La violencia contra la población LGTBIQA+ en Centroamérica es alarmante
Foto: Jorge Cabrera.
En los últimos 24 años se cometieron 154 asesinatos contra personas LGBTIQA+ en Centroamérica, siendo Guatemala el país que registró la gran mayoría de los casos. El informe Invisibles NO MÁS documenta la violencia a la que miles de personas se enfrentan por el solo hecho de tener una orientación sexual, identidad o expresión de género no normativa.
Por Jasmin López
El informe regional Invisibles NO MÁS analiza mil 19 hechos de violencia cometidos en contra de personas LGBTIQA+ del 2000 hasta el 2024, registrados por cinco organizaciones civiles de cuatro países centroamericanos. 364 de estos casos corresponden a El Salvador; 237 a Honduras, 218 a Costa Rica y 200 a Guatemala. Aunque contabilizar este tipo de crímenes es una tarea difícil debido a la falta de mecanismos de registro y denuncia adecuados, además de que muchas víctimas prefieren guardar silencio por temor a represalias, gracias al trabajo de ASPIDH Arcoíris Trans y Amate, de El Salvador; Somos CDC de Honduras; IRCA Casabierta de Costa Rica, y LAMBDA, de Guatemala es posible contar con un indicador de la realidad que viven miles de personas en la región.
De acuerdo al informe, hay por lo menos 344 casos donde hubo violencia física, mientras que en el 30% se desconoce si existió este tipo de agresión. En más de un tercio de los casos analizados (un 36%) los afectados son hombres gay, seguidos por mujeres trans, con un 28%. La violencia psicológica, humillación e intimidación hacia las víctimas es una constante en el 55% de la muestra, así como la violencia patrimonial, en un 8%.
Además, la violencia por prejuicio cobró la vida de 154 personas. Guatemala es el país que registra más casos: un 94% de estos crímenes se cometieron en el territorio nacional. 43 de las víctimas participaban en organizaciones a favor de los derechos LGBTIQA+.
En cuanto a los perpetradores, un 20% son policías o autoridades, un 15% son los propios familiares de las víctimas, y en su mayoría, con un 30%, son personas desconocidas, lo cual, según el estudio, refleja “altos niveles de impunidad”.
Lo que caracteriza a la violencia lesbofófica, homofóbica, transfóbica y dirigida hacia la comunidad LGBTIQA+ en general es la intención de castigar o exterminar las formas de expresión e identidades que se salen de la heteronorma. Estas agresiones ocurren en un contexto en el que son permitidos, e incluso normales, discursos de odio en contra de la diversidad sexual y acciones legales que vulneran sus derechos.
En El Salvador, el gobierno de Nayib Bukele se ha declarado abiertamente en contra de la “ideología de género” y ha emprendido acciones para suprimir las iniciativas que promueven los derechos de las personas LGBTIQA+, entre las que se cuentan la destitución de 300 empleados de Ministerio de Cultura el 27 de junio de este año, por proyectar una obra protagonizada por una actriz drag; el cierre de la Secretaría de Inclusión Social y la Dirección de Diversidad Sexual; y la prohibición arbitraria de la educación sexual integral en las escuelas. Mientras, en Honduras, el Movimiento por Nuestros hijos -asociación impulsada por las iglesias católica y evangélica-, presentaron el pasado 19 de septiembre el proyecto de Ley de Derechos Parentales, que busca que los padres de familia conservadores tengan el control del currículum educativo nacional, con el fin de impedir la enseñanza de temas relacionados con la inclusión y la diversidad sexual. Iniciativas casi idénticas se han creado en Guatemala en los últimos tres años, siendo la más reciente la Ley de educación sexual para la protección de la niñez y adolescencia en Guatemala, propuesta ante el Congreso el 17 de septiembre por legisladores con ideologías a favor de los valores “tradicionales” y antiderechos.
En la región centroamericana, Costa Rica es el único país que cuenta con una Ley de Identidad de Género y donde se reconoce el derecho al matrimonio para las personas del mismo sexo.
Para ayudar a combatir las violaciones sistemáticas contra los derechos humanos de las poblaciones LGBTIQA+, las organizaciones participantes recomiendan a los gobiernos nacionales adoptar leyes específicas contra la discriminación hacia la diversidad sexual, así como programas de protección que garanticen su acceso a refugios, apoyo psicológico y ayuda legal, además de brindar capacitaciones en derechos humanos para los cuerpos policiales.
