Mujeres Transnacionales
Escrito por Desinformémonos
El laberinto de la movilidad: un continuum de violencia contra las mujeres
La narrativa oficial insiste en que la migración es un problema de fronteras, de flujos desordenados y de contención que debe resolverse mediante la fuerza. Sin embargo, para miles de mujeres centroamericanas y mexicanas, la movilidad humana es, en realidad, un éxodo desesperado frente a un Estado que las ha abandonado o, peor aún, que las persigue. Los recientes análisis sobre las políticas públicas en El Salvador, Honduras, Guatemala y México, realizados por la Red Mesoamericana Mujer, Salud y Migración (RMMSyM), revelan una herida regional inocultable: las mujeres en contextos de movilidad están atrapadas en un continuum de violencia que inicia en sus comunidades de origen, se recrudece en las rutas de tránsito y culmina en la revictimización a través de las deportaciones. Lejos de encontrar refugio, transitan por un corredor de impunidad institucionalizada.
La expulsión comienza en casa, bajo la sombra de la pobreza, la desigualdad y un arraigado sistema patriarcal que normaliza la agresión continua. En El Salvador, el aparato propagandístico del gobierno presume un régimen de «cero homicidios», pero esta retórica invisibiliza la violencia estructural, las crecientes desapariciones y los feminicidios que continúan azotando a las mujeres. Hoy, las salvadoreñas no solo huyen de la violencia comunitaria o las pandillas, sino de un Estado que silencia, criminaliza y desprotege bajo un modelo de exclusión y seguridad militarizada. Por su parte, en Honduras, aunque existe un marco legal que en papel luce robusto, la realidad es que el déficit presupuestario, la falta de coordinación interinstitucional y el recorte a la cooperación internacional han dejado inoperantes las redes de protección contra la violencia basada en género. Las mujeres hondureñas escapan de la violencia familiar y la miseria, solo para enfrentarse a un sistema institucional deficiente que les niega desde el acceso a la justicia hasta oportunidades reales de supervivencia.
El escape, sin embargo, pronto se transforma en un laberinto de horrores. Al cruzar hacia Guatemala y México, las mujeres migrantes se topan de frente con la externalización punitiva de las fronteras estadounidenses. Guatemala ha asumido, en la práctica, un rol estratégico en la contención migratoria, operando esquemas paralelos a los de un «tercer país seguro» que reciben vuelos de deportación sin tener ni la infraestructura ni la capacidad institucional para garantizar los derechos humanos de las personas. En este accidentado tránsito, las mujeres —especialmente las rurales, indígenas y de la comunidad LGBTIQ+— enfrentan violencia criminal, sexual y económica, así como una profunda invisibilidad jurídica que restringe su acceso a servicios de salud y las expone a niveles extremos de explotación.
Al pisar territorio mexicano, el panorama no hace más que agravarse. México se ha convertido en un laberinto institucional donde la compleja estructura burocrática —dividida en competencias federales, estatales y municipales— funciona como un muro infranqueable para el acceso a la justicia. Las sobrevivientes de violencia basada en género se enfrentan a autoridades que, en lugar de protegerlas, se aprovechan de su estatus migratorio irregular para chantajearlas y, en reiteradas ocasiones, violentarlas. A la amenaza constante del crimen organizado y las redes de trata se suma la violencia del Estado: trabas administrativas para acceder a la justicia frente a delitos del fuero común, interrupción forzada de tratamientos médicos vitales y barreras revictimizantes para acceder a derechos básicos y salud sexual y reproductiva.
El eslabón final de esta maquinaria de abusos es el retorno forzado. Las deportaciones desde Estados Unidos y México hacia el Triángulo Norte no representan el fin de un viaje, sino el reinicio de la pesadilla. Las mujeres retornadas a Guatemala, El Salvador y Honduras sufren el profundo estigma social de la «migración fallida», el aislamiento económico y el peligro latente de convivir en los mismos territorios con sus agresores originales, todo bajo la mirada indiferente de gobiernos que carecen por completo de programas de reinserción sostenidos.
Resulta de un contradictorio que los Estados mesoamericanos sigan jactándose de firmar acuerdos internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém do Pará), mientras en la práctica destinan sus recursos al control fronterizo e ignoran las recomendaciones de protección humana. Frente a esta inoperancia dolosa, son las organizaciones de la sociedad civil —las redes comunitarias, los albergues y las defensoras de derechos— quienes, asfixiadas por la falta de recursos, están asumiendo las obligaciones que el Estado ha evadido deliberadamente.
Es urgente abandonar las políticas fragmentadas y asistencialistas. La región requiere de una verdadera coordinación institucional transfronteriza y políticas públicas estructurales, dotadas de presupuestos etiquetados e inamovibles, diseñadas con un auténtico enfoque interseccional. Mientras los gobiernos de Mesoamérica sigan subordinando la vida de las mujeres a las agendas de seguridad nacional y contención, seguirán siendo los principales cómplices de este ciclo perpetuo de violencia. Migrar para salvar la vida no es un crimen; forzar a las mujeres al destierro y abandonarlas a su suerte ante la barbarie, sí lo es.
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