El 29 de noviembre se llevó a cabo el segundo día del juicio contra Virginia Laparra, antigua jefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad en Quetzaltenango (FECI). Durante la jornada, se escuchó el testimonio de Lesther Castellanos, querellante adhesivo y presunto agraviado del caso. También se presentaron peritajes y pruebas materiales.
Las abogadas fueron denunciadas de “obstrucción a la justicia y colusión” por la Fundación Contra el Terrorismo (FCT). Obtuvieron falta de mérito por el primer delito, por lo cual resta resolver su situación penal sobre el delito de colusión.
Las cuestionadas acciones que ha realizado el Ministerio Público (MP) en contra de operadores de justicia, periodistas, defensoras de derechos humanos, defensoras del territorio y estudiantes universitarias ahora también han escalado hasta el Congreso de la República, al solicitar el retiro de antejuicio a la diputada Ligia Hernández, jefa de bloque de Semilla. La solicitud de retirar el antejuicio está acompañada de una denuncia por abuso de autoridad, que según la Bancada Semilla, fue trasladada dos días después que se oficializó la reelección de Porras.
Por más de un mes, Virginia Laparra, exjefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) de Quetzaltenango, ha permanecido privada de libertad en el Centro de Detención Preventiva Mariscal Zavala en zona 17. De acuerdo con el abogado Ramón Cadena y Marco Antonio Sagastume, presidente del Comité de Derechos Humanos de la Federación Interamericana de Abogados (FIA), el estado anímico de Laparra está deteriorado debido a la persecución en su contra.
Desde el Centro de detención Mariscal Zavala.