El pasado 14 de enero se cumplió un año de los 106 días de la movilización social que inicio el 2 de octubre de 2023, cuando diversas autoridades indígenas^[1] de todo el país se declararon en “Paro Nacional Indefinido”, tomando vías de tránsito y cerrando comercios a nivel nacional, en protesta ante la permanencia en el cargo de la fiscal general Consuelo Porras, el fiscal Rafael Curruchiche y el juez Fredy Orellana, “quienes con sus acciones arbitrarias están atentando en contra de la democracia y autonomía de nuestro pueblo y orden constitucional”

Desde la quema de la embajada de España hasta el Paro Nacional de 2023, la población maya Ixil ha estado en la primera línea de defensa de los derechos humanos y la democracia en Guatemala.

Hace un año Guatemala era un hervidero. Décadas de represión contrainsurgente y, en su faceta más extrema, de exterminio masivo, habían dado lugar a esperanzas de democracia que rápidamente se transformaron en desencanto ante la mutación de aquella contrainsurgencia en grupos dedicados al desmantelamiento del Estado, los negocios ilícitos y a la corrupción e impunidad generalizadas. El futuro, parecía entonces, continuaría esa misma espiral.

Las elecciones generales de 2023 parecían condenadas al fraude y terminaron siendo una esperanza para Guatemala. Con la lucha contra la corrupción como bandera, una candidatura de bajo perfil, millones de votantes y un sinfín de movimientos y grupos sociales, liderados por las autoridades ancestrales de los pueblos indígenas, lograron ganar un pulso a los pactos de poder que pretendían consolidar su régimen de saqueo, impunidad y miedo.