Cuatro periodistas indígenas bajo agresión penal, defienden la libertad de prensa

Este 3 mayo se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa, en Guatemala el escenario es adverso para la prensa y la libertad de expresión, esta fecha entonces no puede celebrarse.

En Guatemala, además de las restricciones generalizadas para la libertad de prensa, uno de los aspectos más fuertes es la persecución penal y criminalización hacia periodistas. En esta situación se encuentran cuatro periodistas indígenas que ejercen el periodismo comunitario. Una de las particularidades en estos casos, es que se les niega el ejercicio de su oficio mismo, no se les reconoce, ya que enfrentan una doble carga, la de la discriminación y racismo. Cada uno ha experimentado procesos penales en los que el trasfondo es el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y de prensa, pero sin que sea explícita esta razón, y más bien niega y no se reconoce que sean periodistas. Situación que amerita ser discutida en un marco legal que los reconozca como sujetos de derechos y como periodistas.

Anastasia Mejía Tiquiriz, periodista maya K’iche’ de Joyabaj

Uno de estos casos es el de Anastasia Mejía, maya K´iche’ y periodista comunitaria de Joyabaj, Quiché. Fue detenida el 22 de septiembre de 2020 y luego encarcelada en el Centro de Detención Preventiva para Mujeres de Quetzaltenango, acusada por los delitos de sedición, robo, incendio y atentado con agravación de la pena. Ella y su medio cuentan con la acreditación y respaldo de Prensa Comunitaria.

Tuvo que esperar 39 días para su audiencia de primera declaración y la jueza Susan Elizabeth Pérez, justificó que el trabajo periodístico realizado por Mejía el 24 de agosto frente a la Municipalidad de Joyabaj la hace partícipe de cuatro delitos. Desde el 28 de octubre de ese año le fue restringido el ejercicio periodístico y actualmente goza de una medida sustitutiva.

En la audiencia de primera declaración, las acusaciones del fiscal del Ministerio Público Isaías Mancilla contra la periodista estuvieron cargadas de discriminación y descalificaciones que ponían en duda el trabajo periodístico realizado por ella. En reiteradas ocasiones se le pidió que probará con credenciales, créditos académicos o documentos oficiales la calidad de periodista que ejerce en Joyabaj.

El hecho por el cual está siendo acusada, está relacionado con la labor periodista que ella realizó el 24 de agosto del mismo año, cuando un grupo de pobladores de Joyabaj llevaron a cabo una manifestación frente a la municipalidad de esa localidad, en la que exigían al alcalde municipal dar marcha atrás a algunas medidas que impuso para evitar la propagación del Coronavirus en el municipio, principalmente las que afectan al sector de comerciantes y vendedores del mercado que fue instalado en el parque municipal.

La periodista, es directora de la Radio Xolabaj y del canal de televisión Xolabaj Tv dio cobertura total al acontecimiento mediante transmisiones en vivo que quedaron registrados en las cuentas de Facebook del canal de televisión.

El proceso penal abierto en contra de ella Anastasia Mejía es un caso de criminalización, en donde se utiliza el derecho penal para afectar a una persona indígena por su labor periodística en su municipio o departamento. Además de ejercer una violencia de carácter institucional y penal en su contra, por su condición de mujer, indígena y por ser de un lugar en donde convive con una población maya K’iche’.

Actualmente la jueza Susy Elizabeth Pérez Cabrera fue recusada del proceso. Se está a la espera de la asignación de la suplencia que siga el proceso en donde fue interrumpido, en el inicio del debate oral. Las expectativa mínima es que las audiencias no se realicen en una sala muy lejana a Santa Cruz del Quiché para no perjudicar el derecho de defensa de Anastasía Mejía y las demás personas las acusadas.

Carlos Ernesto Choc, periodista maya Q’eqchi´ de El Estor

Carlos Ernesto Choc Chub, es maya hablante Q´eqchi´, es periodista comunitario que forma parte de Prensa Comunitaria en el municipio de El Estor, Izabal. Es perseguido y acusado penalmente por la Compañía Guatemalteca de de Níquel (CGN Pronico) de Solway Investment Group por investigar, documentar e informar sobre la contaminación minera del Lago de Izabal y el asesinato de un pescador artesanal ocurrido en el 2017 durante una manifestación pacífica.

En seis ocasiones se presentó de forma voluntaria en el juzgado de la ciudad de Puerto Barrios, Izabal, para solicitar su audiencia de primera declaración. Sin embargo, el juez no realizó las audiencias hasta que el 22 de enero de 2019 el juez Édgar Aníbal Arteaga López decidió realizar esta audiencia, para conocer las acusaciones que la compañía había planteado en contra del periodista comunitario.

El Ministerio Público (MP) hizo lectura de las acusaciones y de los delitos que le imputaron al periodista. Posteriormente, el mismo fiscal solicitó al juez declarar la falta de mérito a favor de Choc, sobreseimiento del caso y cancelar la orden de aprehensión que se había girado en su contra.

A pesar de las peticiones formuladas por el MP, para el cierre del caso, el juez Arteaga López decidió ligar a proceso penal al periodista comunitario Carlos Choc por el delito de detenciones ilegales, condicionando el derecho a la libertad y el ejercicio de libertad de prensa y expresión con el arresto domiciliario que lo obliga presentarse al MP de El Estor, Izabal, para la firma del libro de actas cada mes. Hasta la fecha, el juez no ha notificado a los sujetos procesales para la audiencia de etapa intermedia.

Debido a la inseguridad generada por la empresa minera tiene que desplazarse de manera forzada, ejerce el periodismo bajo condiciones adversas y en constante riesgo, bajo amenazas de trabajadores mineros o personas vinculadas a la empresa.

Francisco Lucas Pedro, periodista maya Q’anjob’al de Santa Cruz Barillas

Francisco Lucas Pedro, es maya q´anjob´al, originario de Barillas, es uno de los fundadores de Prensa Comunitaria, fue denunciado en 2012 por la empresa española Hidro Santa Cruz por distintos delitos. En mayo de ese año, a través de un estado de sitio impuesto por gobierno Otto Pérez Molina aumentó la persecución penal en su contra y contra quienes cuestionaron la certeza jurídica de la construcción de una serie de hidroeléctricas sobre el río Q’anb’alam, en propiedad de la transnacional española Ecoener Hidralia Energía.

En diciembre de 2019, Lucas Pedro fue detenido en el municipio de Santa Eulalia, Huehuetenango y logró su libertad en enero de 2020, a pesar que el caso penal fue cerrado por un juzgado de Mayor Riesgo en la ciudad capital de que en 2016 el caso penal se había cerrado en contra de siete dirigentes de Huehuetenango por el mismo hecho. El periodista comunitario califica este hecho como un acto de criminalización ya que el caso estaba cerrado. “Desde mi punto de vista no hay proceso penal en mi contra, más bien hay un proceso de criminalización y hay una persecución que las empresas y poderosos que usan el sistema judicial para callar quienes se atreven a denunciar las injusticias”.

Francisco Lucas Pedro es activista, defensor de derechos humanos y periodista comunitario. Ha trabajado notas y reportajes periodísticos, ha dado cobertura a audiencias de casos de persecución penal en contra de dirigentes de las poblaciones Chuj y Q’anjob’al en Huehuetenango. En enero de 2021 fue fotografiado por dos abogados de la empresa Energía y Renovación con operaciones en San Mateo Ixtatán en territorio Chuj. Esto ocurrio que tiene a su cargo la construcción dos hidroeléctricas en el territorio de la población Chuj, mientras cubría la audiencia de Julio Gómez Lucas, autoridad ancestral Chuj,de San Mateo Ixtatán en el Centro de Administración de Justicia (CAJ), ubicado en Santa Eulalia, Huehuetenango y un día después su fotografía fue publicado en redes sociales, en una cuenta falsa vinculada a esta empresa, en la que permanentemente se lanzan acusaciones, difamaciones y mensajes de odio en contra del periodista y otras personas. se cuestionaba la calidad de periodista que ejerce en Huehuetenango.

La situación de esta naturaleza y las condiciones de seguridad para el periodista comunitario significa que hacer periodismo en un territorio como Huehuetenango, controlado por redes de poder vinculados al narcotráfico, políticos conservadores y empresas transnacionales, se torna en una situación crítica que condiciona la libertad de expresión de quienes informan y se vuelve más crítica cuando se trata de periodistas comunitarios.

Norma Sut Sancir, periodista maya Kaqchikel

Norma Sancir, maya hablante Kaqchikel y periodista comunitaria. Fue detenida el 18 de septiembre de 2014, mientras daba cobertura a una manifestación organizada por el pueblo Ch´orti´ en Camotán, Chiquimula y el 22 de septiembre del mismo mes de ese año quedó en libertad.

Actualmente, la periodista comunitaria está buscando justicia en contra de los agentes de la PNC, Olga Leticia Segura, Marcelina López Pérez, Mirna Marleny Ortiz y el ex comisario Ceferino Salquin, acusados de abuso de autoridad y detención ilegal de la periodista Norma Sancir.

Sin embargo, la defensa de los acusados ha presentado varios recursos para frenar el caso penal. La defensa del ex comisario presentó un recurso de cuestión prejudicial, en la que se planteaba que en contra de Sancir aún existe un proceso penal abierto. No obstante, el 09 de abril del presente año el juez Selvin Guadalupe Guevara Farfán, del juzgado de en Chiquimula, resolvió sin lugar el recurso planteado.

Luego de esta resolución, el juez Guevara Farfán fijó finalmente fecha de audiencia de etapa intermedia a los sujetos procesales para el 12 de mayo de 2021, después de la quinta suspensión de audiencias por distintos recursos que ha presentado la defensa de los acusados y el intento de distanciar y negar la justicia a la periodista comunitaria maya Kaqchikel, Norma Sancir. El proceso penal continúa abierto contra los agresores.

Los riesgos, ataques y agresiones contra los periodistas en Guatemala son alarmantes y son cometidos principalmente por servidores públicos, funcionarios de Gobierno, grupos de poder y por empresas. en particular por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC). En esta situación se encuentra el caso de Sancir, agredida y detenida de forma arbitraria por cuatro agentes de seguridad, realidad que evidencia que el Estado incumple con la función y deber de prestar seguridad para los periodistas en el ejercicio de su labor.

Las acciones de criminalización de las empresas transnacionales o funcionarios públicos como los alcaldes municipales, dejan un daño grande e irreparable en la vida de los y las periodistas comunitarios, pues rompe la armonía de las personas en su entorno, los saca de la dinámica habitual, censura su trabajo, y los obliga a mantenerse en el desgaste constante de estar en un proceso penal, de viajar a las audiencias. donde el Estado es cómplice del dolor que sufren las familias.

Podemos ver en cualquier acusación penal cómo se persigue a periodistas por ejercer el periodismo, por la investigación y defender la libertad de expresión, utilizando el aparato judicial como método de intimidación, terror y violencia para callar las voces críticas y censurarlas.

Contexto adverso para la Libertad de Prensa

El Gobierno encabezado por Alejandro Giammattei, durante el 2020 y 2021 elevó las agresiones a la prensa desde el Estado. Fuerzas de seguridad, trabajadores o funcionarios de Gobierno son quienes se identifican como el principal actor principal de violencia contra la prensa. Para el periodismo comunitario la situación es aún más preocupante pues no le reconoce como periodismo, no se le respeta, ni protege el derecho a la libertad de prensa y de expresión en el país.

La censura, la restricción a la información pública, criminalización y persecución penal de periodistas se suma a las de agresiones, amenazas, hostigamiento y descalificaciones utilizadas por actores del sector empresarial o redes de poder local, para agredir a la prensa.

Alcaldes municipales o empresas vinculadas a actividades extractivas instrumentalizan al sistema de justicia para llevar a procesos penales a periodistas, utilizando el derecho penal y el litigio malicioso para afectar a una persona por su labor periodística, como una forma de castigo por documentar, investigar y publicar sobre las problemáticas sociales provocadas por estos actores, especialmente en territorios indígenas

Guatemala transita por una crisis institucional y política debido al deterioro y retrocesos en materia de derechos humanos y justicia, la consolidación del pacto de corruptos con la cooptación de las instituciones del Estado y la imposición de una nueva Corte de Constitucionalidad abre las puertas para que la problemática social instalada en distintos territorios aumente por la instalaciones de los megaproyectos y con esto, aumentan los riesgos para la prensa.

Algunos datos de agresiones hacia la prensa

Hasta el 30 de abril de este año, Prensa Comunitaria ha registrado 37 casos de agresión en contra de periodistas en 18 departamentos del país, de acuerdo a información documentada, información publicada por la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) y la Defensoría para personas defensoras y presa de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH). Según el registro de este medio, 10 agresiones ocurrieron en enero, 10 en febrero, 8 en marzo y 9 en abril.

Del total de estos hechos, 21 ocurrieron en contra de periodistas comunitarios, es decir hombres y mujeres indígenas y mestizos que fueron agredidos mientras realizaban su trabajo.

Para el año 2020, Prensa Comunitaria tuvo conocimiento de 147 agresiones contra periodistas a nivel nacional, de las cuales la Fiscalía de Delitos Contra Periodistas del Ministerio Público (MP) registró 116 delitos con base en denuncias recibidas; la APG documentó 124 casos de agresión. Mientras la Defensoría para personas defensoras y periodistas de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) detalló en su base de datos 117 agresiones.

De estos casos, 58 de las agresiones ocurrieron en contra de periodistas indígenas, de las cuales 14 fueron contra mujeres.

¿Quiénes agreden a la prensa?

Las agresiones son múltiples y se centran principalmente en censura y restricción a reuniones de carácter público, hostigamiento e intimidaciones, restricción de acceso a la información pública, restricción a la libertad de expresión y de prensa, censura y obstaculización a la labor periodística, amenazas de todo tipo, agresiones físicas, descalificaciones, robo de equipo de trabajo, bloqueo y ataques cibernéticos.

Los responsables de estas agresiones están identificados; son autoridades y funcionarios públicos, empresas nacionales y transnacionales, grupos de poder locales, agentes de seguridad privada, destaca un gobernador departamental, agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), alcaldes municipales, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), agentes de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (SAAS), integrantes de autoridades locales vinculadas a empresas mineras, abogados que defienden intereses de empresas de hidroeléctricas, diputados al Congreso de la República y el mismo presidente Alejandro Giammattei.

En los casos penales y de criminalización se trata de agentes fiscales del Ministerio Público (MP) y jueces que restringen el acceso de la prensa en las audiencias.

Periodistas comunitarios, bajo la lupa

Los datos descritos anteriormente reflejan que los periodistas indígenas de diferentes pueblos originarios o mestizos en territorios rurales son los más vulnerables, porque el Estado prácticamente en estos lugares no existe, a no ser para control, el resto de institucionalidad está casi ausente, esto genera mayor impunidad para que se cometan agresiones.

Primero, porque denuncian en sus reportajes la contaminación ambiental provocada por empresas mineras e hidroeléctricas en el ecosistema de las comunidades indígenas, como en Izabal, Alta Verapaz, Quiché, Petén, Huehuetenango y otros.

Segundo, las agresiones ejercidas en su contra están relacionadas con el acompañamiento que dan a las comunidades en resistencia y durante las manifestaciones frente a empresas de megaproyectos, por cubrir audiencias de autoridades criminalizadas y por denunciar los abusos de autoridad que ejercen los alcaldes en las municipalidades, fiscalización del gasto público, entre otros.

Pesa a que la Constitución Política es clara en reconocer derechos para la prensa y la libertad de expresión, así como de convenios internacionales ratificados por el Estado.

No obstante, al contrastar la realidad vemos con preocupación que las agresiones son constantes y cotidianas y que el presidente en su primer año de gobierno, en tiempos de pandemia y tormentas, no garantiza la mínima protección y seguridad a las y los periodistas para ejercer el derecho de documentar e informar, lo que provocó un aumento en los casos de agresión en distintos lugares del país.

La labor periodística desprotegida y falta de reconocimiento

Esta situación implica que las y los periodistas siguen ejerciendo esta labor en un contexto de completa desprotección; desde el trabajo que se realiza con la sociedad guatemalteca en zonas urbanas y rurales. Además, el Estado continúa sin aprobar un programa de protección para periodistas en Guatemala y aunque existe una Fiscalía de Delitos Contra Periodistas, es débil y con poca o nula capacidad de investigar y perseguir penalmente a quienes cometen delitos en contra de periodistas.

Estas acciones confirman que agentes de sectores públicos y privados en Guatemala han naturalizado las agresiones contra periodistas y el volumen se incrementa cuando se trata mujeres o mujeres mayas periodistas o periodistas comunitarios, que trabajan en medios alternativos e independientes. Son sujetos subestimados, a quienes algunos sectores les cuestionan la credibilidad y la acreditación de su trabajo.

Los periodistas comunitarios que documentan casos de corrupción, actividades de la industria extractiva y derechos humanos se ven más expuestos a agresiones, por llevar mensajes a una sociedad que vive de la noticia y de la información, en una permanente construcción de opiniones y posiciones, ya que la impunidad que existe a nivel local es más profunda y hay más colusión entre funcionarios del Estado.

El periodismo desde los pueblos indígenas es poco reconocido

Su situación se hace más grave, ya que la indiferencia de la opinión pública ante los ataques a la prensa, a este nivel, se combina con el cuestionamiento social hacia su oficio. La mirada dominante cuestiona si son o no periodistas, por el simple hecho de trabajar en provincia y ésta se acentúa con el racismo estructural, al considerar que los pueblos indígenas no pueden ser periodistas.

En esta realidad se encuentra el caso de la periodista comunitaria Ana Gonzáles Paxtor, a quien le fue restringido durante dos años el ejercicio a la libertad de expresión y a participar en una radio comunitaria. La resolución fue dictada el 13 de enero por el juez Roberto Hernán Rivas Alvarado e de Totonicapán. Ella es maya K’iche’ y originaria del municipio de San Francisco El Alto de ese departamento.

Gonzáles Paxtor vive en su municipio, fue detenida el 14 de noviembre de 2018 mientras cubría su turno radial, tocaron la puerta de la radio de manera insistente, cuando abrió, a ella la empujaron y se llevaron todo; lo único que le dijeron era que tenían una orden para llevársela, su detención se dio con la intervención de de 30 unidades de radio patrullas de la policía.

En la misma situación se encuentra la periodista Rolanda García, de Telesur. El pasado 6 de febrero denunció haber recibido una serie de amenazas por parte de simpatizantes de la empresa petrolera Latín American Resources (LAR) e integrantes del Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocode), mientras documentaba la contaminación del río Icbolay y dos riachuelos, en la comunidad de San Benito I, una población maya Q’eqchi’ del municipio de Cobán, Alta Verapaz.

Existen otros casos de periodistas de medios alternativos o corporativos; las agresiones con ellos responden a otras lógicas, condiciones y contextos, en su mayoría han sido en la región central y cometidas por funcionarios del actual gobierno.

Sony Figuera y Marvin Del Cid, son dos casos. A los periodistas en mención, que llegaron a cubrir el evento en el que se presentaba el primer informe de trabajo de la Comisión Presidencial Contra la Corrupción, creada por el mismo presidente, denunciaron a los encargados de protocolo de seguridad de la presidencia porque les negaron la entrada a dicha actividad.

En varias ocasiones han sido limitados en la función del periodismo. Sony Figuera fue detenido en 2020, dos días después de publicar un reportaje sobre el gobierno de Alejandro Giammattei. Fue detenido supuestamente por realizar escándalo en la vía pública bajo efectos de licor. En otras ocasiones ha sufrido robo de equipo y amenazas de detención ilegal por agentes de la PNC. Sus líneas de investigación se enfocan en investigar actos de corrupción en las instituciones públicas del Estado.

Finalmente en medio de la pandemia, las y los periodistas continúan ejerciendo su labor a pesar de poner en riesgo la vida frente a la posibilidad del contagio durante una cobertura, el Estado prácticamente sigue estando ausente de toda responsabilidad hacia la salud de los ciudadanos como de garantizar derechos fundamentales para ejercer el periodismo en este país.