Caso Berta Cáceres: jueza rechaza petición de acusado de aplazar audiencia

En el marco de las acciones de seguridad, conjuntas y regionales, que las instituciones de gobierno han planteado ante el anuncio de una nueva caravana de migrantes que saldría desde Honduras rumbo a Estados Unidos este 30 de marzo, poco se ha abordado sobre las estrategias para resolver la problemática que origina el desplazamiento de miles de personas, o sobre las necesidades y deudas pendientes de los Estados con la población migrante, entre ellas las desapariciones.

En enero del próximo año iniciará el juicio en contra de tres exmiembros de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) acusados de cometer violencia sexual entre 1981 y 1985, en contra de 36 mujeres indígenas maya Achí. El juez de Mayor Riesgo “B”, Miguel Ángel Gálvez, decidió el miércoles 24 de marzo, que deben enfrentar debate oral y público.

Han pasado cuatro largos años y los procesos de amparos y apelaciones judiciales infinitas no parecen dar tregua. Cada día el horizonte de la anhelada justicia se proyecta cuesta arriba para las familias de las 56 víctimas del centro de protección estatal para la niñez y adolescencia Hogar Seguro Virgen de la Asunción, donde 41 niñas y adolescentes murieron quemadas el 8 de marzo del 2017. Para tres de esas familias de las niñas víctimas, esa espiral de pesadillas, abandono, incertidumbre, abusos y violencia no acabó con el terrible suceso del Hogar Seguro, ubicado en el municipio de San José Pinula.

Carlos Antonio Rodas Mejía, exsecretario de Bienestar Social de la Presidencia durante el gobierno de Jimmy Morales, implicado en el proceso penal por el caso de las 56 niñas quemadas, de las cuales 41 murieron en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción en marzo de 2017, fue beneficiado con un amparo otorgado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el 11 de febrero, que le permitiría una nueva revisión de su caso para salir de la cárcel.

Luego de más de tres días solicitando que fueran escuchadas, las niñas y adolescentes que se encuentran bajo resguardo del Estado en el Hogar Seguro Zafiro I, lograron la atención de funcionarias y funcionarios públicos, para evidenciar sus demandas y la precaria situación de hacinamiento en las que viven.

Este martes 29 de septiembre se realizó la audiencia de reparación digna por el femicidio y violación de Juana Raymundo Rivera, cometido por Jacinto Brito que fue condenado a 62 años de prisión por el Tribunal de Femicidio de Santa Cruz del Quiché, que también ordenó a diversos ministerios del Estado de Guatemala cumplir con una serie de medidas que dignifiquen la vida y memoria de la víctima, además, que garanticen la seguridad y apoyo psicosocial para su núcleo familiar.

El Ministerio Público (MP) presentó este lunes 7 de septiembre un “Protocolo de Atención con Pertinencia Cultural y Lingüística para Mujeres Indígenas” y un kit de “Dignidad con Pertinencia Cultural y Material Educativo”, que busca apoyar a las mujeres indígenas durante el proceso de denuncia con respeto a sus derechos culturales y de identidad.

El juez Pedro Rodolfo Laynez, del Juzgado Cuarto de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente, en cumplimiento a la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC), emitida el del 26 de mayo de este año, admitió el peritaje sobre incendios de Luis Arturo Assardo, y el del abogado Ramón Cadena, denominado “Cadena de Mando y Responsabilidad del Estado en Delitos de Privación de Libertad”, como prueba para el caso Hogar Seguro Virgen de la Asunción.