Por Celina de la Rosa

La expansión del lobby de las “falsas denuncias” ya no es un fenómeno aislado. Hoy constituye una preocupación regional para organismos como el Comité de Expertas del MESECVI (Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana de Belém do Pará), que advierten cómo estas narrativas —sin respaldo empírico y basadas en estereotipos— avanzan en distintos países para limitar derechos y frenar políticas de protección. 

En Argentina, donde este discurso se ha articulado con iniciativas legislativas recientes, un relevamiento colaborativo de periodistas evidencia  la trama de actores políticos, judiciales y mediáticos que impulsan esta agenda y sus riesgos para la vigencia de estándares internacionales en materia de género.

“Para abordar la instalación de esta narrativa de las falsas denuncias por violencias basadas en el género, tenemos que empezar por entender la problemática, no solo conocer algunas cuestiones más aisladas, sino justamente poder entender este entramado de actores, de organizaciones, abogados, comunicadores, medios de comunicación que se conjugan en estos discursos”, explicó Milagro Mariona, de La Nota Tucumán, sobre la perspectiva del primer mapeo colaborativo.

El informe fue realizado por periodistas de Periódicas, Enfant Terrible, Feminacida y La Nota Tucumán, medios que integran la Red de Medios Digitales (RMD) en Argentina. Se trata de proyectos periodísticos con perspectiva feminista, territorial y de derechos humanos, comprometidos con la producción de información rigurosa, el seguimiento de agendas comunitarias y la defensa de los derechos conquistados por los feminismos.

El relevamiento abarcó Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Tucumán y Córdoba. “Pudimos entender cómo actúan, poder salir solamente de la lectura de casos aislados, sino entenderlo como un fenómeno organizado, un fenómeno que además tiene conexiones con el poder político y así también pensar de qué manera se le da respuesta”, agregó Mariona.

En total, se identificaron 44 actores —organizaciones, fundaciones, abogados y abogadas, así como funcionarios y funcionarias— que participan en la producción, circulación y legitimación de discursos en contra de la “ideología de género”, vinculados a la supuesta “industria de las falsas denuncias”.

El lobby que impulsa esta narrativa muestra una expansión nacional con polos de concentración especialmente fuertes en Santa Fe (20 actores) y Tucumán (12 actores), además de su presencia en el Área Metropolitana de Buenos Aires y Córdoba. El despliegue territorial evidencia no solo diversidad sino también consolidación.

Su crecimiento es reciente y acelerado. Cerca del 30 % de los actores surgieron entre 2024 y 2025. El informe también identifica raíces previas —solo dos actores anteriores a 2015— y menciona emergentes en momentos específicos. Los picos en 2020 y 2021 sugieren que coyunturas como la pandemia, la movilización de sectores de ultraderecha y debates legislativos funcionaron como disparadores.

Para Gabriela Filereto, de Periódicas, participar de la investigación fue clave. “Las narrativas de falsas denuncias era un tema que nosotras veníamos abordando y, al haber concluido la investigación, nos fuimos dando cuenta de que los discursos que manejan los actores, grupos o representantes del poder político atravesaban a todas las provincias que fueron abordadas en el informe. Nos dimos cuenta de que la mecánica se repetía y que este modus operandi atravesaba al país, y no solamente a la provincia de Santa Fe. Cada una de las provincias pudo poner de manifiesto algún caso representativo, que son de los que se agarran estos grupos para llevar adelante toda su maquinaria discursiva”, explicó Filereto.

Tal como advierte el Comité de Expertas (CEVI), estas propuestas de nuevas normativas o regulaciones -generalmente sustentadas en estereotipos de género y en la ausencia de estudios concretos- buscan incrementar sanciones penales contra las denunciantes, lo que representa un grave retroceso y fomenta la impunidad. Estas iniciativas se presentan en diversos Estados Parte de la Convención de Belém do Pará, aun cuando el delito de falsa denuncia ya está tipificado en los códigos penales vigentes.

En este marco, el relevamiento muestra que no se trata de un conjunto aislado de narrativas dispersas, sino de una tecnología política y comunicacional que opera en diversas direcciones.

Imagen de una manifestación en Argentina contra la violencia contra mujeres y disidencias. Foto: Periodicas

¿Cuáles son las dimensiones en las que opera el mito de ‘falsas denuncias’?

La primera capa donde este engranaje empieza a moverse es la discursiva. Allí se construye un clima que presenta el aumento de denuncias por violencia de género como un crecimiento “artificial”, impulsado —según esta narrativa— por mujeres que mentirían, exagerarían o manipularían a sus hijos con fines espurios. El relato se completa con la idea de que detrás de cada denuncia habría un “negocio” que beneficia a víctimas, profesionales y organizaciones. Con ese telón de fondo, se instala la necesidad de “equilibrar” una balanza que, según estos actores, habría quedado injustamente inclinada a favor de las mujeres. No es casual: la estrategia se alimenta de prejuicios antiguos y profundamente misóginos.

Esa construcción simbólica encuentra un correlato directo en el terreno institucional y legislativo, la dimensión donde el avance es más visible. Allí aparecen proyectos de ley y reformas al Código Penal que colocan a las víctimas bajo sospecha desde el inicio, revierten la carga de la prueba y buscan endurecer las sanciones por “falsas denuncias” o “falsos testimonios”. Algunas propuestas incluso apuntan a restringir medidas cautelares o limitar la difusión pública de acusaciones. 

Detrás de estos movimientos se encuentran funcionarios del gobierno de Javier Milei y referentes políticos que impulsan activamente esta agenda: el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; la exministra de Seguridad y actual senadora Patricia Bullrich; el senador Juan Carlos Pagotto; la senadora Carolina Losada y la diputada Lilia Lemoine, entre otros.

En paralelo, la dimensión mediática y digital funciona como una caja de resonancia. Casos aislados de supuestas “denuncias falsas” son amplificados con titulares sensacionalistas, se viralizan en X relatos sobre “hombres inocentes” convertidos en “víctimas del sistema”, y proliferan hashtags como #DenunciaFalsa. 

Influencers y canales de YouTube se suman a esta ola construyendo la idea de una persecución sistemática contra los varones. En grupos de Facebook, las narrativas circulan descontextualizadas, apuntando contra el feminismo y apelando al punitivismo, con picos de actividad en fechas simbólicas del movimiento de mujeres.

El despliegue se completa en el plano jurídico-operativo. Allí se rastrean litigios estratégicos, estudios jurídicos que ofrecen asesoramiento especializado a denunciados, y la presentación de amparos o demandas por supuestas “violaciones de derechos” dirigidas contra las propias víctimas. En cada provincia aparece, al menos, una causa judicial convertida en emblema y utilizada como herramienta para reforzar el mensaje disciplinador: denunciar puede costar caro.

Si bien el mapa se dibuja con trazos locales, el informe muestra que no se trata de un fenómeno aislado ni exclusivamente argentino. Este entramado se inscribe en una corriente transnacional que impulsa contramovimientos antifeministas, anti-“woke” y anti-“ideología de género”, articulados a través de think tanks internacionales, redes de derecha ultraliberal y plataformas digitales globales. Es, en definitiva, una estrategia coordinada que circula entre países y que encuentra terreno fértil en contextos de retrocesos democráticos y disputa de sentidos sobre los derechos conquistados.

Los senadores Juan Carlos Pagotto y Carolina Losada recorren las provincias impulsando el lobby de 'falsas denuncias'. Foto: Redes sociales

Para Agustina Mendía, periodista y psicóloga de Enfant Terrible, el hallazgo principal fue “tomar dimensión del entramado de esa red. Así como durante el gobierno de facto se tomaron los cuatro poderes para ejercer control, represión y miedo desde lo mediático, lo económico, lo judicial y lo ejecutivo, me parece que estas redes funcionan de una manera bastante similar. Me pareció un gran hallazgo, porque a veces subestimamos el alcance que pueden tener este tipo de proyectos. Cuentan con aparatos institucionales para poder instalar que todas las denuncias de violencia son falsas, que cualquiera puede decir cualquier cosa, y apuntan a desvirtuar el significante de la búsqueda de justicia”.

El informe señala que “este conjunto opera como tecnología de la impunidad porque su fin efectivo es reducir la capacidad del sistema de Justicia y del Estado para intervenir ante la violencia de género, al poner bajo sospecha las denuncias, expulsar del centro a las víctimas, legitimar a los agresores, debilitar los marcos de protección y reforzar el poder de los varones machistas en las instituciones”. Según el análisis que realizan las periodistas de Red de Medios Digitales, esto implica que se vuelve más difícil que las víctimas obtengan cuidado, atención y reparación; que las estructuras estatales respondan; y que los agresores sean sancionados, lo que perpetúa la impunidad.

“Desde los feminismos venimos construyendo muchísimo conocimiento al respecto. Sabemos de qué manera dar respuesta a estos avances discursivos que buscan retroceder en los derechos logrados por las luchas de mujeres y disidencias. Creo que este relevamiento en cuatro provincias de Argentina es un primer paso dentro de una problemática que no es solamente de nuestro país, sino que es regional”, afirmó Mariona.

El Comité de Expertas advierte que estas acciones contribuyen a poner en duda la credibilidad de las víctimas, limitando su acceso a la justicia y generando revictimización. Recuerda a los Estados Parte que la Convención los obliga a eliminar normativas discriminatorias y abstenerse de cualquier acción que menoscabe la palabra de quienes denuncian. Por ello, exhorta a los gobiernos a garantizar que toda iniciativa legislativa se ajuste a las obligaciones internacionales y llama a los medios de comunicación y a las instituciones académicas a actuar con una responsable perspectiva de género.

Siguiendo las advertencias que el MESECVI subraya que estas iniciativas, presentadas como intentos de “equilibrar” el sistema, terminan por instalar sospechas sistemáticas sobre las víctimas, dificultan su acceso a la justicia y profundizan la revictimización. Al colocar la palabra de las mujeres y disidencias bajo un manto de duda permanente, se habilitan prácticas discriminatorias que contravienen las obligaciones asumidas por los Estados en el marco de la Convención de Belém do Pará.

De acuerdo, a las autoras de este informe RELEVAMIENTO SOBRE EL LOBBY DE LAS “FALSAS DENUNCIAS”: LA ÚLTIMA FRONTERA DE LA ULTRADERECHA se inscribe en las posibilidades de revertir el avance de proyectos de reforma impulsados desde distintos niveles de la administración argentina. Remarcando, como marcan expertas, los Estados deben garantizar que toda propuesta legislativa se ajuste plenamente a los compromisos internacionales en materia de derechos humanos y protección frente a la violencia de género. Esta investigación se presenta como un insumo para que los medios de comunicación y las instituciones académicas busquen actuar con responsabilidad, sosteniendo una perspectiva de género que evite reproducir discursos estigmatizantes y contribuya a un debate público informado y libre de prejuicios.

La narrativa de las falsas denuncias desvaloriza los relatos de madres protectoras, sobrevivientes de abusos sexuales. Foto: La Nota Tucumán

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