GIEI: “El asesinato de Berta Cáceres fue predecible y prevenible”
Escrito por Isela Espinoza
El lunes 12 de enero, el grupo de expertos de la CIDH concluyó que el crimen de la ambientalista hondureña, en 2016, fue una operación criminal organizada por la élite empresarial de Honduras. En su informe final, recomendó al Estado garantizar justicia, reparación del daño y reformas institucionales necesarias para restablecer la tierra a los pueblos indígenas.
Por Isela Espinoza
Este 2026 se cumplen diez años del asesinato de la defensora ambiental e indígena hondureña Berta Cáceres. Hasta ahora, las ocho condenas se han limitado a los ejecutores materiales y a un grupo reducido de autores intermedios. Sin embargo, los responsables intelectuales alcanzan a una familia de la élite empresarial de Honduras e incluso, dos bancos internacionales de desarrollo cuyos fondos se usaron para pagar a los sicarios que la asesinaron, según reveló un informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) asignados al caso.
Este lunes 12 de enero, fue presentado el documento que reconstruye cómo se dio el asesinato y cómo fue investigado por parte del Estado hondureño que pudo prevenirlo, según los detalles brindados por la experta estadounidense Roxana Altholz.
El GIEI está integrado por Pedro Martín Biscay, de Argentina y Ricardo Guzmán Loyo, de Guatemala. El grupo se instaló en Honduras en octubre de 2024 y fue solicitado por el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), cuya líder era Berta Cáceres, y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
El GIEI concluyó que el conglomerado empresarial de la familia Atala Zablah coordinó el crimen. “No actuaron solos. Formaron parte de una estructura criminal diseñada para ocultar responsabilidades y repartir tareas. Esa estructura combinó poder empresarial”, afirmó Altholz. Agregó que el Estado hondureño dirigido entonces por Juan Orlando Herdández (2014 - 2022) omitió la prevención del asesinato de Cáceres.
Hernández fue condenado en Estados Unidos por convertir a Honduras en un “narco-Estado”. Sin embargo, en noviembre de 2025, previo a las elecciones presidenciales en este país centroamericano, el expresidente recibió un indulto por parte del mandatario estadounidense, Donald Trump.
Según explicó el GEI, al revisar cientos de horas de recepciones telefónicas obtenidas en el marco de una investigación por secuestro y narcotráfico iniciado en 2015, estas revelan la existencia de una estructura criminal organizada que operó en el norte del país y que se apoyaba en integrantes de fuerzas armadas y de la policía nacional para la planificación, logística y ejecución de actos de violencia.
El GEI constató que Mariano Díaz Chávez, militar inactivo y posteriormente condenado por el asesinato de Berta Cáceres, coordinó operaciones de narcotráfico y tumbes de drogas por las cuales proveía armas, logística y personal armado valiéndose de su investidura militar y sus vínculos con estructuras castrenses. El 4 de enero de 2016, Mariano Díaz se reunió en la selva con Henry Hernández, exmilitar que había sido subalterno y que también fue condenado por la muerte de la líder indígena lenca.
“En ese encuentro iniciaron conversaciones explícitas sobre el asesinato de Berta. Las escuchas revelan conocimiento anticipado del plan homicida, referencias a que la decisión dependía de allá arriba y negociaciones sobre pagos, armas y logística”, dijo Altholz.
Pese a contar con esta información, las autoridades no activaron mecanismos de protección, no ampliaron intercepciones ni ejecutaron detenciones. Al momento de su asesinato, Cáceres contaba con medidas cautelares otorgadas por la CIDH.
Foto: CIDH
“La inacción de la unidad de intervenciones de comunicaciones y del Ministerio Público constituyó una grave violación del debido deber y permitió que un crimen, claramente predecible y prevenible, se consumara”, agregó.
La noche del 2 de marzo de 2016, Berta Isabel Cáceres Flores fue asesinada en su vivienda en La Esperanza, Intibucá. En el mismo ataque resultó gravemente herido Gustavo Castro Soto, testigo sobreviviente. La irrupción armada fue la culminación de un proceso prolongado de persecución, vigilancia, criminalización y violencia ejercida contra la lideresa indígena que, durante años, encabezó la defensa del territorio lenca frente a la imposición del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. Este se ubicaba sobre el río Gualcarque, en la región de Río Blanco, en el departamento de Intibucá, territorio indígena en el occidente de Honduras que el pueblo lenca considera sagrado.
Berta Cáceres era coordinadora del COPINH. Su liderazgo en la resistencia de comunidades indígenas frente a proyectos concesionados sin consulta previa, libre e informada, adquirió relevancia a nivel nacional e internacional. Su lucha fue decisiva para frenar el avance de la represa Agua Zarca, promovido por la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), y para visibilizar, los impactos sociales, ambientales y culturales de estos proyectos.
Sus acciones llevaron a la élite empresarial a identificarla como un obstáculo estratégico para el proyecto hidroeléctrico. “El asesinato ocurrido en 2016, fue una operación criminal organizada y financiada con recursos de dos bancos internacionales y élites hondureñas”, dijo la experta.
Los investigadores señalaron que la trama criminal desvió el 67 % de los más de US$18,5 millones aportados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Banco de Desarrollo de los Países Bajos (FMO) aportados para el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, con el fin de pagar operaciones ilegales de vigilancia e inteligencia, incursiones armadas y el asesinato de Cáceres.
“Desde esta perspectiva, el crimen no puede entenderse como un acto intelectual aislado sino como un caso de coautoría en el que múltiples autores ubicados en distintos niveles jerárquicos y con funciones diferenciadas realizaron aportes esenciales para la planificación, ejecución y consumación del asesinato”, agregó Altholz.
El informe final del GIEI también incluye recomendaciones para el Estado de Honduras quien tiene la responsabilidad de garantizar justicia, reparación del daño y reformas institucionales necesarias para restablecer la tierra a los pueblos indígenas.
Al finalizar la presentación del informe el silencio de la sala fue invadido por consignas de integrantes del COPINH presentes en la sala:
- ¡Berta, vive, vive!
- ¡La lucha, sigue, sigue!
- ¿Qué exigimos?
- ¡Justicia!
- ¿Cuándo?
- ¡Ahora!
Conoce el informe completo:
Más información:
La lucha por la justicia para Berta Cáceres sigue: Bertha Zúniga
Por: Camila Pizaña
https://rudagt.org/temas/la-lucha-por-la-justicia-para-berta-cceres-sigue-bertha-zniga/Participaron de esta nota
Isela Espinoza
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