El pueblo Tz’tujil de Santiago Atitlán resiste y se une frente a criminalización y persecución de sus autoridades ancestrales
Escrito por Prensa Comunitaria
Un grupo de vecinos al sur del lago de Atitlán, Sololá, ha alzado la voz por sus autoridades ancestrales quienes han defendido sus intereses, pues desde el Ministerio Público que dirige a contrarreloj la fiscal general, Consuelo Porras, se han emitido órdenes de detención en su contra por oponerse a la corrupción de la administración del exalcalde municipal Coché. Los accesos principales del municipio vía terrestre y lacustre se encuentran bajo resguardo por vecinos que creen firmemente que la soberanía del pueblo se defiende.
Por Lucero Sapalú
Un grupo de cinco hombres atitecos con un megáfono en la mano, otro con el tun -un instrumento de madera y cuero similar a un tambor-, salen del parque central de Santiago Atitlán, Sololá, lugar en donde se ha concentrado un grupo de vecinos Maya Tz’utujil desde el 11 de febrero, salen a recorrer las calles de los cinco cantones del casco urbano.
Para su objetivo pasan con los fleteros que están estacionados a un costado de la iglesia para consultar quién de los pilotos de los pickups se anima a llevarlos por todo el pueblo a anunciar que, habrá concentración en el centro del pueblo por la criminalización de cuatro autoridades ancestrales, también conocidas como integrantes de la Cabecera del Pueblo Tz’utujil.
Los cinco hombres no tienen una tarea fácil. Deben convencer al piloto que pese al ambiente de tensión que se vive en el pueblo no será “expuesto”, platican con cinco fleteros que temerosos se niegan a llevarlos a realizar su recorrido por los cantones Panabaj, Tzanchaj, Chui Cruz, Panaj y Pachichaj para anunciar las próximas acciones en defensa de las autoridades ancestrales y en rechazo al retorno del exalcalde municipal Francisco Coché.
Coché fue destituido por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) el 23 de octubre de 2025, luego de que la población pidiera su renuncia por supuestos actos de corrupción en la municipalidad de Santiago Atitlán. Pese a denuncias de vecinos y autoridades indígenas ancestrales, los casos no avanzan en un Ministerio Público (MP) cuestionado.
Sin embargo, un amparo provisional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sí benefició a Coché quien busca asumir el cargo nuevamente, lo que puso a una gran parte de la población en alerta.
Un grupo de vecinos sale a las calles para citar a la población tras conocer la criminalización contra autoridades ancestrales. Créditos Lucero Sapalú
Se inicia el recorrido para convocar a la unión
Finalmente, un piloto de un pick up acepta llevar a los cinco hombres para anunciar que el jueves 12 de febrero a las 15:00 horas el pueblo se concentrará en el centro de la localidad, donde, desde muy temprano el mismo día, ancianos, niños, mujeres y jóvenes han instalado una bocina y se turnan para hablar sobre los problemas que afectan a su municipio y convocan a que más gente se sume a la concentración para defender al “Cabecera del Pueblo Tz’utujil para que no se lo lleven”.
Aquellos que no pueden estar presentes envían refrescos, agua pura o colaboran con la comida para quienes pese a la intensidad del sol en el turístico lugar, continúan firmes al indicar que están en contra de la criminalización, la corrupción y rechazan que el exalcalde retome su puesto.
Antes de empezar el recorrido, los cinco hombres y el piloto del pickup buscan unas bolsas plásticas y negras para cubrir la placa de vehículo, esto para evitar que lo identifiquen por temor a ser criminalizados y que en el MP puedan surgir acciones en contra de quienes ejercen el derecho a organizarse, expresarse y protestar.
Los hombres se turnan para tocar el tun y para hablar en el megáfono para invitar a la población. Al escuchar el sonido profundo y retumbante del instrumento, los vecinos abandonan su quehacer y se asoman por su ventana, puertas o salen de sus casas. La población también asocia el sonido del tun con la autoridad ancestral, Cabecera del Pueblo Tz’utujil, pero en esta ocasión no se trata de ellos, sino por ellos.
“El Cabecera del Pueblo no aparece, no sabemos nada de los fiscales ni del escribano, lo que nos preocupa es que supuestamente tienen órdenes de captura en su contra. No aparecen en sus casas. ¿Cómo pueblo, vamos a permitir que se los lleven? Por eso, pueblo, vecino, los esperamos en el parque a las 15:00 horas para conocer qué vamos a hacer”, gritó uno de los cinco hombres, desde el megáfono.
En Santiago Atitlán, la máxima autoridad ancestral es conocida como “Cabecera del Pueblo Tz’utujil”. Son cuatro hombres los que son visibles, pero lo conforman aproximadamente 18 personas, que son designados por la población para fungir como guías para resolución de conflictos y representantes legítimos de la comunidad. Asimismo, resguardan la Caja Real que data desde 1700, que contiene los títulos de las tierras comunales de la población Tz’utujil.
Una mujer enojada que llevaba verduras para su almuerzo en su paraje iba caminando en el cantón Chuicruz cuando se detiene al escuchar el anuncio, se para firme y dice: “Vamos a buscarlos, no hay que permitir que se los lleven”. Empieza a cuestionar qué pasó y se acerca al pick up para asegurarse de la hora de la reunión.
También se acercan otras personas con bolsas de refrescos para animar y saciar la sed de los anunciantes y para compartirles que no pueden estar porque deben atender sus negocios pero que ellos si apoyan ante cualquier medida que se decida tomar.
La población se apresura en terminar lo que esté haciendo y les dicen a los anunciantes que de manera segura irán en breve a conocer sobre la situación actual de las autoridades ancestrales y de la situación del pueblo.
Foto: Lucero Sapalú
Foto: Lucero Sapalú
Temor por órdenes de detención contra autoridades indígenas
El 11 de febrero, las autoridades ancestrales, tuvieron información que el Ministerio Público había girado órdenes de detención contra los integrantes de las autoridades ancestrales, el Cabecera del Pueblo Tz’utujil, Juan Mendoza, el primer fiscal, Pedro Chiquival, el segundo fiscal, Miguel Pablo Sicay y el escribano, Diego Petzey.
Ante la alarmante noticia, desde las 8:00 horas, los integrantes del Cabecera del Pueblo se presentaron en la sede el MP ubicado en el cantón Pachichaj, acompañado de un grupo de vecinos a solicitar información sobre cada uno. Transcurrieron los minutos y las horas, pero la respuesta nunca llegó.
Como medida de presión para informar sobre las órdenes de aprehensión, la población se concentró frente al edificio del ente investigador, a eso de las 11:00 horas las autoridades ancestrales salieron del MP para dirigirse a la población y darles información.
“Nos apersonamos para conocer si realmente hay órdenes de captura en nuestra contra, aquí en el MP de Santiago Atitlán nos dijeron que no nos podían dar esa información, que la información que ellos manejan solo corresponde al municipio y que desconocen sí en otras fiscalías existan esas órdenes. Pero que aquí no cuentan con esa información y eso es lo que nos preocupa”, puntualiza Petzey, escribano del Cabecera.
Ante la falta de información, la tensión crece, los vecinos piden que se pregunte a la Policía Nacional Civil (PNC) si existe alguna orden para detener a los integrantes de la Cabecera. Los agentes en la estación 72-31, ubicada en el mismo cantón al frente del MP, indicaron que no cuentan con ninguna información.
La población está decidida a conocer sobre la realidad, uno de ellos grita entre las más de 200 personas que acompaña a las autoridades que también se dirijan hacía el Juzgado de Primera Instancia Penal, a unos 50 metros de distancias de dichas instituciones.
“La jueza, Ruth Ambrosio, amablemente nos indicó que ella de manera personal y como jueza no conoce ningún expediente en contra de esta autoridad ancestral…pero fue clara en indicar que también es información de su Juzgado y que desconoce que otros jueces tengan algún expediente o que hayan emitido alguna orden en nuestra contra… estamos en incertidumbre, nuestra vida, nuestra integridad y nuestra libertad”, señala Petzey tras otra larga espera en el Juzgado.
El temor de las autoridades ancestrales y de la población es que desde el MP se han armado casos de criminalización contra autoridades indígenas, incluso mencionan que no “quieren terminar como Luis Pacheco y Héctor Chaclán exdirigentes de los 48 Cantones que encabezaron movilizaciones a favor de la democracia en 2023 y que están encarcelados desde abril de 2025”.
La población ha perdido la confianza en una investigación justa en el MP que aún dirige Porras. Ya que según organismos internacionales como Cristosal “la persecución política ha forzado al exilio a más de 100 personas solo entre enero y septiembre de 2024…El objetivo son quienes defienden el territorio, el medio ambiente y ex operadores de justicia disidentes al régimen del Ministerio Público” cita un informe presentado en noviembre de 2025.
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Foto: Lucero Sapalú
Confirman órdenes de detención
Las sospechas de orden de aprehensión contra las autoridades ancestrales de Santiago Atitlán fueron confirmadas por una fuente interna en el Ministerio Público (MP) que aseguró que se han girado órdenes de aprehensión contra los integrantes de la cabecera por diversas denuncias en su contra desde la toma de la municipalidad hasta el retiro de las jaulas dentro del lago de Atitlán por generar contaminación, en julio de 2025.
Sin embargo, detalla también que por orden judicial el caso se mantiene bajo reserva y qué por lo tanto no se puede divulgar nada del caso. Según confirmó Prensa Comunitaria, las denuncias implican incluso a concejales municipales en oposición al exalcalde Coché.
Coché busca regresar al poder
La crisis que se vive en el municipio de Santiago Atitlán según varios vecinos comenzó desde el año 2024, en abril, cuando se solicitó al alcalde derogar licencias para circulación de varios mototaxis que generaban múltiples accidentes.
Ante la inacción del alcalde municipal en ese entonces, Francisco Coché, las autoridades ancestrales conocidos como Cabecera del Pueblo Tz’utujil intervinieron a solicitud del pueblo Tz’utujil.
Fue entonces que se conoció que el jefe edil junto a varias personas en su concejo autorizaron varias líneas de mototaxi cobrando incluso hasta Q35 mil por cada uno, dinero que supuestamente nunca ingresó a las arcas municipales.
Coché fue electo por el partido Cabal en las elecciones de 2023, con seis mil 188 votos de los 20 mil 382 votos válidos en el municipio, según datos del Tribunal Supremo Electoral
Durante cinco meses estuvieron en diálogo con las autoridades municipales y buscaron vías para que se atendiera la solicitud de los vecinos de retirar los mototaxis. Fue hasta septiembre que la población se cansó y en consenso con los líderes comunitarios recabaron siete mil 830 firmas para exigir la renuncia del jefe edil pero se negó. Tras varios días de concentración en el centro de la población, destituyeron al alcalde que ahora busca regresar.
La denuncia que puso en vilo a la población
El 17 de septiembre de 2025, mientras la población celebraba la recolección de firmas y la destitución de un alcalde municipal por supuestos actos de corrupción, Coché abandonó el municipio aduciendo “temor” a su integridad física, pero se dirigió hacia la Fiscalía de Sololá para presentar una denuncia contra los dirigentes del movimiento que buscaba destituirlo, incluyendo las autoridades ancestrales.
En una llamada el 16 de febrero Coché confirmó este extremo pero no reveló los nombres de las personas denunciadas, sin embargo, sí asegura que presentó denuncias contra los “dirigentes”. Al ser cuestionado si fue contra el Cabecera del Pueblo, responde con voz firme: sí.
El exalcalde con una sonrisa en el rostro, reapareció en algunos medios de comunicación el 12 de febrero donde anunciaba, alegre, que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le otorgó un amparo provisional el 11 de febrero que anula su destitución y que pronto retomará su cargo.
“Empezamos a trabajar de manera legal, creo que presionaron al concejo para desconocerme y pidieron el corrimiento de los cargos, nunca me notificaron y si me presenté en las sesiones de concejo solo que no me dejaron entrar. No toda la población, por más que recauden firmas no me pueden remover de mi cargo y nadie me puede obligar a renunciar. Ahora estamos buscando alternativas si nos dejan entrar al palacio municipal, porque podemos gobernar fuera de la municipalidad”, enfatiza Coché.
Horas de incertidumbre por ausencia de autoridades ancestrales
Desde el 11 de febrero cuando la población supo de las órdenes de detención contra las cuatro autoridades ancestrales y posiblemente contra algunos vecinos, se declararon nuevamente en resistencia, se han organizado y a diario hay gente recolectando firmas en el parque, mientras otros vigilan los puntos de ingreso y salida del municipio.
Otro grupo se ha organizado para mantener vigilancia alrededor de las casas, la última medida que han tomado ha sido la instalación de una campana sobre el palacio municipal para anunciar si hay algún tipo de alerta a la que deba acudir la población.
Una mujer de Santiago Atitlán que vivió el Conflicto Armado Interno (1960-1996) aseguró que esto la hace recordar cuando se vivían los días oscuros de esta época, “sonaban las campanas y era señal que de alerta que alguien malo había llegado al pueblo y todos nos concentramos en el centro de la población”, enfatizó solicitando anonimato para resguardar su seguridad. El pueblo expulsó al ejército de Guatemala en diciembre de 1990 luego de una masacre de 13 personas en el municipio.
El sol que se escondía detrás de los volcanes Atitlán y Tolimán anunciaba el ocaso, los cinco hombres que habían partido desde temprano a anunciar sobre la concentración, habían logrado su objetivo, la plaza central del pueblo estaba repleta de personas esperando información.
Uno de los dirigentes de la sociedad civil toma el micrófono y explica el contexto. “Hay órdenes de captura contra del Cabecera del Pueblo. El exalcalde Francisco Coché quiere regresar al municipio”, la población grita al unísono que no lo permitirán.
El dirigente explica también que les preocupa la seguridad de los cuatro integrantes de la autoridad del Cabecera del Pueblo, “Salieron desde temprano a una reunión y no han regresado, sus familias están preocupadas”, la población murmura y grita a voz viva que cese la persecución contra las autoridades que de lo contrario sacarían al MP del pueblo de Santiago Atitlán.
Mientras la incertidumbre crecía, varios dirigentes llamaban a los celulares de las cuatro autoridades ancestrales, ninguno contestaba. La preocupación aumentaba, así como el número de personas que se concentraba en el parque. Al filo de las 22:00 horas, uno de ellos contestó el celular y aseguró que iban de retorno hacía el pueblo tras una extensa reunión.
Finalmente, a las 22:30 horas el Cabecera del Pueblo y el escribano fueron recibidos entre aplausos y gritos de apoyo de los pobladores que reiteraron que no permitirán que se realicen las capturas que las autoridades buscan realizar en su contra.
Foto: Lucero Sapalú
Un patrón común de la criminalización
En los casos contra los dirigentes comunitarios o contra operadores de justicia el Ministerio Público tiene patrones, una denuncia proveniente de cualquier persona contra autoridades y operadores, no pasa más de tres meses, se giran órdenes de captura y declara bajo reserva los casos como una estrategia para que las personas acusadas no puedan ejercer su defensa.
“Vemos un uso malicioso el declarar bajo reserva los procesos porque están violentando los derechos humanos, es un patrón que ha sucedido en contra de autoridades indígenas, creo que es un sistema criminal e injusto en la que vivimos”, puntualizó Petzey, escribano del pueblo de Santiago Atitlán.
Con firmeza y certeza, el escribano asegura que la población los respalda ante la criminalización que busca el MP y que estas acciones buscan silenciar la voz del pueblo pero que lejos de conseguirlo, la organización es una muestra de que ahora más que nunca están unidos.
El respaldo de la población se pudo evidenciar cuando tras varias horas de incertidumbre por la ausencia de las autoridades, el pueblo de Santiago Atitlán se congregó en el centro para conocer sobre su paradero. Al ver ingresar las autoridades entre la multitud, se generó un alivio entre la población, pero también se asumió un compromiso que, a partir de la medianoche del 12 de febrero, es la población la que defenderá a sus autoridades ancestrales.
Una consigna de paz
La defensa que une al pueblo Tz’utujil tiene una consigna y es la paz. Desde que se inició la crisis en septiembre de 2025, han rechazado cualquier tipo de acciones violentas, han permitido que agentes policiales continúen con patrullajes habituales pero la memoria histórica les recuerda los vejámenes y los crímenes de las fuerzas de seguridad durante el Conflicto Armado Interno en 1990 cuando mataron a 13 personas.
Este trágico recuerdo en la memoria de la gente es imborrable y el rechazo a los actos violentos de las fuerzas de seguridad se mantienen, dos vendedoras en el mercado conversan y aseguran que no permitirán que contingentes policiales ingresen al municipio y es por ello que se debe apoyar la organización comunitaria.
Entre ellas murmuran y hablan que hay que repetir acciones como la del 8 de octubre de 2025 cuando la PNC buscaba desalojar a la gente que está manifestando para exigir la renuncia el alcalde, cuando la gente se organizó y se dirigió a la salida de la población con flores y banderas blancas como señal de paz para rechazar desalojos u actos violentos.
Foto: Lucero Sapalú
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Asimismo, el Cabecera del Pueblo Tz’utujil ante la información de ingreso de fuerte contingente policial para que asuma nuevamente Coché en el puesto como alcalde el 13 de febrero, por medio de un comunicado solicitó a la PNC abstenerse de utilizar la fuerza para reprimir a la población pacífica de Santiago Atitlán y mantienen su rechazo ante el retorno Coché que aseguran únicamente “perturba la paz”.
“Nuestro pueblo se manifiesta desde la memoria, la justicia y el derecho legítimo a la libre expresión, sin armas y sin violencia. …Recordamos que la historia de nuestro territorio está marcada por dolorosas heridas ocasionadas por el uso desmedido de la fuerza. No permitiremos que se repitan actos que atenten contra la paz y la dignidad de nuestra comunidad. La seguridad no se construye con violencia, sino con diálogo, respeto y reconocimiento de la autoridad ancestral y comunitaria”, señaló la misiva.
Asimismo, la Comisión Ciudadana por la Transparencia de este municipio, se sumó a la solicitud de no violencia contra la población y a no “desviar el marco del problema suscitado en Santiago Atitlán a un problema de orden público”.
Recuerdan que “la raíz principal del asunto es el caso omiso que se ha dado a la voluntad expresada por el Pueblo Maya Tz’utujil de Santiago Atitlán de destituir al señor Francisco Coche Pablo, una decisión tomada de acuerdo a sus propias normas y procedimientos como pueblo indígena. La solución primordial se encuadra firmemente en el cumplimiento de los Derechos de los Pueblos Indígenas”.
La muestra de resistencia y organización comunitaria se repite en Santiago Atitlán, ahora los vecinos organizados respaldan a sus autoridades ancestrales y se mantienen firmes en no permitir que nuevamente asuma el alcalde que aseguran dio inicio a la conflictividad por sus posibles actos de corrupción y por la denuncia presentada contra la Cabecera del Pueblo que ahora engrosan la larga lista de perseguidos políticos del MP.
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