¿Talamonti para presidente? Un condenado por violencia contra la mujer busca dirigir el país
Arte: Karen Lara
En Asamblea Nacional, integrantes del partido político Unión Republicana escogieron a Giulio Talamonti como su candidato a la presidencia para las elecciones del 2023. Será acompañado por el general del ejército retirado Oscar Barrientos. En 2013, Talamonti fue condenado por el delito de violencia contra la mujer.
En 2010, Giulio Talamonti golpeó a su esposa y a su hija de 9 años, quien intentó defenderla. Tres años después, en 2013, fue sentenciado por un Tribunal de Femicidio a 6 años y 8 meses de prisión sin derecho a acceder a medidas sustitutivas. Se resolvió que los cumpliría en el Centro Preventivo para Hombres de zona 18.
Los hechos ocurrieron cuando Talamonti laboraba en la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH). El sentenciado, además, fue director del Sistema Penitenciario (SP) del 1 de abril al 4 de agosto del 2009, durante el gobierno de Álvaro Colom. Al iniciar su condena, fue colocado en un área aislada para evitar “que fuera objeto de agresiones del resto de reclusos” señaló el entonces vocero del SP.
Aún así, Talamonti fue designado como precandidato a la Presidencia de la República el 29 de enero en la asamblea nacional del partido Unión Republicana. “Todos tenemos aquí el mismo sentir. Allá afuera, la mayoría de la gente también tiene ese sentir. Hoy queremos, hoy necesitamos, seguridad para nuestra familia”, manifestó durante su discurso.
Su candidatura, según la socióloga Ana Silvia Monzón envía un mensaje en términos discursivos: que los hombres pueden violentar con total impunidad. “Hay posibilidad de que las personas se arrepientan y se rediman, lamentablemente, muchas veces, eso no es así. No puedo afirmarlo en este caso porque desconozco los detalles (...) pero, las evidencias nos apuntan a que las cárceles en nuestro país no siempre dan los elementos necesarios para ese cambio” indicó la socióloga.
Las y los candidatos para las elecciones deben cumplir con distintos requisitos, entre ellos: la idoneidad. Según la socióloga, no existen elementos formales ni legales que permitan comprobar si la persona la posee. Este requisito, entonces, se convierte en un mero formalismo.
Andrea Rodríguez, socióloga feminista, señala que la candidatura de Talamonti demuestra que la violencia contra las mujeres y niñas sigue sin ser motivo suficiente para determinar que una persona no es idónea para ocupar un cargo público. Más allá de cumplir una condena, no existe una sanción social o política para este tipo de delitos. “Esto contribuye a que no se vea la gravedad de este tipo de violencia. Que personas como él puedan llegar al poder y no tener problemas”, explicó.
El partido “por la familia”
Unión Republicana se autodenomina el “partido más joven” en estas elecciones. Se consideran la plataforma para las nuevas ideas y liderazgos. “Nuevos liderazgos en unión, familia, valores, amistad. Hemos recorrido un camino de aprendizaje y fervor por unir a cada ciudadano. Somos unión, seamos familia x Guate”, señalan en sus redes sociales.
El partido buscará también la reelección del diputado Alberto Sánchez para el Congreso de la República, quien fue electo en 2019 siendo integrante de la Bancada Semilla. En 2021, el diputado fue acusado de acosar sexualmente a una trabajadora del bloque parlamentario, hechos que el ahora candidato niega. Ese mismo año, fue separado por su bancada tras votar favorablemente por 4 iniciativas de ley contrarias a la visión progresista del partido. Dos de ellas, que criminalizan y discriminan a las mujeres y población LGBTIQ+: la Ley Contra Trastornos de la Identidad de Género (iniciativa 5940) y la Ley para la Protección de la Vida y la Familia (5272). Otra buscaba la privatización de la carretera de la Autopista Escuintla-Puerto Quetzal y la última, ampliar el presupuesto para el Ministerio de Comunicaciones por un Q3 mil millones.
Las elecciones
El panorama de las próximas elecciones sería distinto si se consideran ciertos elementos como los antecedentes de violencia contra la mujer y vínculos con el narcotráfico, así también, impedimentos a participar, señala Andrea Rodríguez. “En las inscripciones valen más algunos requisitos administrativos que la idoneidad de una persona. Que esto no se contemple demuestra que la integridad de las mujeres y niñas no es una prioridad”, finalizó.
