Eldin y Milton: a dos años del crimen que evidenció violencia estatal contra una pareja gay en Guatemala
Escrito por Glenda Alvarez
A dos años de la detención, tortura y asesinato de Eldin Choc Xi y Milton Santamaría, el caso avanza hacia juicio mientras persisten temores de impunidad. La investigación apunta a ejecuciones extrajudiciales, motivaciones por prejuicio y un patrón previo de abusos policiales en San Andrés Itzapa.
Por Glenda Alvarez
El 18 de abril de 2024, Eldin Leonel Choc Xi y Milton Nelson Santamaría fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en San Andrés Itzapa, Chimaltenango. Dos años después, su caso sigue abierto en tribunales y se ha convertido en uno de los ejemplos más graves de violencia estatal contra personas LGBTIQ+ en Guatemala.
Ese día, ambos se encontraban en una tienda del municipio cuando fueron capturados tras una denuncia por una supuesta alteración en la vía pública. De acuerdo con la investigación del Ministerio Público (MP), la detención no tenía sustento legal. Sin embargo, fueron trasladados a la subestación policial 73-15, donde fueron agredidos.
Milton murió horas después. Eldin desapareció bajo custodia estatal y fue encontrado sin vida días más tarde en un barranco.
De detención arbitraria a muerte bajo custodia
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, las detenciones no habrían tenido justificación legal. La fiscalía sostiene que la pareja fue capturada de forma arbitraria, trasladada a la subestación 73-15 y sometida a agresiones físicas que derivaron en la muerte de ambos.
En el caso de Milton Santamaría, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses determinó que falleció por ruptura de la aorta abdominal, provocada por un trauma severo. En el caso de Eldin Choc Xi, la causa de muerte registrada fue asfixia por estrangulación, según el Protocolo de Minnesota citado en la acusación judicial.
Este expediente no se reduce a dos homicidios. Lo que está bajo análisis judicial es una posible ejecución extrajudicial, una figura penal que implica responsabilidad estatal, porque presupone que funcionarios públicos utilizaron su cargo, recursos e instalaciones oficiales para privar de la vida a personas fuera de cualquier marco legal. Ese punto ha sido central en el proceso. Aunque hubo intentos por encuadrar el caso como un accidente, la acusación por ejecución extrajudicial se mantuvo y, con ello, también la dimensión política y estructural del crimen.
El componente del prejuicio
La gravedad del caso también radica en otro elemento, el prejuicio. Según declaraciones recogidas en audiencias y reportes periodísticos, durante la agresión los agentes habrían utilizado insultos homofóbicos contra las víctimas. Un testigo relató que el ex subinspector Edy Leonel Vásquez Rabanales insultó a Eldin y Milton con expresiones humillantes y homofóbicas antes de que fueran golpeados.
Para las organizaciones querellantes y observatorios de derechos humanos, este componente no es accesorio, ayuda a explicar el ensañamiento y la forma en que se desplegó la violencia contra la pareja.
Ese punto también ha sido resaltado por voces que acompañan a las familias y monitorean la violencia contra la población diversa. Diego Lima, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos y Violencia por Orientación Sexual e Identidad de Género de LAMBDA, ha advertido que el mayor temor no es solo que haya impunidad, sino que al final del proceso no se reconozca que la orientación sexual de las víctimas pudo agravar la violencia ejercida contra ellas.
Esa preocupación se inscribe en un contexto nacional alarmante. En 2024 Guatemala registró 36 homicidios de personas LGBTIQ+, una de las cifras más altas de los últimos años, con hombres gays como las principales víctimas y con un subregistro que organizaciones como Lambda consideran persistente.
Un patrón previo de abusos
El caso, además, no surgió en el vacío. Antes de la captura y muerte de Eldin y Milton, la comunidad de San Andrés Itzapa ya había denunciado abusos atribuidos a agentes de esa misma subestación.
Según una investigación de Plaza Pública, vecinos habían señalado detenciones arbitrarias, agresiones físicas, cobros ilegales y un ambiente de intimidación constante en el municipio. Incluso, 100 pobladores firmaron una carta en febrero de 2024 pidiendo la remoción del subinspector Edy Vásquez Rabanales y de otro agente. La solicitud no prosperó y meses después ocurrieron las muertes de la pareja.
Ese antecedente cambia la lectura del caso. Ya no se trata únicamente de lo ocurrido dentro de una subestación policial, sino de un patrón de abusos que, según la comunidad, fue ignorado por las autoridades hasta que la violencia alcanzó su forma más extrema.
Tras conocerse los hechos, la indignación de la población derivó en la quema de la subestación 73-15. La reacción comunitaria fue también una denuncia pública contra una estructura policial señalada de violentar, no de proteger.
Otra línea de investigación que ha surgido en el proceso es la del posible robo de dinero. Querellantes y testigos han señalado que Milton Santamaría llevaba consigo una suma considerable presuntamente destinada a la compra de una vivienda o terreno en Guatemala, como parte del proyecto de vida que compartía con Eldin. Esa hipótesis no ha sido plenamente acreditada dentro del proceso, pero se mantiene como un indicio relevante porque coincide con denuncias previas de abuso y extorsión atribuidas a agentes en la zona.
Un proceso judicial con avances y tensiones
El proceso judicial ha avanzado de forma parcial y desigual. En septiembre de 2024 fueron enviados a juicio cuatro agentes: Yorleni Lisbeth Macario Ramos, Yulisa Nabely Ayala Yol, Fredy Santiago Velásquez Pérez y Mauricio Abraham Contreras Salán.
Posteriormente, también fue enviado a juicio el ex subinspector Edy Leonel Vásquez Rabanales, quien huyó del país y fue capturado en Estados Unidos antes de ser sometido al proceso en Guatemala. El caso quedó a cargo del Tribunal de Mayor Riesgo B. El inicio del debate fue programado para el 7 de julio de 2026.
Sin embargo, el avance del proceso no ha estado exento de señales preocupantes. En noviembre de 2025, el Tribunal de Mayor Riesgo B otorgó medida sustitutiva a la exagente Yorleni Lisbeth Macario. En enero de 2026, también concedió arresto domiciliario al exagente Fredy Velásquez Pérez, pese a la oposición del Ministerio Público y de las querellas. Estas resoluciones han alimentado el temor de que la gravedad del caso no se traduzca en sanciones acordes con los hechos denunciados.
Más allá del ámbito judicial, el caso deja al descubierto una pregunta de fondo sobre el Estado guatemalteco: qué pasa cuando quienes tienen el mandato de resguardar la vida se convierten en perpetradores de violencia. En Guatemala, de 2019 a 2024 el MP registró 54 denuncias por ejecuciones extrajudiciales, y Chimaltenango es el departamento con mayor concentración de casos, según Plaza Pública. Cuando ese dato se cruza con la violencia persistente contra personas LGBTIQ+, el caso de Eldin y Milton deja de ser excepcional: se vuelve síntoma.
También hay una dimensión humana que el expediente judicial no alcanza a contener del todo. Eldin y Milton no eran solo víctimas de un caso emblemático. Eran una pareja que construía una vida en común. En distintos testimonios, sus familiares relataron que tenían planes de asentarse en Guatemala, comprar un terreno y empezar un proyecto juntos. Parte de la familia de Eldin conoció la relación después de su muerte. Esa revelación, atravesada por el duelo, habla también de cómo la violencia les arrebató no solo la vida, sino el derecho a vivir su relación en sus propios términos y tiempos.
Por eso, lo que está en juego en este proceso no es únicamente una sentencia. Lo que se discute es si el sistema de justicia será capaz de nombrar este caso en toda su dimensión: como un hecho de violencia estatal, con posibles componentes de prejuicio por orientación sexual, ocurrido en un territorio donde ya existían alertas sobre abusos policiales. Nombrarlo bien importa. Porque de eso depende no solo la sanción penal, sino la memoria pública que quedará sobre Eldin y Milton.
Y también porque, en un país donde las personas LGBTIQ+ siguen enfrentando violencia, exclusión y escasa protección institucional, reconocer la verdad completa de este caso sería un mensaje político y judicial de gran alcance, que la vida de las personas diversas también merece justicia.
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