En el Juzgado de Primera Instancia Penal de Quetzaltenango, se realizó una audiencia en la que la defensa de Virginia Laparra tenía cuatro solicitudes. Sin embargo, al inicio de esta, renunciaron a dos y únicamente solicitaron la reforma del auto de procesamiento y la revisión de medidas de coerción.
Dulce Archila escuchó con atención la audiencia de presentación de pruebas, previo al inicio del juicio en su contra. En un cuaderno, tomó nota, dibujó y registró las veces en las que fue mencionada, contó treinta en total. Hoy, la jueza aceptó un aproximado de cuarenta de las pruebas presentadas por el Ministerio Público (MP) que podrán ser utilizadas durante el debate oral y público el 10 de mayo del 2023.
Previo al inicio del juicio contra Nanci Sinto, se llevó a cabo la audiencia de presentación de pruebas este 31 de marzo. En ella, la jueza Sonia Carol Martínez Obregón admitió más de cincuenta pruebas presentadas por el Ministerio Público (MP) y los querellantes adhesivos, el Congreso de la República y la Procuraduría General de la Nación (PGN), pero solo una de las expuestas por la defensa. Tras finalizar, la defensa de Nanci, el MP, la PGN y el Congreso de la República fueron llamados a participar en una segunda audiencia a puertas cerradas y sin conocer el motivo.
Este 30 de marzo se realizó la audiencia de etapa intermedia del caso en contra de la artista y activista (artivista) Dulce Archila, donde se dio a conocer la apertura a juicio y medida de coerción.
El Estado insiste en criminalizar a Nanci Sinto por participar en las protestas ciudadanas del 21 de noviembre de 2020. Este 28 de marzo, se llevó a cabo por segunda ocasión, la audiencia de etapa intermedia del caso en contra de la defensora y activista indígena, donde la jueza Sonia Martínez Obregón decidió enviarla a juicio, aún cuando existen recursos legales presentados sin resolver.
El 28 de febrero la defensora maya Kaqchikel, Nanci Sinto, fue notificada por la Corte de Apelaciones que se reactivaría el proceso penal en su contra por el delito de depredación de bienes culturales. Ante esto Nanci Sinto y su defensa técnica presentaron un amparo en contra de la reactivación del juicio.
En el marco del Día Internacional de las Mujeres Indígenas y Afrodescendientes, cientos de mujeres de diversos territorios de Guatemala se hicieron presentes en las calles de la Ciudad de Guatemala, para denunciar que el Estado no ha cumplido en garantizar protección y justicia.
Más de un año pasó para que el sistema de justicia iniciara el debate oral y público contra Sebastiana Pablo Hernández y Micaela Solís, defensoras maya K’iche’ perseguidas penalmente por la municipalidad de Joyabaj, Quiché. El juzgado les otorgó criterio de oportunidad.
Dulce Archila es la segunda mujer denunciada por el Ministerio Público, Ministerio de Cultura y el Congreso de la República, acusada de realizar “pintas” en las paredes del Congreso. Luego de seis meses criminalizada, recuperó su libertad al no haberse demostrado su participación en la realización de las pintas, ni que esa acción hubiera deteriorado el patrimonio cultural. La jueza Wendy Coloma dictó el sobreseimiento de su caso, al igual que con Nanci Sinto, declarando que ya no puede ser perseguida por depredación de bienes culturales.
Las expectativas estaban puestas en el Juzgado Duodécimo especializado en Delitos contra el Ambiente y el Patrimonio Cultural. Este viernes 10 de junio, se decidiría cómo quedaría en la historia el momento en que el Estado denunció a una mujer joven, maya kaqchikel y activista por los derechos humanos, por expresar su descontento en una manifestación. Una joven que, además, había sido agredida reiteradamente por agentes antimotines de la Policía Nacional Civil (PNC).
La antropóloga kaqchikel Aura Cumes presentó un amicus curiae titulado “¿Qué significa la identidad nacional para los pueblos mayas?”, para incluir en la defensa de Nanci Sinto, acusada de depredación de bienes culturales, con el análisis se busca dar elementos que ayuden a la jueza a tomar una decisión informada. En el documento se analizan las categorías de identidad nacional y patrimonio cultural sobre las cuales se ha criminalizado a Nanci Sinto considerando al edificio del Congreso como “parte de la identidad nacional”.
Con más de 2 años de audiencias canceladas sin ningún motivo, ligada a proceso y con arraigo, privada de su libertad y presa en su propia casa, la defensora del territorio María Choc lleva desde el 2018 un caso de tortura por parte del sistema de justicia guatemalteco.
En dos ocasiones, la representación del Congreso de la República ha solicitado que el caso contra Nanci Sinto por “depredación de bienes culturales” sea declarado bajo reserva parcial. Esto quiere decir que Nanci y su defensa no pueden dar declaraciones sobre su caso, también implica restricciones para los medios de comunicación, los cuales no podrían ingresar a las audiencias.
Por más de un mes, Virginia Laparra, exjefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) de Quetzaltenango, ha permanecido privada de libertad en el Centro de Detención Preventiva Mariscal Zavala en zona 17. De acuerdo con el abogado Ramón Cadena y Marco Antonio Sagastume, presidente del Comité de Derechos Humanos de la Federación Interamericana de Abogados (FIA), el estado anímico de Laparra está deteriorado debido a la persecución en su contra.
Desde el Centro de detención Mariscal Zavala.
El Estado de Guatemala, a través de su policía y ejército, está actuando como un brazo armado particular al servicio de la minera de capital ruso Solway, propietaria de la planta de extracción en El Estor, Izabal.
María Cristina Ramírez Reyes defensora de derechos humanos e intérprete en comunidades Q’eqchi’ de Livingston, Izabal, regresó a casa después de pagar una caución económica de Q3 mil y quedó ligada a proceso.
Organizaciones impulsan la campaña #AguaEsVida en contra de la criminalización de cuatro defensores del agua de la Costa Sur que fueron denunciados por la entonces gestora comunitaria del ingenio el Pilar
Organizaciones rechazan ataques y criminalización en contra de defensoras del territorio en Huehuetenango
Ante la criminalización y judicialización que enfrentan Dina García, Evelyn González, Orfelina Gómez, Norma Hidalgo, Flordilia Hidalgo y Catalino Hidalgo, defensoras y defensor del territorio en la cabecera municipal de Huehuetenango, quienes desde el año 2017 han defendido el derecho de su comunidad “El Terrero Zona 4” a ser informada y consultada sobre la instalación de una torre de telefonía por la empresa SBA TORRES De GUATEMALA, S.A. exponemos y suscribimos el siguiente comunicado:
