#VacunasParaTodas una campaña que muestra la expresión ciudadana en los centros de vacunación
El derecho a la salud es un principio universal que en Guatemala está reconocido como una obligación del Estado. Esto incluye garantizar la participación de toda la población en la búsqueda de la salud, así como las responsabilidades estatales de garantizar la prevención, promoción, recuperación y rehabilitación para el bienestar de toda la ciudadanía.
Respecto a las vacunas, con la pandemia actual por COVID-19 se desarrollaron en tiempo récord distintos tipos de vacunas desde distintas casas: universidades, gobiernos y empresas farmacéuticas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) aprobó para uso de emergencia 7 vacunas, y se siguen desarrollando vacunas en búsqueda de una mayor eficacia. Sin embargo, se ha denunciado que los países del norte global han acaparado la compra de más del 50% de las vacunas disponibles.
Ante ello, se han promovido campañas para liberar las patentes de las vacunas contra la COVID-19 y así hacerlas más accesibles a la producción y distribución. En el caso guatemalteco, las dosis siguen siendo escasas para inmunizar a la población, es decir que la responsabilidad de prevención y recuperación de enfermedades ha sido desatendida por el Estado.
El Estado sin garantizar el derecho a la salud
La ineficiencia en la compra de vacunas, marcada por la compra irregular de las Sputnik V, es parte de la incompetencia y corrupción en el manejo de la pandemia por parte del gobierno, que carece hasta la fecha de un adecuado plan de vacunación, que garantice el derecho humano a la salud. Todo esto es un agravio que la población expresa desde distintos espacios.
En las redes sociales, el uso de los hashtags #DóndeEstáElDinero #DóndeEstánLasVacunas y #VacunasParaTodas hacen síntesis del sentir popular, que hace referencia a la opacidad en el uso de los recursos públicos disponibles para la compra de vacunas y la exigencia de un derecho universal
Decenas de personas se han manifestado, justo en el momento de ser vacunadas, utilizando carteles con mensajes que, con la suma de agravios de las últimas semanas, han variado en contenido y tono. Desde #RenunciaGiammattei, #VacunasYa, hasta historias personales, donde las redes sociales han recolectado la experiencia publicada por cada ciudadana como medio de expresión.
Vacunadas por donación
De acuerdo con el Laboratorio de Datos Gt, el 75% de las dosis de vacunas disponibles en Guatemala han sido por donación. De estas el 5% son de la marca AstraZeneca, donadas por los gobiernos de India y México. El 70% son de la marca Moderna, donadas por los gobiernos de Estados Unidos e Israel. El 11% de vacunas AstraZeneca han sido adquiridas mediante el fondo COVAX de Acceso Global para Vacunas COVID-19, y solo el 13% de las vacunas disponibles han sido compradas directamente por el Estado, de la marca Sputnik V.
De esta cuenta, muchos de los mensajes que las personas muestran al momento de ser vacunadas han sido “Vacunada por donación”
También se hacía referencia al agradecimiento hacia los gobiernos que han donado vacunas a Guatemala.
Un plan de vacunación desigual
Siguiendo la información del Laboratorio de Datos, hasta el momento la vacunación ha estado concentrada en el departamento de Guatemala, donde se calcula que un 25% de la población ya ha sido vacunada. En segundo lugar está el departamento de Sacatepéquez, seguido de Quetzaltenango y Jutiapa. En el resto de departamentos no se ha logrado ni el 15% de vacunación, siendo los departamentos de Totonicapán, Quiché y Alta Verapaz lo menos atendidos en este aspecto.
Asimismo, la distribución de la vacuna ha sido desigual entre pueblos indígenas y expresa la matriz del Estado guatemalteco, el racismo. Se encuentra que un 82.98% de las dosis han sido administradas a personas mestizas/ladinas, el 16% a personas mayas, 0.78% a garífunas y 0.16 a xinkas.
a vacunación se ha organizado por distintos pasos: primero, cuando se abre la fase de vacunación para determinado grupo etario o por profesión, las personas deben registrarse en la página https://registrovacunacovid.mspas.gob.gt/mspas/login, para eso se requiere acceso a internet, un recurso que de acuerdo con los datos del INE, solo el 17% de los hogares en Guatemala tienen acceso. Luego está la barrera del idioma ya que el registro está explicado únicamente en español.
Luego de registrarse las personas son notificadas por mensaje de texto sobre la fecha en que les corresponde ser vacunadas, estableciendo una cita. Sin embargo, este procedimiento ha sido poco eficaz, ya que ante la necesidad de vacunas es común encontrar mensajes informativos en redes sociales sobre los centros de vacunación que están abiertos sin cita previa.
Y por último, la incógnita de las segundas dosis. Como es sabido, las vacunas disponibles requieren dos dosis para tener una funcionalidad adecuada. Según los últimos datos recolectados, para el 21 de julio se han vacunado con la primera dosis 1,489,259 personas, y solo 309,339 personas ya cuentan con las dos dosis necesarias.
Otro aspecto denunciado, principalmente por estudiantes, fue la desigualdad en la distribución de las vacunas cuando la tarde del 20 de julio en cadena nacional Alejandro Giammattei anunció que se habilitaría la vacunación para la población estudiantil universitaria en todo el país.
La Asociación de Estudiantes Universitarios se pronunció al respecto expresando que “Aunque se abra la oportunidad de vacunación a sectores más jóvenes, gracias a donaciones no a @DrGiammattei, aún queda población en riesgo desatendida. La prioridad sigue siendo población con alguna enfermedad o condición de salud que aún sigue esperando su vacunación.”
En ese sentido, los mensajes de muchas universitarias exigían que la vacunación sea universal y descentralizada, no un privilegio.
Intentan limitar la expresión ciudadana
En uno de los centros de vacunación denominado Manuel Colom Argueta, en la zona 2 de la Ciudad de Guatemala, se denunció que algunos funcionarios en el área de registro querían prohibir que las personas expresaran mensajes con carteles.
No obstante, principalmente estudiantes de la Universidad de San Carlos continuaron con la acción política de denuncia.
¿Dónde está el dinero?
En su última conferencia de prensa, realizada el 27 de julio luego de la crisis política y el rechazo social generado por la destitución del fiscal especial contra la impunidad Juan Francisco Sandoval, Alejandro Giammattei y Amelia Flores explicaron que no comprarían la segunda mitad de vacunas Sputnik V, acordadas en un contrato irregular que dejaba en desventaja a Guatemala, y que buscarían adquirirlas con otras marcas.
Giammattei expresó “para quienes preguntan dónde está el dinero, el dinero está en el banco”. Esto en referencia a que, desde agosto del 2020, en diversas jornadas de manifestación la pregunta ¿Dónde está el dinero? Ha sido un mensaje central que cuestiona cómo el gobierno ha administrado los recursos que se le aprobaron para manejar la pandemia, primero ante la falta de aplicación de pruebas, la ineficacia en la implementación de programas de ayudas sociales, y ahora por la adquisición de vacunas.
Sin embargo, las personas también tenían un mensaje para Giammattei:
La población sigue exigiendo una vacunación universal, que priorice a las personas en trabajos esenciales. Asimismo, se ha planteado que deben priorizarse a las mujeres embarazadas, ya que corren riesgo de sufrir cuadros graves si se contagian de COVID-19, y se ha planteado que la crisis económica ligada a la sanitaria afecta especialmente a las mujeres por ser el 70% de la población en trabajos informales, así como en trabajos caracterizados por el hacinamiento, como la maquila.
Desde diversas voces feministas y de defensa de los derechos humanos, se ha denunciado cómo el gobierno promueve políticas “provida” y de “defensa de la familia” de manera discursiva para levantar el conservadurismo y no atender las crisis. De hecho, en medio de la crisis de legitimidad que atraviesa el gobierno por desatender la pandemia y por la destitución del fiscal Juan Francisco Sandoval, Giammattei celebró la aprobación de la Política Pública para Protección de la Vida y la Institucionalidad de la Familia.
Estos recursos discursivos utilizados por el gobierno, desde el periodo de Jimmy Morales, han sido denunciados como evidentes contradicciones entre la “defensa de la vida” y la corrupción en la que están involucrados los mandatarios, ya que se interpreta que la corrupción, especialmente en temas de salud y crisis sanitarias, cuesta la vida de todas las personas que murieron por falta de atención pública.
