En Guatemala, defender los derechos humanos no solo implica levantar la voz, sino también arriesgar la vida. Makrina Gudiel lo sabe desde muy joven: la desaparición forzada de su hermano y el asesinato de su padre marcaron su historia familiar con dolor, pero también con una convicción inquebrantable. Lejos de silenciarla, la convirtió en una de las voces más firmes en la lucha por la justicia y la memoria. Su recorrido ha sido fundamental para que el Estado reconozca, por fin, la necesidad de proteger a quienes defienden la vida y los derechos colectivos.

Por Glenda Alvarez

Makrina Gudiel ha dedicado su vida a enfrentar la impunidad en Guatemala, guiada por la memoria de su padre y su hermano. José Miguel Gudiel Álvarez, su hermano, fue desaparecido forzosamente durante el conflicto armado interno (1960-1996), y años después, en 2004, su padre Florentín Gudiel Ramos, líder comunitario y defensor de derechos humanos, fue asesinado tras múltiples amenazas. 

Desde entonces, Makrina ha sostenido una lucha tenaz por obtener justicia, enfrentando persecución, amenazas y exilio, pero también abriendo camino para otras defensoras. Su activismo logró que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH)  condenara al Estado guatemalteco en 2014 por no proteger a su padre ni investigar su muerte, y que ordenara al país crear una Política Pública de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos. Esta medida histórica, fruto de más de dos décadas de resistencia, tiene el rostro y la voz de quienes, como Makrina, se niegan a olvidar, y luchan para que otras vidas no sean arrebatadas en silencio.

En el marco del Día Internacional de las y los Defensores de Derechos Humanos, Makrina recibió un reconocimiento público por su labor. Desde Escuintla, y ahora articulada junto a la Red de Defensoras y organizaciones como la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en  Guatemala (UDEFEGUA), Makrina no habla desde la épica, sino desde el cansancio de quien sabe que una política no garantiza la vida, pero sí abre una puerta.

“El primer gran reconocimiento para mí no es el diploma, sino la aprobación del mecanismo de protección. Es un reconocimiento a la vida y al trabajo de mi papá y, por otro lado, a mi propia trayectoria, porque la Corte nos reconoce como defensores políticos, sociales y culturales”, dijo.

De la política de agresión a un mecanismo de protección 

Para entender lo que está en juego, Makrina retrocede a los años posteriores a la firma de los Acuerdos de Paz el 29 de diciembre de 1996. En teoría, el Estado había dejado atrás la doctrina del “enemigo interno” y la política de seguridad nacional que durante 36 años de conflicto armado persiguió, vigiló y eliminó a quienes defendieron cualquier derecho: tierra, trabajo, organización comunitaria, participación política.

Makrina recuerda el año 2005 como un punto de quiebre: “Era muy importante poner sobre la mesa que esa política de agresión seguía vigente en Guatemala”, explicó. Mientras se hablaba de paz y transición, en las comunidades se acumulaban asesinatos, amenazas y desalojos violentos contra campesinos, lideresas comunitarias y defensores del territorio.

La Corte-IDH observó esa continuidad: pese a una sentencia a favor de la familia Gudiel, el Estado no la protegía; los mecanismos existentes eran débiles y, en muchos casos, inoperantes. De allí surge la orden de construir una política pública que prevenga, proteja, procure justicia y repare el daño.

Makrina lo resume así: “La política recoge las necesidades de la población guatemalteca. Coloca sobre la mesa que esa política de agresión seguía en pie y que ya eran cientos de guatemaltecas y guatemaltecos asesinados, amenazados o desplazados por defender los derechos humanos”. Pero su lucha no se quedó solo en la denuncia: también fue parte activa del diseño de esa política.

Una política escrita desde las heridas

Aunque la sentencia de la Corte-IDH ordenaba que el proceso fuera participativo, el primer intento del Estado en 2016 fue, de nuevo, excluyente: una construcción entre élites, sin la comunidad defensora en la mesa. Makrina y otras organizaciones se opusieron y llevaron la queja de regreso a la Corte-IDH, solo entonces se retomó el camino correcto. “La sentencia dice claramente que la política debía construirse con la comunidad defensora”, recordó. 

A finales de 2016 se abrió un proceso que duró casi dos años y que convocó a una diversidad de actores: defensores de pueblos originarios, tierra y territorio, mujeres, población LGBTIQ+, juventudes, justicia transicional, así como ministerios e instituciones del Estado.

Se organizaron tres mesas: prevención, protección, procuración de justicia y reparación. No fue un ejercicio técnico frío, sino un proceso de “aprendiendo haciendo”, con talleres, seminarios y debates en los que se cruzaban experiencias de amenazas, atentados, desplazamientos y criminalización.

Makrina lo vivió en carne propia: seguía recibiendo amenazas y enfrentó al menos un atentado contra su vida durante esos años. Esa experiencia se trasladó directamente a la discusión:

¿Qué significa “proteger” a un defensor que vive en la ciudad, y a una defensora que vive en el área rural?

¿Qué pasa cuando la “protección” recae económicamente sobre la propia víctima, que debe pagar transporte, hospedaje y alimentación de los agentes asignados?

¿Cómo se garantiza seguridad si las instituciones que deberían investigar están cooptadas por los mismos intereses que agreden?

“No es lo mismo proteger a un hombre que llega con su mochila a una casa de seguridad, que a una mujer que dice: ‘Tengo hijos, tengo animales, tengo siembras, ¿qué hago con todo eso?’”, explicó Makrina.  La política incorporó esa mirada: un enfoque de género, territorial, generacional e intercultural que reconoce que los riesgos no son iguales para todas las personas defensoras.

También se lograron avances concretos dentro del sistema de justicia. Makrina mencionó, por ejemplo, la Instrucción General 05-2018 del Ministerio Público, que obliga a considerar barreras lingüísticas, riesgos de desplazamiento y condiciones mínimas para que una persona defensora pueda declarar sin poner en riesgo su vida. “En un sistema frágil, al menos en normas y protocolos hemos ido avanzando”, dijo, aunque reconoce que otra cosa muy distinta son los actores corruptos que deben aplicar esas normas.

Ruda on Instagram: "¿En qué consiste la política de protección a periodistas y defensores de derechos humanos?

El presidente Bernardo Arévalo presentó el jueves la Política Pública para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos en un contexto de criminalización contra activistas, periodistas, líderes indígenas y defensores y defensoras de derechos humano.

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El presidente Bernardo Arévalo presentó el jueves la Política Pública para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos en un contexto de criminalización contra activistas, periodistas, líderes indígenas y defensores y defensoras de derechos humano.

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El Estado cooptado y la justicia como campo de batalla

Hablar con el Estado no fue ni es sencillo, Makrina recuerda que su denuncia contra un kaibil que había amenazado de muerte a su familia “desapareció por arte de magia” de la Fiscalía de Santa Lucía, Escuintla. La denuncia reapareció diez años después, cuando ya se acercaba el fallo de la Corte.

“Demostramos que, así como durante el conflicto armado hubo seguimientos y controles para luego eliminar a una persona, eso se seguía dando. Señalamos finqueros, exmilitares, crimen organizado y autoridades locales y nacionales. Colocamos sobre la mesa cómo el Estado estaba cooptado”, relató.

Esa cooptación, insistió, no es abstracta: se traduce en corrupción, impunidad y en un sistema de justicia incapaz —o no dispuesto— a proteger a quienes defienden derechos. Por eso Makrina y la comunidad defensora observan al actual gobierno como una transición hacia una democracia más real, precisamente porque ha asumido públicamente que no pactará con la corrupción ni con la impunidad.

“Desafortunadamente, aprobar una política pública no significa que todo está bien. El Estado sigue cooptado por agentes del pacto de corruptos criminales que están en el Judicial, en el Legislativo y también en el Ejecutivo”, advirtió.

Su mayor preocupación hoy no es solo el papel, sino la práctica: que la política se use como discurso mientras continúan los ataques, o que se vacíe de contenido en manos de funcionarios que la boicotean desde adentro.

Patriarcado, racismo y el cuerpo de las defensoras

Cuando Makrina habla de las mujeres defensoras lo hace desde la experiencia colectiva de la Red de Defensoras de Derechos Humanos de Guatemala, que recibió el reconocimiento que ella asumió “a través de mi persona”. Lo primero que hicieron al organizarse fue identificar a los agresores: un modelo capitalista que se sostiene en dos dispositivos de división y control, el racismo y el patriarcado.

“Así nos mantienen divididas: hombres y mujeres, campo y ciudad, indígenas y no indígenas. En ese modelo de explotación, el costo más alto lo pagan las mujeres, aunque haga el mismo trabajo que los hombres”, afirmó.

En los informes que han recogido, el cuerpo de las defensoras aparece una y otra vez como el primer territorio atacado: agresiones físicas y sexuales, amenazas que se extienden a hijas e hijos, destrucción de casas, semillas, siembras y animales de mujeres sanadoras y lideresas comunitarias. “No es lo mismo agredir a un defensor que a una defensora. A nosotras nos atacan el cuerpo físico y la moral. Y muchas veces, además, se nos culpa por estar en la calle y no “en la casa” dijo.

La política pública logra dar un paso importante al reconocer esas diferencias: obliga al Estado a analizar los ataques con enfoque de género, cultural y generacional. Guatemala aporta así un componente que otras políticas de la región no habían incorporado: no solo prevención y protección, sino también procuración de justicia y reparación, incluyendo la responsabilidad de empresas como finqueras, mineras o hidroeléctricas en los daños causados a comunidades.

Una política que obliga al Estado… y fortalece la auditoría social

Makrina es insistente en que esta política no es una política de gobierno, sino de Estado: está amarrada a una sentencia internacional y supervisada por la Corte-IDH. Eso significa que, aunque cambien los gobiernos, cada seis meses Guatemala deberá rendir informes de avance.

“La ventaja es que esta política viene de la Corte. No se queda en papel como otras 50 y tantas políticas que ya cumplieron su tiempo y nadie les dio seguimiento. En este caso, la Corte está observando y la comunidad defensora también”, explicó.

Para ella, el siguiente paso es claro: organización y unidad de acción. Ya existe una comisión de observación integrada por redes y organizaciones de distintos ejes —territorio, pueblos ancestrales, mujeres, juventudes, justicia transicional— que trabajará la auditoría social de la política. Eso incluye vigilar procesos clave como las elecciones de segundo grado (Cortes, Tribunal Supremo Electoral, Contraloría General de Cuentas, elección de fiscal general del Ministerio Público, etc.), donde se juega buena parte de la posibilidad de justicia o impunidad.

“A partir de ahora, el acceso a la información y la no criminalización de quienes preguntan y exigen rendición de cuentas son parte de la prevención. La política nos da una herramienta para decir: esto es ley, esto se tiene que cumplir”, subrayó.

Entre la satisfacción y el peligro: “no puedo decir que siento alegría”

Cuando se pregunta cómo llega a este momento, después de todo lo vivido, Makrina hace una pausa. “No le puedo decir que con alegría, porque el peligro sigue latente, apenas se aprobó la política el 13 de noviembre y empezaron los comentarios: que seguro nos dieron dinero, que de plano nos pagaron bien. Incluso, hubo extorsiones alrededor de la familia”, lamentó.

Lo que siente, dijo, es satisfacción. No solo por el reconocimiento a la vida de su padre, sino porque la política, en sus palabras: “es una ofrenda sagrada bañada de mucho esfuerzo, de sudor, de lágrimas, de dolor y de sangre. Una ofrenda para toda la comunidad defensora, no solo de Guatemala, sino de la región, para que nos sirva como mecanismo de protección”.

Asume también el reto personal de seguir formándose. Para ella, defender derechos humanos implica convertirse en sujeto social, conocer leyes, diagnósticos comunitarios, marcos políticos. “Uno en desconocimiento no puede guiar”, aseguró.

Un mensaje para las nuevas generaciones: pensamiento revolucionario y raíces firmes

Al final de la conversación, Makrina dirigió sus palabras a las mujeres que hoy empiezan a defender derechos desde sus comunidades, muchas veces sin protección y con miedo.

Primero, pide reconocer los avances de otras generaciones: los Acuerdos de Paz, tan despreciados en el discurso común, abrieron términos y debates que antes no existían en la agenda pública: igualdad, equidad de género, derechos de pueblos originarios, derechos de la juventud, de la población LGBTIQ+.

Después, insiste en la necesidad de ser estudiosas de la realidad y del tema que se defiende: entender qué es un río, qué es un bosque, cómo funcionan los ecosistemas, cómo opera la explotación. Solo así, manifestó, se puede aportar a transformar esos contextos.

Y cierra con una frase: “Ninguna jovencita puede hablar de desarrollo humano si no se torna revolucionaria. Lo contrario de revolución es involución. Tenemos que tener pensamientos progresistas sin perder nuestra identidad cultural y los aportes de las luchas de nuestros ancestros”.

En un país donde la defensa de la vida sigue siendo peligrosa, Makrina Gudiel no se nombra heroína. Se nombra parte de una genealogía de mujeres y comunidades que se niegan a volver al silencio. La política pública de protección no es un punto final, sino —como ella misma la define— una herramienta,  para que las defensoras y defensores de hoy y de mañana tengan una oportunidad más de vivir.

Más información:

Política Pública garantiza la protección de mujeres defensoras y periodistas

Entre 2019 y 2023, la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA) registró 3 mil 559 agresiones contra mujeres defensoras siendo los departamentos de Guatemala, Izabal, Alta Verapaz y Chiquimula con el mayor reporte. Once años después de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), el gobierno de Bernardo Arévalo presentó este jueves la Política Pública para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos. La iniciativa se lanza en un contexto de criminalización contra defensores de derechos humanos, donde fiscales, periodistas, líderes indígenas, activistas y operadores de justicia están en prisión o han salido al exilio.

https://rudagt.org/pol%C3%ADtica-p%C3%BAblica-garantiza-la-protecci%C3%B3n-de-mujeres-defensoras-y-periodistas/