Nos Queremos Libres
Las mujeres con voz pública y con incidencia son víctimas de violencia política digital, ante un Estado incapaz de protegerlas. Según estudios realizados en Guatemala, los ataques digitales son dirigidos por grupos de poder a través de net centers.
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En Guatemala, la violencia no se detiene en las calles. También habita en los celulares, redes sociales y espacios virtuales donde, bajo la idea de que “solo es internet”, se reproducen agresiones reales que dejan daños profundos y duraderos. Frente a un país que carece de marcos legales claros y mecanismos de justicia eficaces, la colectiva No + Violencia Digital surge como un espacio de acompañamiento, denuncia y acción comunitaria.
La denuncia de la cantante Belinda por violencia digital y mediática contra el cantautor Lupillo Rivera ha puesto en los reflectores el papel fundamental en la protección de las víctimas de violencia digital en Latinoamérica. Aquí te contamos cuáles son los tipos de violencia digital más frecuentes y cómo afecta a las mujeres en cualquier ámbito que se desenvuelven.
Las escuelas son espacios que nunca han sido inmunes a la violencia, ejercida por personal docente y alumnado. La implementación de herramientas digitales, aunque inconmensurablemente útiles en la formación educativa, en muchos casos amplifican el alcance e impacto de estas agresiones.
La narrativa de que existe una prevalencia de falsas denuncias se alimenta de prejuicios antiguos y profundamente misóginos. El discurso promueve que el aumento de denuncias por violencia de género es “artificial” e impulsado por mujeres que mienten, exageran o manipulan a sus hijos e hijas. Lo grave es que esta narrativa encuentra un correlato en instituciones estatales, el legislativo e incluso en influencers que venden la idea de una persecución sistemática contra los hombres.
En Argentina, con la llegada de la ultraderecha de la mano del presidente Javier Milei, la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo se han deteriorado. El propio Gobierno justifica el ataque directo físico y virtual. El 19 de noviembre, el Sindicato de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires y otras organizaciones denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la política de ataque sistemático y planificado contra periodistas y trabajadores de prensa.
Se reabre investigación por filtración de información del caso contra la abogada anticorrupción Claudia González
El 27 de noviembre, el juez Israel Zelada ordenó al Ministerio Público (MP) que continúe con la investigación solicitada por la ex mandataria de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), luego de que cuentas anónimas difundieran en redes sociales información confidencial sobre su proceso penal. En enero del 2023, a sólo tres meses de la denuncia interpuesta por González, el MP intentó archivar el caso, pero por un error en el procedimiento la investigación deberá reanudarse desde su fase inicial.
La Fiscalía de Asuntos Internos insiste en que la exfiscal Laparra sea declarada en rebeldía, intentando que la Corte de Constitucionalidad revierta el fallo de la Sala de Apelaciones.
Este 17 de septiembre, el Tribunal Undécimo de Sentencia Penal absolvió a la exfiscal auxiliar Paola Pimentel Carías, del delito de revelación de información confidencial de la que la acusó el Ministerio Público (MP). Pimentel, quien a raíz de la denuncia fue suspendida de su trabajo en la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), expresó que el fallo de la jueza Patricia Veras abre “una pequeña brecha de esperanza” para las operadoras y operadores de justicia criminalizados y en el exilio.
La Sala Segunda de Apelaciones rechazó el amparo provisional pedido por la Fiscalía de Asuntos Internos que buscaba reactivar una orden de captura contra la exfiscal anticorrupción Virginia Laparra. El tribunal ratificó la resolución del juez Marco Antonio Villeda, que negó a declarar en rebeldía a Laparra.
Desde el 2022, al menos 91 personas se han exiliado de Guatemala a causa de la persecución emprendida por el Ministerio Público contra periodistas, activistas por los derechos humanos y la naturaleza, líderes indígenas y operadores de justicia anticorrrupción, de acuerdo a un informe de la organización Human Rights Watch. Paola Pimentel fue auxiliar fiscal de la FECI y como parte de su trabajo, participó en la investigación contra un militar de alto rango lo que provocó amenazas en su contra, hostigamientos y un proceso penal arbitrario.
Lo que para el Ministerio Público (MP) es "falsedad ideológica", para Eduardo Mayasa es un error administrativo usado como arma política y de criminalización en su contra. El abogado estuvo seis meses en prisión, un intento para evitar su participación en las elecciones del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), un gremio que cuenta con voz y voto en la elección del próximo jefe o jefa del MP.
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Relatora de ONU solicita al gobierno atender caso de agresión sexual contra mujeres del CCDA en Alta Verapaz
Por Ana Alfaro
Por Jasmin López
Por Alexander Valdéz
Por Alexander Valdéz
Por Ana Alfaro
Restricciones sistemáticas a la prensa en el caso de Claudia González, el MP hace un reporte que sirve al juez para lograrlo
El juez Jimi Rodolfo Bremer Ramírez ha dicho sentirse amenazado por los medios de comunicación que han dado cobertura a las audiencias del juicio, donde la exmagistrada Blanca Stalling acusa de abuso de autoridad a la defensora de derechos humanos y abogada, Claudia González. Incluso pidió un informe al Ministerio Público en septiembre de 2024 para monitorear publicaciones de la prensa, opiniones de la ciudadanía y periodistas.
Por Nancy Martínez Rodas
