Transformar el delito en casos de femicidio contribuye al sistema de impunidad
Fotografía: Karen Lara
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidió retirar la inmunidad al juez José Maximino Morales, quien estaba a cargo del proceso por el femicidio de Melissa Palacios. Esto después de que fuera señalado de irregularidades en sus resoluciones. En diciembre, cambió los delitos de los implicados de homicidio a “asesinato en estado emocional”, lo cual también transformaría las sentenciadas que se les dictasen.
Morales realizó una audiencia el 7 de diciembre del 2021 en Zacapa por el caso de Melissa Palacios. En ella, reformó el auto de procesamiento y modificó los delitos por los que se señala a María Fernanda Bonilla Archila y Luis Marroquín Ovalle, principales sospechosos. Por estas acciones, el juez fue denunciado ante el Ministerio Público (MP), quien solicitó el levantamiento de su inmunidad para comenzar con la investigación respectiva.
A María Fernanda Bonilla Archila y Luis Marroquín Ovalle se les señaló por el delito de homicidio. Según el artículo 123 del Código Penal, a quien cometa este delito se le podrá sentenciar a entre 15 y 40 años de prisión. Con la modificación del juez, Bonilla Archila es ahora señalada por el delito de homicidio cometido en emoción violenta, por el cual podrá pasar de dos a ocho años privada de libertad.
El homicidio tiene características específicas. Tiene premeditación, ensañamiento y otros tipos de violencia. Al cambiar el delito, el juez afirma no reconocer estas circunstancias en el caso de Melissa. Stephanie Rodríguez, abogada especialista en temas de mujeres, justicia y diversidad sexual señala que “es importante que el Ministerio Público (MP) haga una investigación bajo estos elementos, desde peritajes especializados”.
Pero el cambio de delito tiene otras consecuencias. “En lo estrictamente penal, no es lo mismo hablar de un homicidio y un homicidio en estado de emoción violenta”, explicó Rodríguez. Los argumentos por los cuales el MP debe investigar el hecho son distintos. Por lo tanto, la fiscalía deberá cambiar los medios de investigación utilizados y la manera en la que planteará el caso.
El caso de Marco Pappa: otro ejemplo de cambio de delitos
Stephanie Rodríguez afirma que un caso similar es el de Marco Pappa. A inicios de agosto, la Sala de Apelaciones de Femicidio redujo la pena de 5 años de prisión inconmutables por violencia contra la mujer que debía cumplir a 60 días de arresto. También transformó el delito cometido a una falta a las personas, lo cual es menos grave.
La sala solicitó también la inmediata liberación de Pappa. Sobre ello, la abogada Stephanie Rodríguez señaló: “tenemos que cuestionar a las autoridades sobre lo que están haciendo con la justicia especializada porque al final, no se está haciendo justicia”.
El impacto
El derecho penal tiene diversas finalidades. Una de ellas, es con la persona que ha cometido un delito. “El Estado debe castigarlo de una forma correcta”, afirmó Rodríguez. Pero también envía un mensaje a la sociedad sobre las consecuencias de las acciones de las personas.
Situaciones como lo acontecido en el juicio de Melissa Palacios envían un mensaje incorrecto en ambas esferas. Según la abogada, evidencian la impunidad ante la cantidad de mujeres víctimas de los distintos tipos de violencia.
La impunidad en el sistema de justicia es evidente en casos clasificados como “de alto impacto”, señaló Rodríguez. Sin embargo, en procesos judiciales como este también se evidencia cómo la corrupción e impunidad afecta a los órganos jurisdiccionales. “Esto significa que no están siendo fortalecidos y que los jueces que llegan no tienen las capacidades técnicas ni éticas para atender estos procesos”, explicó la abogada.
La Ley Contra el Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer establece que el Estado está obligado a crear institucionalidad específica para las mujeres. Esto se traduce en la existencia de fiscales, jueces y todo un andamiaje jurídico preparado para atender estos casos. Es necesario que procesos como el de Melissa Palacio sean abordados en un juzgado especializado. De lo contrario, “el mensaje que nos envían a las mujeres es que las personas que nos violentan pueden permanecer impunes”, finalizó Rodríguez.
