DDHH de niñas, adolescentes y mujeres deben ser prioridad

17 nov.

Entre los temas prioritarios del informe están: Derechos humanos de las niñas, niños, adolescentes y juventud, seguridad, protección y erradicación contra la violencia. Educación sexual integral y ejercicios de los derechos sexuales y reproductivos. Protección laboral para la juventud y políticas de inserción laboral. Acceso a la educación formal e informal.

Por: Eslly Melgarejo

El pasado jueves 9 de noviembre, fue presentado un informe a organizaciones de sociedad civil y diputadas, sobre la situación de derechos humanos en diversas temáticas que incluyen los derechos laborales de las mujeres, erradicación de la discriminación, racismo y violencia sexual hacia las mujeres, acceso a la salud integral, cambio climático provocado destrucción del medio ambiente, erradicación de la pobreza y explotación trabajo infantil, erradicación de la violencia y la violencia sexual hacia las mujeres, entre otros.

La actividad convocada por el Grupo Cairo y Montevideo, presentó los resultados del trabajo, demandas avances y retrocesos en cuanto a población y desarrollo, con la participación de 32 organizaciones de sociedad civil, entre ellas: Asociación Grupo Integral de Mujeres Sanjuaneras, Agenda Global de mujeres indígenas, Asociación de mujeres Alas de Mariposa, Asociación de mujeres en Solidaridad, Asociación mujeres Tejutlecas, Asociación Tan Ux’il, Asociación de Abogadas Indígenas, Red de Jóvenes para la Incidencia Política, Movimiento Nacional de abuelas Comadronas, Organización Trans Reinas de la Noche, entre otras.

Jaqueline Cuyan del grupo impulsor Cairo y Montevideo, expresó: “El informe es presentado cada cuatro años, nosotros ahora finalizamos el trabajo e iniciamos a presentarlo a diversas instituciones garantes para garantizar el derecho de la población y tenemos acercamiento con las organizaciones para que este informe pueda ser una herramienta política de indecencia, para la transformación de todas las necesidades”.

Cuyán añadió que “La organización invitó a las diputadas de la bancada Movimiento Semilla, con el objetivo de que, como legisladoras puedan apoyar a deshacer esos nudos que existen en cuanto a legislación en cuanto a estos procesos”.

Entre las diputadas electas del Movimiento Semilla, asistieron: Andrea Reyes, Patricia Orantes, Alma Luz Guerrero, Mercedes Monzón, Brenda Mejía, Laura Maroquín y el diputado electo Ronalth Ochaeta Aguilar.

Brenda Mejía, diputada electa por el Movimiento Semilla, expresó: “No sólo nos debemos a la agenda de trabajo del plan de gobierno, sino también tenemos nuestra propia agenda y en ese marco cada una de nosotras tiene proyectado trabajar ciertos temas, ya sea por nuestro experiencia o preferencia”

Mejía añadió que seguirá pendiente de seguir trabajando en espacios como este, precisamente “porque juntas tenemos que avanzar en esta agenda que por primera vez estará atendiendo a las necesidades de la población”.

Laura Marroquín, también diputada electa por el Movimiento Semilla, expresó la importancia de empoderar estos espacios, y aseguró que la entrega de este informe muestra el consistente trabajo para lograr que avance esa agenda. “Tenemos desafíos a los que nos enfrentaremos en esta nueva legislatura y sin duda estos temas los pondremos sobre la mesa”, confirmó la diputada electa.

Andrea Reyes, expresó: “Entendemos que son grupos de trabajo especial que implican un tipo de política pública y que trabajan más desde la dignidad que desde el asistencialismo”.

Ivvana Luján, también diputada electa por Semilla, aseguró que desde su compromiso como diputada y desde su profesión como psicóloga social comunitaria, viajará a los territorios para palpar los diversos temas abordados en la agenda de la actividad.

Avances y /o retrocesos, en el cumplimiento de los compromisos

La falta de respuesta efectiva al marco legal en defensa de los derechos humanos en Guatemala puede atribuirse a una serie de factores interconectados que han complicado la implementación y cumplimiento de las normativas internacionales y nacionales de derechos humanos. Algunas de las razones clave incluyen:

Impunidad y Corrupción: La impunidad arraigada en el sistema de justicia. La corrupción en las instituciones encargadas de aplicar la ley debilita la capacidad del sistema para investigar y enjuiciar adecuadamente a los responsables de abusos. Esto socava la confianza en el sistema y obstaculiza la rendición de cuentas.

Débil Infraestructura Judicial:. La falta de personal sensibilizados y capacitado, la falta de financiamiento y la carga de trabajo excesiva pueden ralentizar los procesos judiciales y dificultar la búsqueda de justicia para las víctimas.

Falta de Sensibilización y Formación:

La falta de sensibilización y formación puede llevar al desconocimiento acerca de los deberes y responsabilidades relacionados con la defensa de estos derechos humanos. Derechos humanos y laborales de las mujeres.

Erradicación de la discriminación, racismo y violencia sexual hacia las mujeres.

Acceso a la salud integral.

El cambio climático ha provocado destrucción del medio ambiente.

Erradicación de la pobreza, explotación y trabajo infantil.

Erradicación de la violencia y violencia sexual hacia las mujeres

Conflictos Sociales y Políticos:

Guatemala ha experimentado conflictos sociales y políticos a lo largo de su historia. Estos conflictos pueden tener un impacto negativo en la

implementación de políticas, planes, programas, proyectos y leyes en materia de derechos humanos.

Historia de Violencia y Represión:

La historia de Guatemala incluye períodos de violencia política y represión, como lo fue el Conflicto Armado Interno, lo que dejó cicatrices en la población. Estos eventos de la Memoria Histórica pueden influir en la percepción de los derechos humanos y en la disposición para garantizar la justicia.

Falta de voluntad política para implementar leyes, planes, programas, proyectos y políticas públicas y de Estado existentes y reformas a las mismas: La falta de voluntad.

Obstáculos para el cumplimiento de los compromisos

La falta de confianza en la institucionalidad, la impunidad y corrupción en el sistema judicial y en la institucionalidad, la falta de comunicación del gobierno central y las municipalidades que estas no son económicamente independientes la discriminación y desigualdad, especialmente hacia grupos vulnerables.

Recomendaciones

Participación multisectorial: Promover la participación de gobiernos, sector privado, sociedad civil y comunidades a nivel territorial para asegurar la implementación de planes, programas y proyectos dirigidos para reducir las vulnerabilidades sociales existentes de toda la población. sin excepción.

Actualización de planes, programas, proyectos y políticas públicas: Se recomienda hacer revisiones y ajustes periódicos, de los planes, programas, proyectos y políticas públicas de cara a los cambios económicos, sociales, culturales y tecnológicos, asegurando que sus estrategias sean efectivas y vigentes respondiendo a los objetivos de desarrollo sostenible.

Participación ciudadana: Fomentar la participación de la sociedad civil y las comunidades locales y territoriales, reducir la brecha de inequidad en temas de género y promoviendo la participación activa de las mujeres en los diferentes niveles.

Erradicación del racismo y discriminación: Incluir en planes, programas, proyectos y políticas la no discriminación para la inclusión de personas de la diversidad sexual, así como de población indígena.

Combatir la corrupción e impunidad: Es esencial para garantizar el uso efectivo de los recursos destinados a planes, programas, proyectos y políticas públicas que garanticen los derechos humanos de las poblaciones vulnerables.

DERECHOS, NECESIDADES, RESPONSABILIDADES Y DEMANDAS DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES MEDIDAS PRIORITARIAS

7. Garantizar a niños, niñas, adolescentes y jóvenes, sin ningún tipo de discriminación, las oportunidades para tener una vida libre de pobreza y de violencia, la protección y el ejercicio de derechos humanos, la disponibilidad de opciones, y el acceso a la salud, la educación y la protección social.

8. Garantizar asimismo la existencia de mecanismos de participación efectiva de adolescentes y jóvenes en el debate público, en la toma de decisiones y en todas las etapas de las políticas y programas, en particular en aquellas que les atañen directamente, sin ningún tipo de discriminación fortaleciendo los mecanismos institucionales de juventud.

9. Invertir en la juventud, a través de políticas públicas específicas y condiciones diferenciales de acceso, especialmente en la educación pública, universal, laica, intercultural, libre de discriminación, gratuita y de calidad, para lograr que sea una etapa de vida plena y satisfactoria, que les permita construirse a sí mismos como personas autónomas, responsables y solidarias, capaces de enfrentar creativamente los retos del siglo XXI.

10. Promover e invertir en políticas de trabajo y empleo y programas especiales de formación para la juventud que potencien la capacidad e iniciativa colectivas y personales y posibiliten la conciliación entre los estudios y la actividad laboral, sin precarización del trabajo y garantizando igualdad de oportunidades y trato.

11. Asegurar la efectiva implementación de programas de educación integral para la sexualidad, reconociendo la afectividad, desde la primera infancia, respetando la autonomía progresiva del niño y de la niña y las decisiones informadas de adolescentes y jóvenes sobre su sexualidad, con enfoque participativo, intercultural, de género y de derechos humanos.

12. Implementar programas de salud sexual y salud reproductiva integrales, oportunos y de calidad para adolescentes y jóvenes, que incluyan servicios de salud sexual y salud reproductiva amigables, con perspectiva de género, derechos humanos, intergeneracional e intercultural, y que garanticen el acceso a métodos anticonceptivos modernos, seguros y eficaces, respetando el principio de confidencialidad y privacidad, para que adolescentes y jóvenes ejerzan sus derechos sexuales y derechos reproductivos, tengan una vida sexual responsable, placentera y saludable, eviten los embarazos tempranos y los no deseados, la transmisión del VIH y otras infecciones de transmisión sexual; y tomen decisiones libres, informadas y responsables con relación a su vida sexual y reproductiva y al ejercicio de su orientación sexual.

13. Poner en práctica o fortalecer políticas y programas para evitar la deserción escolar de las adolescentes embarazadas y madres jóvenes.

14. Dar prioridad a prevenir el embarazo en la adolescencia y eliminar el aborto inseguro, mediante la educación integral para la sexualidad, y el acceso oportuno y confidencial a la información, asesoramiento, tecnologías y servicios de calidad, incluido la anticoncepción oral de emergencia sin receta y los condones femeninos y masculinos.

15. Diseñar estrategias intersectoriales dirigidas a ayudar a las mujeres a prevenir el embarazo subsiguiente en la adolescencia, incluida la atención prenatal, del parto y posparto, el acceso a métodos anticonceptivos, a las acciones de protección y asistencia y a la justicia.

16. Garantizar a niños, niñas, adolescentes y jóvenes las oportunidades y capacidades para una sana convivencia y una vida libre de violencia, mediante estrategias intersectoriales que incluyan actuar sobre los determinantes. que dificultan la convivencia y promueven la violencia, que brinden una formación que promueva la tolerancia y el aprecio por las diferencias, el respeto mutuo y de los derechos humanos, la resolución de conflictos y la paz desde la primera infancia, y aseguren la protección y el acceso oportuno a la justicia de las víctimas y la reparación del daño.

17. Garantizar también datos estadísticos confiables, desagregados por sexo, edad, condición migratoria, raza, etnia, variables culturales y ubicación geográfica en materia de educación.

Temas prioritarios:

Derechos humanos de las niñas, niños, adolescentes y juventud, seguridad, protección y erradicación contra la violencia. Educación sexual integral y ejercicios de los derechos sexuales y reproductivos. Protección laboral para la juventud y políticas de inserción laboral. Acceso a la educación formal e informal.

Avances y/o retrocesos, en el cumplimiento de los compromisos

Se ha logrado avanzar en el marco legal respecto a la Salud Sexual y Reproductiva SSR, pero solo en la creación de planes, programas, proyectos, leyes y políticas, más no en la implementación. En el tema de participación social y política aún no hay representación de adolescencia y juventud, no existen cuotas representativas y que estén estipuladas en la ley, esto considerando que las personas menores de 35 años representan el 69% de la población guatemalteca.

Con respecto a garantizar trabajo e inserción laboral, no se cuenta con políticas públicas efectivas para asegurar oportunidades laborales para jóvenes y así evitar la migración de adolescencia y juventud. Existen programas que son implementados por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MINTRAB) que responden a diversos intereses y no a los intereses de la juventud. Para el gobierno, el emprendimiento significa que las juventudes tengan que invertir muchísimo tiempo, hasta dejar de estudiar para procurar ingresos económicos y competir con los precios cada vez más bajos, precarizar los empleos y obligando a losjóvenes a migrar. No hay regulación comercial, lo que genera desigualdad en los emprendimientos.

En Guatemala se tiene un marco legal de avanzada en temas de Salud Sexual y Reproductiva, pero no se implementan efectivamente. Dentro de las debilidades, este gobierno en particular no ha avanzado en relación con la niñez, adolescencia y juventud. El 8 de marzo del 2022, el Congreso, en su mayoría, aprobó la Ley de Protección a la Vida y la Institucionalidad de la Familia, que condenaba los abortos naturales, promovía el odio hacia la comunidad LGBTIQ+ y prohibía la Educación Integral en Sexualidad (EIS) en las escuelas, reflejando el conservadurismo imperante en el organismo legislativo y ejecutivo, que responden a una agenda regresiva y anti-derechos. Dicha ley fue archivada gracias a la protesta de sociedad civil y la ciudadanía.

En el tema de prevención de embarazos, solo se asigna Q.0.004 por cada niña y adolescente, según el Estudio Adolescentes capaces de decidir, inversión pública para la Prevención de embarazos en niñas y adolescentes.

Respecto a la planes y programas sobre Salud Sexual y Reproductiva, se renovó la Carta- Acuerdo: Prevenir con Educación entre el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) y Ministerio de Educación (MINEDUC) 2021 al 2025; para continuar con la prevención de embarazos y adolescentes desde ambos ministerios, dejando establecidas metas e indicadores de acuerdo con el accionar institucional. También se siguen implementando acciones del Plan Nacional de Prevención de embarazos (PLANEA) en la que participan organizaciones de sociedad civil.

Asimismo, la continuidad del Diplomado en EIS y prevención de la violencia del MINEDUC, dirigido a docentes de todos los niveles educativos, pero esto depende de la voluntad de las direcciones departamentales de educación; quienes este año, 2023, recibieron instrucciones de la ministra, para que no dejarán ingresar a las escuelas a ninguna organización que trabajara a favor de la Educación Integral en Sexualidad.

Desde el Ministerio de Trabajo junto al Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (INTECAP) implementaron programas de becas de cursos técnicos para realizar pasantías en empresas relacionadas a los cursos recibidos por jóvenes.

19 El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) tiene programas de becas para niñez y adolescencia, pero se desconoce cómo se divulgan o quiénes participan.

El Consejo Nacional de la Juventud (CONJUVE) implementó becas universitarias para jóvenes a nivel nacional, pero se desconoce cómo funciona y quiénes pueden aplicar. Además, que muchas becas se pierden, por la falta de promoción y el cumplimiento de requisitos.

La Secretaría de Bienestar Social sigue implementando acciones de resarcimiento a las niñas y adolescentes madres víctimas de violencia sexual. También acompaña a jóvenes con problemas judiciales para su reinserción en la sociedad. El Ministerio de Economía (MINECO) tiene programas de formación para emprendimientos, pero solo es teoría, no dan fondos semilla. El MINEDUC, brindó alternativas educativas para adolescentes y jóvenes trabajadores para culminar sus estudios.