Un ciberdelito que conduce a la trata de personas

Ella compartió una imagen privada sólo para su red de contactos que sin su consentimiento fue a parar al grupo de Telegram “Talento Chapin”, denunciado por un grupo de mujeres guatemaltecas a mediados de marzo en redes sociales.

Al descubrir que su imagen circulaba en esa red social al igual que las fotografías de cientos de mujeres, incluso de menores de edad, interpuso una denuncia que se suma a las seis que ya se colocaron contra ese grupo, el cual sigue activo, con nuevas restricciones para el ingreso de miembros que quieran sumarse a más de 21 mil suscriptores. 

Ese grupo de Telegram al compartir fotografías de niñas realiza una acción condenable de acuerdo con varias leyes vigentes en Guatemala. 

La Ley Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas en su artículo 34 establece que quien, por cualquier medio sin el consentimiento de la persona, atentare contra su intimidad sexual y se apodere o capte mensajes, conversaciones, comunicaciones, sonidos, imágenes en general o imágenes de su cuerpo, para afectar su dignidad será sancionado con prisión de uno a tres años. “Eso es suficiente para determinar que hay un delito”, argumentó  la abogada penalista, Stephanie Rodríguez.

Las denuncias por compartir imágenes de  menores de edad  en ese  grupo de Telegram provienen de los departamentos de Guatemala, Quiché y Huehuetenango. 

Para Oswaldo Samayoa, también abogado penalista, existe un delito tanto para las personas que compartieron esas imágenes como para las que guardan y distribuyen. “Sí, hay un delito y según el Código Penal pueden ser condenadas a 2 y 4 años de prisión”, explicó.

Otra normativa que también protege a los y las menores es la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, que en su sección XI, en el artículo 59, explica que: Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se les proteja de toda información y material impreso, visual, electrónico o de audio que pueda ser perjudicial o nocivo para su adecuado desarrollo físico, mental y social.

Vacíos legales

La exposición de este grupo ha evidenciado las debilidades que tiene la legislación para la sanción de delitos cibernéticos, de protección a la intimidad, así como la protección a la niñez y adolescencia. 

La directora ejecutiva de Fundación Sobrevivientes, Claudia Hernández, expuso la preocupación que existe del robo de imágenes de cuentas de adolescentes que carecen de los filtros de protección que existen en cada una de las aplicaciones. Las configuraciones de seguridad, principalmente, para determinar quién puede ver la cuenta y acceder al contenido. “De muchas imágenes solo se utiliza el rostro y se sobrepone en un cuerpo distinto”, agregó . 

La distribución de imágenes sin consentimiento ahora se realiza por medio de redes sociales o grupos como Telegram, en años anteriores se realizaba a través  de CD que se comercializaban junto a la piratería con contenido explícito de menores. “Se pueden observar en zonas rurales, sobre todo en donde hay migración y los coyotes coaccionan a las menores para filmarlas a cambio de pasarlas a otros territorios”, indicó .

Hay un común denominador en esta práctica: la comercialización de las imágenes. Las leyes sancionan la distribución y la posesión, pero no la comercialización. “En Guatemala se carece de un sistema de protección de datos. Este vacío ha permitido que las empresas usen nuestros datos y los vendan. Se han propuesto iniciativas al Congreso para regular el tema, pero se ha tenido oposición por cuestiones políticas”, explicó  Samayoa.

Los marcos legales se deben ir actualizando porque la sociedad va cambiando, acotó  Claudia Hernández, de la Fundación Sobrevivientes. 

Hace diez años no existían las redes sociales y la cantidad de aplicaciones de mensajería instantánea. Hoy existen y coloca en mayor vulnerabilidad a las niñas y adolescentes que tienen sus cuentas en cualquier red social. 

Pese a esa realidad, el año pasado la ley contra la Ciberdelincuencia fue archivada en el Congreso de la República por varias objeciones en las que se argumentó que sí era necesario endurecer las penas, pero se debería tener una mayor revisión de ese importante instrumento.

No solo son imágenes 

El debate para la sanción de reproducción, distribución y posesión de imágenes no se queda aquí, ya que revela  otros delitos como la trata de personas. En las denuncias hacia el grupo Talento Chapín se reveló que hay varias imágenes que pertenecen a mujeres y adolescentes de Amatitlán. 

“Es un municipio con pocas denuncias, pero se sabe que es un lugar con varios puntos de trata. En el mismo parque ofrecen a menores”, explicó  Hernández, quien también indicó  que en los departamentos como Escuintla o Retalhuleu es muy común la trata de menores para prostitución cuando es tiempo de zafra porque, en la mayoría de casos se cuentan con los recursos para el pago que se pide a cambio. En el caso de Chiquimula, la pornografía en las calles es muy común. 

El Ministerio Público en una declaración sin detalles indicó: “Desde que se tuvo conocimiento de este grupo se recibió una denuncia la cual fue remitida  la Fiscalía contra la Trata de Personas”, expresó Juan Luis Pantaleón, comunicador de la entidad investigadora. 

Pantaleón explicó que el MP hace un abordaje estratégico para la investigación de los autores del grupo. Sin embargo, aún se desconocen los avances de la investigación. 

Las instituciones que velan por el cumplimiento de las leyes en mención han remitido a sus unidades contra la trata para que investiguen el grupo de Telegram.

La Dirección de Comunicación de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) informó que la Defensoría de Personas Víctimas de Trata recibió de forma anónima la denuncia sobre el grupo. El objetivo es abrir un expediente de la información recabada en redes sociales estableciendo que sí compartió material con características de pornografía de niñas y adolescentes.

“Este material se comparte con fines de explotación. Se denunció que la pornografía se ha compartido a través de otros grupos virtuales. Estos hechos pueden contextualizarse como trata de personas en la modalidad de pornografía. En el marco de las competencias de Procuraduría de los Derechos Humanos —PDH— con esa misma fecha, la denuncia se remitió al Ministerio Público”, según el documento compartido por la unidad de comunicación.

El último informe de la Secretaría contra la Violencia Sexual y Trata de Personas (Svet) publicado en 2021, establece que los registros del Ministerio Público los departamentos más afectados son Guatemala, Escuintla, Quetzaltenango, Quiché y Huehuetenango. Ese año, de acuerdo con las denuncias, se contabilizaron 141 víctimas. 

Crecen las denuncias 

Al consultarle a la PDH acerca de las denuncias por ciberdelitos indicó que de acuerdo con los datos de su monitoreo,  en 2019 se acumularon 1 mil 547 denuncias por diversos hechos considerados ilícitos a través de las aplicaciones de Facebook, Instagram y WhatsApp. Para el 2020 el total fue de 3,365, en 2021 se sumaron 5 mil 371 y para 2022 un parcial de 3 mil 554 (del 1 de enero al 9 de agosto). Estos números evidencian que efectivamente existe la necesidad en la población guatemalteca de denunciar estos hechos. En 2023, solo contabilizan siete denuncias por ciberdelitos y pornografía infantil. 

Desestiman sin escuchar 

Algunas víctimas se han quejado que las denuncias contra los delitos cibernéticos no son escuchadas en el Ministerio Público y que se les indica que son delitos menores que muy difícilmente pasan a investigación, comentó  la directora de Fundación Sobrevivientes.  

La abogada Rodríguez, expresó  que es obligación del personal del MP recibir la denuncia.  “Las estadísticas son pocas por esa razón, por insistencia de las mujeres es que se han logrado las denuncias formales”, señaló  Hernández. 

La abogada Rodríguez afirmó  que las denuncias siempre deben ser escuchadas en el MP, la Policía Nacional Civil y la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH). 

La ciudadanía puede denunciar cualquier hecho de violencia hacia la niñez al 110 de la PNC y al 1561. La información es anónima según han indicado las autoridades.

El portavoz del MP solicitó que todas las personas que han sido afectadas por la distribución de imágenes presenten la denuncia brindando toda la información pertinente para la individualización de los responsables. 

Pero los abogados penalistas manifestaron que las denuncias solo marcan el inicio de un proceso, con el riesgo que muchas de ellas sean desestimadas desde un inicio debido a la debilidad que mantiene la legislación.

Más grupos

Los entrevistados coincidieron en que urge la revisión de las legislaciones en cuanto a compartir el contenido digital. El grupo de Telegram se hizo viral gracias a las denuncias de muchas mujeres en Twitter. Ruda hizo una revisión en Telegram y hay existencia de otros grupos con contenido sexual pero que ahora  tiene más filtros para poder ingresar. “La comercialización de estas imágenes la hace más atractiva”, advirtieron los entrevistados.

Desde el punto de vista psicológico el que consume el contenido puede tener un perfil de pederastia; sin embargo, desde el punto de vista legal no tienen sanciones. Solo el que vende y distribuye puede ser castigado porque convierte en negocio la venta de este producto que al final tiene un público que lo demanda. 

La única denuncia que se hizo de orden público es la que hicieron las diputadas Ligia Hernández y Andrea Villagrán quienes presentaron una denuncia el pasado 21 de marzo para activar la persecución penal. Entre las denuncias muchas mujeres comentaron que fueron víctimas de sus exparejas quienes fueron los que colocaron las imágenes en el grupo Talento Chapín, por lo que se conoció que también habían denuncias en Petén y Huehuetenango.