Un álbum de pruebas falso anula la detención ilegal de la defensora k’iche´ Manuela Alejandra Pop Tuy
Fotografía: Bufete de Pueblos Indígenas
El sábado 30 de mayo, elementos del ejército y de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala allanaron la vivienda de Manuela Alejandra Pop TuyTuy de 31 años, defensora k’iche´ e integrante de la Asociación Pro Desarrollo de la Mujer Alanel y por el supuesto descubrimiento de ilícitos, fue apresada junto a su esposo Baldomero Cos Có de 52 años en Santa Catarina Ixtahuacán. Ambos fueron liberados el 2 de junio por falta de mérito y fallas en el expediente armado de la PNC pues el álbum fotográfico de las pruebas había sido creado un día antes del allanamiento y detención.
Manuela Alejandra Pop es integrante de la Asociación Pro Desarrollo de la Mujer Alanel (Mujer Creadora) y ha estado involucrada en defensa del territorio. Al ser apresada de forma cuestionable, quedaron en situación de vulnerabilidad su hija de 10 años e hijo en período de lactancia, por lo que colectivos de la localidad, exigieron la pronta liberación de la defensora y de su esposo, pues señalan que la pareja forma parte de un comité que ha estado al frente de las negociaciones para el establecimiento del límite territorial en conflicto a través del diálogo y la paz.
La detención de Manuela Alejandra Pop Tuy y de su esposo ocurrió en el marco de la entrada en vigencia del estado de sitio bajo el acuerdo gubernativo 10 – 2020 en Nahualá, Santa Catarina Ixtahuacán y Santa Lucía Utatlán en el departamento de Sololá por los enfrentamientos violentos que se llevan a cabo en el área, ese fue el fundamento en audiencia del Ministerio Público para allanar la vivienda, lo cual se considera ilegal por el principio de legalidad del decreto y que en el Artículo 28 de la ley de orden público indica que solo se llevarán a cabo este tipo de acciones cuando hayan indicios de un hecho delictivo. Cabe destacar que también fueron arrestadas 27 personas más ese de fin de semana.
Según datos de la PNC, se allanó la vivienda bajo el fundamento del acuerdo gubernativo 10 – 2020, sin embargo no habían indicios de ningún delito. También afirman haber encontrado en la vivienda una pistola esmerilada sin documentación, 7 piezas de armas de fuego, dos radio comunicadores marca Motorola, cinco teléfonos y la cantidad de Q6, 760.00 en diferentes denominaciones. Al ser apresados, Manuela y su esposo fueron trasladados al Juzgado de Paz y luego, ella enviada a una carceleta en Panajachel y su esposo en Ixtahuacán.
En Ruda mujeres + territorios conversamos con Geraldina López Rosales, abogada defensora de Manuela por parte del Bufete de Pueblos Indígenas para obtener la versión oficial de los hechos. “No habían indicios de un hecho delictivo, y fue ahí cuando nos preguntamos ¿con base a qué entran a allanar la vivienda de la señora? pues no había ninguna investigación previa.”, nos comenta Geraldina.
En defensa de Manuela, Geraldina al revisar el caso, encuentra algunas fallas en las acciones de la policía y del Ministerio Público, y fallas en la legalidad: “al hablar con la misma Manuela, ella nos comentó que su vivienda es alquilada y recientemente se mudaron. Ella manifestó que no tiene conocimiento de quién residía antes en la vivienda, según la policía encontraron un arma de fuego, pero el Ministerio Público no pudo establecer si la misma está activa, si ha sido utilizada, si es de ella, el año de antigüedad de la misma, el arma que tenían tampoco tenía ningún registro, y es ahí donde se empezaba a cuestionar sobre ello.”
Lo más preocupante no es el supuesto descubrimiento del arma de fuego el 30 de mayo al allanar la vivienda de forma dudosa e ilegal: “el allanamiento se llevó a cabo el 30 de mayo bajo el argumento del estado de sitio, sin embargo el álbum fotográfico donde documentan el descubrimiento del arma fue creado el 29 de mayo según el expediente. No hay confiabilidad en que el álbum donde se encuentra el arma que estaban inspeccionando, haya sido creado el 29 del allanamiento que realizaron el 30.”
Foto: Bufete de Pueblos Indígenas
A cargo del caso estaba el Juzgado de Primera Instancia Penal, de narcoactividad y delitos contra el medio ambiente de Sololá. Al no poder establecer ninguna legalidad sobre la detención de Manuela Alejandra Pop Tuy y de su esposo, Baldomero Cos Có, y al descubrir las fallas en el escenario creado por la policía, se liberó justamente a ambos ciudadanos.
