Honduras: el crimen de Berta Cáceres sigue impune y con limitaciones para reivindicar su lucha
Escrito por Regina Pérez
A 10 años del asesinato de la defensora del territorio lenca, Berta Cáceres, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una audiencia donde se dieron a conocer las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que se conformó en 2025, con el objetivo de investigar el crimen de la activista.
Sin embargo, durante la audiencia resaltó la actitud de representantes del Estado de Honduras que cuestionaron la legalidad del acuerdo que dio vida al GIEI, una actitud que mostró su renuencia a dar cumplimiento a las recomendaciones del informe.
Por Regina Pérez
Berta Zúñiga Cáceres, hija de la ambientalista lenca Berta Cáceres, visitó recientemente Guatemala donde participó en la audiencia de Seguimiento al Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de Honduras, el cual abordó el asesinato de Berta, hecho cometido el 2 de marzo de 2016, en La Esperanza, Intibucá.
Zúñiga, actual coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), conversó con periodistas guatemaltecos de medios independientes sobre el contenido en el informe realizado por el GIEI, los hallazgos y recomendaciones, así como parte de la audiencia de la CIDH, que se realizó en el marco del 195 periodo de sesiones, en la ciudad de Guatemala.
El GIEI se conformó en 2025 tras un acuerdo entre el COPINH, la CIDH y el Estado hondureño. En enero de 2026, se publicó el informe que contiene más de 90 recomendaciones dirigidas al Estado y sus instituciones como el Ministerio Público, Congreso, Instituto Nacional Agrario, la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, entre otras y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Estas recomendaciones “tratan de cómo podría el Estado reparar la violencia que ha habido, como entregarle la tierra a la comunidad, reconocer el derecho de propiedad de la tierra de parte de la comunidad de Río Blanco, ya que la comunidad no tiene un título a la fecha”, señaló Zúñiga.
La ambientalista Berta Cáceres fue asesinada en 2016. Foto de Goldman Environmental Prize
El crimen de Berta Cáceres se cometió en el marco de la defensa a la violación de los derechos territoriales del pueblo lenca, rechazando la instalación del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, una represa ubicada entre los departamentos de Santa Barbara e Intibucá, concesionada a la empresa Desarrollos Energéticos, S.A. (DESA), debido a la falta de consulta previa e informada a las comunidades afectadas.
El asesinato se cometió a pesar de que la ambientalista tenía medidas cautelares de la CIDH. El informe publicado por el GIEI revela que este crimen pudo haber sido evitado por el Estado que tuvo conocimiento de los planes de asesinarla al menos dos meses antes de que se cometiera, por lo tanto era prevenible.
Estado se desatiende de recomendaciones
Sin embargo, la activista, quien estuvo presente en la audiencia de la CIDH, señaló que la posición actual del Estado fue desatenderse de dichas recomendaciones y más bien se pronunciaron en la línea de la defensa de Daniel Atala, quien fue gerente financiero de DESA, quien está prófugo de la justicia.
Esto fue señalado por la relatora para Honduras, Andrea Pochack, durante la audiencia. “La CIDH ha recibido cuestionamientos a la conformación del GIEI, llamativamente esos cuestionamientos no fueron de las partes, a la falta de objetividad o supuesto conflicto de interés formulado por las organizaciones o autoridades del Estado, fueron emitidos por una persona que se encuentra imputada penalmente por el crimen de Berta”, dijo Pochack.
“Nos preocupa que la nueva gestión de gobierno se haga eco de esos cuestionamientos, que fueron rechazados por la anterior gestión, por las organizaciones y solamente son respaldados por quien con todo el derecho del mundo ejerce su derecho de defensa”. Aclaró que la CIDH no hará eco de dichos cuestionamientos y que pondera de quien provienen dichas críticas.
Audiencia de la CIDH donde se conoció informe del GIEI en el caso de Berta Cáceres. Foto de la CIDH
El argumento del Estado de Honduras es que el GIEI jamás debió entrar en vigencia y que el acuerdo contraviene de forma manifiesta la Constitución Política de ese país.
Zúñiga señaló que esperaban dicha posición del Estado, representado por José Francisco Quiroz, subprocurador de la Procuraduría General de la República (PGR), en dicha audiencia. Y una vez demostrado dicho temor, ven muy difícil que bajo la administración de este gobierno se avance en el cumplimiento de las recomendaciones.
“Para nosotras hace todo el sentido del por qué las elecciones de Honduras fueron tan disputadas, por qué se montó todo un fraude electoral, porque los grupos económicos ya están ahora mejor posicionados, tienen a sus fichas puestas”, indicó.
Los argumentos del Estado
En la audiencia, quien tomó la palabra fue el subprocurador José Francisco Quiroz, quien fue enfático en decir que al Estado hondureño le preocupa que la firma del acuerdo que dio vida al GIEI pueda resultar cuestionable desde el punto de vista del derecho constitucional hondureño y eventualmente comprometer y afectar su validez.
El funcionario señaló que al no contar con aprobación del Congreso, dicho acuerdo podría vulnerar de forma directa las normas estructurales de la Constitución de Honduras, en virtud de la afectación de competencias constitucionales atribuidas al Ministerio Público y al Poder Judicial.
Según Quiroz, al prescindir de la ratificación del Congreso, el Ejecutivo invade facultades que vician el consentimiento del Estado. “Dicho instrumento carece de validez jurídica para obligar al Estado al haber sido en abierta contravención al ordenamiento constitucional vigente. El Estado deja en claro que recibe del GIEI todos los insumos pero la acción penal y la justicia son facultades soberanas e indelegables de nuestras instituciones”, expresó ante los comisionados.
José Francisco Quiroz en la audiencia de la CIDH en representación del Estado. Foto de la CIDH
También cuestionó la independencia de los expertos que conformaron este Grupo Interdisciplinario, aunque no mencionó nombres. “El Estado ha tomado conocimiento de determinados antecedentes que plantean posibles cuestionamientos respecto a la independencia de uno de los expertos”, indicó.
El GIEI estuvo conformado por tres personas expertas de alto nivel técnico y reconocida trayectoria en derechos humanos: Roxanna Altholz, Pedro Biscay y Ricardo Guzmán. Estas personas fueron seleccionadas por la CIDH con base en criterios de idoneidad técnica, autonomía, independencia e imparcialidad.
Un crimen sin resolver
A pesar de que varios autores materiales del crimen han sido condenados, aún hay líneas de investigación que deben ser desarrolladas, según los expertos, entre ellas el rol de directivos de mayor nivel y accionistas de DESA, así como la responsabilidad del Estado.
Al iniciar su intervención, la relatora para Honduras, Andrea Pochak, rindió un homenaje a Cáceres. “Su crimen sigue reclamando memoria, verdad, justicia y reparación y ella representa muchos y muchas defensores de derechos humanos de Honduras y de la región que han sido asesinados por su trabajo de defensa de derechos humanos, un merecido homenaje a la gran Berta Cáceres”, señaló.
Andrea Pochack, Relatora para Honduras de la CIDH. Foto de la CIDH
Pochack fue enfática en señalar que “el Estado tiene obligaciones de cumplir con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos” e indicó que el informe del GIEI es un aporte para facilitar la tarea del estado en el cumplimiento de sus obligaciones.
Para la relatora, el Estado debe garantizar continuidad, sean cual sean sus autoridades, el cambio de administración de un Estado no puede implicar un desconocimiento de los compromisos asumidos, no puede afectar la seguridad jurídica de los acuerdos firmados, reiteró.
A criterio de la CIDH, los Estados son representados por el Poder Ejecutivo en las audiencias y casos, lo cual ocurrió en esta ocasión, “pero además en este caso en particular el Poder Ejecutivo fue acompañado por autoridades judiciales, el MP avaló la firma del acuerdo y eso ha permitido que los expertos pudieran tener posibilidad de conversar y colaborar con autoridades judiciales”.
Por lo tanto, rechazó que el GIEI se arrogara facultades investigativas y de juzgamiento.
Los hallazgos del informe
Durante la audiencia, la experta Roxanna Altholz dio a conocer los principales hallazgos del informe, entre estos que el Estado tuvo conocimiento de la planificación del asesinato al menos dos meses antes de que se cometiera, pero no hizo nada para evitarlo.
También se encontró que al menos 2.6 millones de dólares que provinieron de bancos internacionales como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Banco Holandés de Desarrollo Empresarial (FMO) se desviaron hacia cuentas bancarias controladas por accionistas de DESA, responsable del proyecto hidroeléctrico. Y desde estas cuentas se realizaron transferencias hacia otras cuentas vinculadas al grupo empresarial.
Posteriormente se utilizaron fondos para cubrir cheques emitidos inmediatamente después del asesinato, que fueron emitidos dentro de las 48 horas posteriores al crimen, a nombre de empleados de bajo rango de la empresa y por montos que no coincidían con sus salarios. Uno de ellos declaró que entregó el dinero al presidente de la empresa.
La investigación permitió identificar evidencia directa sobre el papel de la familia Atala Zablah en el manejo financiero de los recursos utilizados en la operación criminal. Parte de los desembolsos utilizados para pagos vinculados al crimen se canalizaron en cuentas bancarias en las que miembros de esta familia tenían control y firma autorizada.
Además, el presidente y principal accionista del proyecto era también presidente del banco donde se encontraban radicadas las cuentas utilizadas para estos pagos. “Este doble rol evidencia un conflicto de intereses estructural en el manejo de recursos financieros. El gerente financiero de la empresa responsable de supervisar estos movimientos permanece prófugo de la justicia desde 2018”, señaló.
La investigación también evidenció fallas estructurales dentro del Estado y claros indicios de captura institucional. Se documentaron vínculos entre representantes de la empresa y diversas agencias públicas, incluyendo sectores de Policía Nacional, la SERNA y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). También se registraron presiones y hostigamientos e intentos de influencia indebida sobre fiscales y policías encargados de investigar el caso. Esto refleja el grado de infiltración que los intereses empresariales alcanzaron dentro de las estructuras del Estado, señaló el GIEI.
Finalmente, se revelaron fallas graves en los sistemas de control de bancos de desarrollo que financiaron el proyecto. Las políticas de debida diligencia que estas instituciones debían aplicar en materia de riesgos de corrupción, control y desvío de fondos y prevención de lavado de dinero fueron en gran medida debilitadas o flexibilizadas mediante reglas contractuales.
Berta Zuñiga muestra el informe realizado por el GIEI sobre el asesinato de su madre. Foto de Regina Pérez
Esto permitió que una proporción significativa de los recursos del préstamo, aproximadamente 67 % de los fondos, unos 12. 4 millones de dólares, se desviaran hacia circuitos que terminaron alimentando el financiamiento de la violencia.
“Por eso que una de las conclusiones más importantes de esta investigación es que el asesinato de Berta Cáceres no puede entenderse como un hecho aislado, fue el resultado de una estructura de decisiones económicas, financiamiento y protección institucional que hizo posible el crimen. Y comprender esa estructura, seguir el dinero, reconstruir las decisiones y exponer las responsabilidades es una condición indispensable para que estos crímenes no queden en la impunidad”, puntualizó la experta Roxanna Altholz.
En tanto el experto Ricardo Guzmán Loyo leyó las recomendaciones a las diferentes instituciones del Estado hondureño, entre las cuales recomendaron profundizar investigación sobre la junta de accionistas de DESA, especialmente el rol de Jacobo Atala en el manejo de decisiones corporativas y el manejo financiero. Recomiendan extraditar a Daniel Atala y someterlo a juzgamiento por su participación en el manejo financiero.
Sobre las reparaciones en este caso se pide la revocación definitiva de la concesión del proyecto Agua Zarca que sigue vigente y la titulación colectiva de las tierras de las comunidades lencas afectadas, así como la liquidación y disolución de la empresa DESA, entre otras.
Sin embargo, dada la posición del Estado hondureño, la hija de Cáceres ve difícil que esto se cumpla, además de considerar que la estructura criminal que propició el crimen de su madre sigue activa, tratando de obstaculizar cualquier esfuerzo de buscar justicia en este caso.
Participaron de esta nota
Regina Pérez
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