En Nicaragua, desde la crisis sociopolítica iniciada en abril del 2018, la actual dictadura, a través de la Dirección General de Migración y Extranjería, retiene pasaportes, hace largos interrogatorios en los puestos fronterizos y prohíbe la entrada y salida de personas vinculadas a organizaciones de Derechos Humanos, en general, y de las mujeres y niñas en particular.

Dos años han pasado desde el 21 de noviembre del 2020, día en el que se realizaron diversas manifestaciones sociales en el país en repudio al Presupuesto General de la Nación aprobado por el Congreso de la República. Durante la jornada, la Policía Nacional Civil (PNC) lanzó gas lacrimógeno a las manifestantes, utilizó la violencia y detuvo de manera ilegal a 40 personas. Desde entonces, la represión ante la protesta social se ha convertido en una constante.