La gran mayoría en El Salvador, Centroamérica y el mundo ha normalizado la presidencia de Nayib Bukele. Sus innegables logros en materia de seguridad pública se convirtieron en narrativa dominante y oscurecieron todo lo demás, que son las violaciones sistemáticas a los derechos humanos de miles de mis compatriotas, el uso político de la fiscalía para perseguir a críticos, las muertes y torturas en las cárceles, la corrupción que permitió a la familia presidencial aumentar su patrimonio, y todas las violaciones constitucionales cuyo fin último es, como ya lo habían dicho fiscales salvadoreños y estadounidense, que Bukele se quede en el poder el tiempo que le venga en gana.

En Nicaragua, desde la crisis sociopolítica iniciada en abril del 2018, la actual dictadura, a través de la Dirección General de Migración y Extranjería, retiene pasaportes, hace largos interrogatorios en los puestos fronterizos y prohíbe la entrada y salida de personas vinculadas a organizaciones de Derechos Humanos, en general, y de las mujeres y niñas en particular.