Las veremos volver: mujeres, juezas y fiscales en el exilio

Por Úrsula Roldán Andrade

A casi 30 años de la firma de los Acuerdos de Paz en Guatemala, lo que pensamos que no volveríamos a vivir en relación a constituirnos otra vez en un país con personas demandantes de asilo y refugio, por persecución política, se ha experimentado de manera creciente a partir del gobierno de Otto Pérez Molina y los subsiguientes, hasta la actualidad.

El derecho al asilo y refugio es una de las figuras más importantes del andamiaje de protección internacional sobre movilidad forzada, especialmente ante el hecho de que toda persona y/o grupo compruebe que está siendo perseguido por un temor fundado, según lo establece la Convención sobre el Estatuto de Refugiado en 1951 y su protocolo en 1967:

Por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social, u opiniones políticas se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él. (Art. 1, inciso 2, p.1).

Guatemala, producto del conflicto armado interno, fue uno de los países que en 1981 expulsó a alrededor de 50 mil personas, que mayormente se refugiaron en México, y otras más en Estados Unidos y Canadá. 

Tomando en consideración la condición de Centroamérica en el contexto de transición de la guerra a la paz, la Convención de Cartagena en 1984, amplió el concepto de refugiado de esta manera:

Se considera también como refugiados a las personas que han huido de sus países porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público. (Conclusión 3, p. III).

Lo que ha significado que varias personas en su condición de migrantes movilizadas de forma forzosa por causas mixtas, hayan tenido la posibilidad de solicitar asilo al momento de lograr comprobar que su vida y su seguridad corren peligro por una condición de violencia generalizada, como se ha considerado el impacto del fenómeno de las maras y pandillas, y en algunas ocasiones por violencia de género.

Por lo que Guatemala tiene en su memoria y hace parte de su dinámica actual de migrantes forzados y personas que sufren la persecución política, estar en condición y ser demandantes de asilo. 

Esta nueva oleada de exilios se da a pesar los avances logrados por la lucha incansable por la justicia de las organizaciones de derechos humanos, y profesionales con ética e independencia en magistraturas, judicaturas y fiscalías, que permitió durante el proceso pre y post Acuerdos de Paz, a partir de la Constitución de 1985, fortalecer el sistema judicial buscando desarrollar y modernizar su institucionalidad (Creación del Ministerio Público, la Policía Nacional Civil, el Instituto para la Defensa Pública Penal, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses -Inacif-) de acuerdo con estándares internacionales como parte de un régimen democrático y de Estado de Derecho. 

Dentro de las causas de estos destierros está el haber contribuido en la búsqueda sobre los diferentes delitos de lesa humanidad realizados durante el conflicto armado, procesar a los responsables de las víctimas de la población civil no combatiente y establecer la independencia judicial de cualquier poder, lo que se constituyó en la primera gran etapa de lucha de valientes mujeres como Helen Mack ahora en condición de exiliada, que inició su incansable lucha por la justicia para dar con los responsables del asesinato de su hermana la antropóloga Myrna Mack en 1991.

Este preámbulo da paso a una breve reseña de cinco mujeres que han destacado por su rol dentro del sistema de justicia y que hoy, desde fuera de nuestras fronteras, nos siguen dando ejemplo de valentía y dignidad. 

Claudia Paz y Paz (2007-2014), fiscal del Ministerio Público (MP) de 2007 a 2014, la primera en marcar un punto de quiebre en un sistema de justicia de postguerra, de larga trayectoria en su defensa por los derechos humanos, logró disminuir los altos grados de impunidad en el país desbloqueando procesos de justicia transicional de especial impacto, como el juicio por genocidio contra Ríos Montt, así como otros procesos de alta corrupción, como lo fue la extradición del expresidente Portillo y casos de crimen organizado y narcotráfico. Salió al exilio desde el día que terminó su gestión como fiscal general, el 13 de agosto del 2014.

En solo tres años había encarcelado a estructuras completas de las Mara Salvatrucha o el Barrio 18, a militares acusados de crímenes de guerra y a un centenar de miembros de los Zetas. Había capturado y extraditado a Estados Unidos a capos tradicionales del narcotráfico local que, gracias a padrinos políticos, habían disfrutado de virtual inmunidad por años. Paz y Paz simbolizaba una nueva justicia en Centroamérica. Pero procesar en 2013 al exdictador Efraín Ríos Montt por genocidio la había colocado en el punto de mira de la poderosa derecha tradicional de Guatemala. (PzP 18 de agosto del 2014, El fin de la primavera de Claudia Paz y Paz).

Otro punto de inflexión fue el proceso de creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) como propuesta de estas mismas organizaciones en el 2007. Los hallazgos de esta instancia, junto al Ministerio Público, especialmente entre el 2015 y 2016, fue otra importante etapa al dejarse al desnudo la composición del Estado cooptado, una situación más compleja de la que se había pensado al inicio de su creación, pues en ese entonces el objetivo a investigar eran los Cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad (Ciacs) incrustados en el Estado producto de la guerra (Wola, 2004 Poderes ocultos. Grupos ilegales armados en la Guatemala post conflicto y las fuerzas detrás de ellos).

Su eficacia en la investigación, la denuncia y la búsqueda de justicia originó la peor furia del sistema de impunidad en el 2017, que, para infortunio del país, coincidió con la llegada del presidente Donald Trump en Estados Unidos. Esto provocó la declaración de No grato al comisionado Iván Velásquez, y con ello, la persecución política-penal de todos quienes hicieron posible que se lograra identificar a las 70 estructuras criminales, más de 120 casos de alto impacto judicializados y 100 solicitudes de antejuicio (CICIG, 2019, Informe de cierre. El legado de justicia en Guatemala). A continuación, otras de las mujeres que ejercieron un rol vital en estos procesos, como juezas y fiscales, que hoy se encuentran en condición o con el reconocimiento de exiliadas. 

Thelma Aldana, expresidenta y magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), fiscal del Ministerio Público 2014 a 2018, lideró junto con el jefe de la CICIG de ese entonces, Iván Velásquez, al equipo integrado por ambas entidades, logrando presentar una serie de casos e investigaciones que entre otras acciones dieron lugar a la renuncia y posterior encarcelamiento del binomio presidencial Molina-Baldetti. Fue candidata a la Presidencia por el partido político Movimiento Semilla en el año 2019. Salió al exilio hacia Estados Unidos, después de ser proclamada como candidata y antes de ser inscrita, cuando el Ministerio Público emitió orden de detención en su contra. Reconocida por su alta popularidad en Guatemala, ha recibido premios internacionales por su valiente lucha anticorrupción (Right Livelihood, 20 de julio del 2023, Thelma Aldana, el mayor reto que tengo es ser feliz).

Gloria Porras magistrada de la Corte de Constitucionalidad (CC) que tenía que ser juramentada en su tercer período, elegida por la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC). Salió al exilio a Washington D.C., Estados Unidos, el 21 de julio del 2021 antes de perder su inmunidad. Con ello se lograría evitar a una jueza intachable e incómoda para la nueva CC dominada por magistrados que pertenecen al stablishment, no únicamente del entonces gobierno de Alejandro Giammattei, sino de las distintas empresas que se niegan a las sentencias que beneficien a comunidades frente a su rechazo a los proyectos hidroeléctricos y mineros. (El Faro, 21 de abril del 2021, Regresaré a Guatemala).

Ericka Aifán, la brillante jueza independiente, de Primera Instancia penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Mayor Riesgo “D”. Desde el 2016 recibió amenazas, hostigamiento y riesgo de detención arbitraria, anunciando su exilio el 21 de marzo de 2022. Criminalizada con más de 100 procesos penales desde el 2018, 75 denuncias ante la Junta de Disciplina judicial y 30 antejuicios promovidos por el MP. (25 de marzo del 2022, Federación Internacional por los Derechos Humanos -FIDH-).

Virginia Laparra, abogada de trayectoria intachable, exjefa de la FECI en Quetzaltenango (2016-2022), se vio obligada a salir al exilio el 18 de julio del 2024 luego de permanecer injustamente encarcelada por casi dos años, por supuestos delitos de abuso de autoridad y filtración de información por la acusación del exjuez Lesther Castellanos. A pesar de haber enfrentado valientemente a la justicia, ningún tipo de descargo presentado por sus abogados fue aceptado, situación que amenazaba nuevamente su encarcelamiento y que se atentara contra su vida, como ella lo denunció. (Prensa Comunitaria, 18 de julio del 2024, El primer exilio de una exfiscal anticorrupción en tiempos de Bernardo Arévalo).

¿Qué tienen en común estas valerosas mujeres? Haberse enfrentado al sistema de justicia cooptada y en un ejercicio de la investigación judicial y el derecho en un contexto de postguerra. Haberse formado y comprometido con una justicia que pretendía garantizar y restituir los derechos humanos violentados durante la guerra y post Acuerdos de Paz. Romper con el ciclo de impunidad y haberse enfrentado a los poderes más conservadores y mafiosos del país. Esas redes económicas y políticas, lícitas e ilícitas, que mutaron de haber sido conceptualizados como Ciacs (Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad), generalmente vinculados a las fuerzas armadas durante la guerra, se conocieron como grupos corporativos públicos y privados para beneficiarse de la corrupción del Estado, del tráfico de estupefacientes por el territorio nacional y de la captura del Estado en términos de lograr políticas públicas que les beneficie en la acumulación de capital y acrecentamiento de sus inversiones. 

Por cumplir con su deber y trascender el patrón de apañamiento de los sectores de poder en el ejercicio de la justicia fueron condenadas al destierro. Sus vidas fueron puestas en riesgo, sus familias desestructuradas, su profesión denigrada y puesta a un escrutinio de falsedad y persecución penal, a todas luces producto de procesos maliciosos. 

Volver a empezar no les ha sido fácil, empezar una nueva vida en otros países, sobrevivir a la continua persecución y estigmatización, a pesar de que, afortunadamente, algunas de estas importantes fiscales y juezas han sido acompañadas solidariamente por una comunidad internacional que no ha dejado de monitorear el deterioro de la justicia y de los derechos humanos en Guatemala y toda la región centroamericana. Han sido reconocidas internacionalmente por su encomiable labor y son extrañadas en un país donde el sistema de justicia sigue siendo disputado por la corrupción y las mafias.

Las veremos volver, dicen algunos de sus mensajes en redes sociales y en entrevistas en medios de prensa, sentimiento que nos embarga cada vez que escuchamos sus nombres y cada vez que la desesperanza y la esperanza se asoman como un bucle interminable de este dialéctico entramado de poder que nos roba los sueños, pero a su vez las luchas nos hacen mantener la esperanza.