Denuncian escasez de agua por la expansión del monocultivo de palma africana
La escasez del agua para el uso de las personas en las comunidades es un problema que enfrentan familias campesinas por la expansión de la palma africana. La aldea Tierra Negra I se encuentra rodeada de palma africana, propiedad de la empresa Industria Chiquibul. De acuerdo con los comunitarios, varias familias mayas Q’eqchi’ fueron engañadas para vender sus tierras.
Por Prensa Comunitaria
En el marco del Día Mundial del Agua, conmemorado el pasado viernes 22 de marzo, representantes de distintas comunidades de Alta Verapaz, Petén y Quiché se reunieron en la aldea Tierra Negra I, ubicada en el municipio de Chisec para denunciar la situación que enfrentan por la falta del vital líquido ante la expansión de la palma africana en su territorio.
Al menos 65 familias de la aldea sufren severamente las consecuencias de la falta de agua. Durante el encuentro, mujeres y hombres Q’eqchi’ expusieron la problemática.
Mario René Xol, vecino de una de las aldeas afectadas, indicó que la empresa que opera en la región, Industria Chiquibul, llegó al lugar en el año 2012 y bajo falsas promesas y engaños empezó a adquirir los terrenos de los pobladores.
La mayoría de los pobladores vendieron la totalidad de sus tierras con la esperanza de obtener empleo y desarrollo en sus comunidades. Sin embargo, esto nunca ocurrió y hasta la fecha la empresa tampoco ha cumplido con el mantenimiento de la carretera, una de las promesas que hizo, según refirió un vecino, quien por temor a represalias evitó identificarse.
Los pobladores han denunciado desde 2013 a la empresa porque no paga el salario mínimo, no cumple con el pago de prestaciones establecidas en ley, además de ser víctimas de maltratos físicos, psicológicos y castigos por parte del personal técnico de la empresa.
Foto de Joel Pérez
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https://prensacomunitaria.org/2018/01/trabajadores-exigen-derechos-laborales-a-empresa-palmera-chiquibul/
Los pobladores aseguran que la palma africana ha provocado sequía en los ríos y enfermedades en la piel de los niños. Estos padecimientos ocurren con mayor frecuencia en época de verano.
“Cuando alguien no quería vender su terreno, la empresa instalaba portones de metal en los caminos que atravesaban las parcelas ya adquiridas, para que las personas no pudieran llegar a sus parcelas y se vieran obligadas a vender sus tierras”, indicó Claudio Caal, representante de Cooperativas y ONG (CONGECOP), en referencia a uno de los mecanismos que utilizó la empresa para expropiar a la población de sus terrenos.
Mario Xol, indicó que, cada parcelario de su comunidad vendió un aproximado de entre 42 y 47 manzanas de terrenos, y en muchos de los casos, en los contratos de compraventa nunca fue tomada en cuenta la postura de las esposas.
En la actualidad la comunidad se abastece de agua para consumo de dos pozos artesanales ubicados en la aldea. Sin embargo, con la sequía de la época, escasea y consumen agua contaminada del río San Román.
La corriente de este río, que atraviesa varias comunidades, también era caudalosa, pero con la expansión de la palma, este cada año ha ido desapareciendo. Además, Industrias Chiquibul también vierte en este río los desechos químicos que utiliza para sus sembradillos, denunció Claudio Caal.
La situación ha sido denunciada ante la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), la municipalidad de Chisec, el Ministerio de Salud y otras entidades, pero no han tomado acciones en contra de la empresa, dijo bajo el anonimato un vecino de la aldea.
Comunidades en defensa del agua. Foto de Joel Pérez
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https://prensacomunitaria.org/2021/03/industrias-chiquibul-criminaliza-a-siete-comunitarios-de-san-pedro-carcha/
Antecedentes de problema
En marzo de 2021, siete comunitarios del municipio de San Pedro Carchá, Alta Verapaz, en la región de la Franja Transversal del Norte (FTN) fueron criminalizados por la empresa Industrias Chiquibul S.A. y acusados por los delitos de detenciones ilegales, coacción, allanamiento y usurpación agravada.
El 13 de abril de ese año la población denunció que varios agentes de seguridad privada llegaron armados a la comunidad Santa Elena Río Salinas para desalojar a las 200 familias que tomaron desde enero de 2020, una parte del terreno de la finca Tierra Blanca, localizada en la zona 3 de Sayaxché. Los comunitarios dijeron estar conscientes de que la tierra es propiedad de Chiquibul, pero dijeron que decidieron permanecer en ese lugar porque la mayoría ha trabajado en los campos de palma de aceite para la empresa, y no recibieron el salario mínimo o las prestaciones laborales que garantiza la ley.
En octubre de ese año, en el inicio del debate contra los comunitarios criminalizados y señalados por el Ministerio Público (MP) de usurpación de tierras y detención de personal de la empresa, el abogado Juan Castro, del Bufete para Pueblos Indígenas cuestionó el argumento y aseguró que las personas de esa comunidad solo habían reaccionado ante la explotación laboral a la que eran sometidas por la empresa, además su comunidad está rodeada por 40 caballerías de palma africana.
