En 2024, durante un megaoperativo de impacto internacional, decenas de infantes de esta comunidad judía ultraortodoxa fueron separados a la fuerza de sus familias en Guatemala.  El fin, según las autoridades, era rescatarlos de presuntos abusos sexuales y otros tipos de maltrato.

Sin embargo, sus familiares acusan que al interior de los albergues vivieron diversos episodios de violencia. Incluso, existen al menos dos denuncias por agresión sexual a menores de edad por servidores públicos.

Luego de casi 15 meses, todos regresaron con sus familias, a una comunidad disuelta. La mayoría se fue al exilio.

Por Mariela Castañón y Carlos Gutiérrez 

La historia de los judíos ultraortodoxos Lev Tahor (corazón puro, en hebreo) está marcada por la migración constante y expulsiones de países como Estados Unidos, México, Canadá y, recientemente, Colombia. Algunos medios de comunicación los llaman “talibanes judíos” porque abundan acusaciones e incluso la cárcel para algunos de sus líderes por delitos sexuales, trata y secuestro de menores de edad. Los señalamientos incluyen promover matrimonios infantiles, así como descuidar la salud e higiene de sus hijos.

Los Lev Tahor llegaron a Guatemala hace más de una década. En este país ocurrió uno de sus escándalos más sonados en la prensa internacional: el 20 de diciembre de 2024, la fuerza pública y otras entidades llevaron a cabo un enorme operativo en la aldea El Amatillo, departamento de Santa Rosa. Según las autoridades, rescataron a 160 niñas, niños y adolescentes de posibles agresiones sexuales dentro de la misma comunidad.

Imágenes del operativo en la aldea El Amatillo. Fotografías: Ministerio Público y Ministerio de Gobernación de Guatemala.

Llevaban consigo una orden de captura contra un salvadoreño de 24 años identificado en redes sociales y medios de comunicación como “presunto líder” en Guatemala de Lev Tahor. Cuatro adolescentes que escaparon de esa agrupación lo habían denunciado ante el Ministerio Público (MP) por supuestos delitos sexuales. 

Frente al juez que autorizó ese despliegue, el auxiliar fiscal del MP, refirió el dictamen de una perito del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), especialista que comprobó signos físicos de abuso sexual en contra de uno de estos cuatro menores de edad, con “un palo de escoba en el ano”, entre otras prácticas.

Fragmento de la comparecencia, obtenida para esta investigación periodística, del auxiliar fiscal del Ministerio Público, ante el juez. Pide autorización para el allanamiento del 20 de diciembre de 2024, en El Amatillo.

En la audiencia ante el juez en 2024, el auxiliar fiscal también solicitó de forma urgente la diligencia de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia, en la aldea. El temor era que otros menores de edad también estuvieran siendo víctimas de crímenes sexuales como abuso y pornografía infantil o juvenil.

Durante el megaoperativo, el salvadoreño no estaba en El Amatillo. Fue capturado en El Salvador días después y extraditado a Guatemala, donde, hasta el cierre de esta investigación, se encontraba en prisión preventiva por los delitos de maltrato y violación contra menores de edad.

Los acontecimientos, sin embargo, no ocurrieron tal como trascendió públicamente. Este trabajo periodístico de Nuestras Historias, CONNECTAS, Plaza Pública, Ruda y Prensa Comunitaria exhibe documentos y testimonios que ponen en duda si en este caso hubo excesos y negligencia de las autoridades guatemaltecas.

El primero de ellos es el informe oficial del MP sobre el megaoperativo, obtenido para esta investigación periodística. Ahí se demuestra que durante la intervención no se hallaron evidencias de que alguno de esos 160 menores de edad hubiera sido víctima de abuso sexual ni de pornografía. 

En segundo lugar, los mismos familiares aseguran que esas niñas, niños y adolescentes que fueron puestos al cuidado del Estado sufrieron distintos tipos de violencia en las casas hogares donde permanecieron institucionalizados entre 4 y casi 15 meses. De hecho, existen al menos dos denuncias interpuestas ante el MP por presuntas agresiones sexuales a un niño y un adolescente por parte de trabajadores, las cuales, al cierre de esta investigación, no habían sido resueltas por las autoridades competentes. 

Los infantes fueron devueltos con sus familias bajo la condición de que sus papás y mamás acudieran a una Escuela de Padres, programa que les enseña a criar a sus hijos con amor y respeto, además que los llevaran a vivir a lugares en condiciones adecuadas para su bienestar. Pero no pudieron regresar a su comunidad en El Amatillo, pues los jueces les ordenaron no volver a estar juntos, de acuerdo con testimonios de las propias familias. Además, solicitaron a los padres mejorar el cuidado hacia sus hijas e hijos. 

Aún hay investigaciones en curso. Vía mensaje de Whatsapp, de la oficina de Comunicación Social de la Procuraduría General de la Nación (PGN) informaron que “todos los niños se encuentran con recurso familiar. Algunos están en Guatemala, otros en Estados Unidos y otros en Israel. Asimismo, se tiene conocimiento de que una de las señoras salió con sus hijos del país, pese a existir una disposición judicial que ordenaba otro aspecto, evadiendo el proceso y que presuntamente se encuentra en Ecuador”.  A la fecha 42 menores de edad continúan en Guatemala.

La familia de Uriel Goldman es una de las que se fue de Guatemala. Compartió un video el 31 de julio de 2025 cuando su esposa, Liba, salía del juzgado tras recuperar a sus hijos.

La familia Goldman saliendo del juzgado, luego de recuperar la custodia de sus hijos. Video: cortesía Uriel Goldman.

Lo acompañó del siguiente mensaje, antes de abandonar el país: “Ya están afuera. Irán unos minutos a la casa. Solo alquilamos siete meses. Para todos los niños, compramos camas. Ahora vamos a dejar todo y empezar de nuevo. Ese es un problema pequeño, porque ahora ya tenemos a los niños y mi esposa va a viajar de una vez al aeropuerto”. 

Este trabajo periodístico evidencia cómo las tensiones entre los Lev Tahor y las autoridades guatemaltecas dejaron a los pequeños en medio de una disputa llena de estigmatizaciones, enfrentamientos entre judíos y autoridades, señalamientos de violencia sexual y acusaciones de parte y parte. 

Un operativo desmedido

La organización Lev Tahor aparece en el registro de entidades religiosas del Ministerio de Gobernación bajo el nombre de Asociación Jajme Bovel Guatemala. Ha estado envuelta en polémicas desde sus orígenes. 

El rabino Shlomo Helbrans la fundó en Jerusalén, en 1988, con la promesa de practicar un judaísmo apegado a la doctrina original, y dos años después se mudó a Estados Unidos. En 1993 fue condenado por el secuestro de un adolescente norteamericano y obtuvo la libertad condicional en 1996. Luego se refugió en Canadá, con su comunidad, y más tarde llegó a México, donde murió. 

Lo sucedió su hijo Nachman, que hoy paga una condena de 12 años de prisión en Nueva York por el secuestro de dos sobrinos suyos. Recientemente, un par de miembros más de la comunidad fueron extraditados de Guatemala a México por su posible participación en trata de personas para matrimonios infantiles.

Rick Alan Ross. Especialista en sectas y fundador y director ejecutivo de Cult Education Institute. Explica que la organización Lev Tahor cumple con la definición de “culto destructivo”. Video difundido en redes sociales de la PGN.

Una de las principales acusaciones contra los Lev Tahor es justamente practicar el matrimonio adolescente, prohibido en varias naciones. De hecho, en Guatemala es penalizado en cualquier circunstancia. 

Para esta comunidad, no obstante, dicha prohibición es un dilema religioso, porque viven con base en La Torá, como expone Iván Cherjovsky, académico en la Universidad de Buenos Aires y quien integra el Núcleo de Estudios Judíos/IDES. Para los judíos ortodoxos, afirma el investigador, los adolescentes pueden casarse porque un hombre de 13 años y una mujer de 12 años ya son adultos.

En una investigación sobre casamientos en el judaísmo, la investigadora Cayetana H. Johnson, de la Universidad Eclesiástica San Dámaso de Madrid, explica que, en el contexto del Israel bíblico, los menores “están excluidos de contraer matrimonio”. Se refiere exclusivamente a quienes no han alcanzado la pubertad. 

Las tensiones entre los Lev Tahor y el Estado guatemalteco alcanzaron su punto máximo aquel 20 de diciembre, cuando personas de las fuerzas especiales irrumpieron en El Amatillo. Tenían permiso para acceder a todos los sistemas operativos y aparatos electrónicos, bajo la sospecha de que en ellos había material pornográfico infantil y juvenil. 

Lo anterior porque los cuatro adolescentes que denunciaron las agresiones del salvadoreño dijeron que líderes Lev Tahor los obligaban a grabarse teniendo relaciones sexuales con sus esposas, también menores de edad para la ley guatemalteca. Según sus versiones, el fin era asegurar que quedaran embarazadas. 

Lucrecia Prera, jefa de la Procuraduría de Niñez y Adolescencia de la PGN, afirma que en 2024 recibieron aproximadamente 20 “denuncias anónimas” en contra de miembros Lev Tahor por presunta violencia contra menores de edad al interior de la comunidad. Incluso, una persona “decía que había visto niñas que estaban embarazadas”.

También informa que intervinieron la comunidad varias veces antes del operativo de diciembre, con el fin de constatar el estado de las niñas, niños y adolescentes. En 2024, “acompañamos y promovimos 18 exhibiciones personales”, dice Prera. Pero “los resultados fueron infructuosos”, porque los judíos Lev Tahor no colaboraron, por lo que no podían saber “si las denuncias que se tenían contra ellos eran ciertas o falsas”.

Consultamos con Reyes Juárez las razones del MP para llevarse a los niños. Explica que los adultos Lev Tahor vulneraron el derecho de identidad de los menores de edad, “al no indicar quiénes eran los padres, su nombre, nacionalidad y también por las denuncias que había tenido la PGN, donde mencionaban maltratos, embarazos y matrimonios forzados”.

El informe del MP da cuenta de la magnitud del operativo ese 20 de diciembre: participaron más de 400 integrantes de la Policía Nacional Civil (PNC), agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), fiscales y auxiliares del MP, técnicos de informática y analistas, así como 70 militares, patrullas y perros entrenados. Las familias narran que sobrevolaron helicópteros.

La noticia del enorme despliegue de fuerzas del Estado en Guatemala tuvo alcance mundial y varias exageraciones. Por ejemplo, el entonces ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, publicó en X que el “operativo permitió el rescate de 160 menores que presuntamente eran abusados por un miembro Lev Tahor”, sin evidencia de que alguno de esos niños hubiera sido víctima de ese supuesto líder judío.

Por otro lado, el informe del MP también contradice la versión original de que los miembros de la comunidad pusieron resistencia para que las autoridades ingresaran a la finca el 20 de diciembre. Según consigna, adentro solo había “aproximadamente” 28 hombres, así como varias mujeres, niñas, niños y adolescentes, quienes corrieron a refugiarse a la sinagoga. 

Liba Goldman, madre de ocho hijos de entre 5 y 16 años; Miryam Rubin, madre de dos niñas, y Miriam Rosner, mamá de seis niños de 2 a 11 años, cuentan cómo vivieron el allanamiento del 20 de diciembre de 2024. https://www.connectas.org/especiales/ninos-lev-tahor/assets/mujeres1_desktop.mp4

De acuerdo con el documento del MP, cuando las autoridades les preguntaron su nombre, nacionalidad y rol dentro de la congregación, los Lev Tahor “se pusieron a danzar, gritar y cantar”. No permitieron verificar el estado de salud de los menores de edad, quienes “gritaban sin razón”, y por ello presumieron que su seguridad podía estar en riesgo e intentaron entrar a la sinagoga. Al no conseguirlo, “con autorización de las autoridades máximas de cada institución”, decidieron “utilizar la fuerza pública”. El objetivo era “apartar a los varones adultos de las mujeres y niños”.

Así, 205 personas —mujeres adultas y los 160 menores de edad— fueron llevadas, primero, a las instalaciones de la PGN; luego, a un Juzgado de Paz y, finalmente, a hogares de la Secretaría de Bienestar Social (SBS) para quedar bajo la protección del Estado. 

En su informe, el MP reconoce que durante el allanamiento no encontraron nada ilícito. No detectaron material pornográfico infantil o juvenil y en toda la aldea solo había el equivalente a 100 dólares en moneda local, así como documentos simples con grafía impresa y manuscrita, certificados de nacimiento y un pasaporte sin valor para la investigación. 

Violencia en albergues del Estado

A dos días de empezar la institucionalización de los menores en centros estatales de protección, la PGN reportó que miembros de la comunidad Lev Tahor “forzaron el portón” del Centro de Educación Especial Alida España de Arana. Sustrajeron a menores de edad y provocaron “su dispersión en calles aledañas”. El lugar estaba a cargo de la SBS. La Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) conformó equipos multidisciplinarios para localizar a las niñas, niños y adolescentes, según comunicado de la entidad. 

Ese hecho provocó que las mujeres y los infantes fueran llevados ante un juez, quien ordenó cambiarlos de residencia a Casa Nuestras Raíces, también a cargo de la SBS. Además, pidió vigilancia policial, pese a lo cual ocurrieron varios incidentes violentos dentro de ese lugar. 

Uno de ellos comenzó el 7 de enero, porque al parecer los niños protestaron por la comida que les daban. De acuerdo con sus creencias religiosas, los judíos ortodoxos solo comen alimentos kosher, que siguen normas de pureza y preparación según dictan sus sagradas escrituras. 

La SBS aseguró en un comunicado que, durante tres noches seguidas, niñas, niños, adolescentes y mujeres adultas Lev Tahor alteraron el orden, destruyeron muebles y lo que encontraron a su paso. Además, atacaron al personal de la SBS y a los policías. 

Las familias denuncian que, para tratar de controlar la situación, las autoridades les rociaron gases lacrimógenos. “Fueron días de terror”, reconoce Marvin Rabanales García, secretario de Bienestar Social al hablar sobre lo ocurrido. 

Tiempo después, personal de la SBS desalojó de Casa Nuestras Raíces a las madres Lev Tahor y mandó a los menores de edad a diferentes albergues. Una fuente de alto rango del Juzgado de Primera Instancia de la Niñez y la Adolescencia del Área Metropolitana reveló bajo anonimato que, durante el desalojo, las autoridades confundieron a personas adolescentes con adultas y las sacaron por la fuerza.

Liba Goldman dice que la expulsión fue “miserable” porque, efectivamente, las autoridades echaron a menores de edad a la calle. “Agarraron a cualquiera que pensaron que era mayor de 18 años”. Su hija fue una de ellas y estaba embarazada.https://www.connectas.org/especiales/ninos-lev-tahor/assets/loop_nlt.mp4

Operativo por parte de las autoridades de la SBS para desalojar a las madres de la Casa Nuestras Raíces por temor a que envenenaran a sus hijos. Video cortesía Darío Vásquez Pérez, abogado de las familias Lev Tahor.

La subsecretaria de Protección y Acogimiento de la Niñez y la Adolescencia de la SBS, María José Ortiz Samayoa, reconoce que era muy difícil documentar a las personas, pues muchos usan el mismo nombre o apellido o tienen unas combinaciones que pudieron conducir al error. 

“Esa noche –relata–, los equipos que estaban a cargo de hacer la separación en cada una de las habitaciones donde se encontraban las personas llevaban una hoja impresa donde estaba la información de cada una de las mujeres que aparecían como adultas para ser retiradas de las instalaciones. Es decir, se hizo contra registro, uno por uno. Fue un operativo donde participó bastante personal. Eran alrededor de 150 personas de SBS y 250 de la Policía Nacional Civil”.

Cuatro días después, la PGN activó Alertas Alba-Keneth, un sistema interinstitucional de búsqueda, localización y resguardo de niños desaparecidos o sustraídos, por la desaparición de 12 adolescentes Lev Tahor que estaban en la casa hogar. Ello porque “realizó de oficio una diligencia de constatación, como parte de las investigaciones derivadas de denuncia por vulneraciones a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes” y se “desconocía el paradero” de esos adolescentes, según respondió vía información pública.

Además, la subsecretaria añade que el desalojo ocurrió porque, al parecer, autoridades de Estados Unidos interceptaron la comunicación de un líder Lev Tahor detenido en Nueva York y dedujeron que las madres envenenarían a sus hijos. 

¿Cómo la interceptaron? “No sabemos —responde Rabanales García—. Eso lo hizo Estados Unidos. Habría que preguntarles a ellos”. Para conocer su versión, buscamos a la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, pero no respondió a la solicitud.

Dos hermanos que fueron institucionalizados después del operativo de diciembre de 2024 relatan en un español muy básico que en el hogar les prohibían comer los alimentos que su mamá les llevaba porque podían tener veneno. 

En entrevista, el relator de la Región Metropolitana de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura (OPT), Franck Steven Rios, reconoce que fue él quien pidió a los jueces desalojar a las madres y da una versión distinta sobre el origen de la amenaza de envenenamiento.

Comunicado de la Secretaría de Bienestar Social donde comunica el exitoso desalojo de las madres Lev Tahor de Casa Nuestras Raíces.

Cuenta que su oficina recibió “una denuncia anónima”, lo que los habilitó para ingresar al albergue y entrevistar a monitores y policías y que estuvieron en contacto con personal de la SBS y de la PGN, en comunicación con la Embajada de Israel. También se basaron en información obtenida en internet. “Tenemos antecedentes históricos de este tipo de comunidades, que incluso el mismo gobierno de Israel ha denominado secta y que tienen tendencias suicidas”.

Por su parte, la Unidad de Acceso a la Información Pública de la OPT respondió no tener conocimiento de ninguna denuncia o documento sobre la presunta intención de las madres judías de envenenar a sus hijos.

Denuncias por abuso sexual

El abogado de las familias, Darío Vásquez Pérez, compartió a este equipo periodístico copias de las denuncias que, en febrero de 2025, presentaron familiares ante la Fiscalía contra la Trata de Personas del MP. En una, acusan que un niño de 11 años fue presuntamente obligado a tener relaciones sexuales con trabajadores de la SBS, que lo abrazaban y promovían que otros infantes lo molestaran. La madre dice no recordar el lugar en el que estaba institucionalizado su hijo, solo que es un lugar ubicado en zona 13.  

“Ellos (de la SBS) lo estaban forzando a hacer cosas malas y sucias, cosas que los hombres hacen con las mujeres, que solo las parejas que ya están casadas saben estas cosas, que uno de los hombres se baja el pantalón y luego los niños al verlo huyen porque no quieren ver las cosas malas”, se lee en el documento. 

Fragmento de la denuncia interpuesta ante la Fiscalía contra la Trata de Personas del Ministerio Público guatemalteco.

A través de solicitud de información pública se solicitó al MP que compartiera su propia copia del documento y que informara sobre el estado de esta denuncia. Argumentó que no estaba en posibilidades de hacerlo “por ser información reservada por disposición legal”. 

Fragmentos de la solicitud a la Unidad de Acceso a la Información Pública de la denuncia interpuesta ante la Fiscalía contra la Trata de Personas del Ministerio Público guatemalteco.

En otra denuncia, la presunta víctima es un adolescente de 15 años, quien también presuntamente fue abusado sexualmente por personal de la SBS. Dice lo siguiente: “los de la SBS le dijeron a mi hijo que se quitara el pantalón, otro ejemplo es que le dicen a él que nadie va a ver, le dicen ‘nadie lo vera, solo somos tu y yo (sic)’, les dicen que se toquen y que hagan eso entre ellos hasta que terminen”.  

Testimonio de la persona que interpuso una denuncia ante la Fiscalía contra la Trata de Personas del Ministerio Público guatemalteco, por un presunto caso de abuso sexual en contra de un menor de 11 años por personal de la Secretaría del Bienestar Social. Crédito: Isaí Ramírez.

Ambas denuncias fueron firmadas por la auxiliar fiscal, así como por una psicóloga de la misma Fiscalía y por una traductora jurada y certificada.

Esos no son los únicos casos que reportan las familias. En una relatoría por escrito compartida para esta investigación, Vásquez Pérez narra varias historias de niños que fueron presuntas víctimas de agresiones sexuales, tocamientos y exposición a contenido pornográfico también dentro de las residencias a cargo de la SBS. En uno de los párrafos, dice: “En una ocasión, un empleado de la SBS se encontraba únicamente en presencia de tres adolescentes de la Comunidad Lev Tahor y en un acto de abuso de poder y conducta inapropiada procedió a despojarse de su pantalón y ropa interior frente a ellos al mismo tiempo que profirió expresiones de contenido sexual como ‘vamos a chingar juntos, esto les va a gustar’”.

La subsecretaria Ortiz Samayoa niega estas versiones: “Eso no ha ocurrido. No se les va a poner a ver pornografía a los chicos. Si hubiera alguna denuncia concreta, haríamos un proceso disciplinario concreto y una denuncia penal concreta”. 

A su vez, en respuesta a una solicitud de información pública sobre posibles acciones penales y legales por estas presuntas conductas, la SBS informó la “inexistencia” de este tipo de denuncias. Debido a ello, “no puede iniciar procesos administrativos en contra de los trabajadores”.

Medidas cuestionables

El Estado guatemalteco usa la institucionalización como mecanismo de cuidado para proteger a los menores de edad de violencia o abuso sexual en su entorno familiar. Sin embargo, tiene “una carga sobre su espalda” porque históricamente se ha excedido al usar esta medida, enfatiza Luis Pedernera, expresidente del Comité de los Derechos del Niño de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) alerta que, tan solo en 2024, registró aproximadamente 5,000 niños institucionalizados, pese a que un 94 % de ellos tenía algún familiar que podía acogerlos en su hogar de manera segura. 

Rueda de prensa de Julio Roberto Saavedra Pinetta, procurador General de la Nación (10 de marzo de 2025). 

Para Anally Maldonado, coordinadora del Centro de Atención de la Asociación Nacional Contra el Maltrato Infantil (Conacmi), una de las organizaciones sociales a cargo de las escuelas para padres, en la institucionalización de los 160 menores Lev Tahor “no se respetó la dieta e identidad cultural”. Agrega que, en lugar de darles protección a los infantes, se les criminalizó. Eso “llevó a la separación de las familias durante varios meses, lo cual repercutió en la salud mental de los niños, que reflejaron síntomas de depresión”. 

En principio, “la intervención tan agresiva” en El Amatillo estuvo legalmente justificada, dice Esteban Celada, director general de la Sociedad de Profesionales por la Dignidad y la Justicia (IUS Dignitas). 

Una fuente de alto nivel en el Juzgado de Primera Instancia de la Niñez y Adolescencia del área Metropolitana afirma, bajo anonimato, que después del operativo comprobaron algunas afectaciones en los menores de edad. Por ejemplo, mala salud bucal, falta de alimentación balanceada por la dieta rígida que seguían y no asistían a la escuela porque su formación académica se limitaba a la lectura de La Torá. 

Sin embargo, Celada critica que luego del megaoperativo pudo haber existido abuso de autoridad y exceso en el uso del derecho penal para la protección de los derechos de los infantes. “Por lo menos (tuvieron) que haber entrevistado a más de alguna de las víctimas directas” para evitar dudas sobre el debido proceso. 

Yehuda (nombre cambiado, por solicitud del entrevistado) es un hombre alto y delgado, distante y serio. En un español poco fluido cuenta que estuvo separado de sus tres hijos 138 días. Lograron reunirse porque el juez no encontró “nada malo” para que él y su esposa pudieran hacerse cargo de ellos.  

Just a moment...

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Yehuda, miembro de la comunidad religiosa Lev Tahor. Nombre no real a solicitud del entrevistado. Crédito: Isaí Ramírez.

A Miriam le devolvieron a sus hijos cuatro meses después del megaoperativo, tras asistir a la escuela para padres. Rentó una casa alejada de la comunidad y presentó los informes psicológicos que le fueron solicitados. Pero a pocas semanas después le volvieron a quitar a sus pequeños, porque la PGN consideró que estaban en riesgo y, para demostrarlo, tomó una foto cuando la niña de tres años caminaba cerca de una baranda del segundo nivel y la presentó al juzgado. 

Este último condicionó a Miriam para que buscara un nuevo espacio que garantizara la seguridad de sus hijos. Así lo hizo y le regresaron a su familia. Ahora renta un apartamento en un primer nivel.

Casi un año después del megaoperativo, los titulares se trasladaron a Colombia, donde el 23 de noviembre las autoridades detuvieron a 26 integrantes Lev Tahor provenientes de Estados Unidos y Panamá. En el grupo había 9 adultos y 17 niños, 5 de ellos con alerta amarilla vigente de Interpol, “posibles víctimas de trata de personas y secuestro”, informó el Gobierno colombiano en un comunicado oficial.  El 1 de diciembre, expulsó a los adultos y puso a disposición de Child Protective Services en Nueva York a los 17 menores de edad. 

De acuerdo con reportes de Migración Colombia, “aunque todos los niños ingresaron a Colombia acompañados por al menos uno de sus padres o familiares, se alertó que en algunos casos los adultos no cuentan con custodia legal vigente debido a órdenes de autoridades judiciales y administrativas en los Estados Unidos, situación que originó la alerta preventiva de Interpol”. 

En un comunicado de prensa, el 31 de diciembre de 2025, la ONG Valientes Colombia, que trabaja para prevenir y erradicar el tráfico de niños, niñas y adolescentes con fines de explotación sexual comercial, acusa que la narrativa de Migración Colombia es “falsa, estigmatizante y contradictoria”. Ello porque “se trata de familias en movimiento que podrían requerir protección internacional, no un montaje mediático”. Subraya que no se comprobaron delitos ni maltrato por miembros de la comunidad Lev Tahor, sino que se trataba de “hijos e hijas de estas familias que se encontraban juntas y que […] huían del control abusivo ejercido por varios líderes y su entorno”.

Igual que en Guatemala, el abordaje de las autoridades colombianas fue, en primer lugar, coercitivo, en vez de buscar atender las necesidades de los niños, niñas y adolescentes, y garantizar sus derechos. Estas historias muestran que, en lugar de recibir una real protección a sus derechos más básicos, los niños Lev Tahor se han visto forzados a vivir su infancia en medio de disputas legales, religiosas y políticas, rodeadas de prejuicios y dilemas morales. 

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Texto: Mariela Castañón y Carlos Gutiérrez

Acompañamiento editorial: Equipo CONNECTAS.

Diseño editorial: Jhasua Razo Quintero

Videos y fotografías: Isaí Ramírez, Omar Navarro Ballesteros, Isabel Arévalo, Mariela Castañón, así como cortesía de abogados de la comunidad Lev Tahor,  PNC, Mingob y MP.