“La prensa en Guatemala es vector de un debate público que es fuerte y que sería mucho más fuerte si hubiera más garantías”
Escrito por Isela Espinoza
Frente a las amenazas, el acoso judicial, la criminalización, la persecución, la violencia física y las campañas de desinformación contra la prensa en Guatemala, el Relator Especial para la libertad de Expresión de la CIDH, Pedro Vaca, resaltó la importancia de un mecanismo de protección a periodistas.
Por Isela Espinoza
Guatemala fue esta semana la sede de las audiencias públicas para el 195º. Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En el marco de este encuentro se facilitó el diálogo entre Estados, víctimas y organizaciones de la sociedad civil en el que se abordaron situaciones urgentes de derechos humanos como la libertad de expresión.
En el contexto de estas sesiones, el viernes 13 de marzo se presentó el informe Discursos de odio en la Convención Americana sobre Derechos Humanos: Alcance del artículo 13.5 y recomendaciones en donde participó Pedro Vaca, el Relator Especial para la libertad de Expresión de la CIDH.
En entrevista con Prensa Comunitaria habla sobre la importancia de este informe, pero también sobre la situación de la libertad de expresión en Guatemala. Desde su experiencia, destaca el mecanismo de protección para periodistas es una de las deudas pendientes del presidente Bernardo Arévalo, que inició su gobierno prometiendo la elaboración de la Política Pública para la Protección de Defensores de Derechos Humanos. Esta sería la base jurídica para la creación del mecanismo de protección para periodistas.
“El mecanismo de protección a periodistas debería ser una prioridad. El tiempo transcurre y cada día que pasa sin un mecanismo de protección en óptimo funcionamiento es un segundo más en el que un periodista en riesgo puede ser agredido o puede haber un desenlace fatal”, dijo.
¿Cuál es la importancia de presentar un informe sobre el discurso de odio?
En las Américas interpretamos el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos para medir el alcance y las eventuales restricciones del derecho a la libertad de expresión. Y a través de los años, el artículo 13.5 es la disposición que tiene para definir los discursos que no tienen protección, como los discursos de odio que tienen elementos de apología, incitación a la violencia u otra acción legal similar frente a grupos de personas.
Lo primero es situarlo como un compromiso histórico de la propia Convención con la ciudadanía de las Américas. Lo segundo tiene que ver con la ausencia de desarrollos por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es decir, mientras, por ejemplo, hay otros dilemas de la libertad de expresión que juntan la atención del periodismo con el honor de un funcionario público, que es una atención recurrente, el Sistema Interamericano en peticiones y casos y sentencias de corte carece de sentencias que hayan definido el alcance de los discursos de odio.
Lo tercero tiene que ver con el carácter prohibitivo que le asigna el artículo 13.5 a estos discursos que alcanzan un umbral extremadamente grave en términos de apología, incitación a la violencia a través de expresiones contra grupos de personas y esto ciertamente interpela las normas, pero también las sanciona cuando esto ocurra y particularmente la prevención, cómo el Estado previene que existan discursos que alcancen este umbral de apología con incitación a la violencia contra grupos de personas.
El informe tuvo que trasegar un análisis jurídico profundo porque también se advirtió que la Convención Americana tiene versiones en español, inglés, portugués y francés que son los idiomas oficiales de la Organización de Estados Americanos y este es un texto de finales de los 60. Entonces, además de ser un texto redactado en un momento e interpretado a la luz de la situación de hoy, también es un texto que tenía algunas variaciones entre versiones lingüísticas y correspondió entonces ir a los antecedentes de las discusiones que tuvieron los Estados para aproximarlo de una forma más certera a la interpretación.
¿Se identificó algún tipo de discurso de odio o desde qué plataformas se difunden?
Cuando la Comisión hace informes temáticos es un ejercicio de abstracción jurídica que también recibe participación de parte de los Estados, hay discusiones, hay deliberación dentro de la propia Comisión. Pero, los informes temáticos no son un mecanismo a través del cual se habla de situaciones y casos concretos.
Ahora, el informe es muy consciente, y la Convención también, de que las expresiones se valen de plataformas para difundirse y entonces todos los lugares a través de los cuales se pueda externar expresiones que carecen de protección, que son lugares en los cuales esperamos que los Estados implementen las recomendaciones que de un lado tienen que ver con lo normativo, es decir, animamos a revisar las legislaciones que en distintos países han empezado a surgir sobre este tema, entre otras cosas porque el artículo 13.5 es muy exigente y si esa exigencia disminuye y cualquier cosa que me desagrade es considerada un discurso de odio. Se terminaba analizando el discurso de odio y casi que cualquier cosa puede ser un discurso de odio.
Entonces, el disminuir la exigencia de criterios para los discursos de odio en realidad conspira en contra de la efectiva protección que tendrían que tener las comunidades que pueden ser destinatarias de este tipo de discursos.
En este momento Guatemala se encuentra en las elecciones de segundo grado, ¿cómo ve usted la situación para la libertad de prensa en este contexto?
Actualmente estamos desplegados en una visita que tiene que ver con el periodo de sesiones de la Comisión y esto implica que las vocerías al respecto de Guatemala y procesos institucionales recaen más en la relatora país, con lo cual no está dentro de mi campo poder hacer referencia directa. Sí puedo decir que Guatemala es uno de los Estados en los cuales la relatoría ha procurado tener un monitoreo, participamos de la visita in loco de hace unos años, también contribuimos al informe de la Comisión y por un lado hay un reconocimiento de la sociedad en general, particularmente medios y periodistas, particularmente medios comunitarios también, que hay un empeño y un esfuerzo por, ante todas las dificultades que son muchas, mantener informada la sociedad.
Creo que la prensa en Guatemala es vector de un debate público que es fuerte y que sería mucho más fuerte si hubiera más garantías, si no estuvieran algunos temores en términos de criminalización y de medidas de sanción hacia medios y periodistas. Pero también el hecho de que la Comisión esté acá, da cuenta de un Estado que recibe a la Comisión y creo que eso asigna credenciales de apertura democrática. Para que esté la Comisión en un país, tiene que haber condiciones de seguridad y de independencia para que la Comisión pueda recibir personas de toda la región y creo que eso también es importante, reconocer Guatemala como un lugar donde están pasando cosas alrededor de la agenda continental de derechos humanos y eso también ocurre a través de un reconocimiento importante a la institucionalidad que ha facilitado las condiciones para que estemos acá.
¿Quiénes están presenciando las reuniones de la CIDH?
Los períodos de sesiones de audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos son tres al año. Hace ya algunos meses, la comisión abrió una convocatoria para plantear que en Guatemala, en el mes de marzo, se realizaría nuestro periodo de audiencias. Estas son alrededor de 30 en una semana con un promedio de cuatro diarias en las cuales distintas organizaciones de la sociedad civil, víctimas y casos, le dicen a la Comisión los temas importantes a hablar como: movilidad humana, libertad de expresión, sobre el cierre de espacio público en Centroamérica. Y a partir de eso, la Comisión recibe esas solicitudes y organiza una agenda de audiencias y eso hace que Guatemala termine siendo durante esta semana un lugar donde vino gente de todo el continente, donde compartieron con la Comisión sus pareceres alrededor de la situación de libertad de expresión. También es un periodo de sesiones donde recibimos nuevos integrantes del pleno de la Comisión y es el espacio abierto para hablar tanto con organizaciones de la sociedad civil de todo el continente como con Estados. Es uno de los momentos del año más importantes para el trabajo que desarrolla la CIDH.
De las audiencias que se han desarrollado durante la semana, ¿qué es lo que más le ha llamado la atención en cuanto a libertad de expresión en el continente y Guatemala?
La libertad de expresión es un derecho que atraviesa muchos entornos de situaciones en la región. Tuvimos una audiencia muy fuerte sobre represión transnacional, básicamente con personas que han salido de lugares donde son perseguidas o donde hay represión en su contra por su pensamiento, por su actividad. Sin embargo, también empiezan a ser perseguidas en lugares de tránsito o acogida y esto genera unas dimensiones adicionales a lo que ya es una situación difícil.
Fue particularmente conmovedor para mí poderme ver con Carlos Correa, quien es el director de Espacio Público en Venezuela (una ONG dedicada a la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información). Él fue solicitante de una audiencia sobre la situación de libertad de expresión en Venezuela. Él, además de ser un integrante de la comunidad continental de libertad de expresión, a inicios del año 2025, fue desaparecido y después detenido en unas condiciones que despertaron mucha alarma. Verlo presente en una audiencia de la comisión creo que también es un símbolo de entereza, de coraje, de valentía y me parece que es muy importante contar con su presencia. Este es un espacio donde tanto en las audiencias como en los pasillos hay conversaciones todo el tiempo alrededor de derechos humanos y eso es bueno.
¿Qué urge dialogar o actuar en Guatemala sobre la libertad de expresión?
Hay una variable de la relación del poder judicial con la asignación de límites a la libertad de expresión, esto es algo que quedó muy claro en el informe de país. Después creo que también hay una historia lamentablemente larga de desprotección a la prensa regional y en territorios con episodios de violencia que en varias oportunidades alcanza la violencia letal y eso lleva a una conversación que lleva muchos años en este país sobre el despliegue de mecanismos de protección para periodistas en riesgo, creo que ha sido más el tiempo que la conversación lleva activada que el tiempo que los periodistas puedan disfrutar de un mecanismo de protección al cual pueden acudir. Creo que hay momentos en los que hay que distinguir la voluntad de hacer, de evaluar si se está haciendo o no algo y creo que el mecanismo de protección a periodistas en Guatemala puede estar corriendo el riesgo de ser algo de lo que se habla mucho, pero de lo que se hace a lo mejor no tanto.
También hay, y es recurrente en mis visitas a Guatemala, pendientes de alta sensibilidad como puede ser el cumplimiento de sentencias de la Corte Interamericana frente a medios comunitarios, hay un tema de organización de información estatal que ojalá se repare y eso es información del Estado, no es un asunto de diálogos ni de mesas, creo que es un asunto del Estado tiene que saber cuál es su disponibilidad y cumplir la sentencia si tiene voluntad de hacerlo.
Y para la Comisión, para la relatoría, el seguimiento del caso del periodista Jose Rubén Zamora es de alta prioridad en el país. Estamos al tanto de novedades con respecto a las restricciones que tiene y que ha tenido y, si bien hay variaciones, pues seguimos en un seguimiento constante de su situación.
¿Qué recomendaciones podría darle al Estado en cuanto a temas de periodismo comunitario?
Algo que veo en Guatemala es que en la fragilidad de las garantías, lo que hay de periodismo y de periodismo comunitario es impresionante. Es decir, es un país que tiene bastantes esfuerzos en periodismo a pesar de la fragilidad de las garantías y eso a lo que me lleva es que este es un país que tiene una oportunidad valiosísima de brindar reales garantías a esa prensa, porque el capital humano que quiere hacer periodismo y que con mucho esfuerzo va a hacer periodismo está ahí.
Hay unos temas de institucionalidad democrática que, en tanto no se resuelvan, van a ser una espada de Damocles sobre la prensa guatemalteca. Es uno de los países donde es realmente sorprendente la cantidad de personas o que tiene periodistas con procesos criminales abiertos en su contra o que teme tenerlos y el hecho de perder confianza y asumir que su actividad puede ser vista, eso al final impacta la confianza interna y propia en que uno está haciendo una actividad que no va a ser perseguida.
Si se superaran muchos de estos obstáculos esa atmósfera de autocensura y miedo va a costar mucho tiempo convencerla, pero no se va a vencer de una forma distinta haciendo más y mejor periodismo. También creo que al mismo tiempo que uno reconoce a un gobierno que en su discurso público habla de derechos humanos, creo que también es importante animar a autoevaluaciones sobre qué tanto se ha venido avanzando en esas apuestas de garantizar derechos humanos.
El mecanismo de protección (para periodistas) debería ser una prioridad. El tiempo transcurre y cada día que pasa sin un mecanismo de protección en óptimo funcionamiento es un segundo más en el que un periodista en riesgo puede ser agredido o puede haber un desenlace fatal.
Cuando afirma que existen temas de institucionalidad democrática que no favorecen la libertad de prensa en Guatemala, ¿se refiere a la criminalización, la cooptación de la justicia?
Están enlistados en el informe de Guatemala, pero ciertamente la institucionalidad democrática implica que la prensa pueda ejercer su trabajo sin temor a retaliaciones y también que los procesos judiciales no entren en un eterno suspenso donde la duda es igual a la sospecha. Entonces, se necesita una justicia pronta para sancionar a los agresores contra la prensa y con eso enviar un mensaje que no está permitido agredir a periodistas, pero al mismo tiempo los suspensos sobre procesos judiciales de lo que aquí conocen como criminalización, pues es un estigma, es una etiqueta que requiere de un respaldo del poder judicial sobre el esclarecimiento de los hechos.
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Isela Espinoza
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