juzgado de Mayor Riesgo “C”. El fiscal del Ministerio Público (MP) presentó 209 indicios (26 testigos entre ellos Anabella Chacón, madre de Melisa, así como otros familiares, pruebas documentales y materiales).
Los abogados de los acusados también ofrecieron medios de prueba para demostrar su presunta inocencia. Durante la audiencia, el defensor de Bonilla, Saúl Zenteno, pidió dejar fuera la extracción de información obtenida del celular de María Fernanda. Según argumentó Zenteno a la acusada “no se le dijo qué información se iba a extraer, no se le dijo sobre qué tiempo se iba a extraer, no se le dijo que tenía el derecho de no entregarlo porque ella era sindicada”. Zenteno dijo que esto podría incurrir en “violaciones a la presunción de inocencia, derecho de defensa”.
Sin embargo, pese a los intentos de desestimar esta prueba clave, la jueza Carol Berganza rechazó las objeciones y aceptó los más de 200 indicios de la Fiscalía contra el Delito de Femicidio.
“Son 31 medios de prueba consistentes en discos y que contiene cada uno la cadena de custodia correspondiente de imágenes que fueron recolectadas en Zacapa (lugar en donde fue asesinada Melisa)”, dijo Berganza.
Además, la jueza decidió que el juicio continuará en el Juzgado de Mayor Riesgo “C” y la fecha del debate será notificada posteriormente porque el tribunal aún no está integrado.
Al finalizar la audiencia, la madre de Melisa fue entrevistada por medios de comunicación. “Es un avance más. No importa el tiempo que he esperado, pero sé que este año va a ser bendecido. Los abogados de ella (Bonilla) están acostumbrados a quitar bienes, pero una vida humana no es tan fácil defenderla”, dijo Chacón.
Un abogado con pasado político y gremial
En noviembre de 2025, Bonilla y Marroquín cambiaron a su abogada defensora por Zenteno quien ejerció como defensor del excandidato a la presidencia Manuel Baldizón, sindicado en los casos de corrupción como Odebrecht, Transurbano, entre otros procesos. Baldizón cumplió en Estados Unidos una condena de cuatro años tras declararse culpable por el delito de lavado de dinero.
En las elecciones de 2023, Zenteno buscó ser diputado en el Parlamento Centroamericano (Parlacen) por el partido Cambio, creado por los hijos de Baldizón.
Una investigación del MP, evidenció que Saúl Zenteno utilizó su influencia gremial para manipular la elección de magistrados en el año 2014. Los cuestionamientos sobre el proceso originaron el caso Comisiones Paralelas 2014.
En 2020, la FECI, dirigida por Juan Francisco Sandoval, anunció otro caso por irregularidades en la elección de magistrados en 2019, esta vez se denominó caso Comisiones Paralelas 2020, en el cual se evidenció la forma en que operadores, políticos, comisionados, candidatos y diputados habrían manipulado la selección de magistrados para ambas cortes entre los cuales figuraba la esposa del abogado Zenteno, la abogada Jennifer Dell´Acqua.
El abogado también buscó ser parte de la magistratura de la CC en 2021 junto al exrector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), Estuardo Gálvez. Este se presentaba como candidato a magistrado titular y Zenteno esperaba ser magistrado suplente.
Según relató Prensa Comunitaria, dicha elección estaba programada para el 26 de febrero de 2021. Sin embargo, ese día Gálvez y Dell’Acqua fueron capturados, sindicados de manipular la elección de magistrados de Salas de Corte de Apelaciones ocurrida en febrero de 2020.
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“Espero lograr justicia”
Melisa Palacios Chacón tenía 21 años cuando fue asesinada el 5 de julio de 2021, en la aldea La Palma, Río Hondo, Zacapa cuando se dirigía a un almuerzo al que nunca llegó.
Estudiaba el tercer año de Auditoría en el CUNORI. Dos años después, el 25 de agosto de 2023, José Luis Marroquín y María Fernanda Bonilla fueron capturados en La Antigua Guatemala, luego de haber sido declarados en rebeldía por evadir una orden de captura emitida en Zacapa.
Desde hace cuatro años, la madre de Melisa lleva una lucha incansable en la búsqueda de justicia para su hija. En 2025, se realizó una marcha para presionar al sistema de justicia para que el caso avance. Junto a su abogado defensor y la Fiscalía de Femicidio logró que el caso fuera trasladado de Chiquimula, a un tribunal de Mayor Riesgo en la capital.
“Este tiempo ha sido desgastante emocionalmente porque cada vez que hay una audiencia es repetir lo mismo, recordar lo que le hicieron a mi hija”, manifestó Anabella Chacón a un medio local.
Además, pidió que los acusados sean condenados con una pena máxima de 50 años. “Ellos van a deducir muchas cosas a su conveniencia, aquí hay una víctima, no hay un inmueble que defender”, agregó Anabella Chacón tras finalizar la audiencia el pasado lunes 5 de enero.
En los últimos meses, el Juzgado de Mayor Riesgo “C” ha jugado un rol importante en el caso del femicidio de Melisa y otros expedientes relacionados con violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno.
El 3 de septiembre de 2025, la jueza Carol Berganza resolvió enviar a juicio a María Fernanda Bonilla y José Luis Marroquín por el asesinato de Melisa, luego de aceptar la solicitud para modificar la acusación a un delito más grave. Ambos fueron procesados inicialmente por homicidio en estado de emoción violenta y encubrimiento propio.
Con este cambio, los señalados ya no pueden optar al procedimiento de aceptación de cargos que habría reducido su condena a cambio de admitir responsabilidad, ni solicitar medidas sustitutivas. De ser declarados culpables, enfrentarían penas más severas que las previstas en los delitos que se les atribuían originalmente.
Durante su resolución, Berganza señaló que no podía basarse en los argumentos de jueces anteriores que beneficiaron a los acusados, debido a la independencia judicial con la que cada uno debe actuar. También destacó que, a su criterio, sí existen elementos de prueba que podrían indicar intencionalidad y planificación en el crimen contra Melisa.
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