En Nicaragua, desde la crisis sociopolítica iniciada en abril del 2018, la actual dictadura, a través de la Dirección General de Migración y Extranjería, retiene pasaportes, hace largos interrogatorios en los puestos fronterizos y prohíbe la entrada y salida de personas vinculadas a organizaciones de Derechos Humanos, en general, y de las mujeres y niñas en particular.

El pasado 9 de febrero, 222 presos políticos fueron liberados por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Luego fueron deportados de manera inmediata rumbo a Washington D.C, Estados Unidos. Pero, aunque recuperaron su libertad, el régimen nicaragüense decidió arrebatarles su nacionalidad, convirtiéndolos así en apátridas.