Lucía Ixchíu es una joven activista feminista indígena k’iche originaria de Totonicapán. Es arquitecta, gestora cultural, artista y periodista comunitaria. Hoy se encuentra exiliada junto a dos integrantes de Festivales Solidarios, luego de que su vida y libertad se vieran amenazadas por las intenciones de criminalización y la violencia política del gobierno actual. A miles de kilómetros de distancia, cuenta cómo la criminalización es un fenómeno histórico en contra de los pueblos indígenas y, especialmente, contra las mujeres que luchan.

Es cofundadora de la colectiva feminista interseccional Mujeres en Movimienta de la que forma parte, así como de Festivales Solidarios, una organización que nace por la Masacre de Alaska, conocida como la primera en tiempos de paz, llevada a cabo durante el gobierno de Otto Pérez Molina el 4 de octubre de 2012.

La masacre de Alaska

El 4 de octubre de 2012 en la Cumbre de Alaska, ubicada en el kilómetro 169 de la Carretera Interamericana, el ejército cometió la primera masacre posterior a los Acuerdos de Paz, durante el gobierno de Otto Pérez Molina. Las víctimas fueron 46 manifestantes que protestaban en contra de los abusos de la Empresa Eléctrica en Totonicapán, 40 heridos y 6 muertos. Este hecho fue un antes y después en la vida de Lucía Ixchíu.

– Yo estaba en la Ciudad de Guatemala cuando a mi familia, que está en Totonicapán, le tocó vivir la masacre junto con la gente. Yo me entero en la noche porque estaba en la universidad, es hasta que llego a mi casa y veo el facebook que me entero de la masacre, y eso cambió mi vida. Yo siempre lo hablo porque no sería periodista ni estuviese metida en el trabajo de defensa del territorio, como en el que estoy si no hubiese existido esta masacre. Entonces para mi hay un antes y un después en mi vida personal, familiar y a nivel de nuestra organización indígena y también a nivel del pueblo como tal, porque la ruptura del tejido social con una masacre es evidente que existe.

Meses antes de la masacre, Lucía comenzó a ser parte activa del movimiento estudiantil universitario. En aquel entonces, en la Universidad de San Carlos se sostenía una toma estudiantil exigiendo elecciones para democratizar la Asociación de Estudiantes Universitarios -AEU- la cual permanecía capturada desde el año 2000. En ese marco, fundan el colectivo “7812” junto a estudiantes de veterinaria, arquitectura, e ingeniería.

– Conformamos una agrupación que se llamaba 7812 porque 78 era el año de Oliverio y en el 2012 era el año nuestro en el que hablamos de democratizar la AEU. Sin información, sin acceso a nada, nosotros hablábamos, nunca nos imaginamos ni qué significaba ni qué iba a implicar, pero esas eran las asambleas que organizamos, según nosotros, para democratizar la AEU. En eso, el 4 de octubre del 2012 fue la masacre de Alaska.

De estudiantes a presos políticos

En rechazo a la masacre de Alaska, el colectivo HIJXS convocó a una manifestación en las calles y 7812 acudió a la convocatoria. La acción concluyó con un performance llamado “el zapatazo” que consistió en lanzar zapatos con tinta roja al Palacio de Gobernación. A raíz de esto, aproximadamente 5 estudiantes de un listado de 20 personas fueron criminalizados.

Las órdenes de captura contra los estudiantes se giraron el 21 de diciembre de 2012. A uno de ellos lo detuvieron y estuvo en prisión dos meses, durante los cuales su salud se vio gravemente afectada: contrajo neumonía y sarna, como resultado de dormir a la intemperie. Otro de ellos logró huir y permaneció en clandestinidad durante dos meses aproximadamente, hasta que se entregó y fue condenado a una multa de Q127mil por daños al palacio de gobernación, o su equivalente en prisión.

– Sabemos que el rector de la universidad estuvo involucrado con los estudiantes que se seleccionaron para ser criminalizados. Tanto la masacre como esto fueron hitos históricos en mi vida y abrieron el tema de la prisión política. Para mi eran nociones de libros y de la historia de Guatemala, pero nunca me imaginé ni vivir una masacre ni vivir la cuestión de la prisión política como nos tocó.

Ese fue el origen de los Festivales Solidarios, con el objetivo de ayudar a pagar la multa de los estudiantes desde la gestión cultural y artística. Es entonces cuando en enero de 2013 cinco personas conforman un comité de apoyo a los presos políticos del movimiento estudiantil.

– Decidimos organizar una campaña, la primera campaña de prisión política que montamos que era con el festival que se realizó el 1 de mayo de 2013. Ahí surgen los Festivales Solidarios, nosotros empezamos a darnos cuenta que era importante involucrar el arte, las campañas de comunicación política en las luchas y las resistencias de los pueblos.

Luego de la experiencia de criminalización, el desencanto con el movimiento estudiantil no fue poco, por la falta de apoyo y solidaridad que encontraron a lo interno de la universidad y con el resto de movimientos sociales. Lucía se involucró más en el periodismo comunitario e indígena, así como en el activismo desde el arte para la defensa del territorio. Pero en 2013, en asamblea estudiantil le proponen postularse a ser representante estudiantil de arquitectura en el Consejo Superior Universitario -CSU-.

– Yo no quería, porque el movimiento estudiantil para mi era una cuestión muy alejada, ladina, urbana, lejos de mi contexto como mujer indígena. Entonces yo les dije que no estaba interesada, pero hubo una insistencia de parte de la gente de la facultad y yo lo sometí a la consulta, con gente que tengo de referente política, y después dije “bueno, ser candidata no significa ser la representante ni ganar”. Entonces nos tocó competir contra la gente de la transitoria.

La Comisión Transitoria y Reguladora fue una agrupación creada desde un acuerdo con el CSU con el objetivo de convocar a elecciones de AEU. Sin embargo, esta comisión no realizó su único objetivo y en cambio permanecieron ocupando los cargos del Comité Ejecutivo de la AEU de manera ilegal e ilegítima, como lo demostraron las asociaciones estudiantiles posteriormente. La Transitoria también estaba articulada con los comités de huelga.

Durante los dos años de representación estudiantil, diversas experiencias de violencia machista y racista marcaron su activismo en la universidad, llegando a recibir amenazas de muerte en el 2017 por defender en el CSU la democratización de la AEU.

– Me tocó estar en una representación en un contexto político del país en el 2015 y asumir la dirigencia del movimiento estudiantil como mujer indígena, que eso también representó retos enormes en una universidad machista, racista, clasista, que ha sido una escuela de vida. Quedé un poco afectada a nivel emocional, sobre todo por el nivel de violencia que recibí y el nivel de violencia que devolví, porque yo siempre he dicho que me terminé volviendo una reproductora de la violencia que el movimiento estudiantil ejerció sobre mí en todo ese universo que es el movimiento estudiantil.

Otro elemento que caracterizó al movimiento estudiantil en ese periodo fue el trabajo por vincularse con los movimientos indígenas y campesinos, tocando temas como la defensa del territorio y la memoria histórica, que también eran transversales en Festivales Solidarios. Esta articulación, menciona Lucía, ya había existido en el pasado, pero fue interrumpida con la captura de la AEU.

– Montamos una gran cantidad de charlas y trabajo con el movimiento estudiantil y el movimiento indígena, y yo creo que también algo bien importante que tuvo en mi trabajo desde el movimiento estudiantil fue la coordinación y la vinculación con estudiantes de la Facultad de Agronomía.

La resistencia desde el periodismo

Lucía se suma a Prensa Comunitaria en el 2013, iniciando en el periodismo, la comunicación indígena y la intervención artística territorial.

– Empezamos a montar caravanas itinerantes de festivales que eran para la defensa del territorio y para el acompañamiento de comunidades que estuviesen conmemorando masacres, por ejemplo.

En ese entonces, el hilo de criminalización continuaba haciendo nuevos nudos pero desde la censura y contra la libertad de expresión. Este fue el caso de una agresión por parte de mujeres hijas de militares en el 2016:

– Fuimos agredidas por las hijas de los militares del caso Molina Theissen en la torre de tribunales. Como éramos un grupo de varias periodistas nos tomó una semana organizarnos, y fuimos a poner una denuncia al MP. Al año de que pusimos la denuncia UDEFEGUA comenzó a dar seguimiento porque no había pasado nada, y el del mismo fiscal del MP sugirió ir por un vía conciliatoria porque aparecíamos también como denunciados por “heridas graves y lesiones”, nos dijo. Nunca nos dieron una copia de la denuncia, nunca nos dieron la información. Eso fue más o menos en el 2018.

Para Lucía, la criminalización en Guatemala tiene distintos niveles. El más visible actualmente es el que viven los funcionarios de justicia que han sido perseguidos y obligados al exilio. Otro nivel es hacia las personas activistas urbanas, y otro menos visible es la criminalización histórica hacia los pueblos indígenas.

– Yo tipifico que los primeros presos políticos del estado guatemalteco fueron Lucas Akilal, Atanasio Tzul y todos los abuelos en el levantamiento k’iche hace 203 años. Obviamente cuando se transversaliza el patriarcado tiene los matices que corresponde a las mujeres indígenas concretamente, que somos las que estamos hasta abajo en la escala de la criminalización.

Lucía cuenta que en su trabajo como periodista ha vivido diversos ataques, tanto desde el mal uso del derecho penal (criminalización) como físicos, ante los cuales ha puesto unas 10 denuncias. La primera fue en 2014 cuando fue vapuleada por el alcalde de Santa Eulalia, Huehuetenango, junto a una delegación de periodistas. En 2016 vivió una retención paramilitar junto a su compañero Carlos Cano, en 2017 la amenaza con arma de fuego por parte de Jorge Mario García. Dos años después fue agredida por un militar junto a su hermana y en el 2020 fue gravemente herida al documentar la tala ilegal en el bosque de Totonicapán junto a sus hermanas.

Otro tipo de agresiones y amenazas se han dado desde la virtualidad, especialmente desde la difamación. En 2019 un usuario de internet llamado Rodrigo Polo difundió información sensible sobre ella y su familia y un texto difamatorio. En 2020 este mismo personaje la señaló como responsable del incendio en el Congreso por las manifestaciones del 21 de noviembre de ese año, con lo cual se vio una alta probabilidad de ser criminalizada nuevamente.

– Violencia, acoso y estigmatización nos ha tocado vivir en Festivales Solidarios y a nivel individual, sobre todo con el matiz del racismo porque soy una mujer indígena. Entonces creo que el hecho de ser mujer indígena significa ser un foco de validación para agredir, “como es una india” entonces es mucho más fácil agredir, difamar.

Cuando Lucía visualizó que su vida corría peligro, fue en marzo de 2021 que comenzó a circular una noticia falsa de un supuesto hermano suyo “había amanecido muerto en un autohotel en Xela”. Comenzó a recibir mensajes de pésame y solidaridad, sin embargo, ella no tiene ningún hermano.

– Los análisis que se hicieron es que eran mensajes contundentes y muy claros de por dónde iba la cosa, si no te matan te meten a la cárcel.

Lucía ha puesto al menos 10 denuncias junto a otras personas, 2 fueron desestimadas y 1 resuelta por conciliación. Ninguna ha avanzado en el sistema de justicia.

No perder la esperanza ni la alegría

Luego de casi un año en el exilio, Lucía cuenta cómo ese continuum de criminalización y violencia ha estado presente a lo largo de su vida y activismo.

– Creo que Guatemala es un país que no está preparado para ver a mujeres indígenas sujetas de su propia historia. Guatemala no está preparada para muchas cosas y esa es una de ellas. Yo creo que en mi caso concreto me ha tocado ser la primera en muchos espacios, ser la primera mujer indígena. Creo que ese tipo de circunstancias me han llevado a recibir mucha visibilidad.

Las violencias han sido desde distintos frentes: el Estado, el ejército, empresas extractivas, pero también desde los movimientos sociales, resalta Lucía. Considera que su activismo, crítico y desde el ejercicio de la libertad de expresión, le ha traído una serie de costos políticos que impactan en la vida personal.

– Tengo un año de no ver a mi familia, de no dormir en mi cama, de estar fuera de Guatemala, de haber tenido que guardar un año de silencio absoluto, de estar en el exilio. De no poder hacer mi trabajo, tengo claro que no tengo que dejar de hacer lo que hago, no tengo por qué considerarlo malo. Los costos políticos son a nivel familiar, personal, son esas cosas a las que he tenido que renunciar y dejar a partir de la violencia estatal y de la situación política dictatorial en la que se encuentra el país.

Ante todo ello, una idea que recalca es que no se puede perder la alegría, que dio origen a Festivales Solidarios: devolver la violencia desde otro lugar, como el arte. Recuerda que así como ella, hay muchas personas obligadas al exilio porque Guatemala no es un lugar seguro para ellas.

El exilio también ha sido una posibilidad de crecer y abrir otros espacios para hablar sobre Guatemala en un entorno donde no se conoce nada del país. Junto a dos compañeros, les ha tocado estar en situaciones difíciles viviendo en casas y albergues de migrantes y defensoras de derechos humanos.

– Creo que la esperanza es una decisión política, y en medio de eso yo no he renunciado ni a la alegría ni a la felicidad. No vamos a renunciar y no vamos a darles el gusto de vernos infelices. Nosotras bailamos, reímos, disfrutamos, nos juntamos con mucha gente migrante latinoamericana, incluso guatemalteca que también está fuera por múltiples circunstancias. Entonces también nos hemos podido sentir en casa en la medida de lo posible. Y que nuestras raíces nos acompañan y nos han acompañado en este trayecto donde estamos.