#BastaYa: un desborde de injusticias provocó el hartazgo social
Fotografía: David Toro
El gobierno de Alejandro Giammattei no ha cumplido ni un año y ha estado marcado por varias crisis a las cuales no se les ha brindado la respuesta que la población esperaba. Desde las limitaciones a la libertad de prensa, las crisis sanitaria y económica que derivó de la pandemia por covid-19, las tormentas tropicales Eta e Iota y la desatención a las comunidades inundadas, hasta las múltiples evidencias de pactos entre el legislativo y el presidente para llevar agendas regresivas y acordar un presupuesto a escondidas de la población.
Su injerencia en las agendas del organismo legislativo, donde varios congresistas han manifestado explícitamente su orgullo por trabajar “de la mano con el presidente” llevaron hasta el último acontecimiento que desbordó el hartazgo social: la aprobación de un presupuesto para el año 2021 de manera cuestionable, de noche, acelerada, opaca y con recortes para atender la desnutrición infantil, así como la total desprotección para los pocos espacios de atención a la salud de las mujeres, la a violencia de género y otros aspectos importantes.
En la sesión ordinaria No. 39 del Congreso El diputado Jorge Adolfo de Jesús García propone modificar la agenda para incluir la aprobación del presupuesto del Estado para el año 2021 como urgencia nacional. Solo 28 diputadas y diputados se oponen y 113 votan a favor, con lo cual se introduce la discusión en la agenda.
Distintas voces se pronuncian en contra de apresurar este tema, ya que se tiene hasta el 30 de noviembre para conocer y discutir el presupuesto para el año 2021. Otros diputados mencionan recurrentemente “yo votaré a favor porque es mejor tener un presupuesto a no tenerlo”. La sesión se extiende por horas, entre varias intervenciones de oposición siendo abucheadas o con murmullos de fondo.
La Comisión de Finanzas Públicas y Moneda es la encargada de analizar el presupuesto que se propone desde el Ejecutivo. Esta comisión dirigida por Efraín Menéndez de VALOR está conformada por una mayoría oficialista, de los partidos Valor, UCN, Prosperidad Ciudadana, UNE, VIVA, VALOR, Podemos, Humanista, Todos y CREO. De los 19 integrantes, solo una es mujer (Karla Cardona de UNE) y únicamente tres son de partidos de oposición: Adán Pérez de Winaq, Walter Félix de URNG y Samuel Pérez de Semilla.
En el pleno, los diputados de oposición de la Comisión de Finanzas manifestaron que se habían hecho cambios en el dictamen final del presupuesto sin ser conocidos por toda la comisión y mucho menos por el pleno del Congreso. La propuesta fue entregada en horas de la tarde, un dictamen de 127 páginas que no podrían analizarse en tan poco tiempo.
Rápidamente, se identificaron varias anomalías en el dictamen final: se reducían Q20 millones a la Procuraduría de los Derechos Humanos, se reducía el presupuesto para el MSPAS en los programas de salud pre y postnatal para las mujeres, se reducían Q50millones para la Gran Cruzada Contra la Desnutrición; mientras se aumentaban los montos para alimentos del congreso y para la compra de un nuevo edificio.
Mientras el Ministerio de Desarrollo Social presenta recortes en su presupuesto, se aumenta para el Ministerio de Comunicación, un espacio donde más se han aprovechado los contratos con constructoras cuestionables y proyectos sin ninguna calidad como el conocido libramiento de Chimaltenango. En su razonamiento de voto, la diputada Sonia Gutiérrez mencionó que “en ese ministerio desaparece el dinero”.
Entre otros programas, la diputada Sonia Gutiérrez menciona que se restan recursos al programa de alimentación escolar, que en muchos casos es la única comida que recibe la niñez en la escuela. Asimismo, se demandaba un presupuesto para los Centros de Atención a Mujeres Sobrevivientes de Violencia (CAIMUS) y la propuesta no fue aceptada por el pleno.
La respuesta de la ciudadanía: protestas diarias
Desde el martes 17 de noviembre el procurador de los derechos humanos anunció que se presentaría al Congreso de la República para dejar una ofrenda floral como símbolo de luto por el derecho al acceso a la información pública. A ello, organizaciones estudiantiles como la AEU y Landivarianos convocaron a manifestar en contra del presupuesto aprobado para 2021.
Desde el miércoles 18 de noviembre, distintas voces ciudadanas, mujeres, estudiantes y personas autoconvocadas se manifestaron a las afueras del congreso en rechazo al presupuesto aprobado para 2021 y a la Ley 5792 para la creación de la “Secretaría técnica nacional de acceso a la información pública”.
El día jueves se realizó otra acción de protesta estudiantil al frente del congreso, que fue rápidamente reprimida por las fuerzas policiales. Al día siguiente, en un mensaje a la nación el presidente Alejandro Giammattei descartó la posibilidad de vetar el presupuesto, en tono sarcástico “agradeció” por la preocupación sobre los fondos de la Gran Cruzada Contra la Desnutrición y señaló que las protestas convocadas para el sábado no fueran solo “alharacas”.
Minutos más tarde, el vicepresidente Guillermo Castillo envió otro mensaje a la población señalando la crisis política y proponiendo que ambos integrantes del binomio presidencial presentaran su renuncia irrevocable, una idea que le había transmitido al presidente Giammattei. Su propuesta era que, al renunciar ambos, un “grupo de notables” posiblemente liderado por la iglesia católica y evangélica, propusiera la terna de donde el Congreso elegiría a sus sucesores.
Miles salen a las calles: cronología
Llegó el día de la convocatoria: el sábado 21 de noviembre. Desde las 10 de la mañana la Plaza de la Constitución de la Ciudad de Guatemala comenzaba a ser escenario de la protesta con las personas que llegaban y gritaban su repudio al gobierno. Para esta hora, ya estaban los cordones policiales rodeando el Palacio Nacional y la Casa Presidencial.
La Asociación de Estudiantes Universitarios y organizaciones estudiantiles de universidades privadas había convocado para iniciar una manifestación en la 18 calle de la 6ta avenida, mientras otros colectivos se reunían al frente de la Cámara de la Industria de Guatemala manifestando su rechazo a las élites económicas que han respaldado a los últimos gobiernos corruptos.
A la 1:30 de la tarde aproximadamente, la manifestación estudiantil inicia su recorrido demandando el veto presidencial al presupuesto para 2021 y la renuncia de la junta directiva del Congreso. Media hora más tarde llegan al Congreso de la República junto con distintos grupos ciudadanos.
A las 2 pm llegaron puntualmente a la plaza miles de personas a manifestar su rechazo hacia el presupuesto, exigir la renuncia del presidente Alejandro Giammattei y de los diputados que votaron a favor del presupuesto. Entre el grito colectivo de la plaza y el Congreso, a las 2:25 se conoce la noticia de que el Congreso comenzaba a arder en llamas sin que la policía reaccionara. Aproximadamente 15 minutos después, elementos antimotines lanzan gases lacrimógenos contra las personas en la avenida del Congreso.
Existen distintas lecturas sobre el incendio, del cual no se puede determinar quién o qué exactamente lo provocó. Sin embargo, entre el clamor popular fue un hecho celebrado por su simbolismo. Este hecho ha sido objeto de múltiples acusaciones, entre las cuales se responsabiliza directamente a la junta directiva del congreso de haber planificado el incendio considerando dos elementos: dentro de las instalaciones había elementos de la policía, las puertas estaban sostenidas por cuñas y había extintores de incendios listos.
En distintos departamentos del país también se convocaron movilizaciones ciudadanas: Quetzaltenango, Huehuetenango, San Juan Comalapa, Palín, Santiago Atitlán, Santa María Visitación y Petén fueron algunos de los lugares donde la ciudadanía exigió la renuncia del presidente Giammattei.
Ese fue el inicio de largas horas de represión policial que poco a poco se dirigía hacia la Plaza. Durante varias horas, la séptima avenida fue un espacio de contención: la policía seguía lanzando gases y agrediendo a manifestantes, jóvenes y estudiantes que contenían la represión atrasando su llegada a la plaza.
A las 4:40 de la tarde llega la primera bomba de gas lacrimógeno a la plaza, donde se encontraba población diversa, niñez, adultas mayores. Las personas se dispersan, pero no se van, muchas corren hacia la séptima avenida y aledañas. Durante media hora siguen lanzando gases a la plaza y la manifestación se va dispersando.
La represión policial continuó por las calles del Centro Histórico, el Parque Central de Huehuetenango y Xela, entre gases lacrimógenos y agresiones físicas. Mujeres manifestantes y periodistas que fueron golpeadas y arrastradas por las avenidas, muchas detenidas durante la noche y personas que caminaban por las aceras.
A las 7 de la noche, en las calles de zona 1 en la Ciudad de Guatamala la policía llevó un camión para lanzar agua a presión como forma de represión a las personas que continuaban documentando, manifestando e incluso solo caminando por el lugar.
La noche del 21 de noviembre estuvo marcada por una ciudadanía que no pudo dormir tranquila, entre las detenciones, las secuelas del gas lacrimógeno y la indignación ante la violencia estatal. El sentir de un desborde de injusticias que se convertían en indignación, preparándose para exigir la liberación de las personas detenidas y salir a las calles nuevamente el siguiente sábado.
El saldo de la represión
Durante las horas de violencia policial, se registraron al menos 43 detenciones, 6 en Quetzaltenango y 2 en Huehuetenango; 21 personas golpeadas, 12 personas heridas, 2 personas con pérdidas de un ojo. Estos hechos fueron condenados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y fueron motivo de una citación al ministro de gobernación Gendry Reyes.
El ministro, que había calificado a las personas manifestantes como “terroristas”, no rindió cuentas sobre las acciones de la policía y fue cuestionado fuertemente por diputados de oposición que le instaron a presentar su renuncia.
En la sesión del 25 de noviembre, realizada en el Teatro Nacional, se tomó como punto de agenda la solicitud de destitución del ministro de gobernación, la cual fue votada en contra por una mayoría de 88 diputados del bloque oficialista.
El 24 de noviembre, autoridades indígenas ancestrales y los 48 cantones de Totonicapán realizaron una manifestación en la Ciudad de Guatemala exigiendo la renuncia del presidente Giammattei, la disolución del Centro de Gobierno creado por él y la renuncia de los diputados oficialistas. Hicieron un llamado a participar de las manifestaciones pacíficas y propusieron la creación de un gobierno provisional donde estén representados todos los pueblos de Guatemala.
La AEU, el CCDA y Landivarianos manifestaron en las afueras del teatro nacional durante la mañana del 25 de noviembre. La convocatoria para manifestar el sábado 28 fue realizada desde distintas organizaciones sociales y estudiantiles, así como por las mujeres detenidas arbitrariamente y posteriormente liberadas durante las jornadas del #21N.
