Esporádicamente, el Ministerio Público (MP) informa sobre detenciones y operativos contra la trata de personas. El 27 de julio hizo de conocimiento público la aprehensión de Luis Noe Franco Camey, por poseer pornografía infantil. Este es uno de los cientos casos que se denuncian en Guatemala, en contraste con los miles que informes internacionales estiman que se dan en el país.

La trata con fines de explotación sexual es la segunda forma de trata más denunciada en los últimos tres años, aunque organizaciones especializadas afirman que es la principal forma de trata contra mujeres y niñas. De cada 10 víctimas de trata, 7 son mujeres. Es un delito poco registrado que en 2016 afectaba a un estimado de 15 mil niñas, niños y adolescentes de acuerdo a un informe de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y Unicef.

Este delito está reconocido en Guatemala desde el año 2009, y consiste en que por medio de engaño, coacción o amenaza, se capta o traslada a una persona para fines de explotación. A través del abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, se utiliza el dinero o bienes para conseguir el consentimiento de explotar a la víctima y generar ganancias.

Niñas y adolescentes, las más vulnerables a la trata

Así como las mujeres, niñas y adolescentes son las principales afectadas por la desaparición, también lo son de la trata de personas. Las formas más denunciadas de trata contra ellas son la explotación sexual y la laboral. Esto puede entenderse por la propia desigualdad sexual y los roles de género impuestos a las mujeres y niñas en tareas de cuidado y la sexualización de sus cuerpos reflejada en la alta demanda de prostitución y pornografía.

De hecho, el Ministerio Público (MP) en sus registros de denuncias y personas agraviadas por delitos de trata, no contabiliza a ninguna persona mayor de edad. Esto según datos solicitados a la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (SVET) facilitados por el MP.

La trata con fines de explotación sexual incluye delitos como la prostitución ajena y la producción de pornografía, pero también hay un caso de embarazo forzoso hacia una adolescente en el departamento de Guatemala, “es lo que se conoce como vientres de alquiler”, explicó la defensora de víctimas de trata Ana Lucía Peláez.

La defensora Peláez considera que en Guatemala se ha normalizado la trata, tanto laboral como sexual. Ella menciona tres espacios: las tortillerías, las casas cerradas, bares o cantinas.

La explotación sexual también abarca la promoción, facilitación o favorecimiento de la prostitución; actividades sexuales remuneradas con menores de edad; remuneración por la prostitución, producción de pornografía con personas menores de edad; y el uso de actividades turísticas para explotación sexual comercial.

“En estos casos una persona se está beneficiando económicamente del cuerpo de otra, se está aprovechando y viendo como mercancía al ser humano. Hay una gran cantidad de niñas y adolescentes que desaparecen, eso ya nos puede dar un indicio de trata de personas”, precisa la defensora Peláez.

También se han identificado diversas modalidades de operación en la explotación sexual, desde redes de crimen organizado transnacional, hasta lo que se conoce como trata doméstica, donde sin existir una estructura, personas del círculo de confianza de la víctima la explotan sexualmente.

“Muchas veces son patrones que se repiten: una madre que explota a su hija, y que en el proceso penal se evidencia que la madre también en algún momento fue explotata o víctima de violencia sexual”, explica Erick Maldonado, encargado jurídico del Refugio de la Niñez.

Pocas denuncias

La falta de denuncia está vinculada a que el cuestionamiento recae en las víctimas. El MP no registra ni 400 denuncias en los últimos 3 años, en contraste con casi 50 mil casos estimados por Cicig y Unicef en 2016.

El nivel de denuncia es muy inferior al nivel real de la magnitud del delito, afirma el informe de PDH y el Refugio de la Niñez.

Para la defensora Peláez, la denuncia es parte importante del papel de la sociedad civil en el combate a la trata. Para denunciar, se puede acudir a la PDH, al MP o la PNC, y es de suma importancia especificar el lugar donde se sospecha que se da una situación de trata.

“Por lo general las víctimas de trata no van a denunciar, porque no saben que son víctimas o tienen miedo, o no saben dónde se encuentran porque fueron trasladadas de su lugar de origen” enfatiza. A esto se suma que en ocasiones las víctimas pueden afirmar que hubo consentimiento. Sin embargo, el abordaje integral de la trata reconoce que el consentimiento no es posible cuando hay un condicionante económico o manipulación.

También se ha detectado que en las redes sociales son un nuevo espacio donde se da la captación de víctimas de trata, especialmente menores de edad.

Un estado ausente en la atención a niñas y adolescentes víctimas de trata

Además, en el informe de PDH se contabilizan los casos de niñas, niños y adolescentes (NNA) atendidos en albergues, tanto los que están a cargo de la Secretaría de Bienestar Social (SBS) como de organizaciones de sociedad civil. En ellos se puede observar que los 3 albergues estatales han atendido en 2021 a 62 NNA, la mayoría por explotación sexual.

Mientras que los 5 albergues a cargo de organizaciones de sociedad civil han atendido 388 NNA en 2021. La mayoría de las víctimas han sido atendidas por el Refugio de la Niñez, registrando 277 casos, de los cuales la mayor parte son niñas y adolescentes sobrevivientes de explotación sexual.

Erick Maldonado menciona que la explotación sexual es la forma de violencia con el mayor impacto en la vida de las niñas y adolescentes. “La modalidad de explotación sexual es la más recurrente. Los traumas son muy fuertes y lo que se busca a través de la atención psicológica es que primero se identifiquen como víctimas y luego poder sobrellevar el hecho”.

No saberse víctima

“Una persona puede decir “pero si ella quiso, ella accedió”, pero fue forzoso porque se vio obligada por una situación de vulnerabilidad, podría ser deudas o amenazas. Aunque la persona diga que no la obligaron al haber dinero de por medio se está viendo como un negocio”, explica la defensora de PDH.

Asimismo, sucede que muchos agresores obligan a las víctimas al consumo de drogas y alcohol para generar dependencia, o que reciben préstamos de los agresores y eso les hace caer en una deudas con ellos. De esta cuenta, la víctimas pueden llegar a verlos como personas que les ayudan y les dan trabajo, lo cual les hace caer en una especie de “agradecimiento”.

“Son tantas formas de coacción y manipulación que es muy importante la identificación como víctima para que se pueda abordar correctamente, denunciar y recuperar un proyecto de vida”, enfatiza el abogado.

Este fenómeno también consta en el informe de PDH, donde se concluye que la persecución penal de la trata también se dificulta porque “en los casos de explotación sexual, las víctimas creen que realizan las actividades de forma voluntaria, sin percibir que son explotadas, y solo identifican determinados actos de violencia sexual”.

Consumidores de trata, el problema que no se ve

En palabras de la defensora de víctimas de trata Ana Lucía Peláez, la trata es una violación a los derechos humanos y un delito, pero también uno de los negocios más poderosos del mundo donde no se puede olvidar el tema monetario. De hecho, la trata de personas es un negocio altamente lucrativo, solo superado por el narcotráfico y muchas veces vinculado a él.

Concebir los cuerpos de las personas como mercancías, y especialmente el de las mujeres, niñas y adolescentes, es una visión muy normalizada. Prueba de ello se ve en lo cotidiano que es escuchar frases y chistes en referencia a asistir a prostíbulos, o las acciones de funcionarios públicos como el ministro de desarrollo Raúl Romero Segura quien fue fotografiado con mujeres en situación de prostitución.

Como consta en informes internacionales y nacionales, se ha legitimado estas formas de violencia y se han normalizado que hace que exista una demanda generalizada de explotación sexual. Tanto es así que el estigma social cae en las víctimas y no en los agresores, a quienes no se les cuestiona por consumir prostitución. “Hemos visto que el consumo de explotación sexual es una práctica tan generalizada, ajena a clase social y grupo étnico, se da en todo el territorio nacional”, menciona el experto en trata Erick Maldonado.

No obstante, existen importantes sentencias que generan un precedente de castigo para los consumidores de explotación sexual. “Pensamos que el delito de remuneración por la trata de personas y la de actividades sexuales remuneradas con personas menores de edad sea utilizado en contra de los mal llamados clientes. Hemos tenido casos ejemplares también por el delito de violación, cuando la víctima es menor de edad o se logra determinar la falta de consentimiento”, explica el abogado.

Pero el consentimiento también es un factor de análisis cuando se aborda la explotación sexual. Para algunas feministas, el consentimiento es un elemento que no existe cuando hay una transacción económica, ya que sería no deseado. Maldonado explica que jurídicamente se habla de un consentimiento viciado, producto de manipulación, coacción o situaciones económicas precarias “En la ley guatemalteca haya o no consentimiento, si hay explotación hay trata”, puntualiza.

En algunos casos, los consumidores buscan convencer a los jueces de no condenarlos porque “tienen familias”, normalizando así la violencia sexual que ejercieron contra menores de edad víctimas de trata. Sin embargo, se resalta la importancia de que se obtuvo condenas contra ellos, como una forma de desincentivar y desnormalizar estas prácticas.

Reformas a la ley

En 2013 la entonces presidenta de la Comisión de la Mujer del Congreso, Ana Regina Guzmán, presentó una iniciativa de reformas a la Ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas 4746. En ella se propone:

Que menores de edad no puedan contraer matrimonio ni establecer uniones de hecho sin excepciones.
Que el delito de violación se reconozca no solo en menores de 14 años sino de 18 años.
Que el delito de agresión sexual se reconozca no solo en menores de 14 años sino de 18 años.

De esta cuenta, la PDH incluye en sus recomendaciones continuar los esfuerzos por aplicar las reformas necesarias a esta ley, con la participación de organizaciones especializadas en el tema.

La trata de personas es una problemática mundial que desde el año 2000. Los esfuerzos por erradicar este negocio, donde el producto son los cuerpos de las mujeres y niñas, atraviesan el combate a su consumo, ejercicio y normalización, de esta cuenta ¿qué le pasó a las reformas de la iniciativa de ley 4746? Para contrarrestar esta problemática sin duda se necesita priorizar su prevención y atención desde el Estado y sociedad civil, mujeres y feministas como entes fiscalizadores.