Tergiversan Ley de Femicidio en Xela para bloquear fiscalización
Concejales de oposición de Xela iniciaron con la transmisión de las sesiones del Concejo Municipal, provocando que funcionarias señaladas de ser cercanas al alcalde Juan Fernando López dijeran sentirse acosadas. Una de ellas los denunció y ahora no pueden estar en el mismo lugar en donde se encuentra la supuesta víctima.
Por Shirlie Rodríguez
Una orden judicial de medidas de seguridad para la concejal María Margarita Campollo Díaz, de la municipalidad de Quetzaltenango, impide que dos concejales de oposición asistan a las sesiones al ser denunciados por el delito de violencia contra la mujer en su manifestación psicológica.
El uso de la Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia Contra la Mujer surgió porque Campollo dijo sentirse vulnerada al ser grabada sin su consentimiento, porque los concejales del comité cívico Sacándole Brillo a Xela (SBX) decidieron transmitir todas las sesiones a través de las redes sociales.
La concejal III, que entró por el partido Humanista que llevó a la reelección del alcalde Juan Fernando López, dijo que debido a la transmisión de las sesiones algunos usuarios hicieron comentarios abusivos en contra de su aspecto físico.
La denuncia es en contra de los concejales Marco Chávez, Rodrigo Pereira y Sergio Monzón, quienes ingresaron al Concejo en las pasadas elecciones con el comité cívico que obtuvo el segundo lugar de más votos en el municipio.
Los concejales asisten a las sesiones desde el 21 de febrero y las medidas precautorias otorgadas por el Juzgado de Paz Penal, refieren que debe mantenerse esta decisión por seis meses.
El juez Edgar Rolando Villatoro ordenó a la Policía Nacional Civil (PNC) para dar seguridad a la concejal Campollo durante los seis meses de las medidas de seguridad.
Esta no es la primera denuncia que plantean las concejales afines a Juan Fernando López. Todo inició porque Chávez, Pereira y Monzón, empezaron a transmitir en vivo de las sesiones del concejo, según indicaron, con la finalidad de informar a la población de las decisiones que se toman en el Concejo Municipal.
La primera denuncia fue planteada por la síndica Karin Saj en contra de Marco Chávez. En esa ocasión dijo sentirse acosada y agredida por las transmisiones que se realizaban. En la denuncia se indicó que las medidas de seguridad eran para que el concejal no se acercara a ella, pero no había instrucción para que no compartieran el mismo espacio.
Luego de esto, Campollo presentó su denuncia.
Los integrantes del SBX dijeron que el hecho es una forma de evitar la fiscalización que intentaban hacer sobre este proceso, además, están en consultas con su equipo jurídico para conocer las acciones a seguir, porque no deberían tomarse acciones que restrinjan su trabajo como concejales.
Para la Comisión de Auditoría Social de Quetzaltenango esta es una forma de obstaculizar el trabajo de fiscalización y transparencia de parte de los concejales y están utilizando la Ley de Femicidio y otro tipo de Violencia Contra las Mujeres de forma banal y sin pensar en los recursos que realmente necesitan las víctimas de violencia.
Aurora Elías, integrante de colectivos de mujeres defensoras de los derechos de las mujeres, critica que personajes afines a políticos señalados de corrupción utilicen la ley a favor de las mujeres para seguirse protegiendo entre ellos y llamando a la impunidad.
“Es cierto que las redes sociales son lugares violentos para las mujeres, pero sabemos que estas formas de usar la ley son únicamente para evitar que la población conozca la forma en que trabaja este Concejo que no quiere ser fiscalizado. ¿Qué ocultan? ¿Qué quieren que no sepamos?”, preguntó Elías.
Cercana a Juan Fernando López
Margarita Campollo no es desconocida para la administración del alcalde JF (como le llaman). Es esposa del exdirector del Hospital Regional de Occidente (HRO), Giovanni Ortega y desde el 2020, durante la administración de López, se hicieron cercanos para realizar actividades en conjunto.
Durante la pandemia del COVID-19, Ortega incluía al alcalde para realizar los actos protocolarios de actividades como la del 4 de marzo de 2021, cuando en el HRO se habilitaron cubículos para realizar el proceso de vacunación.
Foto: Shirlie Rodriguez
López fue invitado especial de Ortega, y posteriormente Margarita Campollo era la directora de Cohesión Social de la Municipalidad.
Campollo empezó a realizar actividades en el HRO y en sus publicaciones le agradecía al alcalde por el “gesto humanitario hacia los pacientes”.
Foto: Captura HRO
Después de ser la directora de Cohesión Social, Campollo se unió a las filas del partido Humanista, de JF López, y corrió para ser parte del Concejo. Esta agrupación política obtuvo más de 17 mil votos, con lo cual obtuvieron mayoría en la municipalidad.
Por su parte, SBX es un comité cívico que obtuvo 10 mil votos y quedaron en segundo lugar, logrando tener tres puestos en la corporación municipal. Desde entonces su postura es la de fiscalizar lo que ocurre en las sesiones.
Además de integrantes del partido Humanista, también hay de Valor-Unionista, quienes se estarían alineados a Juan Fernando López.
A inicios de año, los integrantes de SBX denunciaron que el alcalde impuso las comisiones que ellos deberían tener a su cargo, procedimiento que no aceptaron y denunciaron que no les permiten trabajar.
El 26 de febrero, los concejales de SBX fueron notificados por la delegación del Procurador de los Derechos Humanos de Xela, que el alcalde y el Concejo Municipal presentaron un memorial en el que los señalan por hacer las transmisiones.
Ante esto, la PDH respondió que las sesiones son públicas para que la población conozca datos de interés general y que solo se pueden convocar a sesiones privadas cuando se trate de información sensible o reservada, por lo tanto temas sobre el presupuesto e inversiones, deben ser abiertas a todo público.
“Se consideran buenas prácticas todas aquellas que fomenten la transparencia de los actos de la administración pública”, concluye el documento.
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