CIDH: “El Ministerio Público es un instrumento de persecución selectiva"
Escrito por Ruda
La Comisión recomienda al Estado guatemalteco detener la instrumentalización del sistema de justicia para perseguir a críticos. Por su parte, el MP rechazó los señalamientos de la CIDH y asegura que sus actuaciones se fundamentan en lo que establece la ley.
Por Ruda
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señala una profunda crisis institucional que pone en riesgo la gobernabilidad y el Estado democrático de derecho en Guatemala, en su informe publicado el 1 de diciembre.
Andrea Pochak, vicepresidenta de la CIDH y relatora para Guatemala, declaró que estas amenazas “se derivan del control de determinadas instituciones estatales por parte de redes de poder político y económico”.
Tras una visita a Guatemala en julio de 2024, la CIDH constató de primera mano el "grave deterioro del sistema de justicia y con ello la erosión del sistema de pesos y contrapesos", agregó Pochak.
Para restaurar la institucionalidad, la CIDH sugiere adoptar "de forma urgente" reformas legales que aseguren la elección de altas autoridades judiciales y de control, conforme a estándares interamericanos.
Estas reformas deben garantizar que los procesos de selección para la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Ministerio Público (MP), y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) se basen en mérito, capacidad profesional e independencia, y estén “libres de injerencias políticas".
“El sistema de justicia en Guatemala no cumple con su rol de tutela judicial efectiva de los derechos de la población, por el contrario, viene siendo instrumentalizado para criminalizar a las voces que demandan acceso a derechos o que exigen rendición de cuentas”, explicó Pochak.
El próximo año, está previsto que se realicen en el país elecciones de segundo grado. Habrá renovación completa de magistrados titulares y suplentes en la Corte de Constitucionalidad (CC) y del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Además, se elegirá al fiscal general, el contralor general de Cuentas y el nuevo rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
La comisión instó al Estado a garantizar que ningún aspirante o personas integrantes de las comisiones de postulación sean objeto de “criminalización, represalias o presiones indebidas”.
Carmen Aída Ibarra, directora ejecutiva del Movimiento Pro-Justicia (MPJ), explica que ya se está contra el tiempo para hacer las reformas legales sugeridas por la comisión para las elecciones de segundo grado del próximo año, porque incluso algunos procesos ya iniciaron.
Por ejemplo, desde el pasado 19 de noviembre está vigente el acuerdo legislativo para convocar la integración de la comisión de postulación de candidatos para magistrados del TSE.
Ibarra añade que en este momento lo único viable es mejorar el trabajo de las comisiones de postulación, fortaleciendo su funcionamiento desde el ámbito administrativo, en el caso de la elección de magistrados del TSE y el fiscal general.
“La única posibilidad es que pongamos atención al reglamento de las comisiones de postulación del TSE y fiscal general, y sobre esa base se pida que, en el reglamento queden contemplados asuntos para mejorar el desempeño de la comisión y para mejorar la nominación”, dice Ibarra.
En cuanto al perfil del nuevo fiscal general, Ibarra manifiesta que debe de cumplir con los mandatos constitucionales de capacidad, honradez y de reconocida honorabilidad “para conducir al MP para que retome su carácter democrático”.
“Necesitamos que en el perfil de los candidatos a fiscal general se incluya gente democrática, comprometida con el estado de derecho, con el respeto de los derechos humanos”, expuso la representante del Movimiento Pro-Justicia.
Por otra parte, la CIDH recomienda reformas que aseguren una verdadera separación entre las funciones administrativas y judiciales de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y que los procesos de selección, ascenso y traslado de jueces se hagan con criterios objetivos, transparentes y basados en el mérito.
Estas propuestas surgen porque la Comisión observó interferencias indebidas en la elección de altas autoridades judiciales y falta de garantías de independencia en la Corte de Constitucionalidad, reflejada en decisiones cuestionadas por favorecer intereses particulares.
El documento también señala la complicidad de los poderes legislativo y judicial para restringir la autoridad del Ejecutivo, lo que no permite avanzar en una agenda política basada en principios democráticos, respeto a los derechos humanos y perpetúa la impunidad en el país.
“Esta situación se refleja en el Congreso de la República donde ciertos grupos se resisten a romper con lo que en Guatemala se denomina ‘pacto de corruptos’”, declaró Pochak.
Cooptación del Ministerio Público
El informe destaca la cooptación e instrumentalización del Ministerio Público (MP) para la persecución selectiva de operadores de justicia, periodistas, defensores de derechos humanos, y líderes indígenas, sociales y políticos.
La vicepresidenta Pochak declaró que la comisión constató que esa institución fue "cooptada y desmantelada para operar como un instrumento de persecución selectiva", un hecho que fomenta la autocensura en el espacio cívico, tanto en el entorno físico como digital.
Ante ese panorama, la CIDH recomienda realizar un examen independiente sobre el funcionamiento del MP en los últimos siete años y su impacto en los derechos humanos. Evaluar la existencia de prácticas como dilaciones indebidas, hostigamiento judicial, el uso indebido de figuras procesales y penales que puedan desvirtuar su finalidad y afectar las garantías del debido proceso.
Asimismo, reformar la ley de creación del MP para asegurar su independencia, la rendición de cuentas y que su actuación se ajuste a los estándares interamericanos de derechos humanos.
Durante su visita, la CIDH identificó patrones que evidencian la instrumentalización del MP para la criminalización de personas operadoras de justicia, periodistas, personas defensoras de derechos humanos, liderazgos indígenas, sociales y políticos.
Visita de los delegados de la CIDH al fundador del desaparecido medio de comunicación escrito elPeriódico, Jose Rubén Zamora, quien se encuentra en prisión en el cuartel de Mariscal Zavala. En julio de 2023 la CIDH lo benefició con medidas cautelares. Foto: CIDH
Entre los patrones de la instrumentalización del derecho penal se mencionan: una gran cantidad de denuncias contra una misma persona, procesos judiciales bajo cargos infundados y desproporcionados, uso arbitrario y abusivo de la prisión preventiva y afectaciones al debido proceso y el derecho de defensa.
Por su parte, el MP brindó su postura, a través del Departamento de Comunicación, en respuesta a los señalamientos de la CIDH.
“El Ministerio Público rechaza categóricamente las afirmaciones del informe de la CIDH que cuestionan su independencia y objetividad, y enfatiza que todas sus actuaciones se fundamentan en lo que establece la ley, en criterios técnicos, pruebas verificables y control judicial”, se lee en el comunicado.
Además, reiteró que no existe persecución selectiva y que la FECI (Fiscalía Especial Contra la Impunidad) cumple su mandato legal de investigar sin atender presiones políticas o mediáticas.
“El MP mantiene respeto hacia el Sistema Interamericano, pero enfatiza que las conclusiones deben basarse en evidencia objetiva no en posturas arbitrarias y sesgadas sin ningún sustento, reiterando su compromiso con la legalidad, el Estado de derecho y la defensa de los derechos fundamentales”, añadió el MP.
Por otra parte, la comisión también lamenta que la expulsión de Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) marcara un retroceso en los avances en la lucha contra la corrupción y la impunidad en Guatemala.
El 31 de agosto de 2018, el entonces presidente Jimmy Morales anunció que no renovaría el mandato de la CICIG, justo cuando enfrentaba investigaciones por presunta corrupción que involucraron a su familia y a su partido.
Morales acusó a la CICIG de violar la soberanía y exceder sus funciones, declaró “non grato” al comisionado Iván Velásquez e intentó expulsarlo, algo que finalmente se concretó al año siguiente.
Obstaculización de la justicia transicional
La CIDH también denunció un patrón de obstaculización y estancamiento en los procesos de justicia transicional para las víctimas del conflicto armado interno
En ese sentido, la comisión recomienda al Estado restablecer la institucionalidad creada por los Acuerdos de Paz y avanzar en políticas integrales de memoria, verdad, justicia y reparación para las víctimas del conflicto armado interno.
Pochak señaló que desde 2017 se ha visto este patrón de obstaculización e intentos por impulsar leyes de amnistía. La CIDH también pide fortalecer la fiscalía de Derechos Humanos, especialmente la unidad que investiga los crímenes del conflicto armado, con fiscales calificados y recursos suficientes.
La Comisión además urge a crear una institución especializada en la búsqueda de personas desaparecidas y avanzar en la digitalización de los archivos del conflicto interno. Según el Comité Internacional de la Cruz Roja, cerca de 45,000 personas desaparecieron durante la guerra, y unas 40,000 familias aún esperan saber qué ocurrió con sus seres queridos.
Protección de grupos vulnerables
El informe aborda la situación de los defensores de derechos humanos, derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas LGBTIQ+ como grupos particulares afectados por la violencia, la discriminación estructural y la impunidad.
En cuanto a la protección de los defensores de derechos humanos, la CIDH recomienda evitar el uso injustificado del derecho penal en su contra, incluyendo el uso de órdenes de detención y prisión preventiva prolongada como mecanismo de amedrentamiento, castigo o represalia.
“La defensa de los derechos humanos sigue siendo una actividad de alto riesgo en el país, continúan existiendo graves patrones de violencia y el abuso del derecho penal como mecanismo de hostigamiento e intimidación”, expresó la representante de la CIDH.
Recalcó que las mujeres defensoras de derechos humanos enfrentan violencia por razones de género y patrones de criminalización que las afecta de manera diferenciada.
En ese mismo sentido, para prevenir, sancionar y reparar la violencia de género contra mujeres, niñas y adolescentes, la CIDH pide adoptar e implementar medidas legislativas, judiciales, institucionales y de política pública.
Según datos de la CIDH, entre el 70% y el 80% de los casos son desestimados o archivados en sede fiscal, y apenas un 3% alcanza sentencia, lo que evidencia un abuso de la figura de desestimación. En 2023 se registraron 43,712 embarazos, incluyendo 2,268 en niñas de 12 a 14 años, lo que es un indicador de violencia sexual.
También recomienda la implementación de una legislación nacional para garantizar la igualdad y la no discriminación de las personas LGBTIQ+. Entre 2021 y 2023 se documentaron al menos 101 asesinatos de personas de esa población, en algunos casos las muertes violentas fueron cometidas con extrema crueldad contra hombres gay, bisexuales y mujeres trans.
Desigualdad social
Con el fin de garantizar los derechos económicos de la población, la CIDH sugiere adoptar una política fiscal progresiva, redistributiva y transparente, para reducir la pobreza y la desigualdad estructural.
Esto para contrarrestar la concentración del poder económico, la escasa capacidad de recaudación fiscal, junto con altos niveles de corrupción y un contexto de discriminación, violencia y racismo que afecta especialmente a pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades rurales.
“Los pueblos indígenas viven en condiciones extremadamente desfavorables en comparación con el resto de la población”, dice el informe, puntualizando las limitaciones al acceso a servicios básicos, energía eléctrica, saneamiento, falta de condiciones dignas de vivienda, limitadas oportunidades laborales y productivas, y obstáculos para el acceso a la justicia.
Tania Reneaum Panszi, secretaria ejecutiva de la CIDH, explicó que para la elaboración del informe realizaron 31 reuniones con representantes de los tres poderes del Estado y más de 48 encuentros con representantes de la sociedad civil, misiones diplomáticas y agencias de Naciones Unidas.
Participaron de esta nota
Nathalie Quan
A 34 meses de su detención, periodistas, activistas y colectivos de derechos humanos marcharon este jueves 18 de septiembre en la capital para exigir la libertad de Jose Rubén Zamora, fundador del desaparecido medio de comunicación elPeriódico. Previo a la caminata entregaron un memorial a la Corte Suprema de Justicia y recorrieron la Sexta Avenida rumbo a la Plaza de la Constitución, entre consignas que denunciaron la criminalización de la prensa y la cooptación del sistema judicial.