En uno de los juicios más grandes por los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar argentina, se reconoció por primera vez a personas del colectivo trans como víctimas. Ocho mujeres travestis-trans fueron sometidas a detenciones arbitrarias e ilegales, violencia sexual, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, y reducción a la servidumbre, según la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 1 de La Plata, Provincia de Buenos Aires.

“Solo quiero justicia”, decía la carta pública con la que Argentina conoció el horror que vivió la denunciante de José Alperovich, siendo legislador nacional. Tuvo que esperar 4 años, 6 meses y 18 días la joven que decidió llevar a la justicia a su tío, exjefe y exgobernador de su provincia, Tucumán, durante tres mandatos. Se trata de uno de los casos más emblemáticos del país en romper la impunidad de la violencia sexual, en el ámbito de la política y del poder.