Defensores de derechos humanos y periodistas documentan la realidad de la resistencia de los pueblos
Créditos: Eddy Zeta
Durante los últimos años los pueblos originarios de Alta Verapaz e Izabal han sido criminalizados por defender sus derechos y bienes naturales; una situación similar vive el pueblo en la sierra Tarahumara en el Estado de Chihuahua, México. La reciente gira “La vida esta en juego” permitió que defensores del territorio, organizaciones internacionales de derechos humanos y prensa extranjera comprobaran la continuidad de estos agravios.
Por Joel Pérez
Defensores de derechos humanos y periodistas pidieron este viernes a las autoridades guatemaltecas y mexicanas que se garanticen los derechos de los pueblos originarios, especialmente los establecidos en el Convenio 169 de la OIT, como el derecho a la consulta libre, previa e informada, además de brindar medidas de protección a defensoras y defensores de sus territorios, que enfrentan graves riesgos contra sus vidas.
Durante una conferencia de prensa ofrecida en Cobán, Alta Verapaz organizaciones internacionales de derechos humanos y periodistas de Guatemala, el País Vasco, el Estado español, Colombia y México presentaron los hallazgos de una gira por el territorio q’eqchi’, de Alta Verapaz e Izabal.
Un equipo de defensores de derechos humanos y periodistas conoció la realidad de estos pueblos y documentaron las denuncias de las comunidades originarias, quienes afirmaron que varias de sus autoridades locales no han podido salir de sus comunidades debido a que saben que tienen órdenes de captura. Como el caso de tres líderes comunitarias de la aldea Chapín Abajo, en el Estor, quienes por varios años se han opuesto a la expropiación de sus tierras a manos de terratenientes que han impulsado la expansión del monocultivo de palma africana en esa región de país.
Durante los últimos años, la población maya Q’eqchi’ en los departamentos de Alta Verapaz e Izabal, ha sido afectada por la siembra extensiva del monocultivo de palma africana, la minería y los proyectos hidroeléctricos. En su defensa por los recursos naturales han enfrentado persecución, violaciones a los derechos humanos y hasta encarcelamiento.
Por la denuncia de la imposición de proyectos hidroeléctricos RENACE y OXEC, sobre el cauce del río Cahabón, en Alta Verapaz, el profesor y defensor de derechos humanos Bernardo Caal Xol fue encarcelado por más de cuatro años. Una situación similar a la que vive la Gremial de Pescadores Artesanales y las Autoridades Q’eqchi’, del municipio de El Estor, Izabal, en su lucha contra la reactivación de la actividad del proyecto minero Fénix, de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN-Pronico).
En la experiencia de lucha de Bernardo Caal, “el rio es torturado, masacrado y asesinado por las hidroeléctricas”, dijo el defensor de derechos humanos.
“Nuestra lucha constante ha surtido efectos y uno de ellos es que tengamos orden de captura, también debido a nuestras luchas, el gobierno de Guatemala impuso un destacamento militar en los límites de la referida comunidad, bajo el argumento de controlar el trasiego de ilícitos, sin embargo, en la realidad es que están resguardando la seguridad de la empresa de palma”, refirió Pedro Xol, autoridad comunitaria de cuenta con cuatro órdenes de captura en su contra.
Foto de Eddy Zeta
El próximo 6 de diciembre la población de la aldea Chapín Abajo cumplirá un año de haber sufrido la represión de las fuerzas combinadas de la Policía Nacional Civil el ejército.
Ante la cancelación de las actividades del proyecto minero Fénix, la persecución contra los integrantes de la gremial de pescadores ha cesado, sin embargo la seguridad de los integrantes de la directiva de la gremial siempre se ha visto vulnerado, según testificó Cristóbal Pop, quien a consecuencia de su lucha contra dicho proyecto fue detenido en dos ocasiones.
Después de la represión que vivió la población de El Estor, en 2021, varios integrantes de la gremial de pescadores y defensores de derechos humanos, abandonaron sus hogares para poder resguardar su integridad. Uno de ellos fue Juan Bautista Xol, periodista de Prensa Comunitaria, a quien en un operativo de la policía le allanaron su vivienda sin motivo justificado.
“Fueron momentos difíciles porque estuve buscando refugio en distintos lugares, me vi en la obligación de abandonar mi hogar por más de 45 días, para no ser detenido, todo por documentar las acciones ilegales que realizó la Policía Nacional Civil”, dijo Xol.
Durante la gira de organizaciones y periodistas, las autoridades locales y representantes de la gremial de pescadores expresaron su malestar por el abandono que están sufriendo por parte del gobierno, así como por parte de las distintas organizaciones sociales, que han propiciado la división de la población, con sobornos y compra de líderes comunitarios.
En la actualidad, el complejo minero Fénix, propiedad del grupo empresarial ruso-suizo Solway Investment Group, está detenido, como resultado de la lucha de la población, pero los integrantes de la gremial de pescadores temen que en plazo no muy lejano reanude su actividad.
Ante toda la situación que vivimos y la amenaza que existe en nuestro territorio, los pobladores y la gremial de pescadores, exigen al gobierno realizar una consulta para determinar si la población está de acuerdo o no con la continuidad de operaciones de la empresa.
“La empresa no ha cumplido con los estudios de impacto ambiental y la consulta realizada en medio de un estado de sitio que fue impuesto en nuestro territorio, no es legal, porque el convenio 169 de la OIT refiere que las consultas deben ser libres, previas e informadas, lo cual en nuestro territorio no se cumplió”, según Guadalupe Xol, integrante de la gremial de pescadores.
Durante el recorrido realizado, se contó con el acompañamiento de Isela González y Amada Chávez, en representación de las comunidades de la Sierra Tarahumara, en el estado de Chihuahua, México, quienes también compartieron sus experiencias de lucha e indicaron que en sus pueblos, sufren una situación similar.
En este caso, caciques, políticos locales así como el crimen organizado, operan como las empresas mineras e hidroeléctricas en Guatemala, destruyendo los bosques, con la práctica de tala inmoderada de árboles y la lucha por defender sus montañas les ha traído persecución, asesinato y desplazamiento, compartió Amada Chávez.
Isela Gonzales, indicó durante su visita a la región de Izabal, que, en las poblaciones de Coloradas de la Virgen y Choreachi, 14 personas han sido asesinadas como resultado del abandono por parte del Estado mexicano, lo cual se refleja en los más altos índices de pobreza del país.
