Los magistrados de la Sala Segunda, que conocerá la apelación especial en el caso de Virginia Laparra, que podría modificar o confirmar la sentencia de cuatro años inconmutables, han dictado algunos fallos cuestionables. El 14 de abril, le denegaron arresto domiciliar a la exfiscal de la FECI de Quetzaltenango.
El gremio internacional de abogados exhortó a las autoridades guatemaltecas a liberar de inmediato a Laparra, además pidieron poner fin a los “procedimientos criminales infundados e ilegales” en su contra.
La exfiscal anticorrupción habla sobre las condiciones en las que se encuentra presa y sus problemas de salud que debían ser atendidos desde hace un año.
“Creo que la lucha constante y no claudicar es lo que me tiene en prisión”, fueron las palabras de Virginia Laparra luego de escuchar la resolución que la mantiene en prisión preventiva. Junto a sus abogadas vistió una playera con el mensaje #LibertadParaVirginia y “Presa de conciencia” como fue llamada por la organización Amnistía Internacional.
En el Juzgado de Primera Instancia Penal de Quetzaltenango, se realizó una audiencia en la que la defensa de Virginia Laparra tenía cuatro solicitudes. Sin embargo, al inicio de esta, renunciaron a dos y únicamente solicitaron la reforma del auto de procesamiento y la revisión de medidas de coerción.
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La Real Academia Española (RAE) define a la tortura como grave dolor físico y psicológico con el fin de castigar a alguien para obtener algo a cambio, mientras que Amnistía Internacional agrega que la tortura también puede ser utilizada como castigo para difundir miedo en la sociedad.
Amnistía Internacional visitó ayer a la exjefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango, Virginia Laparra, tras una serie de intentos y solicitudes al Sistema Penitenciario (SP) y al Tribunal Octavo de Instancia Penal. En noviembre pasado Amnistía Internacional declaró presa de conciencia a Virginia y en la entrevista con Ruda indicó que es la primera mujer presa de conciencia en Guatemala durante la época posterior al Conflicto Armado Interno que vivió el país.
El 23 de febrero se cumplirá un año de la detención de Virginia Laparra, exjefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) en Quetzaltenango. Desde entonces, las muestras de solidaridad y las exigencias para solicitar su pronta libertad no han cesado. A un año, personas organizadas religiosas oficiaron una misa en nombre de la exfiscal.
El 23 de febrero de 2023, la exjefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango, Virginia Laparra cumplirá 365 días de estar en la cárcel por cuatro denuncias que interpuso administrativamente contra el exjuez de Mayor Riesgo en Quetzaltenango y ahora Relator contra la Tortura, Lesther Castellanos Rodas. Virginia está en la cárcel porque el sistema de justicia la mantiene presa por denunciar al exjuez; un caso que desde la óptica jurídica no tiene asidero legal para considerar que denunciar sea delito según analistas, abogadas y representantes de organizaciones sociales consultadas por Ruda y que encuentran en el caso indicios de cómo el sistema de justicia opera, se trastoca por actores externos y se debilita a través del tiempo.
Este viernes la exjefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango, Virginia Laparra, acudió a una cita médica programada en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), donde se confirmó que debe someterse a una cirugía lo antes posible.
El Comité de Expertas de la Organización de los Estados Americanos (OEA) expresó, a través de un comunicado que fue publicado este martes en su cuenta de Twitter, una profunda preocupación por el proceso penal que sigue en contra la exjefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango, Virginia Laparra.
En el quinto nivel de Torre de Tribunales la jueza del Tribunal Octavo, Oly González dictó condena contra Virginia Laparra, la exfiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango, la sentenció a 4 años de cárcel conmutables a razón de Q10 diarios por abuso de autoridad, según la acusación del Ministerio Público, MP y Lesther Castellanos, exjuez de Mayor Riesgo. La jueza González también la inhabilitó como abogada durante el tiempo que dure la condena y tiene la prohibición de optar a cualquier cargo público.
Virginia Laparra salió de la Torre de Tribunales a través del sótano, escoltada por agentes del Sistema Penitenciario y rodeada de periodistas. A su paso, se escuchaba un coro de hombres lanzando comentarios sexuales desde las carceletas. La exfiscal quetzalteca acababa de ser sentenciada a 4 años de prisión conmutables por “abuso de autoridad en forma continuada” por la jueza Oly González por una denuncia que, desde 2018, ha buscado establecer que una fiscal no puede denunciar a los jueces.
Llegó la etapa de conclusiones en el juicio contra la exfiscal quezalteca Virginia Laparra. El Ministerio Público (MP) pidió que se le condene a 8 años de prisión por “abuso de autoridad continuado” y los querellantes se adhirieron a la solicitud, añadiendo una disculpa pública. Ellos insisten en que la exjefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) de Quetzaltenango “abusó de su poder” al denunciar administrativamente al entonces juez Lesther Castellanos.
El 29 de noviembre se llevó a cabo el segundo día del juicio contra Virginia Laparra, antigua jefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad en Quetzaltenango (FECI). Durante la jornada, se escuchó el testimonio de Lesther Castellanos, querellante adhesivo y presunto agraviado del caso. También se presentaron peritajes y pruebas materiales.
Después de dos años de ausencia por la pandemia, diversas mujeres quetzaltecas recorrieron las calles para manifestar sus exigencias en el marco del Día de la Eliminación de la Violencia contra las mujeres.
Ocho meses después de su captura, la extitular de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, volvió al lugar donde nació y ejerció su profesión. Las circunstancias en las que se encuentra actualmente no son las ideales, dijo en sus declaraciones a la prensa, pero que estaba feliz de respirar aire frío.
Por más de un mes, Virginia Laparra, exjefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) de Quetzaltenango, ha permanecido privada de libertad en el Centro de Detención Preventiva Mariscal Zavala en zona 17. De acuerdo con el abogado Ramón Cadena y Marco Antonio Sagastume, presidente del Comité de Derechos Humanos de la Federación Interamericana de Abogados (FIA), el estado anímico de Laparra está deteriorado debido a la persecución en su contra.
Desde el Centro de detención Mariscal Zavala.