Un amparo de humo busca intimidar la toma de la USAC

El 23 de febrero circuló por medio de la red social twitter un amparo que buscaba el desalojo del estudiantado que ocupa el Campus Central de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC). Este habría sido presentado por Marco Vinicio Mejía Dávila, director del Instituto de Problemas Nacional de la USAC (IPNUSAC). Sin embargo, según analistas, el recurso busca únicamente desgastar al estudiantado en resistencia. 

Una estudiante de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia participa en la movilización de estudiantes del 11 de agosto del 2022. / Fotografía: Kristhal Figueroa

Marco Vinicio Mejía presentó una acción de amparo en contra de la toma de la USAC. Por medio de ella, buscaba “que se respete la propiedad pública”, con el objetivo de que prevalezca el interés de la población guatemalteca”, según señaló en un video. Consideró que el estudiantado en resistencia que ocupa el Campus Central son personas ajenas a la USAC, evitan la libre locomoción, el derecho a la educación y el respeto a la dignidad. 

La acción fue conocida por el Juzgado Tercero Pluripersonal de Primera Instancia Penal de Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente constituido en Tribunal Constitucional de Amparo. Este es presidido por el juez Geisler Smaille Pérez Domínguez, implicado en el caso Comisiones Paralelas, por medio del cual se reveló la existencia de una estructura paralela de Comisiones de Postulación para la selección de magistrados de Cortes de Apelaciones y de la Corte Suprema de Justicia en 2014. 

Pérez Domínguez decidió dictar un amparo provisional. A través de dicha acción legal, Perez ordenó al Ministerio Público (MP) “realizar las diligencias pertinentes a efecto de cumplir con lo solicitado”. 

Por medio del amparo, el interponente busca que se garantice la educación superior. Según el abogado constitucionalista Oswaldo Samayoa, esto es obligación de la USAC. Por este motivo, “la acción no corresponde al Ministerio Público” como fue resuelto, explicó. 

¿Qué significa la acción de amparo? 

Ruda contactó a Marco Vinicio Mejía con el objetivo de obtener el amparo y, de esta manera, comprender su alcance. Sin embargo, el interponente señaló que esto no sería posible. Dijo que no estaría dando declaraciones al respecto y en tono molesto manifestó “sentirse atacado” a partir de la presentación del recurso. 

En twitter, Mejía Dávila afirmó que, por medio del amparo provisional, el Juzgado ordenó al MP “aprehender a usurpadores de la Ciudad Universitaria, proceder al desalojo e impedir consecuencias ulteriores a los hechos punibles”, según el abogado Samayoa, esto no es posible. 

Al momento de conocer una solicitud de amparo, las y los jueces dejan su competencia ordinaria (por ejemplo, en el ramo penal) para convertirse en jueces de amparo. En ese momento, su rol es el de garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales que están siendo vulnerados. Entonces, “el juez, aún siendo del ramo penal, no se encuentra en la capacidad de ordenar desalojo o emitir órdenes de captura porque está actuando bajo la investidura extraordinaria de cuidar derechos fundamentales”, explicó el abogado Samayoa. 

El juez de amparo únicamente puede solicitar a la Fiscalía Especializada contra los Delitos de Usurpación del MP realizar las investigaciones debidas, explicó Oswaldo Samayoa. “Deben establecer si existe el delito de usurpación y a partir de ello, solicitar al juez (en su calidad penal) emitir las órdenes necesarias”, señaló.

El delito inexistente 

Marco Vinicio Mejía afirmó que las estudiantes que ocupan el Campus Central están cometiendo el delito de usurpación. Según el artículo 256 del Código Penal, lo estaría cometiendo quienes “con fines de apoderamiento o aprovechamiento ilícitos, despojare o pretendiere despojar a otro de la posesión o tenencia de un bien inmueble o un derecho real constituido sobre el mismo, o quien, ilícitamente, con cualquier propósito, invada u ocupe un bien inmueble. La permanencia en el inmueble constituye flagrancia en este delito”. Según la ley. Por lo tanto, la policía, el MP o el juez están obligados a impedir que los hechos punibles (es decir, la usurpación del patrimonio) continúen. 

Oswaldo Samayoa considera que el estudiantado en resistencia no está cometiendo un delito y que el artículo 256 no es aplicable a la situación de la USAC. “La Constitución Política de la República de Guatemala establece que la universidad es autónoma y que la autonomía implica regirse por sus propias leyes y reglamentos. Sería delito de usurpación si personas que no son estudiantes, como los grupos de choque del propio Mazariegos, tomaran las instalaciones”, explicó. 

El Consejo Superior Universitario (CSU) está conformado por el rector, los decanos y representantes estudiantiles, docentes y profesionales de cada una de las facultades de la Usac. Esto significa que el estudiantado forma parte del poder político de la universidad. “Participan en la dirección, organización y desarrollo de la educación superior”, indicó el abogado. Por este motivo, en acciones como la toma de las instalaciones, actúan con legitimidad. 

La Coordinadora General de Estudiantes (CGE), órgano que reúne distintas asociaciones, colectivos y organizaciones estudiantiles, considera que la toma de las instalaciones del Campus Central no encuadra dentro de los presupuestos legales establecidos en el delito de usurpación. Además, señalaron en un comunicado que las tomas “están reconocidas en la legislación universitaria y la Universidad cuenta con un procedimiento propio para tratar estos casos. Es bajo los parámetros de este Protocolo de Coordinación ante la Toma o Daños de las Instalaciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala, contenido en el acta 46-2020 del CSU, que las autoridades universitarias deben proceder en este caso. 

“Si ese procedimiento (el protocolo) no se ha agotado, desde mi punto de vista, no se puede acudir a la vía judicial de amparo porque no hay agotamiento de recursos previos”, explicó Oswaldo Samayoa. 

La negativa al diálogo

El Campus Central de la USAC fue tomado por estudiantes el jueves 19 de mayo del 2022. Rechazaban las circunstancias fraudulentas en las que Walter Mazariegos fue impuesto como rector de la USAC cinco días antes. Simultáneamente, más de siete recintos universitarios fueron también ocupados por el estudiantado en resistencia. 

Según el protocolo de coordinación ante la toma de instalaciones, las autoridades deben privilegiar “el diálogo con las agrupaciones para deponer las medidas de hecho y lograr la entrega de las instalaciones”. Debían hacerlo a través de la conformación de una Comisión Específica de Mediación y Negociación para la Prevención de Conflictos. Esta fue creada, pero rechazada por los estudiantes en resistencia debido a que en ella fueron nombrados únicamente representantes ante el CSU aliados a Mazariegos. 

Más de nueve meses  después del inicio de la toma, diversos centros universitarios fueron entregados a las autoridades. Uno de ellos, el Centro Universitario Metropolitano (CUM). Desde agosto del 2022, la Coordinadora General de Estudiantes (CGE), solicitó el diálogo a las autoridades, pero han sido rechazados en múltiples ocasiones. 

El 20 de febrero de 2023, un grupo de encapuchados ingresó con violencia a las instalaciones del Centro Universitario de Occidente (CUNOC). Amenazaron con violar y agredir a las estudiantes que se encontraban en la toma. A pesar de esto, las autoridades sí aceptaron dialogar con ellos, legitimando así sus acciones. 

Oswaldo Samaya considera que Walter Mazariegos es parte de la estrategia política del caos que ha formado este gobierno. En este momento, “el único ente con la capacidad real de poder ser crítico, consecuente y coherente es el estudiante”, señaló. Pero considera que, en este momento, el panorama es difícil y desgastante para el estudiantado.