Argentina: mujeres trans y travestis exigen justicia y derechos
Foto: Centro de Estudios Legales y Sociales
En un reclamo histórico, trece mujeres trans y travestis, en Argentina, han presentado una acción de amparo colectivo para exigir justicia por décadas de violencia institucional y reclamar su derecho a una seguridad social. Las demandantes, todas mayores de 50 años, son sobrevivientes de persecución policial, abusos y exclusión sistemática bajo normativas represivas consideradas inconstitucionales y muchas, ahora, derogadas.
Por Celina De la Rosa
Desde Ruda hablamos con María Belén Correa, fundadora del Archivo de la Memoria Trans, que inició esta demanda que resuena en toda América Latina y el Caribe, y que espera, garantice una vida digna para las personas trans.
“Lo que siempre tuvimos fue memoria y verdad; lo que reclamamos ahora es justicia”, expresó María Belén durante una conferencia de prensa en Buenos Aires. Después de más de cuatro años de investigación, las trece mujeres recopilaron sus legajos policiales que documentan los atropellos sufridos, entregándolos como prueba clave de la violencia estatal ejercida contra ellas por expresar su identidad de género.
“Nos reunimos 13 travestis, transexuales y transgénero. Aquí y exiliadas en el mundo nos declaramos sobrevivientes del periodo de violencia, persecución y muerte desde 1983, de la democracia argentina, hasta el 2012 con la llegada de la Ley (Nacional) de Identidad de Género. Nuestro cuerpos y nuestras mentes marcadas a sangre y fuego, con dolor de pérdidas, mutilaciones y múltiples vejaciones, estamos aquí representando a aquellas que han pasado al olvido y que no fueron reconocidas”, leyó María Belén, entre llantos, el documento compartido con la prensa.
Ellas son María Belén Correa, Lara María Bertolini (Diversidad y Justicia), Marcela Ángela Saibek, Andrea Soledad Vargas, Candela Nicolosi, Nicole Valentina Chávez, Paula Ezkerra Rodríguez (T.A.E. Trans Argentinas Exiliadas), Wanda Eliana Galeano (Biblioteca Claudia Pia Baudracco), Ivana Tintilay (Puta Orgullosa), Alma Rosacintia Agüero, Patricia Alexandra Rivas, (Históricas Argentinas Sobrevivientes), Dalia Silvana Álvarez Valverde y Romina Campo.
Foto: Centro de Estudios Legales y Sociales
Una generación marcada por la violencia estatal
Entre 1960 y finales de 1990, las personas trans y travestis en Argentina enfrentaron una violencia sostenida, marcada por persecuciones, abusos y discriminación sistemática. Durante la dictadura cívico-militar (1976-1983), esta violencia se exacerbó bajo un modelo patriarcal que promovía valores "occidentales y cristianos". Centros clandestinos, como el Pozo de Banfield, se convirtieron en espacios de tortura para las disidencias sexuales, muchas de las cuales fueron invisibilizadas en los registros oficiales del terrorismo de Estado.
A pesar de la recuperación democrática, la represión continuó. Hasta el año 2000, edictos y las contravenciones policiales daban lugar a la criminalización de las personas trans, justificando arrestos y abusos solo por transitar las calles. Este contexto forzó a muchas a vivir en la clandestinidad o a exiliarse, mientras otras eran marginadas, perseguidas y violentadas de manera cotidiana. En promedio, eran arrestadas dos veces al mes y muchas permanecían en condiciones inhumanas hasta 15 días en comisarías, donde sufrían agresiones físicas y sexuales. Este hostigamiento policial comenzó, en muchos casos, contra personas en edades previas a los 12 años.
Los primeros avances llegaron en los años 90, cuando comenzaron las movilizaciones y las demandas legales para el cambio registral en los documentos de identidad. En 2012, con la promulgación de la Ley de Identidad de Género, Argentina dio un paso histórico al despatologizar las identidades trans, garantizando derechos como el acceso a servicios de salud. Para las impulsoras de este recurso y para la comunidad trans, fue recién a partir de ese momento que inició la democracia. Un reconocimiento estatal que aún enfrenta desafíos significativos.
“Se las criminalizó por sus atributos personales y no por sus prácticas. El dispositivo estatal se direccionó contra el colectivo que integran, en forma de detenciones ilegales, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes”, remarcó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en su comunicado. Los edictos policiales y contravenciones dieron lugar a un “ecosistema represivo”, de acuerdo a las organizaciones patrocinantes. “Las fuerzas policiales avasallaron, en circuitos legales e ilegales, a quienes entonces eran en su mayoría jóvenes adultas pero, también, adolescentes y niñas. Esto ocurrió durante la última dictadura y, con particular intensidad, desde 1983 hasta 2012”.
Para llegar a esta acción de amparo, el Archivo de la Memoria Travesti Trans de Argentina, comenzó hace cuatro años a recibir cada una sus legajos policiales. “Buscar los antecedentes es un trámite personal, por lo cual tuve que convencer a cada una, ese fue el primer paso. Previo a la pandemia, tenías que ir al Departamento Central de Policía, a la mesa de entrada. Entregabas una carta y una copia, te la sellaban”, recordó María Belén. Luego, con las restricciones de aislamiento por Covid-19, el pedido lo hacían de forma digital, lo cual complicó y retrasó el trámite. “Ya no había un comprobante del inicio del pedido, entonces tenías que seguir mandando por email muchas veces, hasta recibir respuesta”.
Foto: Centro de Estudios Legales y Sociales
Fue duro para muchas regresar a alguno de los edificios donde fueron detenidas, o tener que volver a ese pasado, presentarse con sus nombres anteriores. Más allá de que ellas se reconocen como sobrevivientes de esa represión sistemática, para esta acción legal fue importante contar con esos antecedentes policiales como pruebas. “Estos son archivos fundamentales, porque son de ellos, lo que ellos documentaron, donde aparece como nos catalogan, como nos calificaron”, remarcó María Belén.
Esta persecución estatal, que inició hace muchas décadas, no solo les negó su derecho a la libertad, a una vida libre de violencias y a la dignidad, sino que también las marginó del sistema laboral formal, dejándolas sin acceso a la salud, la seguridad social y el desarrollo de un proyecto de vida. A la prueba documental, sumaron sus testimonios, pericias psicológicas y psiquiátricas. “Nos expusimos a todo para poder hacer este pedido previsional”, relató la fundadora del Archivo de la Memoria Trans y una de las impulsoras de este amparo.
“La violencia institucional y las condiciones estructurales de discriminación hicieron que este grupo de mujeres trans y travestis no pudiera cumplir con los requisitos básicos para acceder a una jubilación o pensión: como haber cumplido 60 o 65 años y contar con 30 años de aportes”. Durante décadas, fueron empujadas a formas de vida en la clandestinidad, con su condición de sujetas de derecho suspendida, a veces parcial y a veces completamente.
“Esta lucha no es solo para nosotras, sino para las generaciones futuras. Queremos garantizar que ninguna otra persona trans vuelva a sufrir la persecución policial que vivimos nosotras”, reflexionó Ivana Tintilay, una de las peticionantes. Tintilay fue la primera en recuperar su legajo policial, enfrentándose a los mismos pasillos donde fue detenida en su adolescencia.
“Este pedido está centrado en lo que nos hicieron. Esto es reparatorio, porque en el año 85, cuando fue el Nunca Más, se ocultaron 400 legajos de la comunidad LGTB, que hasta el día de hoy siguen ocultos. No hubo un Nunca más para las personas trans, porque la matanza grande comenzó en 1983, porque los mismos grupos de operaciones se ocuparon en hacer limpieza social, como por ejemplo, la masacre panamericana”, recordó María Belén.
Un llamado regional a la reparación y los derechos humanos
El recurso legal, con el patrocinio del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y respaldado por el Archivo de la Memoria Trans, busca que el Estado argentino reconozca esta violencia sistemática, otorgue una pensión reparadora y garantice derechos básicos como salud y seguridad social. Se plantea que el Estado argentino lo reconozca, extienda los alcances de la Ley 24.241 de “Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones” y les dé una prestación básica universal, una forma de cumplir con la Ley de Identidad de Género e incluir una perspectiva de género que contemple las realidades del colectivo trans y travesti.
Lucía De la Vega, del CELS, explicó que la acción legal no solo busca reparación para las trece demandantes, sino que abre la puerta para que otras personas trans mayores de 50 años, que puedan acreditar haber sufrido violencia estatal a través de sus legajos policiales, también se sumen. “Esta acción es fundamental para modificar las normativas vigentes y erradicar la exclusión estructural que enfrentan las personas trans”, añadió.
Violencia de género como crimen de lesa humanidad
Desde el colectivo trans, enfatizan que los abusos sistemáticos sufridos constituyen un “genocidio travesti” y crímenes de lesa humanidad. Esta demanda legal es un paso para reparar las injusticias históricas y construir un presente donde las personas trans y travestis puedan acceder a derechos básicos que todavía les son negados en gran parte de América Latina y el Caribe.
Foto: Centro de Estudios Legales y Sociales
En Argentina, hoy se vive un retroceso y un ataque a las conquistas que fueron faro para la región. “Este es un Gobierno que hace campaña política de la destrucción de derechos. La comunidad LGTB, en particular las personas trans, se ven más afectadas, porque se corta por lo más fino. Ya que las derechas, no solo en nuestro país, nos utilizan para poder hacer su descargo de odio, para que sea de dominio público, mientras tanto siguen haciendo medidas de ajuste, como llevarse el oro. Y lo hacen en cuentagotas porque saben que cada vez que quieren cubrir sus medidas usan este odio”, concluyó María Belén.
En tan solo un año de gestión, el presidente Javier Milei ha cerrado organismos clave como el Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) y el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, despidió a trabajadores y trabajadoras contratadas bajo el cupo laboral trans, y desmanteló o redujo al mínimo programas esenciales como la Educación Sexual Integral y Programas de salud sexual.
Este caso pone de manifiesto la urgente necesidad de abordar las deudas de los Estados con las comunidades trans en toda la región, donde persisten altos niveles de exclusión, violencia y precarización. La lucha de estas mujeres trans y travestis no solo busca justicia en Argentina, sino también sentar un precedente inspirador para toda América Latina y el Caribe en la defensa de los derechos humanos del colectivo LGBTIQ+.
