Sololá, el espejismo de pocos embarazos en niñas y adolescentes
768 niñas se convirtieron en madres en Sololá entre enero y octubre de 2025, según el Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva (OSAR Guatemala). El dato contrasta con los del departamento de Guatemala en donde la cifra se eleva a 8,236, a pesar de que la población censada es solo siete veces mayor.
Sobre el papel, podría parecer que aquí los índices de embarazos en niñas y adolescentes son menores en proporción al resto del país. Sin embargo, las organizaciones locales señalan que no existe tal milagro en Sololá: solo un subregistro que invisibiliza la realidad de las niñas y adolescentes en este departamento. Y la evidencia fulgurante de que la ruta de protección y los marcos legales existentes no son suficientes para salvar las brechas en materia de protección a la niñez, en un país donde para vergüenza nacional al menos 30 por ciento de las violaciones de niñas de seis años es cometida por el padre biológico.
Por Isela Espinoza
El sitio del “milagro”
Sololá se ubica aproximadamente a 150 kilómetros de la ciudad de Guatemala. Entre montañas y caminos serpenteados esconde uno de los lagos más hermosos del mundo, el Lago de Atitlán. Está rodeado de tres volcanes y pueblos indígenas que han transformado sus calles en paisajes pintorescos para atraer a miles de turistas que cada año visitan Panajachel y otros municipios que se ubican en la cuenca del lago.
Las tardes de noviembre, aunque frías y nubladas, reflejan colores naranjas al caer el sol. Niñas y adolescentes se acercan a locales y extranjeros para ofrecer llaveros, pulseras o cualquier otro suvenir para el recuerdo. El plácido espectáculo del lago espejado en una tarde de noviembre contrasta con la realidad violenta que enfrentan a diario esas niñas y adolescentes.
Ana, por ejemplo, quedó embarazada cuando tenía 13 años y su bebé nació cuando ella recién cumplió 14. El agresor fue su padre biológico de 38 años. Al enterarse del embarazo, la niña intentó suicidarse en dos ocasiones. El abuelo paterno amenazó a la familia para que no denunciara a su hijo. Sin embargo, la psicóloga del centro de salud ya había hablado con la niña sobre la violación sexual. El abuelo decidió desalojar a su nuera de la vivienda y notificar a la madre de Ana medidas de seguridad a favor del propietario.
Una tía les prestó un terreno pequeño en donde instalarse. El COCODE de la comunidad a la que llegaron les ayudó a construir una casa de lámina y palos al enterarse de su predicamento, a condición de que la niña diera a luz al bebé y no lo ofreciera en adopción. A Ana le gusta estudiar y correr. Mientras estaba embarazada finalizó sexto primaria.
La de Ana es solo una de las historias que OSAR ha documentado en más de 20 años de trabajo, que no necesariamente figura en las estadísticas oficiales.
Los factores que inciden en el subregistro de embarazos en niñas y adolescentes en lugares como Sololá es compleja, según explica Silvia Menchú, directora de la Asociación de Desarrollo de la Mujer K’ak’a Na’oj -ADEMKAN- ubicada en Santa Catarina Palopó, que desde hace 20 años trabaja en educar sobre derechos sexuales y reproductivos en Sololá.
Menchú destaca la falta de acceso a la información que impide a las niñas o sus familiares siquiera identificar el embarazo infantil como delito o una situación que requiere intervención médica especial. Se suma el aislamiento de algunas poblaciones y la pobreza que les impide pagar transporte para buscar atención médica en un puesto de salud o denunciar ante un juez.
Santa Catarina Ixtahuacán es uno de los municipios de Sololá en donde ADEMKAN imparte talleres sobre los derechos sexuales. Según relata Menchú, el trabajo se dificulta por el mal estado de las carreteras. Llegar a esa población a veces les toma hasta 10 horas de camino. Pero ella está convencida de que el trabajo de su organización es importante. ADEMKAN se empeña en buscar alianzas con autoridades de salud y de educación para continuar difundiendo información reproductiva a niñas de 12 años en adelante, a través de campañas, talleres y materiales audiovisuales con metodologías participativas y lúdicas en los idiomas Kaqchikel, K´iche’ y español. “Ninguna de nosotras tuvo esta formación en derechos sexuales y reproductivos. Al no tenerlos claros, una no es sujeta de derechos, sino que una es solo lo que indican los roles de género”, afirma.
ADEMKAN inició siendo un grupo de mujeres alfabetizadoras y tras un caso de aborto en el municipio de Santa Catarina Palopó las mujeres vieron la necesidad de trabajar en difundir información sobre derechos sexuales y reproductivos. Sus integrantes elaboran contenidos atractivos que incluso han llegado a difundirse como radionovelas en los idiomas Kaqchikel, K´iche’ y español. Foto: Isela Espinoza
La deuda de desarrollo que tienen los gobiernos hacia las poblaciones más alejadas en donde se registran los mayores índices de embarazos en niñas y adolescentes incide también en el subregistro. Hace falta infraestructura vial, acceso a la educación, puestos de salud y juzgados. Hace falta personal calificado. Y también que estas instituciones adopten cierta pertinencia cultural, como mínimo, que el personal hable los idiomas locales.
Santa Catarina Palopó cuenta con un puesto de salud que se encarga de la atención de primer nivel, es decir que no cuenta con médico sino enfermeras y enfermeros profesionales y auxiliares de enfermería que proporcionan atención médica básica a la comunidad, incluyendo la promoción y prevención de problemas de salud. Además de este municipio también cubre los caseríos de Xepec, Pacamán y Chocruz.
Los embarazos de niñas y adolescentes son catalogados como casos de alto riesgo en el puesto de salud. Además de los riesgos a su vida y bienestar, las menores embarazadas están expuestas a uniones forzadas, desnutrición y violencia intrafamiliar, dice Débora Celada, facilitadora de la red local de salud de Santa Catarina Palopó. Sin embargo, afirma no contar con cifras fiables de embarazos en menores de edad debido a que no todos los casos llegan al puesto de salud.
En Guatemala, existe una ruta de abordaje de embarazos en menores de 14 años en la cual se define a los actores que deben involucrarse y las acciones que debe tomar cada institución para atender a las niñas embarazadas. Esta involucra a la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (SVET), al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), Ministerio de Educación (MINEDUC), Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), Procuraduría General de la Nación (PGN), Ministerio Público (MP), Registro Nacional de las Personas (RENAP), OSAR, Fundación Sobrevivientes, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).
La ruta, construida en el 2013, ha sido modificada en dos ocasiones al año 2023. Sin embargo, esta no se implementa igual en todos los departamentos. En Sololá, por ejemplo, la PGN que debe acudir al centro de salud cuando se identifica a una menor embarazada, en muchas ocasiones no dispone de transporte o carece de personal.
Celada afirma que en el puesto de salud se aplica la ruta señalada de notificar a las entidades correspondientes, aunque esta no resulte siempre efectiva. A pesar de que proceden a presentar la denuncia, la familia de la menor en ocasiones obstaculiza el proceso. “Tuvimos un caso el año pasado en donde pusimos la denuncia aquí en el MP. No sé cómo procedió porque los papás no estaban de acuerdo”, relata.
Entre los planes de Celada figura crear un directorio de terapeutas mayas para convertir a las comadronas en alidadas del sistema de salud local. De esta manera busca establecer comunicación y entablar una colaboración que les permita prevenir consecuencias irreversibles. Según dice, el estigma hacia las niñas embarazadas lleva a las familias a ocultar muchas veces la gestación y en ocasiones la consecuencia es la muerte materna.
Recién en noviembre de este año, el centro sumó a su plantilla a una psicóloga y a una trabajadora social para apoyar en casos de embarazos de menores. “Antes debíamos enviar a las niñas a Panajachel pero ahora ya tenemos a nuestro personal para verificar cuando la paciente es menor de edad y nuestra psicóloga se encarga de coordinar con las demás entidades”, dice Celada.
En realidad, el juzgado de Paz en Santa Catarina Palopó fue una de las entidades que gestionó a la psicóloga para el puesto de salud ya que aunque la jueza sí registraba casos de menores embarazadas, estas nunca habían acudido al puesto de salud.
En cuanto a campañas de concientización o divulgación de los derechos sexuales y reproductivos que le corresponde realizar al centro de salud, la facilitadora de la red local de salud de Santa Catarina Palopó asegura: “Aquí es muy difícil (hablar de derechos sexuales y reproductivos). Uno tiene que saber qué palabras usar porque si uno utiliza las palabras correctas los papás se molestan y hasta los mismos profesores nos dicen: esos temas no se hablan”, comenta Celada.
El elefante blanco
En la problemática de los embarazos infantiles y adolescentes no puede ignorarse el papel que desempeña la pobreza, el machismo, el patriarcado y la violencia sexual. O el peso que tiene la impunidad en perpetuar los abusos. “No debe callarse tampoco el rol de las iglesias cristianas y los políticos que no saben hacer una diferencia entre el pecado y el derecho a decidir”, añade Silvia Menchú, directora de ADEMKAN.
De los 19 municipios que posee Sololá, cinco son los que registran altas tasas de embarazos en adolescentes: Sololá, Santa Catarina Ixtahuacán, Nahualá, San Lucas Tolimán y Santa Clara La Laguna. “Justamente en estos cinco municipios han gobernado partidos políticos de la derecha. Además, son estos municipios los que definen los diputados (por el distrito de Sololá)”, afirma Menchú.
El 30 por ciento de los casos de violencia sexual contra menores de edad registrados son cometidos por el padre biológico de la niña, explica Mirna Montenegro, directora de OSAR. “¿Cómo puedes entender eso? Por un sistema patriarcal en donde el padre o el abuelo piensa que el cuerpo de su hija es su propiedad. Bajo este concepto patriarcal se entiende la violencia sexual. ¿Qué otra cosa tiene que ver con la violencia sexual? La impunidad”, aseveró. Según la doctora, las 47,864 niñas embarazadas hasta octubre de este año, son 47,864 casos de violencia sexual.
Los nacimientos en niñas menores de 14 años son catalogados como delitos de violencia sexual con agravación de la pena (12-20 años de prisión). Sin embargo, la mayoría de los casos queda impune. “Un estudio de Human Rights hace el recuento del 2018 para el 2024 y de todas las denuncias que se interpusieron solo un 1 por ciento llegó a juicio. El otro 99 por ciento se quedó en la impunidad”, resaltó Montenegro.
Además, el sistema de justicia en lugar de repararlas, revictimiza a las menores de edad al pedirles que reconstruyan los hechos más de una vez o poner en duda su testimonio. Por otro lado, los casos demoran en llegar a juicio casi cuatro o cinco años después del hecho.
A la impunidad se suma un sistema de protección social que responde con una lentitud proverbial. La ruta de atención integral define un bono especial para las niñas embarazadas a través del Programa Vida, un aporte de Q2,500 que reciben seis o siete veces al año a través del Ministerio de Desarrollo Social para cubrir gastos de alimentación, transporte y salud.
Sin embargo, para que una niña pueda ingresar al Programa Vida debe de llenar una serie de requisitos, entre ellos la judicialización del caso. El proceso para ingresar a una niña embarazada como beneficiaria del programa tarda aproximadamente dos años. “Mientras tanto, el embarazo y el parto deben ser asumidos por la niña y su familia que en muchos casos viven en condiciones de pobreza extrema”, señala el informe Situación de la Niñez y Adolescencia en Guatemala 2022-2024. Niñas teniendo niños de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG).
“Para ese entonces la niña ya se ha desnutrido, el bebé ya nació. Esto sucede porque para el sistema las niñas son invisibles. Nosotros sacamos los datos para resaltar esta situación: ahí están y se tiene la obligación de atenderlas a ellas y a sus bebés”, agregó la directora de OSAR.
Otra de las deudas institucionales señaladas por Montenegro es a cuenta del Ministerio de Educación. Las niñas embarazadas abandonan el centro educativo y el MINEDUC no tiene programas para reincorporar a la menor de edad. “Realmente la niña no debería perder su derecho a recibir educación. Lo que tenemos que hacer son programas alternativos en la radio, fines de semana y demás para que la niña logre estar dentro del sistema educativo”, agrega.
En el camino del muelle que conecta al Lago de Atitlán con la población de Santa Catarina Palopó se ubica una escuela pública. El acceso a la educación es un derecho desigual en el país. El 38.8% de la población total de Guatemala se encuentra entre las edades de 0 y 17 años. El Instituto Nacional de Estadística estimó que para 2026 habrá 6,566,042 niños, niñas y adolescentes. Foto: Isela Espinoza
Un paisaje que no es de postal
Cada año el número de niñas-madres aumenta. Entre enero y octubre de 2025, 47,864 niñas y adolescentes se convirtieron en madres, según OSAR Guatemala. 1,803 son niñas que van de los 10 a los 14 años. 46,061 oscilan entre los 15 y 19 años. Las cifras son alarmantes frente a las registradas en 2023 (24,696) y 2024 (25,669). Pero a nadie alarman.
“En Guatemala, sigue siendo “normal” que las niñas y adolescentes, desde los 10 años, queden embarazadas e interrumpan su proceso de desarrollo. Sigue siendo “normal” que vivan abusos desde los 5 o 6 años. Sigue siendo “normal” que toda la familia lo sepa y haga silencio, porque el abusador es el que mantiene a todos. Sigue siendo “normal” que las violen, porque lo mismo le pasó a la abuela, la madre, la tía y la hermana. Sigue siendo “normal” que millones de bebés nazcan como producto de un hecho de violencia”, escribía en 2024 Carolina Escobar Sarti en una columna de opinión titulada Lo “normal” que no es normal.
Hasta ahora para la sociedad solo son cifras, pero para las propias niñas el embarazo grita la vulneración de sus derechos, una historia de violencia sexual, de pobreza y discriminación, las expone a la muerte prematura, a continuar el ciclo de miseria, a vivir sometidas al patriarcado, a ver inerrumplido de tajo su proyecto de vida.
Organizaciones de mujeres y de la sociedad civil que participaron en septiembre en una Mesa Multisectorial de Prevención y Atención a Embarazos en niñas menores de 14 años organizado por Mercedes Monzón, diputada por Sacatepéquez y electa por el Movimiento Semilla, se concentraron en las demandas hacia las instituciones que integran la ruta de abordaje de embarazos en niñas y adolescentes, entre ellas el MINEDUC. A este ministerio en particular le interpelaron sobre la falta de educación integral y sexual.
El sistema educativo debería ser un punto clave para detectar en las niñas comportamientos que podrían indicar que son víctimas de violencia sexual. De ahí que platearan la necesidad de impulsar campañas dentro de las instituciones educativas que señalen cómo prevenir la violencia sexual o la de que tanto maestros como padres de familia cuenten con un protocolo con orientación que les ayude a identificar las señales de alerta sobre este tipo de violencia. Además, insistieron en que debe considerarse una prioridad presupuestaria contar con la presencia de psicólogas en los centros educativos.
Imagen del registro que realiza OSAR sobre los embarazos en niñas y adolescentes. Los datos corresponden hasta octubre de 2025
Todas las organizaciones sociales involucradas en atender embarazos infantiles resaltan la importancia de prevenir los casos de violencia sexual. Entender los contextos culturales que hay en el país llevaría a poder diseñar estrategias de reducción de violencia sexual en general y, con ello, el embarazo en niñas.
“Solo con que la violencia sexual se reconociera como una emergencia médica se podrían evitar embarazos en las niñas y adolescentes. Además ayudaría a brindarles atención psicológica y prevenir infecciones de transmisión sexual. Pero, no tenemos esa cultura de pensar que la violencia sexual es una emergencia médica”, agregó Montenegro.
A nivel político, también se visualizan desafíos para promover una ley que apueste por una educación integral en sexualidad ya que los sectores conservadores tienen diputados y diputadas que imponen sus valores religiosos.
“Cualquier intento de promover (los derechos sexuales y reproductivos) se vuelve una disputa y utilizan eso como herramienta para el desgaste político de quienes intentamos avanzar en esa materia”, señala la diputada oficialista Mercedes Monzón.
En opinión de la diputada, el aumento en las cifras de niñas embarazadas “ puede ser una cuestión positiva porque quiere decir que ganamos en cultura de denuncia y eso nos ayuda a visibilizar una problemática que está enraizada en la cultura guatemalteca”.
Monzón señala que el objetivo de convocar a una Mesa Multisectorial de Prevención y Atención a Embarazos en niñas menores de 14 años es poder trabajar en una agenda legislativa que promueva y apoye a las infancias y adolescentes que viven violencia sexual. Sin embargo, dice: “Guatemala no está preparada para este tipo de legislación por el ecosistema político en el que estamos”. Monzon advierte que cualquier iniciativa que se impulse “con buena intención” podría implicar, gracias a las fuerzas conservadoras, un retroceso en materia de derechos humanos de las niñas y las mujeres.
Desde 2022 existe la iniciativa de ley 6157: Ley de Educación Integral en Sexualidad. Entre sus objetivos está atender la problemática de los embarazos en menores de edad. En contraparte, diputados conservadores han presentado dos iniciativas que atentan contra los derechos sexuales y reproductivos.
Monzón afirma que han tenido “pequeñas batallas ganadas” entre ellas haber logrado sacar de la Comisión del Menor y la Familia una iniciativa que criminaliza a la población LGBTIQ+ y la educación sexual. Y sin embargo, la diputada lamenta que en el aspecto político no se puede avanzar “debido al posicionamiento mayoritario de congresistas conservadores con discursos religiosos instrumentalizan y satanizan temas como la educación sexual o el aborto”.
La directora de ADEMKAN coincide en que hablar de los derechos sexuales y reproductivos requiere de una conciencia laica. “Podemos ejercer personalmente nuestra espiritualidad, pero nunca involucrar los valores religiosos en la temática que abordamos porque eso tiene que ver con el derecho a decidir de otros”, comentó.
“La falta de voluntad y compromiso político y todo el abuso de poder de los corruptos definitivamente aterriza en los cuerpos de las mujeres. Los derechos sexuales y reproductivos nunca han sido de interés”, concluye Menchú.
La realidad desnuda, sin falsos milagros, que muestra Sololá es el retrato de un país que continúa sin reconocer los casos de niñas embarazadas como violencia sexual y una emergencia nacional que no debería admitir ser pospuesta.
El puesto de salud de Santa Catarina Palopó atiende a caseríos lejanos del municipio cuyo acceso de infraestructura vial dificulta el traslado de emergencias. Actualmente, el personal sanitario establece alianzas con comadronas y miembros del consejo municipal debido a que la población gestante se niega a acudir a un control por falta de información de las consecuencias de un embarazo de alto riesgo y la limitación del tiempo por sus trabajos domésticos, de cuidado hacia otras personas, entre otros factores. Foto: Isela Espinoza
Este reportaje fue realizado con el apoyo de la International Women’s Media Foundation (IWMF) como parte de su iniciativa de ¡Exprésate! en América Latina.
Ruda
En el marco del Día Internacional de la Mujer #8M, se presentó el monitoreo sobre los embarazos forzados en niñas y adolescentes menores de 14 años y la violencia sexual, en el período comprendido de enero a diciembre de 2023. El Grupo Multidisciplinario para la defensa de los derechos sexuales y derechos reproductivos y el Mirador de los derechos sexuales y reproductivos, demandaron atención a estas problemáticas, se han registrado aproximadamente 7 mil 859 casos de violencia contra mujeres, los cuales han quedado en impunidad.
%20Ruda_Tintas%20embarazo%20adolescente_780x409.png)
Xinia Guzmán Navarro
En la prevención del embarazo adolescente en Centroamérica se encuentra aún rezagos profundos en las distintas áreas que deberían estar involucradas en ello, tanto en la salud, la educación, la justicia, las cuales siguen siendo constantemente debilitadas. Esto solo agrava el panorama para las adolescentes en la región ante la garantía de sus derechos sexuales y reproductivos.
-Ruda_Murales_780x409.png)
%20Ruda_Ni%C3%B1as%20no%20madres_780x409.png)
Ruda
Son niñas que aún querían jugar con sus muñecas porque apenas estaban tomando consciencia de su entorno, descubriendolo y adaptándose, un proceso normal a los 9 o 10 años de edad. Pero sus sueños fueron destruídos de golpe y la vida les cambió para siempre por culpa de un abusador y depredador sexual, que en la mayoría de casos convive todos los días con ellas, sigue en el anonimato e impunidad.